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NACIONES

UNIDAS


E


Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/C.12/COL/Q/5/Add.1
11 de febrero de 2010

Original: ESPAÑOL


COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES

44.º período de sesiones
Ginebra, 3 a 21 de mayo de 2010

APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS

ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 16 DEL

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES


Respuestas del Gobierno de Colombia a la lista de cuestiones (E/C.12/COL/Q/5) que deben abordarse al examinar el quinto informe periódico de Colombia (E/C.12/COL/5) * **



[15 de enero de 2009]







1. Sírvanse explicar la función del Defensor del Pueblo y de las organizaciones no gubernamentales en el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al Estado parte (E/C.12/1/Add.74), así como su contribución en la redacción del presente informe (E/C.12/COL/5)*.


  1. La Defensoría del Pueblo es competente en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –DESC–, tal y como se dispone en el artículo 9, capítulo II, de la Ley 24 de 1992, que se refiere a las atribuciones que le corresponden al Defensor del Pueblo para el ejercicio de los derechos humanos. Concretamente, el numeral 4 señala: “Realizar diagnósticos de alcance general sobre situaciones económicas, sociales, culturales, jurídicas y políticas, en las cuales se puedan encontrar las personas frente al Estado”. Asimismo, el numeral 6 indica: “Difundir el conocimiento de la Constitución Política de Colombia, especialmente los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente. En este sentido, la Defensoría del Pueblo ha desarrollado acciones tendentes a promover, divulgar, defender y proteger los derechos humanos de manera integral de toda la población, así como evaluar y hacer seguimiento a las políticas públicas sociales desde una perspectiva de derechos humanos, con el propósito de contribuir a la garantía de los derechos humanos de todas las personas indistintamente de su condición social y económica”.


  1. Como bien lo señala el quinto informe periódico presentado por Colombia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Defensoría del Pueblo ha adelantado diferentes acciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales orientadas a contribuir con la garantía de los derechos humanos de todas las personas en el país. Dichas acciones han tenido eco en los Altos Tribunales, como es el caso de la Corte Constitucional, que ha fundamentado decisiones con base en los estudios1 e investigaciones2 de la Defensoría del Pueblo relativas a los derechos económicos, sociales y culturales, como la Sentencia T-760 de 2008, en donde se refiere al trabajo que la entidad viene adelantando frente al derecho a la salud, o la Sentencia T-787 de 2006, relacionada con el contenido esencial del derecho a la educación.


  1. En ese sentido, los informes y trabajos desarrollados por la Defensoría han sido fuente importante para la elaboración del presente informe.


2. Sírvanse proporcionar más información sobre la institución nacional de defensa de los derechos humanos y su conformidad de los Principios de París. Sírvanse indicar si la institución es competente en materia de derechos económicos, sociales y culturales y citar la jurisprudencia pertinente en esta esfera. Indíquese también si dispone de recursos suficientes para su buen funcionamiento.


  1. A continuación se presentan las tres instituciones principales dentro del Estado colombiano de defensa de los derechos humanos.


a. Defensoría del Pueblo


  1. La Defensoría del Pueblo es una institución del Estado colombiano que forma parte del Ministerio Público, tiene autonomía administrativa y presupuestal y es responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco del un Estado social de Derecho, democrático, participativo y pluralista. La entidad desarrolla su misión de defensa mediante las siguientes acciones integradas: a) Promoción y divulgación de los derechos humanos. b) Defensa y protección de los derechos humanos, y 3. Divulgación y promoción del derecho internacional humanitario.


  1. Las anteriores acciones se concretan a través de cinco líneas de visión, a saber: el ejercicio de la magistratura moral; la incidencia en la formulación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas; la atención defensorial y de acceso a la justicia; la educación para la apropiación, ejercicio y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento institucional.


  1. La institución desarrolla su misión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 282 y siguientes de la Constitución Política de 1991 y las Leyes 24 de 1992, que establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, y 941 de 2005, que organiza el Sistema de Defensoría Pública, así como de otras normas que le asignan nuevas funciones. La Defensoría cumple a plenitud los Principios de París de 1991, de acuerdo con lo señalado por el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC), que renovó la acreditación "A" de la Defensoría del Pueblo de Colombia.


b. Procuraduría General de la Nación


  1. La Procuraduría General de la Nación (PGN) está facultada constitucionalmente para “proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad (…)” (artículo 277, numeral 2). El Decreto 262 de 2000, artículo 24, numeral 5, establece la autoridad que tiene esta institución para “intervenir ante las autoridades públicas, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas”


  1. Los anteriores mandatos se encuentran reglamentados en la Resolución 017 de 2000, la cual distribuye las competencias entre las diferentes dependencias de la entidad. Desde el ámbito preventivo, se encuentran las siguientes dependencias:


  1. Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública: para esta Delegada aplica específicamente el numeral 13 del artículo 24 del Decreto 262, que señala la función de Velar por la defensa de los derechos del consumidor y usuarios de los servicios públicos domiciliarios, que se relaciona con derechos económicos, sociales y culturales. Una de las acciones adelantadas se relaciona con el desarrollo de un proyecto dirigido a la red de veedores ciudadanos, con el objeto de promover el derecho que éstos tienen en materia de control ciudadano sobre los servicios públicos;


  1. Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia: esta Procuraduría Delegada, en el marco del Decreto 262 de 2000, artículos 23, 24 y 26, en concordancia con la Resolución 490 de 2008 expedida por el Procurador General, tiene funciones preventivas, de control de gestión y de intervención, en los asuntos en los cuales se vean involucrados intereses de los menores, los adolescentes, quienes no tengan capacidad jurídica y la institución familiar;


  1. Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles: en cumplimiento de las funciones asignadas a esta Procuraduría Delegada en los numerales 5 y 8 del artículo 24 del Decreto Ley 262 de 2000, se vienen adelantando los siguientes programas:


    1. Programa especial de vigilancia, protección, defensa, aprovechamiento y restitución de bienes de uso público en los litorales;

    2. Programa de Defensa y Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.


      1. Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social: esta Delegada encamina sus acciones hacia la protección de los derechos consagrados en el Capítulo II de la Constitución Política, entre los que se encuentran los tendientes a la previsión, rehabilitación e integración social para los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos. Así mismo, como PGN, se propende por el acceso a la seguridad social. En relación con el derecho a la salud, se trabaja desde la perspectiva señalada por la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008. Igualmente, se protege y promueve lo relacionado con el derecho al trabajo, los deberes y derechos de los trabajadores y empleadores y la protección del derecho a la negociación colectiva del trabajo y a la huelga; esto en colaboración con organismos internacionales tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT);


      1. Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios: las competencias correspondientes a esta Procuraduría se encuentran en el artículo 24 del Decreto 262 de 2000 en consonancia con el artículo 18 de la Resolución 17 de 2000. En cumplimiento del anterior numeral, se ejercen funciones tanto en el ámbito agrario como en el ambiental. De esta forma, desde el punto de vista de la intervención y la prevención en materia agraria, el Despacho y los Procuradores Judiciales Agrarios y Ambientales, velan por el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades campesinas y de las minorías étnicas;


      1. Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de DDHH y Asuntos Étnicos: esta dependencia, en el marco de su competencia, ha avanzado en la formulación, adopción e implementación de una política para prevenir la violación de los derechos de las personas que forman parte de los grupos étnicos. Para ello, en diciembre de 2007, mediante Resolución del Procurador General número 372, adoptó la “política preventiva de la PGN en materia de derechos de los grupos étnicos”;


      1. Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales: Esta Delegada está realizando un trabajo interinstitucional frente a la eficiencia y eficacia en la planeación, asignación y ejecución de los recursos del Estado a nivel territorial (Sistema General de Participaciones -Ley 715 de 2001- en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, deporte, recreación y cultura; y con los recursos de regalías y compensaciones -Ley 141 de 1994 y la Ley 756 de 2002-, en los sectores de educación, salud y saneamiento básico), mediante la promoción y desarrollo de acciones preventivas y exigencia de medidas correctivas, incentivando los procesos de participación en la toma de decisiones y en el mismo control social con las comunidades. En el tema de servicios públicos domiciliarios, se viene adelantando un seguimiento al cumplimiento de la directivas de la PGN 015 de 2005 y 05 de 2008, como miembro de la Mesa Interinstitucional de logros para el sector de agua potable y saneamiento Básico. Por otra parte, está implementado, con recursos de cooperación internacional, un proyecto denominado “Medición del impacto de efectividad de derechos económicos, sociales y culturales –DESC– de población víctima de la violencia, como referente primario de destinación de las regalías del carbón del César y la Guajira y el mecanismo de fortalecimiento del control ciudadano y de gobernabilidad”.


c. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH)


  1. Como se mencionó anteriormente, la Constitución de 1991 colocó en cabeza del Ministerio Público la labor de promoción y defensa de los derechos humanos, encargando particularmente a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, quienes deben mancomunadamente proteger y asegurar la efectividad de los derechos humanos (artículo 277, numeral 2). No obstante lo anterior, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH también desarrolla importantes labores en cabeza del Vicepresidente de la República, pues es el ente asesor gubernamental en las políticas sobre Derechos Humanos y DIH.


  1. El Programa fue creado en noviembre de 1987, bajo el nombre de “Consejería para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos”, por medio del Decreto 2111 de ese año, en el cual se explican las funciones del consejero, la creación de cargos para 4 asesores y conformación del equipo de apoyo, del que hacen parte los Ministros de Gobierno, Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa Nacional y de Comunicaciones, el Procurador General de la Nación y el Director General de Instrucción Criminal. Nace fundamentalmente por la necesidad de crear conciencia de la importancia que tienen para la vida democrática y el Estado de Derecho la vigencia, respeto y la comprensión de los Derechos Humanos.


  1. El marco legal que soporta al Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, está encabezado por 10 artículos de la Constitución Política, los cuales consideran, entre otros temas, el derecho a la libertad de expresión y a la educación y el respeto de Colombia a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Decretos y Directivas Presidenciales también hacen parte del soporte jurídico del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, siendo el más importante el Decreto 519 del 5 de marzo de 2003 por el que se suprimen, se transforman y se crean unas consejerías y Programas Presidenciales. El Decreto establece que este Programa ejercerá sus funciones bajo la supervisión inmediata del Vicepresidente de la República y sus funciones son, entre otras:


  1. Asistir al Presidente de la República en la promoción y coordinación de las acciones dirigidas a garantizar la adecuada protección de los Derechos Humanos y de la aplicación del DIH;


  1. Sugerir al Gobierno Nacional las medidas que pueden tomarse para garantizar en el país el respeto y debida protección de los Derechos Humanos y la aplicación del DIH previo análisis y evaluación de la situación general en la materia;


  1. Realizar estudios y análisis sobre la situación de Derechos Humanos y la aplicación del DIH;


  1. Coordinar la elaboración del informe anual sobre Derechos Humanos;


  1. Colaborar en la lucha contra las minas antipersonal;


  1. Promover las acciones necesarias por parte de las autoridades para evitar situaciones que puedan dar lugar a violaciones de los Derechos Humanos y el DIH;


  1. Coordinar, promover, impulsar, participar y hacer seguimiento de las tareas que en materia de Derechos Humanos y la aplicación del DIH realizan y deben realizar los distintos despachos gubernamentales de acuerdo con la política formulada por el Gobierno en la materia;


  1. Solicitar informes, en cuanto no se trate de documentos reservados, de las denuncias que se formulen ante cualquier organismo público o privado sobre violaciones a los Derechos Humanos y tomar las medidas y realizar las gestiones, dentro de su competencia, para combatir la impunidad en este tipo de casos;


  1. Recibir, dar traslado y hacer seguimiento a las quejas y reclamos presentados por los ciudadanos en relación con el cumplimiento, protección, garantía y efectividad de los Derechos Humanos por parte de los diferentes organismos de la administración pública;


  1. Establecer contactos, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con los organismos internacionales y con ONG nacionales y extranjeras que se ocupen del tema de Derechos Humanos y DIH;


  1. En materia de relaciones internacionales, el Programa también debe dar a conocer y promover el análisis y la búsqueda de aplicación de recomendaciones en materia de Derechos Humanos que realizan organismos internacionales y elaborar informes dirigidos a estos organismos, encaminados a que tengan noticia de la situación de Derechos Humanos en Colombia y las labores adelantadas por el Gobierno y el Estado;


  1. Participar en las reuniones y tareas del Comité Intersectorial Permanente para la coordinación y seguimiento de la Política Nacional en materia de Derechos Humanos y DIH;


  1. Hacer seguimiento al Plan Nacional de Acción en la materia;


  1. Promover la cooperación entre el Estado, el Gobierno, los entes territoriales y la sociedad civil para la promoción y el respeto de los derechos humanos y la aplicación del DIH.


  1. Este Programa Presidencial tiene como objetivo principal contribuir al mejoramiento de los niveles de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos y la aplicación del DIH y para ello ha diseñado varias estrategias, entre ellas la de descentralización, en la cual hace las veces de asesor técnico de las entidades territoriales y procura la transversalización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los planes de desarrollo territoriales.




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