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8 disposiciones de caracter general aplicables a las entidades de ahorro y credito popular, organismos de integracion, sociedades financieras comunitarias y organismos de integracion financiera rural

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(12) 5. Derogado.


(11) Las tasas de interés pactadas se deberán calcular sobre saldos insolutos y sólo podrán cobrarse por anticipado en los supuestos que al efecto determine el Banco de México en términos de lo dispuesto por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.


Las Entidades no podrán pactar tasas alternativas.

Tratándose de aperturas de crédito en las que las Entidades no hayan renunciado al derecho de denunciarlas en cualquier tiempo, las partes podrán pactar en los instrumentos jurídicos en que documenten dichas aperturas de crédito, que la tasa de interés aplicable se fijará en el momento en que se efectúe cada una de las disposiciones del crédito respectivo. En la determinación de dicha tasa de interés, las Entidades deberán ajustarse estrictamente a lo dispuesto en este inciso.


c) Modificación de la tasa de interés y de los demás accesorios financieros.

Las Entidades deberán abstenerse de pactar en los instrumentos jurídicos en que documenten sus créditos, mecanismos para modificar durante la vigencia del contrato, la fórmula para determinar la tasa de interés así como los demás accesorios financieros.

Lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de la facultad que tienen las partes de modificar mediante convenio las cláusulas de los contratos, incluyendo las relativas a la tasa de interés y demás accesorios. En tal caso el consentimiento del acreditado deberá otorgarse por escrito al tiempo de pactarse la modificación.


d) Tasa aplicable y periodo de cómputo de intereses.

En el evento de que las Entidades pacten la tasa de interés con base en una tasa de referencia, también deberán pactar que dicha tasa de referencia deberá ser la última publicada durante el periodo que se acuerde para la determinación de la tasa de interés o la que resulte del promedio aritmético de dichas tasas, publicadas durante el referido periodo. Lo anterior en el entendido de que el periodo de determinación de la tasa de interés, no necesariamente deberá coincidir con el periodo en que los intereses se devenguen.


e) Tasas de referencia en moneda nacional.

En las operaciones activas, denominadas en moneda nacional, únicamente se podrá utilizar como tasa de referencia las siguientes:


1. La TIIE;


2. La tasa de rendimiento en colocación primaria de CETES;


3. El CCP;


4. La Tasa Nafin (TNF) que se publique en el Diario Oficial de la Federación, únicamente en los créditos que sean objeto de descuento con Nacional Financiera, S.N.C., o que sean otorgados con recursos provenientes de esa institución de banca de desarrollo, o


5. La tasa que se hubiese pactado en los instrumentos que documenten créditos recibidos de la banca de desarrollo o de fideicomisos públicos de fomento económico, únicamente en los créditos que sean objeto de descuento con tales instituciones de banca de desarrollo o de esos fideicomisos, o que sean otorgados con recursos provenientes de dichas instituciones o fideicomisos.

Tratándose de las tasas de referencia previstas en los numerales 1 y 2, anteriores deberá indicarse el plazo de la TIIE o el plazo de los CETES al que esté referida la tasa de las operaciones.


f) Tasas de referencia en UDIS.

En las operaciones activas denominadas en UDIS únicamente podrá utilizarse como referencia la tasa de rendimiento en colocación primaria de los instrumentos emitidos por el Gobierno Federal denominados en UDIS.


g) Tasas de referencia sustitutivas.

Las Entidades deberán pactar una o más tasas de referencia sustitutivas, para el evento de que deje de existir la tasa de referencia originalmente pactada.

Las Entidades que pacten tasas de referencia sustitutivas deberán además convenir el número de puntos porcentuales o sus fracciones que, en su caso, se sumen a la tasa sustitutiva que corresponda, así como el orden en que dichas tasas de referencia sustituirían a la originalmente pactada.

Los acuerdos mencionados deberán quedar claramente establecidos desde el momento en que se otorgue el crédito correspondiente y sólo podrán modificarse conforme a lo previsto en el inciso c) anterior.


II. Inversiones en todo tipo de valores.


a) Valores gubernamentales.

Se entenderá por valores gubernamentales a los emitidos o avalados por: el Gobierno Federal, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y el Banco de México.

Las operaciones de compraventa con valores gubernamentales deberán denominarse en moneda nacional, salvo tratándose de las que se celebren con aquellos instrumentos denominados en UDIS.


b) Títulos bancarios.

Se entenderá por títulos bancarios: los certificados de depósito a plazo, las aceptaciones bancarias, los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, el papel comercial con aval bancario, y los bonos bancarios.


c) Valores.

Para efectos de lo dispuesto por el inciso b) de la fracción III del Artículo 23 de estas disposiciones, se entenderán por valores: las acciones, obligaciones, bonos, certificados y demás títulos de crédito y documentos que se emitan en serie o en masa en los términos de las leyes que los rijan, destinados a circular en el mercado de valores, incluyendo las letras de cambio, pagarés y títulos opcionales que se emitan en la forma antes citada y, en su caso, al amparo de un acta de emisión, cuando por disposición de ley o de la naturaleza de los actos que en la misma se contengan, así se requiera.

(1) Las Entidades con Nivel de Operaciones I, II y III únicamente podrán realizar inversiones según lo señalado en los incisos l) de la fracción I; d) de la fracción II, y b) de la fracción III, respectivamente, del Artículo 23 de las presentes disposiciones, por lo que no podrán hacerlas con propósitos especulativos.


(1) III. Operaciones de descuento con fideicomisos públicos, constituidos por el Gobierno Federal o estatales para el fomento económico o instituciones de crédito.


(1) Las Entidades podrán ceder o descontar su cartera de crédito con o sin su responsabilidad, con fideicomisos públicos, constituidos por el Gobierno Federal o estatales para el fomento económico, o instituciones de crédito.


IV. Operaciones de descuento con cualquier persona física o moral nacional o extranjera, distinta a las señaladas en la fracción III anterior.

Las Entidades podrán ceder o descontar su cartera de créditos, sin su responsabilidad, con cualquier persona física o moral nacional o extranjera, con la salvedad prevista en el inciso k) de esta fracción.

En los contratos en que se documenten las operaciones de cesión o descuento de cartera a que se refiere el párrafo inmediato anterior, no podrán pactarse mecanismos de cargo a la Entidad cedente o descontataria por virtud de los cuales se asegure el pago de la cartera cedida o descontada, ni cualquier otro tipo de estipulación que implique la garantía de la Entidad de que se trate para el pago de la cartera objeto de la cesión o descuento, o bien la asunción del riesgo de recuperación de los créditos cedidos o descontados por parte de la Entidad cedente o descontataria.

Las Entidades que lleven a cabo cesiones o descuentos de cartera con personas físicas o morales nacionales o extranjeras, deberán observar las directrices siguientes:


a) La Entidad cedente o descontataria no podrá otorgar, directa o indirectamente financiamiento alguno para la adquisición o descuento de dicha cartera, salvo que:


1. El crédito se otorgue en condiciones de mercado incluyendo, en su caso, las garantías respectivas, y su pago no esté sujeto ni condicionado a la recuperación y cobranza de la cartera crediticia materia de la transacción. Bajo ningún supuesto se podrá dar en garantía del pago del crédito, la cartera cedida o descontada, y


2. La mencionada cesión o descuento de cartera y el financiamiento de que se trate, no se encuentren vinculados en forma alguna a otras operaciones de cualquier naturaleza con la contraparte acreditada.

La Entidad cedente o descontataria, tendrá prohibido pactar como parte de la operación de cesión o descuento de cartera correspondiente, la obligación de adquirir o readquirir, según se trate, la cartera cedida o descontada;


b) Haber cumplido con todos y cada uno de sus procedimientos internos para aprobar la cesión o descuento de cartera de que se trate;


(10) c) Las transacciones de cesión o descuento de cartera que tengan por objeto operaciones que a la fecha de la transacción sean consideradas como operaciones con personas relacionadas definidas en términos de lo previsto por los Artículos 35, 35 Bis y 35 Bis 1 de la Ley, así como aquellas que se celebren con cualquiera de las personas a que se refieren dichos artículos, deberán ser previamente aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad Financiera Popular cedente o descontataria, de conformidad y con sujeción a los requisitos que para la celebración de dichas operaciones se establecen en los Artículos 35, 35 Bis y 35 Bis 1 de la Ley;


d) Deberán contar con un precio de referencia con el objeto de que éste se tome en cuenta para estimar el valor que se recibirá por la cartera materia de la transacción;


e) La cesión o descuento de cartera deberá realizarse por el importe total de cada crédito;


f) La Entidad deberá dar a conocer a la Federación a la que esté afiliada o aquella que la supervise de manera auxiliar, los créditos que se cedan o descuenten, indicando el estado en que se encuentran dichos créditos a la fecha de la cesión o descuento respectivo;


g) La Entidad cedente o descontataria deberá pactar en los contratos que instrumenten cada cesión o descuento de cartera la obligación a cargo del cesionario o descontador de informar oportunamente, de forma periódica y por escrito a las Sociedades de Información Crediticia la situación de los créditos objeto de la transacción, en los términos de las disposiciones o estipulaciones aplicables a dichas sociedades;


h) Las Entidades deberán obtener de la persona que pretenda actuar como cesionario o descontador, con anterioridad a la celebración de la transacción, constancia por escrito en la que el pretendido descontador o cesionario manifieste, bajo protesta de decir verdad, por sí mismo o a través de persona legalmente autorizada para realizar actos de administración, lo siguiente:


1. Que ha hecho del conocimiento oportuno de la Sociedad de Información Crediticia correspondiente, las modificaciones registradas en la situación de los créditos que hayan adquirido por virtud de operaciones de cesión o descuento de cartera celebradas al amparo del presente Capítulo y con anterioridad a la transacción de que se trate, con entidades financieras o con cualquier otra persona considerada como Usuario en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2002, o bien


2. Que no ha participado con anterioridad en transacción alguna realizada en términos de lo previsto en la presente Sección, que implique la adquisición de créditos originalmente otorgados por entidad financiera legalmente autorizada u otra persona que de conformidad con la Ley citada en el inciso anterior, pueda ser considerada como Usuario del servicio de información sobre operaciones activas y otras de naturaleza análoga, así como que, no obstante lo anterior, dará cumplimiento a la obligación contenida en el inciso g) de esta fracción.


i) Las Entidades deberán corroborar con las Sociedades de Información Crediticia lo señalado en el numeral 1, del inciso h) de esta fracción y abstenerse de realizar la operación de cesión o descuento de cartera correspondiente, cuando detecten que el pretendido cesionario no ha proporcionado oportunamente a las referidas sociedades la información correspondiente;


j) La Entidad cedente o descontataria deberá notificar mediante comunicación escrita, la cesión o descuento de cartera de que se trate, a aquellas personas que por virtud de los créditos objeto de la cesión o descuento sean sus deudores, siempre que los créditos en cuestión sean considerados vigentes de conformidad con la normativa contable correspondiente, y


k) Asimismo, deberán cerciorarse con los medios que tengan a su disposición que las cesiones o descuentos se celebren con personas que utilicen prácticas de cobranza razonables y apegadas a derecho, y que se guarde la debida confidencialidad respecto de la información relacionada con la cartera objeto de la cesión o descuento.

Las Entidades que pretendan efectuar operaciones de cesión o descuento de cartera sin su responsabilidad, conforme a lo establecido en esta fracción, deberán dar aviso de los términos y condiciones generales de la operación a la Federación a la que estén afiliadas o a aquella que ejerza sobre las mismas facultades de supervisión auxiliar, con una anticipación de 5 días hábiles bancarios a la fecha en que pretendan llevar a cabo la transacción. Tratándose de operaciones de cesión o descuento de cartera con responsabilidad, deberán dar aviso además a la Comisión, en el plazo señalado anteriormente.


Las Entidades que deseen ceder o descontar su cartera o en general transmitir o afectar la propiedad de la misma en términos distintos a los establecidos en el presente Capítulo, deberán solicitar autorización a la Comisión, por conducto de la Vicepresidencia de Normatividad.


V. Emisión de tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente.

(1) Las Entidades deberán observar las “Reglas a las que habrán de sujetarse las instituciones de banca múltiple y las sociedades financieras de objeto limitado en la emisión y operación de tarjetas de crédito”, emitidas por el Banco de México, así como sus modificaciones


VI. Inversiones a que se refieren los incisos q) y r) de la fracción I del Artículo 23 de estas disposiciones, así como el inciso i) de la fracción IV del mismo artículo.

Las Entidades únicamente podrán realizar inversiones en el capital social de la Federación a la que se encuentren afiliadas, en títulos representativos del capital social del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, así como en acciones de Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, previo acuerdo de su Consejo de Administración y con cargo a su capital social.

Las Entidades que deseen realizar inversiones en Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, deberán presentar su solicitud de autorización a la vicepresidencia encargada de su supervisión de la Comisión, en la que se detalle el monto de inversión correspondiente.

En todos los casos, las inversiones a que se refiere la presente fracción que realicen las Entidades no podrán ascender en su conjunto, al 20 por ciento de su capital mínimo.



Sección Tercera
De las características de las operaciones de servicios


Artículo 26.- Las Entidades, podrán recibir el pago de servicios por cuenta de terceros, siempre que lo anterior no implique para la sociedad la aceptación de obligaciones directas o contingentes.


Las Entidades podrán recibir pagos respecto de servicios que proporcionen terceros a sus Socios o Clientes, para lo cual deberán celebrar con dichos terceros, contratos de prestación de servicios para la situación de fondos.


Asimismo, las Entidades al recibir los recursos de sus Socios o Clientes deberán informarles el carácter con el que se reciben los recursos, lo que deberá constar en el recibo que para tales efectos extiendan.


En todos los casos, los recursos se reciben por cuenta y orden del tercero a favor de quien se efectúe el pago.

Artículo 27.- Las Entidades, podrán realizar la compra y venta de divisas, por cuenta de terceros.


Las Entidades en la realización de compra y venta de divisas por cuenta de terceros tendrán prohibido asumir algún tipo de riesgo cambiario.


Artículo 28.- Las Entidades determinarán libremente, en función de sus costos y políticas, el importe de las cuotas y honorarios correspondientes a los servicios siguientes:


I. Pagos por cuenta de sus Socios o Clientes;


II. Copias fotostáticas a solicitud del interesado, y


III. Compra y venta de divisas, por cuenta de terceros.


Las Entidades deberán informar a sus Socios o Clientes, previa la prestación del servicio de que se trate, el importe de las cuotas y honorarios correspondientes.


Las Entidades deberán mantener la información relativa al importe de las comisiones que cobran por los servicios que ofrecen al público relacionados con sus operaciones activas, pasivas y de servicios en sus sucursales ya sea en carteles, cartulinas o folletos, o permitir que ésta se obtenga a través de un medio electrónico ubicado en dichas sucursales, a fin de que cualquier persona que la solicite esté en posibilidad de consultarla gratuitamente.



Sección Cuarta
Disposición Final


Artículo 29.- Las Entidades, a fin de realizar cualquiera de las operaciones previstas en la Ley y en el presente Título, en términos distintos a los aquí señalados, deberán contar con la previa autorización de la Comisión, para lo cual deberán presentar su respectiva solicitud de autorización con opinión favorable de la Federación que las supervise auxiliarmente.



TITULO CUARTO
(10) Del funcionamiento de las Sociedades Financieras Populares


Capítulo I
(10) De las personas relacionadas


(12) Artículo 30.- Derogado.


(10) Artículo 31.- Las Sociedades Financieras Populares, en sus manuales de políticas y procedimientos para el otorgamiento de créditos, deberán establecer mecanismos para detectar, en forma previa a la celebración de cualquier operación de financiamiento, si la persona solicitante tiene alguna relación con la Sociedad Financiera Popular de que se trate, en términos de los Artículos 35, 35 Bis y 35 Bis 1 de la Ley.


(10) El Comité de Crédito o quien realice sus funciones en la Sociedad Financiera Popular de que se trate, tendrá la obligación de verificar la información contenida en las solicitudes de crédito, debiendo clasificar para su identificación las operaciones con personas relacionadas.


(10) Para tal efecto, las Sociedades Financieras Populares deberán identificar si los solicitantes de créditos son accionistas, consejeros, auditores externos, comisarios, funcionarios o empleados de la Sociedad Financiera Popular de que se trate; o si siendo personas distintas de las anteriores, con su firma pueden obligar a la Sociedad Financiera Popular de que se trate; o bien, si son cónyuges o tienen relación de parentesco con alguna de las personas antes señaladas.


(12) Último párrafo.- Derogado.


(10) Artículo 32.- Las Sociedades Financieras Populares, en sus manuales de políticas y procedimientos para el otorgamiento de créditos, deberán establecer mecanismos que les permitan identificar aquellos casos en que las personas con las que hayan celebrado operaciones y que en su momento no hubieran sido consideradas como relacionadas, se ubiquen con posterioridad en alguno de los supuestos previstos por los Artículos 35, 35 Bis y 35 Bis 1 de la Ley.


(10) Asimismo, en los manuales antes mencionados, las Sociedades Financieras Populares deberán establecer las medidas necesarias para evitar que, en el supuesto señalado en el párrafo anterior, las operaciones nuevas excedan del límite establecido en el séptimo párrafo del Artículo 35 Bis de la Ley.


(10) Las Sociedades Financieras Populares deberán establecer mecanismos que les permitan ajustarse al límite a que se refiere el párrafo que antecede cuando, en el supuesto previsto en el presente artículo, se exceda dicho límite. En este caso las Sociedades Financieras Populares no podrán renovar los créditos relacionados que venzan.


(10) Artículo 33.- Las operaciones con personas relacionadas que deban ser sometidas a la aprobación del Consejo de Administración en términos de lo dispuesto por los Artículos 35 y 35 Bis de la Ley, se presentarán por conducto y con la opinión favorable del Comité de Crédito o de quien realice sus funciones en la Sociedad Financiera Popular de que se trate, de ser aprobadas, deberá presentarse a la Comisión copia certificada del acuerdo en el que conste la aprobación de la operación, dentro de los dentro de los 15 días hábiles posteriores a la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad Financiera Popular en que haya sido aprobada la citada operación, informándole por escrito de las características del crédito otorgado, la forma en que se efectuará su pago y, en su caso, su renovación o su extinción.


(10) Artículo 34.- El Consejo de Administración podrá delegar las facultades previstas por el Artículo 35 de la Ley y por el presente Capítulo, en un comité de consejeros, cuya función será exclusivamente la aprobación de operaciones individuales con personas relacionadas, en las que el importe de cada una no exceda de setenta y cinco mil unidades de inversión o el cero punto cincuenta por ciento del capital neto de la Sociedad Financiera Popular, el que sea menor. Dicho comité se integrará por un mínimo de cuatro y un máximo de siete Consejeros, de los cuales, por lo menos, una tercera parte deberán ser Consejeros Independientes, en términos de lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley y el Artículo 14 de las presentes disposiciones. En dicho comité no podrá haber más de un consejero que, a la vez, sea funcionario o empleado de la Sociedad Financiera Popular, de los integrantes del grupo financiero al que esta pertenezca, o de la propia sociedad controladora.


Las resoluciones del comité a que se refiere el presente artículo, requerirán del acuerdo de por lo menos, las tres cuartas partes de los miembros presentes en la sesión.


(10) Artículo 35.- El comité de consejeros, o bien, el Comité de Crédito o quien realice sus funciones en la Sociedad Financiera Popular de que se trate, deberá rendir un reporte sobre su gestión al Consejo de Administración, con la periodicidad que este le indique, sin que esta exceda de ciento ochenta días, donde se especifique el detalle de las operaciones con personas relacionadas que, de conformidad con lo previsto por el presente Capítulo, hayan sido autorizadas o rechazadas por la instancia respectiva, incluyendo un informe sobre el cumplimiento de los límites de financiamiento a dichas personas, de conformidad con lo establecido por la Ley y por el presente Capítulo.


El reporte a que se refiere el párrafo anterior deberá contener además, cuando menos, la información siguiente:


I. Monto total de las operaciones autorizadas por el comité respectivo, así como el porcentaje del capital neto que representan;


(10) II. Relación de las personas a las que el comité respectivo autorizó operaciones, indicando el monto y las características generales, así como la fecha de aprobación y la naturaleza de la relación de conformidad con los Artículos 35, 35 Bis y 35 Bis 1 de la Ley;


(10) III. Relación de las personas a las que el comité respectivo rechazó operaciones, indicando el monto solicitado y las características generales, así como la fecha de la resolución y la naturaleza de la relación de conformidad con los Artículos 35, 35 Bis y 35 Bis 1 de la Ley;


(10) IV. Relación de financiamientos otorgados a personas relacionadas, especificando la instancia que lo autorizó, el monto y la naturaleza de la relación con la Sociedad Financiera Popular, así como una breve descripción del desempeño de dichas operaciones, y


V. El importe y características generales de los principales financiamientos, incluyendo los vencidos; identificando aquellos que se encuentren provisionados, y respecto de los reservados al 100 por ciento, los que pretendan ser eliminados de los activos, aun cuando no se cuente con evidencia suficiente de que éstos no serán recuperados, emitiendo su opinión al respecto.


Artículo 36.- Las Entidades, en sus manuales de políticas y procedimientos para el otorgamiento de créditos, deberán prever la existencia de los mecanismos de información necesarios para que todas las instancias involucradas en el otorgamiento y autorización de operaciones a que se refiere el presente Capítulo, tengan conocimiento de las operaciones realizadas con anterioridad en un plazo igual al que establece la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia para la conservación de la información que, en relación con personas físicas, sea proporcionada por los Usuarios a que se refiere la propia ley. Lo anterior, con el objeto de que dichas instancias actúen en estricto apego a lo dispuesto por la Ley y por el presente Capítulo.


Artículo 37.- Las Entidades deberán tener a disposición de la Comisión y de la Federación que las supervise de forma auxiliar, toda la información relativa a las operaciones que hayan celebrado con personas relacionadas, incluyendo los reportes entregados al Consejo de Administración y la información que los respalda, así como los expedientes individuales respectivos.


La información a que se refiere el párrafo anterior deberá comprender, además de la requerida en términos de las disposiciones aplicables, la siguiente:


I. Actas de todas las sesiones del Consejo de Administración, del comité de consejeros y del Comité de Crédito, según se trate, las cuales deberán señalar en forma precisa los asistentes a la reunión, los casos que fueron analizados y la manera en que se llegó a su aprobación o rechazo, señalando el sentido del voto de cada uno de los miembros de dichos órganos;


II. Las nuevas líneas de financiamiento otorgadas;


III. Los casos de liquidación total de adeudos, y


IV. Los créditos relacionados que se encuentren vencidos, identificando aquellos que hayan sido castigados o eliminados.


Artículo 38.- Los Consejeros y funcionarios deberán excusarse de participar en las discusiones y abstenerse de votar en los casos en que tengan un interés directo o un conflicto de interés.


En todo caso, las operaciones con personas relacionadas no deberán celebrarse en términos y condiciones más favorables, que las operaciones de la misma naturaleza que se realicen con el público en general.


Para los efectos antes señalados, se entiende que existe interés directo o un conflicto de interés, cuando el carácter de deudor en la operación con personas relacionadas, lo tenga el propio Consejero o funcionario, el cónyuge del Consejero o funcionario, o las personas con las que tenga parentesco, o bien, una persona moral respecto de la cual alguna de las personas antes mencionadas, detente directa o indirectamente el control del 10 por ciento o más de los títulos representativos de su capital.


Asimismo, se entenderá por parentesco a aquél que existe por consanguinidad y afinidad en línea recta en primer grado, y por consanguinidad y afinidad en línea colateral en segundo grado o civil.






Capítulo II
De los préstamos de liquidez


Artículo 39.- Las Entidades podrán solicitar a la Federación a la que se encuentren afiliadas o con la que tengan celebrado un contrato de supervisión auxiliar, les autorice el otorgamiento de préstamos de liquidez a cargo de una o más Entidades que supervise de manera auxiliar la misma Federación, proponiendo al efecto el monto, destino, plazo, intereses, garantías y demás características de la operación de que se trate.


Artículo 40.- Las Federaciones deberán establecer lineamientos y políticas generales, así como el formato del contrato marco, para el otorgamiento de los préstamos de liquidez que se otorguen a las Entidades que supervise de manera auxiliar. Dichos lineamientos deberán contener como mínimo lo siguiente:


I. Destino: Los préstamos únicamente podrán otorgarse con el objeto de atender problemas transitorios de liquidez que presenten las Entidades acreditadas. Para ello, el Consejo de Administración de la Federación deberá evaluar, en cada caso, la situación financiera de las Entidades y verificar que el destino de dichos préstamos conste de forma expresa en los contratos respectivos;


II. Plazo: Los préstamos se concederán a plazo no mayor de 180 días, incluyendo las renovaciones que, en su caso, se otorguen.

No obstante lo anterior, la Federación, tomando en consideración las circunstancias del mercado y la situación particular de la Entidad solicitante, podrá autorizar una renovación hasta por 180 días adicionales, siempre que la acreditante y la acreditada no incurran en un riesgo de solvencia, por lo que deberán encontrarse ubicadas dentro de la Categoría 1 de capitalización, y


III. Garantías: Los préstamos deberán garantizarse a satisfacción de la Entidad acreditante.


Asimismo, las Federaciones podrán autorizar, a solicitud de las Entidades, que los préstamos de liquidez se documenten mediante contratos marco; siendo responsables las propias Entidades de que los contratos que utilicen se sujeten estrictamente a lo previsto por el presente Capítulo, así como en las demás disposiciones que resulten aplicables.


Artículo 41.- Corresponderá al Consejo de Administración de las Federaciones, en su caso, aprobar las solicitudes que para el otorgamiento de préstamos de liquidez les presenten las Entidades que supervisen de manera auxiliar; los lineamientos y políticas generales, así como los contratos marco, a que se refiere el Artículo 40 de las presentes disposiciones.


Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 40 antes citado, el monto de cada uno de los préstamos de liquidez que se otorgue al amparo del contrato respectivo, deberá ser autorizado de forma previa por el Consejo de Administración de la Federación correspondiente.


Para otorgar la autorización del préstamo de liquidez de que se trate, el Consejo de Administración correspondiente deberá observar lo siguiente:


I. Todo préstamo de liquidez deberá otorgarse o renovarse con cargo a los excedentes de capital neto mínimo requerido de la Entidad acreditante, por lo que la Entidad deberá descontarlo de su capital;


(1) II. El monto del préstamo o conjunto de préstamos de liquidez que mantenga vigentes una Entidad acreditante, no podrá exceder del 10 por ciento de su capital neto.


III. El monto del préstamo o conjunto de préstamos de liquidez que otorgue o renueve una Entidad, no podrá ubicar a dicha Entidad por debajo del coeficiente de liquidez que, conforme a las disposiciones aplicables, deba mantener.


Artículo 42.- En caso de falta de pago oportuno de un préstamo de liquidez, la Entidad acreditante deberá comunicarlo a la Federación a más tardar el día hábil siguiente al vencimiento, la cual procederá a practicar una investigación en la Entidad deudora a fin de identificar y evaluar las causas de la mora y adoptar, en su caso, las medidas procedentes en términos de lo establecido en los Artículos 72 al 80 de la Ley. Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de las acciones que correspondan a la Entidad acreditante para la recuperación del crédito.



Capítulo III
De la regulación prudencial


R2O0P0S3A

Sección Primera
(10) De la regulación prudencial para las Sociedades Financieras Populares con un monto de activos totales iguales o inferiores a 15’000,000 UDIS


(10) Artículo 43.- Lo dispuesto en la presente sección se aplicará a las Sociedades Financieras Populares cuyos activos totales netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones, sean iguales o inferiores al equivalente en pesos de 15’000,000 (quince millones) UDIS.


(10) Las Sociedades Financieras Populares que al cierre de un trimestre calendario determinado sobrepasen el rango máximo del nivel de activos a que se refiere esta sección, contarán con un plazo de dos trimestres calendario adicionales durante los cuales podrán seguir cumpliendo con lo dispuesto en la presente sección.


(1) En dicho plazo deberán adecuar sus procesos y manuales a los requerimientos correspondientes a su nuevo nivel de regulación prudencial.


(1) Asimismo, para dar debido cumplimiento a la presente disposición deberán programar con anticipación, las fechas en las que estimen rebasarán el tamaño de activos máximos establecido para su nivel.



Apartado A
Capital mínimo


Artículo 44.- Las Entidades deberán contar con un capital mínimo, el cual se integrará con la suma del capital social más las reservas de capital y, en su caso, el rubro denominado “Efecto por incorporación al régimen de entidades de ahorro y crédito popular” a que se refiere la fracción VII del Artículo 2 de las presentes disposiciones. El capital social deberá estar íntegramente suscrito y pagado. El capital mínimo para las Entidades sujetas a la presente regulación será de 100,000 (cien mil) UDIS.


(1) Cuando la situación financiera de alguna Entidad lo requiera, la Comisión podrá otorgar por única ocasión un plazo de 6 meses a dicha Entidad para que se ajuste a lo establecido en esta Sección, con independencia de lo señalado en el Artículo 43 anterior.


Las Entidades deberán suspender el pago de dividendos o la distribución de remanentes de capital a sus socios, y en general cualquier otro mecanismo que implique una transferencia de beneficios patrimoniales a los socios, mientras tengan faltante en su capital mínimo.


Los socios de las Entidades podrán solicitar el retiro de sus aportaciones, siempre y cuando dicho retiro no afecte al capital mínimo o al índice de capitalización que deben observar las Entidades conforme a la presente Sección.



Apartado B
Requerimientos de capitalización por riesgos


(1) Artículo 45.- Las Entidades deberán mantener un capital neto el cual no podrá ser inferior al requerimiento de capital establecido en la presente Sección. Para tales efectos, las operaciones deberán ser valuadas conforme a los Criterios de Contabilidad para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular que les corresponda aplicar de conformidad con lo previsto por la respectiva Sección del Capítulo V del presente Título.


Se incluirán las operaciones a partir de la fecha en que se concerten, independientemente de la fecha de liquidación, entrega o vigencia, según sea el caso.


Se considerará que se ha transferido la propiedad de un activo, y que por lo tanto éste no tendrá requerimientos de capitalización de acuerdo con lo establecido en la presente Sección, siempre que la operación cumpla con todas y cada una de las condiciones establecidas para ser reconocida como una venta de activos, en el criterio contable referente a la “Transferencia de activos financieros” que emita la Comisión.


(1) Artículo 46.- Las Entidades, para la determinación del requerimiento de capital por riesgo de crédito, deberán ajustarse al procedimiento que se describe en este artículo.


(1) El requerimiento de capital por riesgo de crédito será el que se obtenga de aplicar un 8 por ciento al monto total de la cartera de créditos otorgados por las Entidades, neta de las correspondientes provisiones para riesgos crediticios.


(10) Adicionalmente, para efectos de lo señalado en el presente artículo, las Sociedades Financieras Populares podrán deducir del monto total de cada crédito, hasta un 100 por ciento de los depósitos de dinero constituidos por el propio acreditado en la Sociedad Financiera Popular que cumplan con las condiciones para ser considerados una garantía en términos de lo dispuesto por el Apartado IV del Anexo D de las presentes disposiciones. El importe a deducir no podrá ser superior al saldo insoluto del crédito.



: obtenerdoc.php?path= -> Documentos -> FEDERAL
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FEDERAL -> Reglamento roac
FEDERAL -> Alonso josé ricardo lujambio irázabal, Secretario de Educación Pública con fundamento en los artículos 3o
FEDERAL -> Anexo reportes regulatorios indice serie R01 Catálogo Mínimo
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