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Manterola, Nicolás Ignacio “El expediente electrónico como materialización del debido proceso”

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Manterola, Nicolás Ignacio “El expediente electrónico como materialización del debido proceso”

29 de Septiembre de 2017

http://ar.microjuris.com/

Id SAIJ: DACF170422

I. Abstract.

Sabido es que para solucionar un conflicto corresponde el inicio de algún método de solución pacífico pues, caso contrario, la solución se daría en el plano de la ilegitimidad, a través de la búsqueda de Justicia por mano propia.

Así, una vez acaecido el conflicto se abre un abanico de posibles senderos para solucionar la problemática que padecen las personas y -de optarse por la vía judicial- se ejercitará la acción que pondrá en marcha la maquinaria judicial dando nacimiento a un expediente que concentrará todos y cada uno de los actos procesales que componen el pleito.

De esta manera, el expediente resulta ser el recipiente que agrupa el conjunto de actos procesales -plasmados en documentos (papel o digital)- que, ordenados de forma cronológica, otorgan validez y sirven de antecedente y fundamento de la sentencia definitiva, en tanto el expediente es prueba del debido proceso constitucional.

Ello es así ya que el expediente -cualquiera sea su soporte- es el reflejo irrestricto del sistema procesal que ha escogido el legislador para encauzar la controversia que aqueja, en el plano social, a los justiciables. Es decir, en nuestro caso, del sistema dispositivo.

El camino por el cual transitan las partes, el proceso, en honrado mantenimiento de la paz, debe desarrollarse de manera tal que ambas partes batallen en absoluta igualdad jurídica frente a un tercero imparcial, independiente e imparcial que garantice la plenitud del derecho de defensa. Actor y demandado poseen idénticas armas procesales y la posibilidad de enterarse de aquello que ha dicho su contraria y, por otro lado, pueden recurrir la decisión del juzgador. Todo ello en perfecta paridad ya que lo que puede hacer el actor puede hacerlo también el demandado.

El cumplimiento de estos recaudos salta a la vista de la lectura del expediente, en tanto éste es la materialización del proceso judicial. Por ello, el sistema dispositivo -que moldea el proceso- se cristaliza en el expediente.

II. Breves comentarios sobre el sistema dispositivo y el derecho de defensa.

El sistema dispositivo, como método que es, "confía a las partes la iniciación y desarrollo del proceso, la delimitación del contenido de la tutela y la aportación de los hechos y de las pruebas que constituirán el fundamento de las sentencias" (1).

Si seguimos los lineamientos de nuestra Constitución Nacional nos será fácil colegir que el acatamiento del sistema dispositivo nos permitirá considerar al proceso de "debido". Es que no puede hablarse de debido proceso cuando éste es iniciado por el juez, cuando una de las partes no se encuentra en pie de igualdad con su contraria ni posee a su alcance las mismas armas procesales y, tal vez, tampoco habrá debido proceso (en el sentido más garantista del concepto), como lo asegura parte de la doctrina, cuando el juez hace uso ex officio de medios probatorios.

Entendemos que las partes, al judicializar su controversia, no transitan por un mero juicio sino que lo hacen a través de un debido proceso, entendido como aquel proceso que persigue -de modo incansable- el cabal cumplimiento de todos y cada uno de los principios, garantías y reglas procesales que velan por la defensa en juicio de las partes, por la neutralidad absoluta del juzgador y por la igualdad más exacta de los litigantes; en suma, por todos los recaudos que lleva ínsito el sistema procesal escogido por el legislador.

De lo expuesto cabe colegir que el transitar de la litis debe acontecer en un marco de total cumplimiento del derecho de defensa de las partes y del sistema dispositivo pues, de no ocurrir esto, el proceso se mancharía de tintes inquisitoriales.

Alvarado Velloso nos enseña que "Se entiende por proceso -concepto puramente lógico- el medio de discusión de dos litigantes ante una autoridad según cierto procedimiento preestablecido por la ley. En rigor de verdad, se trata de una serie de actos procedimentales consecutivos e invariables (...) El proceso es el procedimiento propio de la acción procesal, que se otorga para regular una relación dinámica entre tres personas: quien insta, quien recibe el instar y aquél respecto de quien se insta"(2).

Por su parte, Bernal Pulido afirma que "(...) el derecho de defensa se erige como uno de los principios integradores más importantes del debido proceso. Este derecho concreta la garantía de la participación de los interlocutores en el discurso jurisdiccional, sobre todo para ejercer facultades de presentar argumentaciones y pruebas"(3).

Así las cosas, el proceso se construye sobre la bilateralidad y la defensa en juicio. De esta manera se garantiza el contradictorio y se evita la indefensión (esa circunstancia que, por el motivo que fuera, impide a las partes desplegar sus derechos procesales en plenitud, anulándose, por ejemplo, el derecho a ser oído o/y a escuchar aquello que manifestó la contraria).

Las partes, que al embarcarse en el imprevisible navío del proceso dejan de lado la autotutela de sus derechos, gozan de la seguridad de que -durante la marejada procesal-tendrán perfecto control sobre lo que ocurre en la litis. De ello se trata el sistema dispositivo: el timón se encuentra en manos de las partes y el juez, lejos de ser un dictador o una mera marioneta, sostiene el mapa asegurando que el navío no se aleje de la legalidad.

Se trata, en suma, de respetar la defensa en juicio porque que la Justicia no ha de buscarse en la sentencia definitiva sino en el proceso. ¿Cómo podríamos calificar de Justa una sentencia dictada en un proceso en donde no se respetó la defensa de las partes? Las garantías y derechos de las partes -junto al mantenimiento de la paz y la efectividad del derecho sustancial- se encuentran en un nivel máximo de protección, aun por sobre el afán de conocer la verdad objetiva del caso civil.

III. La coexistencia de dos expedientes (no siempre idénticos) para un mismo proceso.

En la actualidad dos expedientes materializan el mismo proceso, pues nos encontramos en un periodo de transición en donde el expediente en soporte papel camina lentamente hacia la desaparición para renovarse en su versión online, a la que podrá accederse desde la comodidad de cualquier lugar con conexión a internet. Dada la coexistencia de ambos soportes no resulta dificultoso encontrar diferencias sustanciales en el contenido de los expedientes, lo que trae más dudas que certezas.

Basta dar algunos ejemplos para comprender la discordancia que suele producirse. Puede ocurrir que los escritos que las partes suben al Sistema Lex 100 sean cargados, por el juzgado, en el expediente electrónico con una fecha diferente a la que realmente fueron presentados; lo mismo ocurre con las resoluciones judiciales que son cargadas al expediente electrónico en una fecha distinta de aquella en la que fueron dictadas. Y algo mucho más común: el expediente que aparece "en letra" en la versión digital pero se encuentra "a despacho" en el juzgado, o viceversa.

Otro tanto ocurre con las respuestas de las entidades requeridas a dar respuesta a los oficios informativos. La contestación no suele estar disponible en el expediente digital y sólo una providencia que reza "agréguese" nos da la idea de que la oficiada ha respondido, suerte mediante, en tiempo hábil.

En cuanto a los dictámenes y escritos de los fiscales, que hasta ahora no aparecían en el expediente electrónico, la reciente acordada 23/17 de la CSJN dispuso la "(...) validación y registración automática de todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, que a la fecha de esta acordada no se encuentren registrados en el Sistema Único de Autenticación de Usuarios (SAU)"(4).

Consideramos la Acordada como un gran paso en la digitalización del expediente ya que a partir del 01/09/17 los dictámenes y escritos del Ministerio Público podrán visualizarse desde el Portal Web del PJN.

Por otra parte -en más de una ocasión- al correr traslado de un escrito, la misma cédula de notificación nos remitirá (expresa o tácitamente) al expediente electrónico en donde encontraremos, por ejemplo, el dictamen del perito; aunque puede ocurrir que al ingresar al Portal Web no hallemos el acto procesal que se nos pretende notificar.

La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha confirmado una resolución recurrida en cuanto suspendió el plazo de una notificación electrónica que no estaba acompañada del acto procesal que pretendía notificar ni señalaba las fojas del expediente en el que obraba; aunque, cabe destacar, el acto procesal que se quería notificar sí estaba cargado en el expediente electrónico.

Para así decidir los jueces entendieron que "Si bien podría sostenerse que la falta de adjudicación de copias a la cédula electrónica no conforma una directa afectación al derecho de defensa cuando los documentos digitales se encuentran digitalizados y subidos a la web, por ser de libre acceso a las partes presentadas en el expediente y dado que la omisión podía ser subsanada recurriendo a la copia digital obrante en el expediente digital; deviene relevante en el caso concreto de autos que en las cédulas libradas al domicilio electrónico tampoco se precisaron las fojas de la presentación de la cual se estaba disponiendo su sustanciación. Las consecuencias que de esta inobservancia se derivan, justifican la necesidad de resguardar el derecho de defensa en juicio, objetivo que no se cumple si, como se adelantara, la notificación es realizada de un modo que mantiene la incertidumbre respecto del cumplimiento de su finalidad, debiendo privilegiarse la solución que permita el más pleno y eficaz ejercicio de ese derecho y excluya la que desatienda la realidad objetiva "(5).

Por todo ello, estimamos de extrema necesidad realizar los máximos esfuerzos para que ambos expedientes sean idénticos. Ello otorgará certeza en el cómputo de los plazos, en la existencia de los actos procesales celebrados y evitará la petición de suspensión o interrupción de los plazos o, en el peor de los casos, de nulidad procesal. Por tal motivo entendemos que en caso de disimilitudes entre los expedientes debemos estar a una solución acorde al sistema dispositivo, velando por el derecho a tomar conocimiento de las actuaciones judiciales.

En autos "R. D. A. s/ sucesión ab intestato" (6) la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil aportó una interpretación que juzgamos correctísima: Ante diferencias entre el expediente digital y el papel ha de estarse por la solución más beneficiosa al litigante afectado.

Con excelente criterio la Cámara puntualizó que "(...) frente a la disimilitud de fechas existente entre el proveído de soporte papel y aquélla que se aprecia en el sistema informático, se impone una solución de equidad, que garantice los derechos de raigambre constitucional del debido proceso y de la legítima defensa, que deben ser apreciados con criterio amplio. De ahí, que habrá de estarse a la que resulte más benigna para los justiciables".

Igual resultado debemos arribar si, por ejemplo, la resolución no está ni siquiera cargada en el sistema Lex 100 o se encuentra cargada en una fecha distinta de aquella en la que fue dictada.

Es sabido que la disimilitud de fechas trae grandes problemas; basta pensar en una resolución dictada un día lunes, fecha en la que el expediente papel "sale a la letra", pero que es cargada en el expediente digital el día miércoles. Este supuesto nos lleva a preguntarnos cuándo se produce la notificación ministerio legis, ¿el martes o el viernes?.

Entendemos que -en pos de la defensa de las partes, del derecho a conocer el contenido de las actuaciones y por la necesidad de igualar ambos expedientes- la notificación se produce el día viernes pues es la conclusión más benévola para el litigante que sigue el curso del proceso a través del Portal Web del PJN.

De esta manera, a no dudarlo, el expediente digital debe ser el fiel reflejo del expediente papel; si ello no ocurre, debe estarse a la solución menos lesiva a los derechos y garantías de los justiciables.

IV. La equivalencia funcional y el escrito presentado en el juzgado equivocado.

Si confeccionáramos un listado con los grandes temores procesales que pueden ocurrir durante el curso de la instancia encontraríamos, entre la caducidad y el vencimiento del plazo legal, a la presentación del escrito papel en un juzgado (o secretaría) en el que no tramita la causa.

Si bien la jurisprudencia suele reputar este yerro como una negligencia o imprudencia que debe ser soportada por quien ha errado (por lo que se tiene por no presentado el escrito en cuestión), a nuestro entender estamos ante un error de hecho muchas veces excusable, más aun en estos tiempos.

Ante todo debemos recordar que un acto procesal es, en lo profundo de su ser, un acto jurídico y por ello resulta aplicable, en lo compatible, las disposiciones del Código Civil y Comercial (en adelante CCCN)(7). El error, como vicio de la voluntad que afecta la intención, importa el falso conocimiento sobre algo; creer algo como cierto cuando en realidad no lo es.

Es jurisprudencia de la CSJN que "(...) la presentación de un escrito ante un órgano inadecuado lo priva de efectos, toda vez que las consecuencias del error deben pesar sobre quien lo cometió". La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en autos "Premium Pilar SA c/Ford Argentina SCA s/ ordinario" falló con idéntico resultado y privó de efectos a la contestación de la demanda erróneamente presentada.

Ahora bien, por aquello de la coexistencia de dos expedientes y por imperio de la acordada 3/15 de la CSJN, los escritos son presentados por las partes dos veces, en papel y en digital. ¿Qué sucedería si el escrito papel es presentado en un juzgado distinto de aquel que lleva la causa pero el escrito digital es enviado al juzgado correcto a través del Sistema Lex 100?.

Deducimos que el presentar correctamente el escrito digital en debida forma, tiempo y lugar impide considerar al escrito papel como no presentado pues ha de existir una equivalencia funcional entre ambos soportes. En tal sentido la Ley 26.685 otorga al expediente electrónico y al documento electrónico "(...) idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales".

Es por lo expuesto que las nuevas tecnologías nos permiten subsanar la errónea presentación del escrito papel con su correcta carga en el Sistema Lex 100, aun entre las 24 horas (8) de presentado erróneamente el escrito en papel.

V. Un nuevo expediente para un nuevo proceso.

Las Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial, presentadas en el marco del Programa Justicia 2020 proponen un cambio radical en el proceso: El pase de la escritura a la oralidad como regla de discusión del debate.

De esta manera el proceso estará centralizado en dos audiencias, una preliminar y otra de vista de causa, de las cuales quedarán registros fílmicos. Los actos de postulación (demanda, contestación, excepciones y reconvención) serán escritos, al igual que los actos recursivos (salvo aquellos que ataquen una resolución dictada en audiencia, que se impugnarán oralmente).

Si el proceso se transforma será necesario también modificar el expediente en tanto éste es, como dijimos, la materialización de aquél. En consecuencia, desde la máxima oralidad que proponen las Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial el expediente papel carecerá de idoneidad para materializarlo.

Reglón aparte merecen las notificaciones ya que no podemos soslayar que las Bases postulan que "A partir del sistema de notificaciones electrónicas pierde sentido -salvo casos excepcionales- la notificación ministerio legis; todas las notificaciones pueden realizarse por cédula electrónica".

Nuevos caminos se avecinan y el expediente papel se encuentra, al igual que el actual Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el ocaso de su vida. Sólo una cosa es segura, la regla de la oralidad o escritura y el expediente en formato papel o digital no podrán nunca atentar contra el sistema dispositivo y el debido proceso que contempla, sin nombrarlos, nuestra Constitución Nacional.

VI. A modo de cierre.

En los tiempos que corren ha de nacer -en el contexto de las presentaciones y notificaciones electrónicas- un axioma que otorgue, en caso de duda, una solución favorable al derecho de defensa de las partes.

Las diferencias que se constatan entre el expediente papel y digital deben ser eliminadas a fin de dotar de mayor seguridad jurídica al proceso, permitiendo a los litigantes acceder a las actuaciones con la certeza de que aquello que ven en el expediente electrónico es exactamente lo mismo que verían si se acercan al juzgado a consultar las actuaciones en papel.

Corresponde a las partes, a los auxiliares de la justicia y al tribunal extremar esfuerzos para mantener la equivalencia de contenido entre los expedientes; el deber de obrar con lealtad y probidad nos incita a ello.

Concluimos, pues, que el axioma propuesto no hace más que hacer efectivo el debido proceso: si las partes se ven afectadas por un expediente electrónico desactualizado no pueden cargar con perjuicio alguno.

Notas al pie:

1) Arazi Roland, Derecho Procesal Civil y Comercial Tomo I, pág. 214, Ed. Rubinzal-Culzoni.

2) Velloso, Adolfo Alvarado, "Lecciones de Derecho procesal civil", pág. 30, edición 2009, ed. Juris.

3) Bernal Pulido, "El derecho de los derechos, 2005, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, pág. 368, citado por Gozaini, Osvaldo A., "Garantías, principios y reglas del proceso civil", 2015 ed. Eudeba, Buenos Aires, pág. 184.

4) De la Acordada 23/17 CSJN.

5) Autos: "Valverde Javier c/ Trenes de Buenos Aires S.A. y otros s/ beneficio de litigar sin gastos"; Fecha: 8-may-2017; Cita: MJ-JU-M-105545-AR | MJJ105545 | MJJ105545.

6) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E. Cita: MJ-JU-M-105411-AR | MJJ105411 | MJJ105411; 16-may-2017; Fuente: MicroJuris.

7) Sobre el padecimiento de los vicios de la voluntad (o del consentimiento) en los actos jurídicos procesales nos hemos ya referido en "Reflexiones sobre la nulidad procesal a la luz de las bases para la reforma procesal civil y comercial: entre nulidades absolutas y actos inexistentes" SAIJ, Id SAIJ: DACF170286. Allí concluimos que "(...) los vicios que afectan al género pueden afectar también a la especie. El error, la ignorancia y el dolo (que inciden sobre la intención); o la violencia (que lo hace sobre la libertad); e incluso los vicios de los actos jurídicos (simulación, fraude y lesión) pueden acaecer en la imprevisible casuística del proceso".

8) El art. 5 de la Acordada 3/15 de la CSJN reza: "A partir del 1er. día hábil del mes de mayo de 2015 será obligatorio el ingreso de copias digitales dentro de las 24 hs. de presentación del escrito en soporte papel. El ingreso oportuno de las copias digitales eximirá de presentar copias en papel en todos los supuestos en los que la legislación de que se trate imponga tal deber y su incumplimiento acarreará el apercibimiento que allí se establece. Para el caso en que las partes soliciten notificarse personalmente, las copias estarán disponibles en la consulta web de causas y en el sistema de notificación electrónica".



JURISPRUDENCIA


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