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Sentencia de Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal nº 1943/2002, de 15 de Noviembre 2002 Recurso nº 1721/2001, Ponente Carlos Granados Pérez

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Sentencia de Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal nº 1943/2002, de 15 de Noviembre 2002 Recurso nº 1721/2001, Ponente Carlos Granados Pérez

Sentencia nº 1943/2002 vLex: VLEX-15406894


Es doctrina reiterada de esta Sala (Cfr. Sentencias 14 de noviembre de 1999, 23 de septiembre de 1998 y 28 de febrero de 1996, entre otras muchas) que el delito de alzamiento requiere para poder ser estimado la concurrencia de los siguientes elementos: a) la existencia de un derecho de crédito por parte del acreedor y, en consecuencia, de unas obligaciones dinerarias por parte del deudor, generalmente vencidas, líquidas y exigibles; b) la ocultación, enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes, o cualquier otra actividad que sustraiga los bienes citados al destino solutorio al que se hallan afectos; c) situación de insolvencia, total o parcial, real o aparente del deudor, consecuencia de dicha actividad; y d) concurrencia de un elemento subjetivo tendencial, consistente en la intención de causar perjuicio al acreedor, intención que excede del resultado típico, ya que el alzamiento es un delito de mera actividad, perteneciendo el perjuicio real a la fase de agotamiento del delito.

Y de modo bien patente concurren los anteriores elementos en el caso que examinamos: está perfectamente acreditado que el acusado tenía pendiente el pago del crédito que le fue concedido por la entidad que ejerce la acusación particular como igualmente resulta acreditado que el único bien con el que podía hacer frente al pago de esa deuda lo enajena, junto a su esposa, a favor de la madre de ésta última, para evitar afrontar esa deuda en cuanto quedaba en situación de insolvencia. Es perfectamente lógica y acorde con las reglas de la experiencia la inferencia alcanzada por el Tribunal de instancia acerca del ánimo tendencial de ambos acusados de causar un perjuicio a los derechos de crédito que correspondían a la entidad acreedora. El Tribunal de instancia razona con acierto sobre la pluralidad de indicios que le han permitido alcanzar esa convicción que deja reflejada en el relato de hechos que se declaran probados.


Así las cosas, ha sido correctamente aplicado el artículo 519 del Código Penal de 1973.

QUINTO.- En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se invoca infracción, por falta de aplicación, del párrafo tercero del artículo 102 del Código Penal de 1973 y aplicación indebida del artículo 1.275 del Código Civil.

Se alega, en defensa del motivo, que la sentencia recurrida declara la nulidad del contrato de compraventa suscrito entre los dos acusados y la madre de la esposa, sin haber tenido en cuenta que dicha enajenación devino irreivindicable en cuanto la ilicitud del negocio por causa ilícita al que se refiere el artículo
1275 del Código civil requiere que la finalidad negocial contraria a la ley o a la moral, debe ser común a todas las partes, lo que hace irrelevante los deseos que impulsaron a una sola de ellas. Y que en este caso la compradora adquirió la vivienda de buena fe y a título oneroso y que, por consiguiente, no procedía la nulidad por la ilicitud de la causa.

El motivo no puede prosperar.

Tiene declarado esta Sala (cfr. Sentencia 22 de julio de 1994) que lo correcto es reintegrar la situación anterior al alzamiento de bienes, anulando los actos jurídicos patrimoniales que lo provocaron y reintegrando así al patrimonio del deudor los bienes ilícitamente extraídos del mismo mediante tales actos viciados.

La declaración de nulidad de los negocios jurídicos celebrados por el deudor que se alza con sus bienes en perjuicio de sus acreedores es una consecuencia del vicio de la voluntad de que adolecen al estar impulsados por la decisión de dar cobertura lícita a un propósito delictivo que no es otro que defraudar las legítimas aspiraciones de los acreedores de hacerse pago con la totalidad de los bienes en virtud del principio de responsabilidad universal proclamado en el Código Civil. Existe una voluntad simulada cuyo único propósito es deshacerse del patrimonio con objeto de impedir u obstaculizar la aprehensión de los bienes como cobertura del pago en metálico de las obligaciones contraídas. La consecuencia lógica de todo ello, como ya se ha dicho, es la nulidad de los negocios jurídicos transmisivos y así se viene declarando de manera constante por la jurisprudencia de esta Sala. .(Cfr. Sentencia de esta sala de 8 de julio de 1992)

Es asimismo constante doctrina de esta Sala, como son exponentes, entre otras, las Sentencias 4 noviembre 1981, 3 diciembre 1983, 11 junio 1984, 14 diciembre 1985, 19 enero 1988 y 27 enero 1990, 16 marzo y 12 junio 1992, y 26 de marzo de 1993, que la responsabilidad civil derivada del delito de alzamiento de bienes no debe comprender el montante de la obligación que el deudor quería eludir, debido a que esta obligación no nace del delito y porque la consumación de esta figura delictiva no va unida a la existencia de lesión o perjuicio patrimonial, sino a la colocación en un estado de insolvencia en perjuicio de los acreedores; por ello, lo que procede es la restauración del orden jurídico alterado por las acciones simuladas de venta de fincas declarando la nulidad de las escrituras públicas de compraventa de las fincas vendidas por los procesados, así como la cancelación de las respectivas inscripciones en el Registro de la propiedad, reponiendo las fincas vendidas a la situación jurídica en que se encontraban en la fecha de los respectivos contratos, reintegrando al patrimonio del deudor los bienes indebidamente sacados del mismo, sin perjuicio de que los acreedores puedan ejercitar las acciones correspondientes para la efectividad de su crédito.

En el supuesto que examinamos, la transmisión del inmueble se realizó en fraude del acreedor y mediante actos viciados en cuanto, como señala la propia sentencia de instancia, se estableció un precio ficticio y no consta que ni siquiera se hubiera entregado, ni se produjo la transmisión real de la vivienda, y el Tribunal sentenciador expone que ello supone un negocio con causa ilícita que es nulo de pleno derecho y que no produce efecto alguno y la responsabilidad civil, acorde con la doctrina que se ha dejado antes expresada, entraña la restauración del orden jurídico y económico alterado por la conducta delictiva de los acusados y consecuentemente la nulidad de la venta realizada por los dos cónyuges condenados a la madre de la esposa, sin que pueda alegarse indefensión por parte de la compradora que ha sido parte en la causa y que ha podido ejercitar sus acciones, oponiéndose a esa declaración de responsabilidad civil, sin que sea óbice para esa declaración el que la compradora no haya sido condenada penalmente, y sin olvidar que la declaración de nulidad no empece a los derechos de crédito que pudiera ostentar contra su hija y yerno, limitándose la responsabilidad civil a un pronunciamiento de nulidad de la venta e inscripción en el registro, anulando los actos jurídicos patrimoniales que los acusados provocaron con su conducta delictiva y reintegrando así al patrimonio del deudor los bienes ilícitamente extraídos del mismo mediante tales actos viciados, ya que la declaración penal de la existencia del delito y del propósito defraudatorio nos sitúan ante un acto revestido de apariencia válida pero viciado por aplicación de las normas generales de la validez de los contratos (articulo
1261 del Código Civil) y más concretamente al estar afectado por una causa ilícita, lo que ocasiona la imposibilidad de surtir efecto alguno (artículo 1275 del Código Civil).


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