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8 disposiciones de caracter general aplicables a las entidades de ahorro y credito popular, organismos de integracion, sociedades financieras comunitarias y organismos de integracion financiera rural

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Realizar las acciones necesarias para que:


a) Se tomen las medidas preventivas y correctivas necesarias a fin de subsanar cualquier deficiencia detectada, además de conservar un registro de dichas medidas, así como de las causas que motivaron la implementación de las mismas, y


b) Exista una clara delimitación de funciones y responsabilidades entre las unidades de la Entidad, así como la independencia entre las áreas o funciones que así lo requieran.

Artículo 182.- Para cumplir con las responsabilidades mencionadas en el Artículo 181 anterior, el Director o Gerente General deberá asegurarse de que se lleven a cabo entre otras, las acciones siguientes:


I. Identificar y evaluar los factores internos y externos que pueden afectar la consecución de las estrategias y objetivos de la Entidad;


II. Implementar las estrategias y políticas de la Entidad, asegurando que las actividades a todos los niveles se desarrollen en línea con los citados objetivos y estrategias, y


III. Establecer los mecanismos de control y administrativos de conformidad con las leyes, y demás disposiciones aplicables, incluyendo la normatividad emitida internamente en la propia Entidad.


El Director o Gerente General informará al menos anualmente al Consejo de Administración sobre el desempeño de las actividades a que se refiere la presente disposición.


Artículo 183.- El Consejo de Administración deberá constituir un comité de auditoría, cuyo objeto sea apoyar al citado consejo en la definición de los lineamientos generales del sistema de control interno, así como en la verificación y evaluación de dicho sistema. Lo anterior, mediante la supervisión de las funciones de auditoría interna y externa, fungiendo como un canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores internos, externos y las autoridades supervisoras.


El comité de auditoría deberá integrarse con al menos tres y no más de cinco miembros propietarios del Consejo de Administración, uno de los cuales deberá presidirlo.


Dicho comité contará con la presencia del auditor interno y del contralor, quienes asistirán a las sesiones en calidad de invitados, sin derecho a voto. También contará con la facultad para invitar a cualquier otra persona si lo considera necesario. El presidente consejero del comité de auditoría no deberá ser, a su vez, funcionario de la Entidad.


Artículo 184.- Para lograr los objetivos, anteriormente señalados, el comité de auditoría tendrá, cuando menos las funciones y responsabilidades siguientes:


I. Proponer para aprobación del Consejo de Administración:


a) Los manuales de políticas y procedimientos necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno de la Entidad;


b) La designación del auditor externo de la Entidad, así como el alcance de su trabajo;


c) La adopción de un código de ética, y


d) La determinación de las bases para la elaboración de información financiera precisa, íntegra y oportuna, que coadyuve a la adecuada toma de decisiones.


II. Supervisar y evaluar al menos una vez al año o por requerimiento de la autoridad supervisora, que las funciones de auditoría interna tanto en los aspectos contables como de control interno, se desempeñen de conformidad con estándares de calidad adecuados y de manera efectiva;


III. Vigilar las actividades de los auditores externos, quienes tendrán que informar los resultados de sus actividades directamente al comité de auditoría;


IV. Vigilar que las políticas, procedimientos y operaciones se desarrollen en concordancia con las leyes y demás disposiciones normativas aplicables, incluyendo los manuales y demás lineamientos establecidos por el Consejo de Administración, así como proveer lo necesario para que la información financiera sea precisa, íntegra y oportuna;


V. Informar al Consejo de Administración, por lo menos una vez al año, sobre la situación que guarda el sistema de control interno de la Entidad, y


VI. Informar periódicamente al Consejo de Administración sobre los avances de la auditoría externa.


El comité de auditoría se deberá reunir cuando menos trimestralmente.


Todas las sesiones y acuerdos celebrados deberán hacerse constar en actas debidamente circunstanciadas y suscritas por todos y cada uno de sus integrantes.


Artículo 185.- Las Entidades deberán contar con un área de auditoría interna independiente de las áreas de negocios, administrativas y de contraloría, cuyo responsable o, en su caso, responsables, serán designados por el Consejo de Administración.


Dicha área verificará, entre otros aspectos, el funcionamiento adecuado del sistema de control interno, para lo cual, deberá evaluar la adecuada implementación y cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de control interno establecidos por el Consejo de Administración.


Para cumplir con los objetivos señalados en el párrafo anterior, el área de auditoría interna tendrá las funciones y responsabilidades siguientes:


I. Evaluar mediante pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento, el funcionamiento operativo de las distintas áreas de la Entidad, así como su apego a los manuales de políticas y procedimientos que les sean aplicables, incluyendo el cumplimiento del código de ética por parte de Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia o Comisario, funcionarios y empleados;


II. Revisar que los sistemas informáticos, incluyendo los contables, operacionales y de cualquier otro tipo de registros, cumplan con los objetivos para los cuales fueron implementados o diseñados, así como verificar que dichos sistemas generen información suficiente, íntegra, consistente y que fluya adecuadamente;


III. Vigilar los flujos de todo tipo de transacciones u operaciones que se lleven a cabo en la Entidad, con el objeto de identificar fallas potenciales en cualquier aspecto del sistema de control interno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo la calidad de los reportes requeridos por las autoridades y los procedimientos para evitar el lavado de dinero y demás operaciones sospechosas;


V. Facilitar a los auditores externos la información necesaria, a fin de que estos últimos determinen la oportunidad y alcance de sus procedimientos de auditoría y puedan efectuar su análisis sobre la calidad de los controles internos, y


VI. Verificar la efectiva segregación de funciones y ejercicio de facultades atribuidas a cada unidad de negocios, en la estructura organizacional de la Entidad.


Artículo 186.- El auditor interno deberá reportar al Director General y al comité de auditoría, cuando menos trimestralmente, los resultados de las revisiones y evaluaciones a que se refieren los incisos anteriores, siendo a la vez responsable de informarles oportunamente sobre la detección de cualquier deficiencia o desviación en la materia.


De igual manera, el auditor interno deberá dar seguimiento a las deficiencias detectadas y reportadas a que se refiere el párrafo anterior, con el fin de que sean rectificadas oportunamente, debiendo formular un reporte al respecto. Los reportes sobre las deficiencias o desviaciones detectadas a que se refiere el párrafo anterior, así como los reportes sobre el seguimiento de las mismas, deberán estar disponibles en cualquier momento, tanto para el Consejo de Administración, como para las autoridades supervisoras.


Artículo 187.- El área de auditoría interna deberá contar con programas anuales para el desarrollo de sus funciones, que contemplen, al menos, los aspectos siguientes:


I. La periodicidad con la que se realizarán las auditorías en cada área, tomando en cuenta el tipo de revisión que se efectúe;


II. El plazo máximo de realización de la auditoría según su tipo;


III. Procedimientos para llevar a cabo la auditoría;


IV. Rotación de personal según las áreas sujetas a revisión, y


V. Características mínimas de los informes según el alcance y tipo de auditoría realizada.


Artículo 188.- Con el fin de coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno, las Entidades deberán asegurar que se lleven a cabo funciones de contraloría. Dichas funciones, a cargo del Consejo de Vigilancia o Comisario o de quien éste designe, implicarán el establecimiento y seguimiento diario de medidas para vigilar que las actividades referentes a la operación de la Entidad sean consistentes con los objetivos de la misma y se lleven a cabo en estricto apego a las leyes y demás disposiciones aplicables.


Artículo 189.- Las funciones de contraloría deberán contemplar, por lo menos, los aspectos siguientes:


I. El establecimiento de medidas encaminadas a verificar el correcto apego de los distintos procesos, operaciones y transacciones a la regulación aplicable a la Entidad;


II. Establecer normas, procedimientos y medidas para vigilar que los procesos de documentación y liquidación diaria de operaciones y transacciones, se efectúan de manera adecuada y conforme a los objetivos y lineamientos de la Entidad, y


III. El diseño de controles para que tanto la elaboración de la información financiera, como la información generada y proporcionada a los Organismos de Integración y autoridades sea fidedigna, precisa, íntegra y oportuna.


Artículo 190.- Las Entidades deberán implementar un código de ética formal, aprobado por el Consejo de Administración, en el cual se establezcan reglas apropiadas y prudentes que gobiernen la conducta y el comportamiento adecuado de sus Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia o Comisario, funcionarios y empleados, en su interacción con los socios y clientes y al interior de la propia Entidad. El Código de Etica debe contemplar, como mínimo, los aspectos siguientes:


I. Guardar consistencia con la legislación aplicable, incluyendo las diferentes regulaciones, y disposiciones reglamentarias conducentes, y


II. Respetar la confidencialidad de los clientes, de las operaciones de la Entidad y, en general, de la información institucional.


(1) El código de ética deberá ser revisado por lo menos una vez al año conforme a lo dispuesto en el Artículo 177 de las presentes disposiciones, y deberá hacerse del conocimiento de los consejeros, funcionarios y empleados de la Entidad.



Apartado E
Proceso crediticio


Artículo 191.- Para efectos de la presente Sección, se entenderá por actividad crediticia la colocación por parte de las Entidades de los recursos, tanto propios como los captados de terceros, mediante aval, las operaciones de préstamo, o cualquier operación que de manera directa o indirecta le puedan generar derechos de crédito a su favor.



Sub Apartado A
Lineamientos mínimos del manual de crédito


Artículo 192.- Las Entidades deberán contar con un manual de crédito aprobado por el Consejo de Administración a propuesta del comité de auditoría a que se refiere el Artículo 183 de estas disposiciones, al cual deberá sujetarse el Comité de Crédito o su equivalente. El manual deberá contener las estrategias, políticas y procedimientos de crédito, con los lineamientos mínimos en las etapas del proceso crediticio siguientes:

I. Promoción y otorgamiento de crédito.


a) Las Entidades deberán establecer dentro del manual de crédito, metodologías para la evaluación, aprobación y otorgamiento de los distintos tipos de crédito debiendo observar en todo caso, según corresponda, lo siguiente:


1. Ningún crédito podrá pasar a la etapa de análisis y evaluación, sin que se cuente con la información y documentación mínima que se haya establecido en el manual de crédito y en las disposiciones aplicables;


2. La evaluación deberá considerar cuando menos:


i) La información que valide la experiencia de ahorro o de pago del acreditado;


ii) La capacidad del acreditado para cumplir con sus obligaciones, y


iii) En caso de créditos a personas morales, la situación financiera de la misma y, en general, de la información y documentación presentada por el posible acreditado.


3. El plazo de los créditos se deberá establecer en función de los plazos de los recursos captados;


4. En el caso de créditos con garantías reales, se revisará el estado físico, la situación jurídica y los seguros de los bienes de que se trate. Asimismo, tratándose de garantías personales, se evaluará al garante como a cualquier otro acreditado;


5. Los contratos y demás instrumentos jurídicos que documenten las operaciones, deberán ser aprobados por el área jurídica o un responsable designado por el Director o Gerente General, previamente a la celebración de las mismas. Para los créditos comerciales con garantías reales o personales, dicha aprobación deberá expresarse en cada caso, mediante firma en los documentos respectivos, y


6. Cualquier cambio significativo a los términos y condiciones que hubieren sido pactados en un crédito, será motivo de una nueva evaluación y aprobación, debiéndose seguir al efecto, los procedimientos contenidos en el manual de crédito.


b) El Comité de Crédito o su equivalente, será la instancia responsable de la aprobación de los créditos solicitados a la Entidad, aunque podrá delegar sus funciones en subcomités ya sea regionales o por sucursales, siempre y cuando la existencia de dichos subcomités esté prevista en el manual de crédito de la Entidad, los cuales deberán estar integrados por funcionarios de la propia Entidad. Para dicha aprobación deberán seguir los lineamientos que al efecto se establezcan en el manual.


c) Las Entidades podrán establecer en los manuales de crédito procesos de autorizaciones automáticas de créditos que permitan otorgar el crédito correspondiente a cualquier solicitante, siempre y cuando se reúnan las condiciones que se indican a continuación:


1. Documentación mínima a ser entregada por tipo de crédito;


2. Identificación del solicitante, así como finalidad para la cual se solicita el crédito o, en su caso, características de los depósitos que el solicitante mantenga en la Entidad;


(1) 3. Monto máximo a otorgar, incluyendo a sus dependientes económicos, no exceda del equivalente en moneda nacional de 5,000 UDIS, y


(1) Tratándose de créditos respecto de los cuales las Entidades cuenten con garantías al 100 por ciento constituidas con dinero en efectivo en términos de lo dispuesto por el Apartado IV del Anexo D de las presentes disposiciones, las Entidades quedarán relevadas de la obligación de contar con la aprobación del Comité de Crédito o su equivalente. Lo anterior, con base en los límites que al respecto establezca su Consejo de Administración.


(1) 4. Tasas de interés conforme a sus políticas.


II. Control de políticas y procedimientos crediticios.


a) Las Entidades, deberán llevar un control de la actividad crediticia, a través del Consejo de Vigilancia o Comisario o, en su caso, delegarla a un tercero que no tenga conflicto de interés con las áreas involucradas en el proceso de otorgamiento de crédito. El objetivo de esta función de control será verificar:


1. Que la actividad crediticia se esté desarrollando, conforme a la normatividad aplicable y a las políticas y procedimientos establecidos en el manual de crédito;


2. Que el expediente de crédito esté integrado con la adecuada documentación de las operaciones y los antecedentes del cliente, y


3. Que los funcionarios y empleados de la Entidad estén cumpliendo con las responsabilidades que les hayan sido encomendadas, sin exceder las facultades que les fueron delegadas.


b) El área responsable de la función de contraloría de crédito a que se refiere la disposición anterior, como mínimo deberá:


1. Corroborar la entrega en tiempo y forma de los diversos archivos, reportes e informes entre los distintos funcionarios, áreas y órganos sociales involucrados en la actividad crediticia de la Entidad, así como la entrega de dichos documentos a las autoridades competentes. Lo anterior incluye comprobar que exista un adecuado control de los expedientes de crédito;

2. Revisar que la calificación de la cartera crediticia se realice de acuerdo a la normatividad vigente y al manual de la Entidad. Esta revisión podrá efectuarse a través de un muestreo representativo de la cartera crediticia de la Entidad;


3. Vigilar que la cobranza administrativa y, en su caso, judicial, se realice conforme a las políticas y procedimientos establecidos en el manual de crédito y a la normatividad aplicable;


4. Realizar revisiones y evaluar los sistemas de información de crédito;


5. Cerciorarse de que las áreas correspondientes den seguimiento individual y permanente a cada uno de los créditos de la Entidad y, en su caso, se cumpla con las distintas etapas que al efecto establezca el manual de crédito durante la vigencia de los mismos, y


(1) 6. Verificar que el registro contable de estimaciones, quitas, castigos, quebrantos y recuperaciones, cumpla con lo previsto en el manual de crédito, el cual deberá establecer en forma expresa los distintos eventos, requisitos y condiciones para tal efecto, así como los funcionarios facultados para autorizar y solicitar el registro contable correspondiente, y llevar una bitácora en la que se asienten las creaciones de estimaciones, quitas, castigos, quebrantos y recuperaciones.


c) El área de contraloría de crédito deberá proporcionar un reporte cuando menos trimestralmente, al Consejo de Administración y a la dirección o gerencia general sobre las desviaciones que, en su caso, detecte con respecto a las políticas, procedimientos y normatividad vigente en materia de crédito y deberá mantener dicho reporte a disposición del auditor externo y de las autoridades competentes.


III. Evaluación y seguimiento.

Las Entidades deberán evaluar y dar seguimiento permanente a cada uno de los créditos de su cartera, incluyendo las garantías y a los garantes, debiendo tratar a estos últimos de la misma forma que a los acreditados.

Tales evaluaciones deberán ser más frecuentes tratándose de créditos clasificados como cartera vencida, o bien respecto de los cuales no se hayan cumplido cabalmente los términos y condiciones convenidos.


IV. Recuperación de cartera crediticia.

Las funciones de recuperación de cartera crediticia vencida y en proceso de cobranza judicial, deberán ser desempeñadas por un área independiente de las áreas de negocios.

Los créditos que, como resultado del seguimiento permanente o por haber caído en cartera vencida, previsiblemente tendrán problemas de recuperación, deberán ser objeto de una evaluación exhaustiva, con el fin de determinar oportunamente la posibilidad de establecer nuevos términos y condiciones que incrementen su probabilidad de recuperación.

Toda reestructuración de crédito deberá realizarse de común acuerdo con el acreditado respectivo y tendrá que someterse a las distintas etapas del proceso crediticio como cualquier crédito, incluyendo la aprobación del Comité de Crédito o su equivalente.


V. Sistemas automatizados.

Las Entidades deberán contar con sistemas automatizados de información de crédito, los cuales como mínimo deberán:


a) Permitir la debida interrelación e intercambio de información entre las distintas áreas que participan en el proceso crediticio;


b) Generar reportes confiables, evitar entradas múltiples y la manipulación de datos, así como permitir la conciliación automática, oportuna y transparente de la contabilidad;


c) Mantener controles adecuados que procuren su seguridad tanto física como lógica, así como medidas concretas para la recuperación de la información en casos de contingencia, y


d) Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en materia de crédito, por parte del Consejo de Administración, la Dirección o Gerencia General.


VI. Integración de expedientes de crédito.

Las Entidades deberán establecer las políticas y procedimientos para la integración de un expediente único por cada acreditado, el cual contendrá cuando menos la documentación e información que se detalla a continuación.

En el caso de acreditados que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 204 de estas disposiciones, el expediente que se conforme deberá conjuntarse con los de aquellas personas que representen el “Riesgo Común”.


(11) Asimismo, dichas Sociedades Financieras, al celebrar operaciones crediticias con las personas a que se refiere los Artículos 35, 35 Bis y 35 Bis 1 de la Ley, deberán señalar en los expedientes de crédito respectivos que se trata de una operación celebrada con personas relacionadas en los términos del citado artículo, debiendo identificar claramente dicha condición en el expediente, acompañando la declaración e información correspondiente proporcionada y firmada por los solicitantes.

De la información que los acreditados proporcionen de manera periódica a las Entidades, deberá conservarse en el expediente respectivo, la que corresponda a los dos últimos ejercicios.

Las Entidades deberán designar personal responsable de integrar y actualizar los expedientes, así como de controlar el servicio de consulta de los mismos.

Asimismo, instrumentarán un mecanismo de control y verificación que permita detectar documentación e información faltante en los expedientes de crédito.

La documentación e información contenida en los expedientes podrá conservarse en forma física, electrónica y/o microfilmada, siempre y cuando se encuentren disponibles en todo momento para su consulta.

La documentación e información que deberá establecerse en los manuales, para efectos de la integración de los expedientes de crédito es la siguiente:


a) Identificación del solicitante.


1. Tratándose de personas morales, escrituras constitutivas del acreditado y avalista y/u obligado solidario y modificaciones a las mismas, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y/o de Comercio correspondiente; y poderes en favor de la(s) persona(s) que suscriba(n) el o los contratos y/o títulos de crédito, y


2. En el caso de personas físicas, copia del acta de nacimiento o comprobantes que permitan conocer la identidad de la persona de que se trate, y/o identificación oficial vigente con fotografía y firma del acreditado y del aval y/u obligado solidario, así como su huella digital y, en su caso, copia del acta de matrimonio.


b) Otorgamiento y seguimiento.


1. Solicitud de crédito debidamente requisitada y, en su caso, copia del acta del Consejo de Administración o del Comité de Crédito en la que conste su aprobación, según corresponda;


2. Estudios de crédito y, en su caso, tratándose de créditos de la cartera comercial, estudios de viabilidad económica;


3. Copia de los contratos y/o de los títulos de crédito con los que se haya documentado el crédito;


4. Cédula de calificación vigente así como toda la información utilizada para elaborar la calificación, tales como:


i) Tratándose de personas morales, estados financieros internos (también deberán incluir estados financieros dictaminados en caso de que así lo indiquen las políticas de la Entidad) del acreditado y, en su caso, del aval u obligado solidario, con firma autógrafa del representante legal, con una antigüedad no mayor a 180 días;


ii) Flujo de efectivo;


iii) Documento que soporte el análisis llevado a cabo sobre la capacidad de pago del deudor y, en su caso, del aval u obligado solidario;


iv) En caso de personas físicas, documentación que acredite su capacidad de pago;


(1) v) La documentación que acredite haber formulado ante una Sociedad de Información Crediticia una consulta previa, en términos de lo previsto por el Capítulo IV del Título Cuarto de las presentes disposiciones, así como la información sobre el historial del acreditado respecto del cumplimiento de sus obligaciones con la Entidad, y


(1) vi) En su caso, correspondencia con el acreditado, como cartas, telegramas y otros relacionados con modificaciones a los términos y condiciones del crédito otorgado.


c) Comprobante de domicilio.


d) Garantías.


1. Documentación que deba recabarse con el fin de evidenciar la existencia de garantías a favor de la Entidad por el crédito otorgado, e información relativa a la guarda, custodia y seguimiento que se dé respecto de las mismas, tales como:


i) Avalúos de los bienes que garanticen el adeudo.


(2) Las Entidades, en sus manuales de crédito podrán prever que los avalúos sean elaborados por un perito valuador bancario o por las personas que tengan reconocimiento en la Entidad Federativa de que se trate para realizar avalúos;


ii) Pólizas de seguros de las garantías en favor de la Entidad, y


iii) Certificado de libertad de gravamen.


2. Reportes de la Entidad, sobre la verificación de la existencia, legitimidad, valor y demás características de las garantías.


e) Reestructuración.


En su caso, la documentación relativa a la reestructura del crédito, que incluya:


1. Las condiciones y la autorización de reestructura y/o convenio judicial, e


2. Información periódica del responsable de la cobranza judicial o extrajudicial del crédito, así como la documentación soporte correspondiente.

Adicionalmente a la documentación que se especifica en esta fracción, deberá incluirse cualquier otra información necesaria para evaluar tanto al acreditado como al crédito en particular, incluyendo las garantías respectivas, de conformidad con las disposiciones aplicables y los requerimientos de la autoridad.



Sub Apartado B
Generalidades del manual de crédito


Artículo 193.- Además de los lineamientos mínimos establecidos en las fracciones I a VI del Artículo 192 anterior, las Entidades deberán delimitar las distintas funciones y responsabilidades en el desarrollo de la actividad crediticia, procurando en todo momento la independencia en sus actividades para evitar conflictos de interés, tomando en cuenta, entre otras, las medidas siguientes:


I. El establecimiento de estrategias, políticas y procedimientos de crédito, así como su implementación;


II La promoción, otorgamiento de crédito, y la recuperación de la cartera crediticia, de conformidad con las fracciones I y IV del Artículo 192 anterior;


III. El control y la revisión del cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de crédito, de conformidad con la fracción II del Artículo 192 anterior, y


IV. La evaluación y seguimiento del riesgo de crédito de la Entidad, de conformidad con la fracción III del Artículo 192 anterior.


Artículo 194.- El manual de crédito deberá ser revisado y actualizado por lo menos una vez al año por el Comité de Crédito o su equivalente, en conjunto con el Director o Gerente General y, en su caso, las modificaciones deberán ser sometidas a la autorización del Consejo de Administración, el cual podrá escuchar la opinión del Comité de Auditoría a que se refiere el Artículo 183 de estas disposiciones.


Artículo 195.- El Director o Gerente General será el responsable de la adecuada implementación, así como de la debida aplicación de las estrategias relacionadas con la actividad crediticia contenidas en el manual de crédito.


Artículo 196.- En el desarrollo de las funciones y responsabilidades a que se refiere el Artículo 193 de estas disposiciones, deberá procurarse en todo momento independencia en la realización de sus respectivas actividades, a fin de evitar conflictos de interés.


(2) Artículo 196 Bis.- Las Entidades que otorguen Microcréditos, podrán utilizar la tabla de estimaciones preventivas para riesgos crediticios que se contiene en el inciso d) de la fracción II del Anexo D de las presentes disposiciones, siempre que acrediten a la Federación que las supervise de manera auxiliar, que cuentan con la tecnología e infraestructura necesaria para llevar a cabo tales operaciones y se ajusten a lo previsto en el presente artículo.


(2) Previo al otorgamiento de los Microcréditos, las Entidades deberán efectuar un análisis de la capacidad de pago del acreditado, conforme a los términos y condiciones que establezcan en su manual de crédito, para lo cual deberán observar como mínimo lo siguiente:


(2) I. Efectuar una visita de verificación o, en su caso, una inspección ocular en el lugar donde el acreditado realice la actividad comercial, industrial o de servicios profesionales, y


(2) II. Realizar una consulta ante una Sociedad de Información Crediticia, en términos de lo previsto por el Capítulo IV del Título Cuarto de las presentes disposiciones.


(2) En el evento de que el crédito de que se trate se renueve o reestructure, deberá actualizarse el reporte emitido por la Sociedad de Información Crediticia del acreditado.


(2) La información contenida en las fracciones anteriores, deberá contenerse en el expediente de crédito del acreditado.


(2) Artículo 196 Bis 1.- Las Entidades a fin de acreditar a la Federación que las supervise de manera auxiliar que cuentan con la tecnología e infraestructura necesaria para llevar a cabo el otorgamiento de Microcréditos deberán presentar un escrito suscrito por el Director o Gerente General de la Entidad, que incluya lo siguiente:


(2) I. La manifestación de que han llevado a cabo una autoevaluación respecto de la tecnología e infraestructura de la Entidad de que se trate, de la cual se desprenda que ésta cuenta con la capacidad y los medios necesarios para llevar a cabo el otorgamiento de Microcrédito;


(2) II. La descripción de las políticas y procedimientos que empleará la Entidad para que el otorgamiento de Microcréditos, aprobadas por las personas u órganos colegiados competentes, y


(2) III. Los mecanismos de control interno que permitan dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en las presentes disposiciones.


(2) No obstante lo anterior, la Comisión así como el Comité de Supervisión de la Federación que supervise de manera auxiliar al Entidad de que se trate, podrán emitir observaciones respecto de las políticas y procedimientos, así como de los mecanismos de control interno implementados al efecto por la propia Entidad.



Sub Apartado C
Otras disposiciones


Artículo 197.- Los funcionarios, Consejeros o miembros del Comité de Crédito, no podrán participar en ninguna etapa del proceso crediticio, cuando el crédito en cuestión pueda representar conflictos de intereses para dichas personas.


Artículo 198.- La Federación correspondiente podrá, oyendo la opinión de la Comisión:

I. Ordenar la constitución de provisiones preventivas adicionales a las que deban crear las Entidades como resultado de su proceso de calificación de cartera crediticia, en caso de que dichas Entidades no se ajusten a la normatividad aplicable o a las políticas y procedimientos establecidos en materia de crédito, y/u


II. Ordenar la suspensión en el otorgamiento de nuevos créditos por parte de aquellas Entidades cuya actividad crediticia, en lo general, presente graves deficiencias.




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