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Al juzgado de primera instancia

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AL JUZGADO DE INSTRUCCION

DE DENIA



D. VICENTE SEMPERE SIRERA, Procurador de los Tribunales en nombre y representación de Dº MARTINUS CORNELIS VAN DER BERG según acredito acompañando escritura de poder de representación procesal ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:



Siguiendo instrucciones de mi mandante vengo a formular QUERELLA CRIMINAL por DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES, sin perjuicio de mejor calificación jurídica, contra VICENTE MARZAL FONT y sus hijos, IVAN MARZAL GARCIA y OSCAR MARZAL GARCIA por los hechos que se denuncian en esta Querella, según los siguientes,



HECHOS


PRIMERO-. El querellante está asistido por el Letrado D. Carlos Baño León con despacho en la ciudad de Alicante, calle Pintor Lorenzo Casanova, 66 y con Teléfono 965921853-54, y nº de colegiado 1.955 y representado por el Procurador que suscribe.


El querellante Dº MARTINUS CORNELIS VAN DER BERG, de nacionalidad holandesa, y con domicilio en Jan Ten Brinkstraat, 15, 2522-HT DEN HAAG (Holanda).


Los querellados VICENTE MARZAL FONT en su calidad de administrador de la mercantil HIJOS DE VICENTE MARZAL FONT SL y sus hijos IVAN MARZAL GARCIA y OSCAR MARZAL GARCIA y sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan haber incurrido otras personas y que se deduzcan de las presentes actuaciones penales y con domicilio sito en Teulada calle Plaza Iglesia 1 en Teulada.



SEGUNDO-. Los hechos aquí denunciados aunque han acaecido recientemente derivan de otros que ya han tenido su relevancia judicial, y cuya sucinta descripción entendemos obligatoria para la comprensión del alcance real de los hechos denunciados así como de la actuación de los aquí querellados.



HECHOS PREVIOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS DENUNCIADOS EN ESTA QUERELLA



Mi mandante entró en relación con VICENTE MARZAL FONT que era administrador de la mercantil VICENTE MARZAL FONT SL, quien adquirió un terreno sito en Teulada, Partida Fanadix, contratando también la construcción de una vivienda en dicho terreno.


Llegado el momento el aquí querellado, el constructor, presentó reclamación de cantidad contra mi mandante, por motivo de discrepancias sobre pagos de obras extras, y conoció de la misma el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Denia, Juicio Ordinario nº 247/96, dictáa0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ndose sentencia condenatoria, y obligándosele al pago de la cantidad de determinada cantidad que insisto era extras o partidas no contratadas inicialmente.


Pues bien, no obstante pagar mi mandante esta cantidad al contratista, y estando terminada la obra, éste se atrevió a venderle la vivienda sin su conocimiento para lo cual utilizó a varios de sus hijos y sociedades de el interpuestas para finalmente vender la citada vivienda.


Las actuaciones penales se inician cuando el vendedor antes citado y utilizando sociedades de él y a uno de sus hijos, transmitió mediante diversas escrituras públicas de compraventa la citada vivienda que había adquirido mi mandante, alegando que habían sido autorizados por mi mandante. Como quiera que la venta se produjo y lo fue a favor de tercero ello trajo como consecuencia que mi mandante perdiera su vivienda.


(Para que se vea como el aquí querellado ha utilizado siempre sus sociedades y a sus hijos, decir que la titular en Registro de la parcela VICENTE MARZAL FONT SL vendió a HIJOS DE V MARZAL FONT que a su vez vendió a VICENTE MARZAL GARCIA).


Mi mandante en su día instó actuaciones criminales contra los intervinientes, VICENTE MARZAL FONT, administrador de HIJOS DE VICENTE MARZAL FONT SL y su hijo VICENTE LUIS MARZAL GARCIA, COMO APODERADO DE DICHA MERCANTIL, pero el Juzgado le remitió a la vía civil.


Decir que ya en la defensa que emplearon ese momento y como defensa los querellados alegaron que con la venta se habían cobrado parte de las obras que habían tenido que hacer en la vivienda, y que el resto lo ponían a disposición de mi mandante; resto hay que decir por importe de 30.000.000 Ptas. (180.000 euros). Ese dinero pese a reconocer que lo tenían que entregar a mi mandante nunca lo hicieron.


Como consecuencia de este pronunciamiento judicial mi mandante volvió a demandar, ahora bajo la dirección Letrada del abajo firmante, a quienes habían intervenido en los diversos traspasos y venta de su vivienda defraudando a mi mandante, y reclamando como indemnización la cantidad de 477.920 euros, que era el valor pericial con que contábamos de la vivienda a la fecha en que había tenido lugar la venta fraudulenta contra mi mandante.


Los demandados en el citado procedimiento judicial civil fueron:


  • Las mercantiles VICENTE MARZAL FONT SL e HIJOS DE VICENTE MARZAL FONT SL cuyo administrador era VICENTE MARZAL FONT; y su hijo VICENTE LUIS MARZAL GARCIA.


La demanda es del año 2.006 pero se señaló una primera fecha para audiencia previa para el día 5 de Febrero de 2.008, que se suspendió para ser señalada para el mes de Octubre de 2.008 (Véase Doc. nº 34 y 35 acompañados con la querella).


Ni que decir tiene que se opusieron a dicha reclamación salvo la cantidad de 30.000.000 Ptas (180.000 euros) que eran lo único que le reconocían. Esto aparece claro de sus propias manifestaciones en los escritos (Véase Doc. nº 44 presentado con esta querella).


No deja de ser importante que los demandados siempre decían que querían pagar los 30.000.000 Ptas. (180.000 euros) que según ellos sólo le reconocían a mi mandante pero nunca los consignaron ni pagaron. Esta parte llegó a presentar un escrito en el Juzgado para que se requiriese a los demandados de pago de esa cantidad sin perjuicio de que continuábamos pidiendo el resto, y ni aun así llegaron a consignar este dinero (Véase Doc. nº 45 de la querella).

Con fecha 28 de Octubre de 2.008 se celebró la audiencia previa en la que las partes reiteramos nuestras alegaciones y propusimos las pruebas pertinentes; quedando señalada la vista para el día 20 de Octubre de 2.009. (Véase como Doc. n 36 a 38 acompañados con la querella)


Se solicitaron medidas cautelares posteriores a la demanda, al tener conocimiento de que se estaban produciendo desvío de bienes de la mercantil demandada. (Véase Doc. nº 39 acompañado con la querella)


El Juzgado con fecha 9 de Febrero 2009, accedió a la adopción de embargo preventivo sobre bienes del demandado pero cuando quisimos llevarlo a práctica resultaba que en realidad el demandado había desviado casi todos sus bienes por lo que no tenía sentido embargar ya que no quedaban ya bienes. (Véase Doc. nº 40 y 41 acompañado con la querella)


Llegado ese día y tras la celebración de la vista se dictó sentencia estimatoria parcial de la demanda por importe de 382.125,60 euros. En la actualidad esta sentencia está recurrida.

(Véase Doc. nº 42 acompañado con la querella)


No hay bienes que embargar ni tras las medidas cautelares ni ahora en ejecución provisional de sentencia; siendo además que la mercantil HIJOS DE V MARZAL FONT SL era la única solvente hasta dicho momento de todos los demandados.



HECHOS MOTIVADORES DE LA PRESENTE QUERELLA



Prefijados ya los antecedentes del presente procedimiento judicial los hechos que motivan esta querella vienen dados por la actuación del querellado VICENTE MARZAL FONT que para evitar las consecuencias que para el querellado tenía la reclamación judicial de mi mandante por importe de 477.920 Euros y cuando todos los demás codemandados eran insolventes decidió poner a salvo sus bienes lo que hizo tras la celebración de la audiencia previa, y señalamiento de la vista y de una pericial acordada por el Juzgado.


Este traspaso consideramos que es fraudulento por muchas razones que nos resultan obvias máxime además cuando la razón de ser del título de traspaso es un presunto pago de deuda; por ser el beneficiario, otro hijo del administrador de la empresa demandada que ya sabemos por los antecedentes expresados en este escrito, como ha venido actuando con sus hijos con finalidad de defraudar a mi mandante; por el hecho de que se trataba del único solvente de todos los demandados en el pleito civil; por carecer de otros bienes mas que los que han sido traspasados; por el momento en que se produce ese trasvase y la importancia significativa en número y cuantía de los bienes que se trasvasan; y por otras muchas razones que sin duda creemos se demostrarán a lo largo de la instrucción de este procedimiento y para lo cual será fundamental la práctica de las pruebas que más adelante señalaremos.


A continuación detallo los bienes traspasados a IVAN MARZAL GARCIA:


  • Plaza de garaje 2 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30402)

  • Plaza de garaje 6 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30410)

  • Plaza de garaje 1 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30400)

  • Plaza de garaje 12 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30422)

  • Plaza de garaje 3 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30404)

  • Plaza de garaje 4 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30406)

  • Plaza de garaje 9 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30416)

  • Plaza de garaje 8 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30414)

  • Plaza de garaje 7 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30412)

  • Trastero 6 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30424)

  • Vivienda 12 Teulada C/ Alicante 29 (Finca 30478)

  • Vivienda 11 Teulada C/ Alicante 29 (Finca 30476)

(Véase los Docs nº 1 a 23, acompañados con este escrito)


Los bienes traspasados a OSCAR MARZAL GARCIA:


  • Trozo secano de 1700 mts en el término de Teulada, finca registral 19122

  • Trozo secano de 1600 mts en el término de Teulada, finca registral 19124

  • Trozo secano de 1600 mts en el término de Teulada, finca registral 19126

(Véase los Docs. nº 24 a 26 acompañados con este escrito)


Aparte de esto se produjo dos ventas meses después del traspaso de los bienes a sus hijos:

  • Garaje calle Alicante 29, de 12, 20 metros cuadrados Finca registral 30408 inscrita la venta el 9 de Marzo de 2.010.

  • Parcela en Calpe de superficie 800 m cuadrados y es la finca registral 36519, vendida a terceros en fecha 4 de Febrero 2.009, creemos, e inscrita en Registro Propiedad el mes de Marzo de 09 (Véase Docs. nº 27, 27/bis y 28 de esta querella).


Al tener conocimiento en su día de lo que estaba haciendo el citado solicitamos del Juzgado la adopción de medidas cautelares tras la demanda y se accedió por el Juzgado en vista de la constatación de los hechos que denunciábamos, a saber confirmación de las ventas y que había un riesgo muy importante de que el demandado estuviese realizando actos con finalidad de vaciamiento. (Véase sobre este particular Doc. nº 39 consistente en demanda de medidas cautelares y el Doc. Nº 40 consistente en Auto aprobatorio de dichas medidas).


Como puede verse por las fechas incluso con posterioridad a la adopción de las medidas cautelares llegaron a venderse algunos bienes.


Por el Juzgado se acordó los embargos solicitados pero como quiera que ya no había prácticamente bienes es por lo que desistimos de solicitar estas medidas ya que solo quedaban dos plazas de garaje, dos trasteros, y dos llamados locales pero como se verá a continuación de eso nada. Aparte había un terreno pero cuyo valor era escaso también dado que tenía una hipoteca, y no nos garantizaba prácticamente nada. (Véase Doc. nº 41 y Doc. nº 29 a 33 acompañados con la querella).


Estos bienes que tiene tras los actos de vaciamiento son los siguientes:


- Local de 3 metros, y no es error, que es la Finca nº 31192 en edificio calle Alicante

- Plaza de garaje nº 17, de 11 metros en el mismo edificio Finca registral 30434

- Trastero de 2 metros en el mismo edificio que es la Finca registral nº 30448

- Trastero nº 2 de 2 metros que es la Finca registral 30.446

- Local de 10 metros cedido a Iberdrola para centro de transformación de energía eléctrica y que es la Finca registral nº 31.208

(Véase Docs. acompañados con este escrito señalados de Doc. nº 29 a 33)


El Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Denia dictó sentencia de fecha 12 de Febrero de 2.010, estimando la demanda casi íntegramente reduciendo algo la condena en base a un nuevo informe pericial.


La cantidad de la condena asciende a 382.125,60 euros, y esta cantidad no la va a poder cobrar mi mandante que no tiene prácticamente bienes que embargar (véase la relacion de los bienes últimos citados), cuando de no haber actuado fraudulentamente tendría bienes mas que suficientes para poder cubrir el importe de la deuda.


Aun cuando la sentencia ha sido recurrida lo cierto es que mi mandante puede presentar y de hecho lo haría si hubiera bienes, escrito de ejecución provisional de sentencia para embargar bienes del demandado pero es lo cierto que al no haber bienes de algún valor, nada puede hacer habiéndose quedado insolvente el demandado.


En la actualidad la mercantil no tiene bienes, a excepción de los pocos antes citados sin ningún valor y con los que sería imposible que mi mandante pudiera reintegrase ni una parte de las costas del procedimiento civil así que es imposible que pueda obtener ni un euro de la cantidad que se le reclama que es bastante importante y con ello se prueba la eficacia de la actuación de los querellados al hacer desaparecer los bienes y por tanto hacer imposible una futura ejecución de sentencia.


RESPONSABILIDAD CIVIL Como consecuencia de la comisión del delito de alzamiento se deberá declarar la responsabilidad civil por dicha actuación lo que se deberá traducir en la Nulidad de la escritura pública de dación en pago así como en la Nulidad de la inscripción en registrales de dicha escritura de dación de pago en todas y cada una de las viviendas que constituyen los bienes alzados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO


-I-

TIPIFICACION DE LOS HECHOS DELICTIVOS


Entendemos que los hechos son constitutivos de un delito de Alzamiento de Bienes del artículo los artículos 519 CP 73 y 257.1º CP


Sin perjuicio de ulterior calificación jurídica, las conductas descritas pueden ser constitutivas del delito de alzamiento de bienes, tipificado y penado en el artículo 257 del Código Penal, el cual trata de proteger el legítimo derecho de los acreedores a la satisfacción de sus créditos.

Para la integración del tipo penal de referencia la Jurisprudencia ha concretado como requisitos inexcusables los siguientes:

1. Existencia de un DERECHO DE CRÉDITO que al menos sea anterior al momento en el cual se realiza el alzamiento (TS 27-09-1999). La conducta que este tipo delictivo pretende castigar se puede realizar tanto si ya se encuentra la deuda completamente vencida, liquidada y exigible, como si su aparición es inminente, basta con que se haya producido el devengo de la obligación.

2. OCULTACION, ENAJENACION o DESAPARICION real o ficticia, onerosa o gratuita de los bienes, sea cual fuere el método utilizado, simulación fraudulenta de créditos o cualquier otra actividad que sustraiga los bienes al destino solutorio al que se hallan afectos (Elemento objetivo de lo injusto).

3. Situación de INSOLVENCIA TOTAL O PARCIAL del deudor. Se considera perfectamente posible un alzamiento parcial, cuando se produzca sólo sobre una parte del patrimonio que produce una satisfacción incompleta del acreedor (TS 15-10-1996).

4. Animo o INTENCION DE CAUSAR PERJUICIO al acreedor que se deduce de la forma, manera y tiempo en que se realiza (TS 17-09-1992).


-II-


Respecto a las personas frente a las que nos querellamos decir que todos ellos han sido copartícipes en la realización de los hechos delictivos.

En cuanto al sujeto activo de este tipo penal, el criterio jurisprudencial del TS es pacífico y reiterado en numerosas resoluciones que declaran que no sólo quien ostenta la condición de deudor pueden ser autores del delito, sino también quienes colaboraren con ellos en auxilio necesario cuando haya habido confabulación (SS.T.S. de 17 de octubre de 1.981 y 16 de diciembre de 1.982).

Cuando, como aquí ocurre, el deudor es una persona jurídica, la responsabilidad criminal recaerá en las personas físicas que desempeñen funciones de dirección o administración aún cuando no concurran en ellas las condiciones, cualidades o relaciones que constituyen la esencia de la relación jurídica protegida por el tipo penal (véase STS de 26 de julio de 2.006 ). En este sentido, la introducción del art. 15 bis C.P. (hoy art. 31 ) ha querido extender la responsabilidad penal al que actúe como administrador de hecho o de derecho de la persona jurídica y lleve a cabo las acciones típicas que configuran el injusto.


El querellado VICENTE MARZAL FONT lo es por su condición de administrador de la mercantil que era titular de todas las viviendas traspasadas y vendidas con la finalidad de eludir su deuda con mi mandante.

El querellado IVAN MARZAL GARCIA al otorgar la escritura pública de dación en pago a su favor y permitir que 12 bienes registrales se pusieran a su nombre de forma simulada y defraudatoria de los derechos del querellante


El querellado, OSCAR MARZAL GARCIA por actuar de igual modo que su hermano Ivan en relación a tres fincas registrales.


-III-


Por lo que respecta a la responsabilidad civil indicar los artículos 109 y siguientes del Código Penal sobre obligación de reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con la ejecución de un hecho delictivo o falta.


Es asimismo constante doctrina de esta Sala, como son exponentes, entre otras, las Sentencias 4 noviembre 1981, 3 diciembre 1983, 11 junio 1984, 14 diciembre 1985, 19 enero 1988 y 27 enero 1990, 16 marzo y 12 junio 1992, y 26 de marzo de 1993, que la responsabilidad civil derivada del delito de alzamiento de bienes no debe comprender el montante de la obligación que el deudor quería eludir, debido a que esta obligación no nace del delito y porque la consumación de esta figura delictiva no va unida a la existencia de lesión o perjuicio patrimonial, sino a la colocación en un estado de insolvencia en perjuicio de los acreedores; por ello, lo que procede es la restauración del orden jurídico alterado por las acciones simuladas de venta de fincas declarando la nulidad de las escrituras públicas de compraventa de las fincas vendidas por los procesados, así como la cancelación de las respectivas inscripciones en el Registro de la propiedad, reponiendo las fincas vendidas a la situación jurídica en que se encontraban en la fecha de los respectivos contratos, reintegrando al patrimonio del deudor los bienes indebidamente sacados del mismo, sin perjuicio de que los acreedores puedan ejercitar las acciones correspondientes para la efectividad de su crédito.

RESPONSABILIDAD CIVIL Como consecuencia de la comisión del delito de alzamiento se deberá declarar la responsabilidad civil por dicha actuación lo que se deberá traducir en la Nulidad de la escritura pública de dación en pago así como en la Nulidad de la inscripciones registrales de dicha escritura de dación de pago en todas y cada una de las fincas registrales, que constituyen los bienes alzados.


-IV-

Entendemos que los hechos son constitutivos de un delito de alzamiento de bienes:


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