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8 disposiciones de caracter general aplicables a las entidades de ahorro y credito popular, organismos de integracion, sociedades financieras comunitarias y organismos de integracion financiera rural

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Artículo 67.- Las Entidades, para la determinación de los requerimientos de capital por riesgo de crédito, deberán ajustarse al procedimiento siguiente:


I. Clasificación de operaciones.

(1) Las Entidades deberán clasificar sus activos y operaciones que originen pasivo contingente, en atención al riesgo de crédito y contraparte de la operación con independencia del activo subyacente, en alguno de los grupos siguientes:


a) Grupo 1. Caja; valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal; créditos al Gobierno Federal o con garantía expresa del propio Gobierno Federal y operaciones contingentes realizadas con las personas señaladas en este inciso; así como las demás operaciones en donde la contraparte de las Entidades sea alguna de las personas mencionadas en este grupo.


b) Grupo 2. Depósitos, valores y créditos a cargo de o garantizados o avalados por instituciones de crédito y por casas de bolsa; créditos y valores a cargo de o garantizados o avalados por fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico; valores y créditos a cargo de organismos descentralizados del Gobierno Federal; así como las demás operaciones en donde la contraparte de las Entidades sea alguna de las personas mencionadas en este grupo.


c) Grupo 3. Créditos, valores y demás activos que generen riesgo de crédito, en donde la contraparte de las Entidades sea distinta a las personas mencionadas en los grupos previstos en los incisos a) y b) anteriores.


(2) Sin limitación de lo establecido en la presente Sección, los grupos en que se clasifiquen las operaciones expuestas a riesgo de crédito, estarán integrados por las operaciones en moneda nacional y en UDIS que se especifican en la presente fracción, según se trate, conforme a lo siguiente: i) los depósitos y las inversiones en valores comprenden a los respectivos intereses devengados; ii) las operaciones crediticias se entenderán en su más amplio sentido y comprenderán la toma de documentos de cobro inmediato, cartera vigente y vencida; préstamos al personal; refinanciamiento y capitalización de intereses; avales, intereses devengados, y comisiones y premios devengados; iii) las inversiones con cargo al fondo de reservas para pensiones de personal y primas de antigüedad, se considerarán como una inversión más en el grupo a que correspondan, y iv) para determinar la persona acreditada y la moneda de la operación, se considerarán las características del financiamiento otorgado por medio de la operación de descuento, en la cartera tomada a descuento con responsabilidad del cedente, y se considerarán las características de crédito objeto del descuento en las operaciones de cesión de cartera con responsabilidad del cedente (títulos descontados con endoso).


II. Cómputo de los activos.

Para efectos de determinar el capital neto requerido respecto de los activos mencionados en los incisos a), b) y c) de la fracción I anterior, se estará a lo siguiente:


(1) a) Tratándose de la cartera de créditos, ésta computará neta de las correspondientes estimaciones, y


b) Referente a los valores y otros activos, éstos computarán netos de las respectivas estimaciones, depreciaciones y castigos.


III. Cálculo del requerimiento.

Los requerimientos de capital neto se determinarán aplicando el 8 por ciento a la suma de sus activos y de otras operaciones, ponderados conforme a lo siguiente:



GRUPOS

PORCENTAJE DE PONDERACION DE RIESGO

1.

0%

2.

20%

3.

100%


En el caso de préstamos para la adquisición o construcción de vivienda personal que cuenten con una garantía de cuando menos el 50 por ciento del saldo insoluto del préstamo otorgada por alguna entidad pública de fomento, para fines de los requerimientos de capitalización las Entidades considerarán la porción garantizada del crédito dentro del grupo 2 y la porción no garantizada restante dentro del grupo 3.


Adicionalmente, los requerimientos de capital a que se refiere el párrafo inmediato anterior gozarán de una reducción del 25 por ciento.


(10) Para efectos de lo señalado en el presente artículo, las Sociedades Financieras Populares podrán deducir del monto total de cada crédito, hasta un 100 por ciento de los depósitos de dinero constituidos por el propio acreditado en la Sociedad Financiera Popular que cumplan con las condiciones para ser considerados una garantía en términos de lo dispuesto por el Apartado IV del Anexo D de las presentes disposiciones. El importe a deducir no podrá ser superior al saldo insoluto del crédito.


(1) Artículo 68.- El requerimiento de capital por riesgo de mercado será el que se obtenga de aplicar un 1 por ciento al monto total que resulte de la suma de la cartera de créditos otorgada por las Entidades, neta de las correspondientes estimaciones preventivas para riesgos crediticios, y el total de las inversiones en valores.


(1) En caso de operaciones denominadas en UDIS, éstas deberán convertirse a moneda nacional aplicando el valor de la UDI publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a la fecha a la que se estén determinando los requerimientos de capital.


Artículo 69.- Para efectos de lo previsto en esta Sección, el capital neto estará compuesto por:


I. El capital contable o patrimonio;

Menos:


(1) II. Las partidas que se contabilicen en el activo de la Entidad como intangibles o que, en su caso, impliquen el diferimiento de gastos o costos en el capital de la Entidad, tales como:


(1) a) Los intangibles de cualquier tipo incluyendo el crédito mercantil, y


(1) b) Cualquier partida con excepción de los activos fijos y los pagos anticipados menores a un año, que represente erogaciones o gastos cuyo conocimiento en el capital contable se difiera en el tiempo.


(1) Todos estos conceptos se restarán netos de sus correspondientes amortizaciones.


(1) III. Los préstamos de liquidez otorgados a otras Entidades con base en lo establecido en el Artículo 36, fracción III, de la Ley, y


(2) IV. Los créditos que se otorguen y las demás operaciones que se realicen en contravención a las disposiciones aplicables.


(2) Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y penas que procedan en términos de la Ley y demás normatividad aplicable.


Artículo 70.- La Entidad deberá efectuar mensualmente el cómputo de los requerimientos de capitalización, el cual deberá ser enviado dentro de los siguientes 30 días a la fecha del cómputo a la Federación que la supervise de manera auxiliar, en la forma y términos que dicha Federación establezca. Los requerimientos de capital y el capital neto se determinarán con base en saldos al día último del mes de que se trate.


Artículo 71.- La Federación correspondiente, además de efectuar y verificar el cálculo de los requerimientos e integración del capital, podrá requerir que le sea enviado el cómputo de los requerimientos de capital con mayor periodicidad y en cualquier fecha para alguna Entidad en específico, cuando juzgue que entre los días que transcurren entre un cómputo y otro, tal Entidad está asumiendo riesgos notoriamente mayores a los que muestren las cifras de cierre de cada mes.


La Comisión, en términos del segundo párrafo del Artículo 36 de la Ley, resolverá respecto de los porcentajes de ponderación de riesgo y procedimiento para determinar el valor de conversión, que serán aplicables tratándose de operaciones análogas o conexas a las que se refiere el citado artículo.


(3) Artículo 72.- Derogado.


Artículo 73.- La Federación correspondiente, oyendo la opinión de la Comisión, podrá exigir a cualquier Entidad requerimientos de capitalización adicionales a los señalados en la presente regulación, cuando a su juicio así se justifique, tomando en cuenta, entre otros aspectos, la integración de su capital, la composición de sus activos, la eficiencia de sus sistemas de control interno y, en general, la exposición y administración de riesgos.



Apartado C
Administración de riesgos


Artículo 74.- Para efectos de la presente Sección se entenderá por:


I. Riesgo de crédito: a las posibles pérdidas para la Entidad por la falta de pago de un acreditado.


II. Riesgo operativo: a las posibles pérdidas para la Entidad por errores o fallas en el desarrollo de las actividades administrativas y operativas del negocio.


III En la administración del riesgo de crédito, las Entidades deberán como mínimo:


a) Por lo que hace al riesgo de crédito en general, establecer políticas y procedimientos que contemplen los aspectos siguientes:

1. Límites de riesgo que la Entidad está dispuesta a asumir;


2. En su caso, sector económico y zona geográfica en los que la Entidad podrá celebrar operaciones;


3. Límites de riesgo a cargo de una persona o grupo de personas que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 97 de estas disposiciones, y


4. Vigilancia y control efectivo de la naturaleza, características, diversificación y calidad del portafolio de crédito.


b) Por lo que hace al riesgo de la cartera crediticia:


1. Medir, evaluar y dar seguimiento a su concentración por tipo de operación, calificación, sector económico, zona geográfica y acreditado, y


2. Dar seguimiento a su evolución y posible deterioro, con el propósito de anticipar pérdidas potenciales, así como analizar el valor de recuperación de la cartera vencida y estimar la pérdida esperada.


(2) IV. De acuerdo a la complejidad de sus operaciones, las Entidades deberán realizar con la periodicidad que su Consejo determine el análisis de brechas de vencimiento de sus activos y pasivos, que les permitan gestionar su liquidez y para los casos que se identifique que la sensibilidad a movimientos en los niveles de tasa en el mercado está afectando los ingresos y costos asociados a dichos activos o pasivos deberán adicionalmente evaluar la conveniencia de agregar al análisis de brechas las fechas de repreciación, que les permita gestionar de mejor forma el riesgo de mercado.


Artículo 75.- En materia de administración de riesgos, el Consejo de Administración de cada Entidad tendrá las responsabilidades siguientes:


I. Establecer los objetivos generales sobre la exposición al riesgo de la Entidad, especificando, entre otros, los segmentos del mercado que atenderá, el tipo y características de las principales operaciones que celebrará, y otros aspectos relacionados con el perfil de riesgo que pretenda;


II. Aprobar las políticas y procedimientos para la administración del riesgo de crédito y otros riesgos de la Entidad, así como los límites de exposición al riesgo de crédito y otros, y


III. Designar a la persona que será responsable de la administración de riesgos de la Entidad, a propuesta del Director o Gerente General.

(1) Las políticas y procedimientos mencionados en la fracción II del presente artículo, deberán incluirse en un manual de administración de riesgos y ser revisados cuando menos una vez al año. El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité técnico a que se refiere el Artículo 80 de estas disposiciones, o, en su caso, del área de Asistencia Técnica de la Federación que la supervise auxiliarmente, para efectos de la aprobación de dicho manual, así como de sus modificaciones.


Artículo 76.- El personal responsable de la administración de riesgos, realizará cuando menos las funciones que se indican a continuación:


I. Elaborar, en conjunto con el Director o Gerente General, el manual de administración de riesgos para someterlo a la aprobación del Consejo de Administración;


II. Vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentre expuesta la Entidad;


III. Validar el cálculo de los requerimientos de capitalización por riesgos y de los límites con que deberán cumplir, con el objeto de verificar que el mismo se ajuste a las disposiciones aplicables;


IV. Informar trimestralmente al Consejo de Administración y cuando menos mensualmente al Director o Gerente General, sobre la exposición al riesgo de crédito, así como sobre la inobservancia de los límites de exposición a riesgos establecidos tanto internamente en la Entidad, como por la regulación aplicable, y


V. Informar al Director o Gerente General, así como al Consejo de Administración, sobre las medidas correctivas implementadas.


(2) La Federación que realice la supervisión auxiliar de la Entidad, podrá a su vez prestar el servicio de administración de riesgos a través del área de Asistencia Técnica, la cual realizará las funciones que se mencionan en este artículo. Para tales efectos, la Federación podrá contratar con terceros especializados la referida administración de riesgos.


Artículo 77.- El Director o Gerente General deberá proponer al Consejo de Administración, la designación de la persona que será responsable de la administración de riesgos de la Entidad, garantizando la independencia de dicha persona respecto de las áreas de negocios.


Asimismo, el Director o Gerente General será responsable de implementar medidas de acción en caso de contingencias que puedan afectar la operación o los sistemas de información de la Entidad, así como difundir una mayor cultura en materia de administración de riesgos, diseñando programas de capacitación en esta materia para el personal involucrado en la operación o administración de riesgos de la Entidad.


Artículo 78.- El Consejo de Vigilancia o Comisario de las Entidades deberá establecer y dar seguimiento permanente a las medidas de control que rijan al proceso de operación diaria en la administración de riesgos, relativas a:


I. El registro, documentación y liquidación de las operaciones, que impliquen riesgos conforme a las políticas y procedimientos establecidos en los manuales de administración de riesgos de la Entidad;


II. La observancia de los límites de exposición al riesgo de crédito y otros, y

III. Además, deberá llevar a cabo, cuando menos en forma anual, una auditoría de administración de riesgo de crédito que contemple, entre otros, el desarrollo de la administración del riesgo de crédito de conformidad con lo establecido en la presente Sección y en el propio manual de políticas y procedimientos para la administración de riesgos de la Entidad.



Apartado D
Control interno


Artículo 79.- Para los efectos de la presente Sección, se entenderá por sistema de control interno, al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y registros que establezca la Entidad con el objeto de:


I. Procurar mecanismos de operación que permitan identificar, vigilar y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de las actividades del negocio;


II. Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades del personal al interior de la Entidad;


(10) III. Diseñar, implementar y operar sistemas de información eficientes y completos, que soporten los procesos de operación de la Sociedad Financiera Popular, así como de atención a clientes a través de sucursales y cualquier Medio Electrónico. Para lo cual deberán en lo conducente:


(10) a) Establecer medidas y controles que permitan asegurar confidencialidad en la generación, almacenamiento, transmisión y recepción de factores de identificación y autenticación, tanto de clientes como de Usuarios internos de la Sociedad Financiera Popular.


(10) b) Contar con esquemas de control y políticas de operación, autorización y acceso a los sistemas, que garanticen la integridad y confidencialidad de la información contenida en las bases de datos y aplicaciones implementadas para la realización de operaciones.


(10) c) Incorporar los medios adecuados para respaldar y, en su caso, recuperar la información que se genere respecto de las operaciones que se realicen.


(10) d) Diseñar planes de contingencia, a fin de asegurar la capacidad y continuidad de los sistemas. Dichos planes deberán comprender, las medidas necesarias que permitan minimizar y reparar los efectos generados por eventualidades que, en su caso, llegaren a afectar el continuo y permanente funcionamiento de los servicios.


(10) e) Establecer mecanismos para la identificación y resolución de aquellos actos o eventos que puedan generarle a la Sociedad Financiera Popular, riesgos derivados de:


(10) 1. Comisión de hechos, actos u operaciones fraudulentas.


(10) 2. Contingencias generadas en los sistemas relacionados con los servicios prestados y operaciones celebradas.


(10) 3. El uso inadecuado por parte de los Usuarios de los Medios Electrónicos.


IV. Coadyuvar a la observancia de las leyes y disposiciones aplicables.


Artículo 80.- En materia del sistema de control interno, será responsabilidad del Consejo de Administración de cada Entidad, definir y diseñar los lineamientos para el manejo prudente de la Entidad. Asimismo, el Consejo deberá supervisar el establecimiento y vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, para lo cual deberá aplicar entre otras, las medidas siguientes:


(1) I. Deberá nombrar al responsable de la Entidad, para que documente en manuales, las políticas y procedimientos relativos a las operaciones propias de su objeto, las cuales deberán guardar congruencia con los lineamientos, políticas y objetivos establecidos por el mismo Consejo y concluidos los manuales correspondientes, se envíen para autorización del Director o Gerente General. Dicha persona podrá auxiliarse del área de Asistencia Técnica de la Federación que la supervise auxiliarmente, sin que por eso se entienda a la referida área de Asistencia Técnica como responsable de las citadas políticas y procedimientos. Lo anterior con excepción de los relativos a la administración de riesgos y a crédito que será responsabilidad del Consejo aprobar.


II. Aprobar la estructura orgánica de la Entidad;


III. Verificar que la Dirección o Gerencia General, cumpla con su objetivo de vigilar la efectividad y funcionalidad de los sistemas de control interno;


IV. Revisar los objetivos, políticas y procedimientos de control interno, por lo menos una vez al año, y


V. Establecer mecanismos para asegurarse que el área o personas que desempeñen las funciones de contraloría no tengan conflictos de interés, respecto de las unidades de negocio sobre quienes desempeñen sus labores.


Los citados manuales de políticas y procedimientos, los de administración de riesgos y de crédito, así como el código de ética, deberán ser revisados anualmente.


Tratándose de la aprobación del código de ética, el Consejo de Administración podrá delegar esta función en un Comité Técnico integrado por especialistas nombrados por el Consejo de Administración, siempre y cuando participe en dicho Comité el Director o Gerente General.


(1) El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del Comité Técnico o, en su caso, del área de Asistencia Técnica de la Federación que la supervise auxiliarmente, para efectos de la aprobación de los manuales de administración de riesgos y de crédito, así como de sus modificaciones.


Artículo 81.- Las Entidades deberán documentar adecuadamente las políticas y procedimientos de todas sus actividades, en manuales de operación. Dichos manuales serán la base de la operación, así como la referencia para evaluar la efectividad y desempeño de los controles internos.


(1) Los manuales de operación deberán ser revisados y, en su caso, actualizados por lo menos una vez al año conforme a lo dispuesto en el artículo 80 anterior, y deberán hacerse del conocimiento de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia o Comisario, y a los funcionarios y empleados de la Entidad que por sus funciones requieran conocerlos.


Artículo 82.- Los manuales de operación deberán considerar, cuando menos, los aspectos siguientes:


I. La estructura organizacional y funcional de cada área de la Entidad, así como las responsabilidades individuales asignadas;


II. Los canales de comunicación y de flujo de información entre las distintas áreas de la Entidad;


III. Las políticas generales de operación;


IV. Los mecanismos de control en los procedimientos operativos, y


V. En general, programas de contingencia y seguridad.


Artículo 83.- En materia de sistemas informáticos, los manuales de operación, deberán considerar las políticas, procedimientos y controles que permitan asegurar que dichos sistemas:


I. Realicen las funciones para las que fueron diseñados, desarrollados o adquiridos;


II. Se encuentren documentados y actualizados;


III. Estén debidamente probados antes de ser implementados;


IV. Cuenten con códigos de acceso para garantizar la integridad de la información generada por los sistemas, así como la de éstos, y


V. Cuenten con mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación que garanticen la integridad de la información.


Artículo 84.- En materia de control interno, el Director o Gerente General será el encargado de la implementación y funcionamiento diario del sistema de control interno, para lo cual deberá:


I. Verificar que el sistema de control interno funcione adecuadamente y conforme a los objetivos y estrategias determinados por el Consejo de Administración;


II. Realizar las acciones necesarias para que:


a) Se tomen las medidas preventivas y correctivas necesarias a fin de subsanar cualquier deficiencia detectada, además de conservar un registro de dichas medidas, así como de las causas que motivaron la implementación de las mismas, y


b) Exista una clara delimitación de funciones y responsabilidades entre las unidades de la Entidad, así como la independencia entre las áreas o funciones que así lo requieran.


III. Informar por lo menos una vez al año al Consejo de Administración sobre el desempeño de las actividades a que se refiere este artículo, así como los resultados obtenidos.


(2) IV. Autorizar los manuales que le corresponda.


(3) Segundo párrafo.- Derogado.


Artículo 85.- Con el fin de coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno, las Entidades deberán asegurar que se lleven a cabo las funciones de contraloría. Dichas funciones, implicarán el establecimiento y seguimiento diario de medidas para vigilar que las actividades referentes a la operación de la Entidad sean consistentes con los objetivos de la misma y se lleven a cabo en estricto apego a las leyes y demás disposiciones aplicables.


El Consejo de Vigilancia o Comisario, serán los responsables de desempeñar las funciones de contraloría a que se refiere el presente numeral, aunque podrán delegar dichas funciones en el personal que consideren apropiado. Las funciones de contraloría, deberán contemplar, por lo menos los aspectos siguientes:


I. Verificar el correcto apego de los distintos procesos, operaciones y transacciones a la regulación aplicable a la Entidad;


II. Establecer normas, procedimientos y medidas para vigilar que los procesos de documentación y liquidación diaria de operaciones y transacciones se efectúan de manera adecuada y conforme a los objetivos y lineamientos de la Entidad;


III. Controlar que la elaboración de información financiera se lleve a cabo de forma precisa, íntegra, confiable y oportuna, y


IV. Controlar que la información generada y proporcionada a los Organismos de Integración y autoridades sea fidedigna, precisa, íntegra y oportuna.


Artículo 86.- Las Entidades deberán implementar un código de ética, aprobado por el Consejo de Administración o, en su caso, por el comité técnico a que hace referencia el Artículo 80 de estas disposiciones, en el cual se establezcan reglas apropiadas y prudentes que gobiernen la conducta y el comportamiento adecuado de sus Consejeros y Miembros del Consejo de Vigilancia o Comisario, funcionarios y empleados, en su interacción con los socios y clientes y al interior de la propia Entidad. El código de ética debe contemplar, como mínimo, los aspectos siguientes:


I. Guardar consistencia con la legislación aplicable, incluyendo las diferentes regulaciones, y disposiciones reglamentarias conducentes, y


II. Respetar la confidencialidad de los clientes, de las operaciones de la Entidad y en general de la información institucional.


(1) El código de ética deberá ser revisado por lo menos una vez al año conforme a lo dispuesto en el Artículo 80 de las presentes disposiciones, y deberá hacerse del conocimiento de los consejeros, funcionarios y empleados de la Entidad.



Apartado E
Proceso crediticio


Artículo 87.- Para efectos de la presente Sección, se entenderá por actividad crediticia la colocación por parte de las Entidades de los recursos, tanto propios como los captados de terceros, mediante aval, las operaciones de préstamo, o cualquier operación que de manera directa o indirecta le puedan generar derechos de crédito a su favor.



Sub Apartado A
Lineamientos
mínimos del manual de crédito


Artículo 88.- Las Entidades deberán contar con un manual de crédito aprobado por el Consejo de Administración, al cual deberá sujetarse el Comité de Crédito o su equivalente. El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité técnico a que se refiere el Artículo 80 de estas disposiciones, para efectos de la aprobación de dicho manual, así como de sus modificaciones. El manual deberá contener las políticas y procedimientos de crédito, con los lineamientos mínimos en las etapas del proceso crediticio siguientes:


I. Promoción y otorgamiento de crédito.


a) Las Entidades podrán establecer en los manuales de crédito, procesos de autorizaciones automáticas de créditos que permitan otorgar el crédito correspondiente a cualquier solicitante, siempre y cuando se reúnan las condiciones que se indican a continuación:


1. Documentación mínima a ser entregada por tipo de crédito;


2. Identificación del solicitante, así como finalidad para la cual se solicita el crédito o, en su caso, características de los depósitos que el solicitante mantenga en la Entidad;


3. Monto máximo a otorgar según el resultado de la información entregada, y


(1) 4. Tasas de interés conforme a sus políticas.


b) Adicionalmente, las Entidades podrán establecer metodologías para la aprobación y otorgamiento de créditos cuyo monto sea considerable, según las características de las operaciones que realice la Entidad, para lo cual deberá tomarse en cuenta, por lo menos, lo siguiente:


1. Contar con la documentación mínima indispensable que establezca el propio manual de crédito;


2. La información que valide la experiencia de ahorro o de pago del acreditado;


3. La capacidad del acreditado para cumplir con sus obligaciones, y


4. La determinación de un parámetro o escala de medición que indique el riesgo del potencial acreditado.


c) El Comité de Crédito o su equivalente, será la instancia responsable de la aprobación de los créditos solicitados a la Entidad, aunque podrá delegar sus funciones en subcomités ya sea regionales o por sucursales, siempre y cuando la existencia de dichos subcomités esté prevista en el manual de crédito de la Entidad, los cuales deberán estar integrados por funcionarios de la propia Entidad. Para dicha aprobación deberán seguir los lineamientos que al efecto se establezcan en el manual.


d) La Entidad que cumpla con los requerimientos de capitalización por riesgos de crédito correspondientes y en general con lo establecido en la presente Sección, quedará relevada de la obligación de contar con la aprobación del Comité de Crédito o su equivalente, cuando el importe total de los créditos otorgados por dicha Entidad a la persona solicitante, incluyendo a sus dependientes económicos, no sea mayor a 5,000 (cinco mil) UDIS, y siempre y cuando su manual de crédito prevea procesos de autorizaciones automáticas, de conformidad con lo establecido en el inciso a) anterior.


(2) Tratándose de créditos respecto de los cuales las Entidades cuenten con garantías al 100 por ciento constituidas con dinero en efectivo en términos de lo dispuesto por el Apartado IV del Anexo D de las presentes disposiciones, las Entidades quedarán relevadas de la obligación de contar con la aprobación del Comité de Crédito o su equivalente. Lo anterior, con base en los límites que al respecto establezca su Consejo de Administración.


II. Control de políticas y procedimientos crediticios.

Las Entidades, deberán llevar un control de la actividad crediticia, a través del Comisario o Consejo de Vigilancia o, en su caso, delegarla a un tercero que no tenga conflicto de interés con las áreas involucradas en el proceso de otorgamiento de crédito. El objetivo de esta función de control será verificar:


a) Que la actividad crediticia se esté desarrollando conforme a la normatividad aplicable y a las políticas y procedimientos establecidos en el manual de crédito;


b) Que el expediente de crédito esté integrado con la adecuada documentación de las operaciones, y los antecedentes del cliente, y


c) Que los funcionarios y empleados de la Entidad estén cumpliendo con las responsabilidades que les hayan sido encomendadas, sin exceder las facultades que les fueron delegadas.


III. Evaluación y seguimiento.

Las Entidades deberán evaluar y dar seguimiento permanente a cada uno de los créditos de su cartera, incluyendo las garantías y a los garantes.

Asimismo, deberán establecer procedimientos de evaluación y seguimiento. Tales evaluaciones deberán ser más frecuentes tratándose de créditos clasificados como cartera vencida, o bien respecto de los cuales no se hayan cumplido cabalmente los términos y condiciones convenidos.


IV. Recuperación de cartera crediticia.

Tratándose de los procedimientos de cobranza judicial, el Director o Gerente General designará el o las áreas de negocio que realizarán las funciones correspondientes, las cuales deberán ser independientes de las áreas de crédito.


V. Sistemas automatizados.

Las Entidades deberán contar con sistemas automatizados que permitan generar información completa y oportuna sobre el estado en que se encuentren los créditos, de forma tal que pueda darse seguimiento oportuno y confiable a los mismos, así como tener medidas concretas para la recuperación de información en casos de contingencia.


VI. Integración de expedientes de crédito.

Las Entidades deberán establecer las políticas y procedimientos para la integración de un expediente único por cada acreditado, el cual contendrá cuando menos la documentación e información que se detalla a continuación.

Las Entidades deberán instrumentar un mecanismo de control y verificación que permita detectar documentación e información faltante en los expedientes de crédito. Asimismo, deberán designar al personal responsable de integrar y actualizar los expedientes, así como de controlar el servicio de consulta de los mismos.

En el caso de acreditados que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 97 de estas disposiciones, el expediente que se conforme deberá conjuntarse con los de aquellas personas que representen el “Riesgo Común”.



: obtenerdoc.php?path= -> Documentos -> FEDERAL
FEDERAL -> Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2012
FEDERAL -> Reglamento roac
FEDERAL -> Alonso josé ricardo lujambio irázabal, Secretario de Educación Pública con fundamento en los artículos 3o
FEDERAL -> Anexo reportes regulatorios indice serie R01 Catálogo Mínimo
FEDERAL -> R12 consolidacion el reporte regulatorio R12 serie a consolidación
FEDERAL -> Disposiciones de caracter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto multiple reguladas
FEDERAL -> 3 anexo reportes regulatorios de almacenes generales de depósito índice
FEDERAL -> Secretaria de hacienda y credito publico
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