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  1. S.C.J.Mza., sala I, 1-06-2007 “LEONCIO ARIZU S.A. EN J° 9.834/76.626 LEONCIO ARIZU S.A. S.A.A.I.C. C/ ODERZO BEINAT S.A. P/ ORD. S/ INC".

En Mendoza, a un día del mes de junio del año dos mil siete, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sen-tencia definitiva la causa n° 88.861, caratulada: “LEONCIO ARIZU S.A. EN J° 9.834/76.626 LEONCIO ARIZU S.A. S.A.A.I.C. C/ ODERZO BEINAT S.A. P/ ORD. S/ INC".

Conforme lo decretado a fs. 28 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primera: DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI; segundo: DR. FERNANDO ROMANO; terce-ro: DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE.

ANTECEDENTES:

A fs. 5/9 el abogado José Luis Correa por Leoncio Arizu S.A., deduce recurso extraordinario de inconstitucionalidad en contra de la resolución dictada por la Quinta Cámara Civil de Apelaciones a fs. 474/475 de los autos n° 76.626/9.834, caratulados: “Leoncio Arizu S.A. c/ Ordezo Beinat S.A. p/ Ord.”.

A fs. 19 se admite, formalmente, el recurso de inconstitucionalidad y se ordena correr traslado a la parte contraria quien, a fs. 22/23 contesta y solicita su rechazo con costas.

A fs. 25/26 obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razones que expone, aconseja el rechazo del recurso deducido.

A fs. 27 vta. se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 28 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso interpuesto?

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUC-CI, DIJO:

I. PLATAFORMA FÁCTICA.

Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son, sintéticamente, los siguientes:

1. Leoncio Arizu S.A. demandó a Ordezo Beinat S.A. por ordinario en juicio n° 76.626 originarios del 16° Juzgado Civil, el 3/4/1998.

2. A fs. 369/371 se hizo lugar parcialmente a la demanda y se impuso las costas por lo que prospera a la demandada vencida y por lo que no prospera a la actora vencida.

3. Apeló la demandada y los abogados por sus honorarios.

4. A fs. 420/425 se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación y se impusie-ron las costas en el mismo sentido.

5. Bajó el expediente a primera instancia. A fs. 444 y vta. el abogado Guillermo Iglesias solicitó regulación complementaria de sus honorarios a cargo de la actora ven-cida. Hizo una estimación. A fs. 452 el juez dejó sin efecto el llamamiento de fs. 451 por improcedente. Fundó su decisión en que la sentencia de la Quinta Cámara había deter-minado el monto de condena al momento de la misma (21/6/2005) por lo que no corres-pondía regulación complementaria a ninguno de los profesionales actuantes, desde que no hay actualización del monto de condena. Apeló el abogado. El recurso fue concedido a fs. 453.

6. A fs. 459 la Cámara llamó autos para resolver de conformidad con lo dispues-to por el art. 40. Alegó razones el apelante. A fs. 468/470 se agregó el memorial. A fs. 473, el 25/9/2006 el secretario dejó constancia del sorteo realizado.

7. A fs. 474 y 475 obra decisión fechada el 27/10/2006 que hace lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, revoca el auto de fs. 452, quedando vigente el llamamiento de autos para resolver dictado en su oportunidad.

II. LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDO.

El recurrente peticiona se declare inexistente la decisión recurrida y se deje firme la sentencia que oportunamente fuese publicada por Internet.

1. Hechos denunciados

El 31 de octubre de 2006 fue publicada en la lista de la Cámara una sentencia que disponía el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Guillermo Iglesias. Esta sentencia se encuentra en la base de datos de la Cámara, del Colegio de Abogados y de la Suprema Corte. Imprevistamente, a fs. 474 del expediente se ha sustituido la primera sentencia y se ha hecho lugar al recurso de apelación interpuesto por el abogado Iglesias. O sea que por una misma decisión, se ha rechazado y se ha admitido el recurso.

2. Inexistencia.

Las resoluciones judiciales no pueden ser arbitrarias, contradictorias, ni pueden alterar los principios de la buena fe. La resolución de la Cámara agregada al expediente es inexistente. Su inexistencia es total, y así debe ser declarada de oficio por la Suprema Corte de Justicia en tanto se ha dado la circunstancia del art. 1044 del C.C. Se trata de una nulidad absoluta. La sentencia sustituida era el acto jurídico válido, que fue reemplazado por un acto jurídico inexistente, donde se ha procedido con simulación alteran-do las formas establecidas por la ley.

3. Forma de notificación.

En el Código procesal de Mendoza existe la notificación ficta o por lista, que por suerte para la buena fe de los litigantes, tiene base en el sistema informático de la SCJ y en el Colegio de Abogados. Una resolución dictada por cualquier magistrado de la pro-vincia debe incorporarse al sistema electrónico y quedar registrada en el banco de datos. No puede sustituirse, salvo que se hubiese invocado algún error trascendente. En el caso, la resolución notificada fue la primera que rechazó el recurso de apelación; la agregada al expediente es una absolutamente distinta. Este hecho constituye una irregularidad gravísima pues mientras la SCJ pretende la notificación de las resoluciones por vía de Internet, se ha puesto en duda la eficiencia del sistema, pues ha aparecido agregada al expediente una resolución absolutamente distinta de la que oportunamente publicitó Internet. No se habla de dolo por la jerarquía de los magistrados y por la amistad que une al recurrente con ellos, pero ha habido una sustitución o irregularidad grave.

4. Arbitrariedad.

La arbitrariedad afecta fundamentalmente la garantía de la defensa en juicio, porque bajo la apariencia de respeto de una garantía constitucional, el recurrente se en-cuentra privado de ella.

5. Jurisprudencia.

La CSJN en la causa “Micheloud de Irace c/ Obra Social de la Industria Alimen-ticia” del 6/2/2004 (JA 2004-III-666) sostuvo que “Corresponde dejar sin efecto el auto que declaró de oficio la caducidad de la instancia si el asiento erróneamente datado en el sistema informático motivó una información equivocada dada al recurrente cuando con-sultada a la Mesa de Entradas sobre el estado de las actuaciones se supo que era distin-to”. La Sala E de la Cám. de Apel. en lo Com., el 4/4/2006, (LL 31/8/2006 con nota de Eduardo Molina Quiroga) dijo que cabe revocar la resolución si el ejecutante tuvo acceso a Internet a un proyecto de sentencia distinto al efectivamente incorporado a las actuaciones que denegó el pedido de sentencia formulado por aquél en tanto la situación descripta no puede afectar los derechos de la parte quien pudo confiar en la información publicada por Internet.

III. POSICIÓN DE LA PARTE RECURRIDA.

1. A fs. 22/23 la recurrida afirma: Un caso tan simple, como es la regulación de honorarios complementarios por el capital rechazado en la sentencia, jamás podría haber dado lugar a las derivaciones y estadio en el que se encuentra este expediente. El objeto recurrido no se compadece con la materia propia de un recurso extraordinario porque la temática discutida es de naturaleza netamente procesal.

2. La sustitución de las resoluciones que se alegan debió ser objeto de un planteo de nulidad procesal ante la misma instancia y jurisdicción en que se produjo (art. 94 del C.P.C.). En consecuencia, la resolución procesal que la recurrente considera no ajustada a derecho quedó consentida transcurridos los cinco días contados a partir de su notifica-ción mediante cédula en el domicilio legal constituido, y por ende, el planteamiento es extemporáneo.

3. De haberse planteado la nulidad respectiva ante la autoridad jurisdiccional competente habría defendido la validez de la resolución incorporada al expediente porque se ajusta a los requisitos fijados por el C.P.C. en el art. 88 inc. 1°, entre ellos, la firma de los camaristas. El razonamiento realizado habría demostrado que la resolución atacada en este recurso extraordinario existe como tal y que sólo habría sido susceptible de ser atacada por vía de la nulidad procesal para el supuesto que la recurrente hubiese considerado que su emisión se apartaba de los principios impuestos por el ordenamiento procesal.

4. El recurso deducido no aporta ningún argumento contra el contenido de la resolución atacada de inexistente; incumple así con los requisitos que tradicionalmente esta Corte impone, en el sentido que el escrito de interposición del recurso extraordinario tiene análogas exigencias que las requeridas para la expresión de agravios en la segunda instancia. La falta de articulación de argumentos contra el decisorio demuestra la falta de interés jurídico.

IV. POSICIÓN DEL SR. PROCURADOR.

El Sr. Procurador aconseja declarar improcedente el recurso interpuesto. Recuerda que la obligatoriedad de publicación de listas por Internet para los tribunales de los fueros civil, comercial y minas, concursales y de familia de la primera circunscripción judicial ha sido establecida por acordada n° 19.874 a partir del 20/11/2006. Con anterioridad, esos tribunales habían sido únicamente invitados a efectuar la publicación de sus decisiones, con excepción de esta Corte, que tenía el deber de hacerlo. La resolución impugnada debía ser notificada por cédula y fue diligenciada el 2/11/2006; la obligatoriedad de la publicación de las resoluciones por Internet fue establecida en acordada del 20/11/2006, por lo que no puede determinarse en forma fehaciente que se hayan visto definitivamente afectados los derechos de defensa y el debido proceso del recurrente, en tanto éste ha tenido la oportunidad de cuestionar los fundamentos de la resolución que ha transcripto, pero que no desvirtuó. El recurrente se abroquela en sostener la nulidad de la resolución alegando su sustitución, pero no cuestiona los argumentos de la resolución impugnada. El hecho puede constituir una irregularidad administrativa que debe ser investigada por la Excma. Cámara, a fin de proceder conforme lo dispuesto por la acordada 16.784, pero en el caso concreto el agravio no resulta suficiente para declarar la nulidad de la resolución atacada, pues el recurrente ha tenido oportunidad de atacar los fundamentos del fallo.

V. HECHOS PROBADOS.

El hecho denunciado por el recurrente ha sido probado con la constancia de se-cretaría ordenada como medida de mejor proveer.

En consecuencia, está acreditado que : (a) La Cámara dictó una resolución por la cual rechazó el recurso de apelación; (b) Esa resolución fue publicada por el sistema informático organizado por esta Corte; (c) En el expediente no está incorporada la decisión publicada sino otra, que acoge el recurso y que se encuentra firmada por los Sres. Camaristas.

VI. LA PROGRESIVA INFORMATIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL.

La modalidad de consulta “a distancia” del contenido de los expedientes judiciales se ha ido extendiendo aceleradamente en todo el país. Eduardo Molina Quiroga afirma que esta modalidad ofrece grandes ventajas para todos: “Es una comodidad poder tomar conocimiento de esta información desde el estudio, o desde un locutorio, o la casa, sin tener que acudir a los edificios tribunalicios, soportar incómodas esperas en las célebres colas. También es valorado por los agentes judiciales que advierten cómo desciende el número de personas a las que deben atender”. El autor recuerda que por éstas y otras razones, en el orden federal y provincial existen diferentes sistemas que apuntan a permitir el conocimiento de los proveídos y novedades ocurridos en los expedientes judiciales desde un sitio web. En tal sentido, describe el método elegido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fuero civil de la Justicia Nacional, el fuero comercial, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, la Justicia de la Ciudad de Bs. As., las provincias de Bs. As., Chubut, Río Negro, Chaco, San Juan, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis, Neuquén, Misiones, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes y Mendoza.

Luego de esta descripción, el comentarista se pregunta qué efectos produce esta publicidad en relación a la exigencia de notificación de las resoluciones judiciales. Responde que si el operador se apega exclusivamente a la norma positiva, la respuesta es “ninguno”.

VI. PRECEDENTES JUDICIALES SOBRE LA MATERIA VINCULA-DOS AL CASO A RESOLVER.

El 5/8/2003, la sala D de la Cámara Nacional de Comercio declaró que no configura prejuzgamiento la existencia de un proyecto de resolución del secretario del juzgado hecho público por Internet (JA 2004-I-416).

El 29/6/2006, la sala B del mismo tribunal declaró bien denegado el recurso de apelación por haber sido presentado fuera de plazo, aunque la recurrente sostenía que ese decreto no había sido público en la web, único medio de consulta que había invocado; el tribunal sostuvo que el sistema de consultas informatizado no sustituye en materia de notificaciones las normas procesales y reglamentos vigentes por lo que el hecho que una providencia se publique tardíamente, o el sistema informático no se actualice, no es fundamento valedero para evitar que una notificación opere automáticamente (El-Dial.com, 29/8/2006).

Por su parte, el 4/4/2006 la Sala E de esa Cámara rechazó la caducidad de instancia peticionada porque el ejecutante había tenido acceso vía Internet a un proyecto de sentencia de trance y remate distinto al efectivamente incorporado a las actuaciones que denegó el pedido de sentencia. El tribunal entendió que, ante esa situación, el actor ejecutante pudo razonablemente confirmar en la información publicada vía Internet por lo que la caducidad era improcedente (JA 2006-III-99, Doc. Jud. 2066-3-126 y LL 2006-F-131, con nota de Eduardo Molina Quiroga, “La consulta pública de expedientes judiciales por Internet”).

Esta última decisión guarda gran similitud con la emanada de la Corte Federal, que “dejó sin efecto el auto que declaró de oficio la caducidad de la instancia en la queja porque el asiento erróneamente datado en el sistema informático motivó la información equivocada dada al recurrente cuando consultaba a la mesa de entradas sobre el estado de las actuaciones” (JA 2004-III-666).

VIII. EL CASO A RESOLVER Y LAS PAUTAS JURISPRUDENCIALES Y SOCIOLÓGICAS ANTES RESEÑADAS.

Propongo a mis colegas revocar la decisión recurrida y remitir el expediente a la Cámara subrogante para que decida nuevamente el recurso de apelación planteado. Explicaré por qué.

1. Tengo claro que, como señala el autor antes mencionado, mientras no exista disposición reglamentaria que modifique la existente, los plazos para recurrir no comienzan a correr si no se ha notificado del modo previsto por el Código Procesal (cédula o lista) (precedente de la sala B, antes reseñado).

2. Al mismo tiempo, tampoco tengo dudas que no es posible tolerar sin más la sustitución lisa y llana de resoluciones que ya han sido comunicadas por el sistema informático creado por el Poder Judicial. Convalidar tal sustitución implicaría tirar por la borda todo el esfuerzo (no sólo económico) realizado por esta Corte, y por todos los Superiores Tribunales en pro de la modernización de una estructura judicial que no responde a las exigencias de los tiempos.

Evidentemente, este es el razonamiento subyacente en los casos resueltos por la sala E y por la Corte Federal, pues lo que está en juego es la confianza del litigante en la información recibida por Internet a través de un sistema instrumentado desde el propio Poder Judicial.

3. En el caso, no se trata de un mero proyecto de secretaría (supuesto de la sala D, en el que, además, no se pudo dar ninguna explicación razonable de por qué se lo publicó en Internet), sino de una decisión judicial a cuyo contenido completo se ha tenido acceso.

4. No obstante, no es posible, como pretende el recurrente, dar valor definitivo a esa primera decisión, pues no existe constancia que haya sido firmada por los magistrados intervinientes (art. 88 inc. III del CPC).

5. La única solución razonable posible es, pues, declarar la nulidad de la resolución que sustituyó a la primera y mandar a dictar la resolución que corresponde por la Cámara subrogante.

6. Las razones dadas por la parte recurrida y por el Sr. Procurador en su dictamen no impiden esta solución: en el caso no está en juego sólo un simple cálculo matemático, ni la interpretación de una decisión a los fines de saber si correspondían o no honorarios complementarios, ni la nunca acabada discusión sobre una cuestión instrumental cual es si la vía es el incidente de nulidad o el recurso extraordinario, sino la confianza misma en un sistema de publicidad judicial que comienza a afianzarse y es desde todo punto de vista necesario apuntalar. Por eso, es irrelevante que al momento de los hechos las cámaras de apelaciones no estuvieran aún obligadas formal o jurídicamente a la publicación, puesto que la mera aceptación a participar de lo nuevo obligaba al órgano judicial a consolidar y no a minar la confianza en el sistema que se procura instaurar.

V. CONCLUSIONES DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Por todo lo expuesto, y si mi voto cuenta con la adhesión de mis distinguidos colegas de Sala, el recurso debe ser acogido y la decisión anulada. El expediente debe ser remitido a la Cámara de Apelaciones subrogante para que el recurso de apelación sea resuelto nuevamente.

Dada el modo en que se resuelve, y la novedad de la cuestión planteada, las costas del recurso extraordinario deben imponerse en el orden causado.

Así voto.-

Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y PEREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.-

A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, DIJO:

Atento el modo como ha sido resuelta la cuestión anterior corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs. 5/9 por la actora LEONCIO ARIZU SAAIC contra la resolución de fs. 474/475 del expediente n° 76.626/9.834, “LEONCIO ARIZU SAAIC C/ ORDEZO BEINAT SA P/ ORD.” dicta-da por la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas, de Paz y Tri-butario de la Primera Circunscripción la que se deja sin efecto. En consecuencia, debe remitirse el expediente a la cámara de Apelación subrogante para que resuelva el recurso de apelación deducido a fs. 453 contra el auto dictado a fs. 452.-

Así voto.-

Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y PEREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.-

A LA TERCERA CUESTION LA DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas en el orden causado (art. 148 del C.P.C.).-

Así voto.-

Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y PEREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.-

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 01 de junio de 2.007.-

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

R E S U E L V E :

I. Hacer lugar al recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs. 5/9 por la actora LEONCIO ARIZU S.A.A.I.C. contra la resolución de fs. 474/475 del expediente n° 76.626/9.834, caratulado: “LEONCIO ARIZU S.A.A.I.C. C/ ORDEZO BEINAT S.A. P/ ORD.”, dictada por la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, la que se deja sin efecto. En consecuencia, debe remitirse el expediente a la Cámara de Apelación subrogante para que resuelva el recurso de apelación deducido a fs. 453 contra el auto dictado a fs. 452.-

II. Imponer las costas en el orden causado.-

III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.-

IV. Líbrese cheque a la orden del recurrente por la suma de pesos CIENTO SETENTA ($ 170), con imputación a la boleta de depósito obrante a fs. 10.-

Notifíquese.


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