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S.C.J.Mza., sala II, 13-03-2008 ““C.G.T. y OTROS c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD”

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S.C.J.Mza., sala II, 13-03-2008 ““C.G.T. y OTROS c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD”

Fojas: 274

En Mendoza, a trece días del mes de marzo del año dos mil ocho reunida la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 81.227, caratulada: “C.G.T. y OTROS c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ACCION DE INCONSTITUCIONA-LIDAD".

De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada n° 5845 quedó determinado el siguiente orden de votación de la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal: primero: Dr. Herman A. Salvini; segundo: Dr. Pedro J. Llorente; tercero: Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci.

ANTECEDENTES:

A fs. 76/86 comparecen la Confederación General del Trabajado (C.G.T.), la Unión Obreros de la Construcción República Argentina (U.O.C.R.A.), el Consejo Direc-tivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado de Men-doza (A.T.E.), el Sindicato Unido Obreros de Estaciones de Servicios, Playas de Estacionamiento, Garaje y Gomerías de Cuyo, El Sindicato de Trabajadores del Personal de las Industrias Quími-cas de Palmira, el Sindicato de Obreros de Taxi de Mendoza, la Unión Obrera Metalúr-gica de la República Argentina (U.O.M.R.A.), la Asociación de Supervisores de la In-dustria Metalúrgica de la República Argentina (A.S.I.M.R.A.), la Asociación Obrera Minera Argentina (A.O.M.A.), el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Mendoza (S.I.V.E.N.D.I.A.), el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuyo y afines de Mendoza y el Sindicato de Trabajadores de la Industrias de la Alimentación de Mendoza (S.T.I.A.), e interponen acción de inconstitucionalidad respecto del art. 1 de la Ley 7195, en cuan-to modifica el Código Procesal Laboral en su artículo 34, incs. 3 y 4.

Las Asociaciones Gremiales que intervienen actúan en representación de los trabajadores en su calidad de titulares de los intereses de sus asociados (art. 31, inc. a) de la Ley 23551) y afirman que se encuentran plenamente legitimadas para iniciar el proce-so de marras.

Denuncian que la modificación introducida por la cuestionada ley afecta los derechos colectivos de interés público de los trabajadores que representan y mediante la interposición de esta acción buscan resguardar el derecho elemental de los trabajadores a contar con la debida asistencia técnica en el proceso judicial por ellos iniciado (art. 22 del C.P.L.); a no ser discriminado por analfabetismo o incapacidad, como así también a resguardar el derecho de los mismos a tenerlos por notificados cuando reciban la reso-lución en un ámbito fehaciente de control.

También como ciudadanos y organizaciones naturales de nuestra sociedad y en virtud de revestir gran parte de sus afiliados la calidad de justiciables, se proponen res-guardar el proceso de formación de las leyes que ponen en cabeza del Poder Legislativo la obligación de dictar todas aquellas que se conciernan al procedimiento judicial (art. 99 inc. 12 de la Constitución Provincial). Consecuentemente, buscan proteger la indepen-dencia del Poder Judicial y muy especialmente, en lo atinente al control constitucional de las leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos (art. 144, inc. 3 de la Constitución Pro-vincial).

Su pretensión es la declaración de inconstitucionalidad de los incs. 3) y 4) del art.34 del C.P.L. modificado por la ley 7195 en cuanto disponen la notificación en el expediente del litigante que intervenga en el proceso de las resoluciones enumeradas en el art. 35 del mismo cuerpo legal (inc. 3) y la sustitución de la notificación por cédula al domicilio legal por la notificación electrónica (inc.4).

Afirman que las disposiciones cuestionadas en su validez constitucional trans-greden los arts. 16, 18, 75, inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 36 de la Carta Inter-nacional Americana de Derechos Sociales; art. 2, incs. d) y e) del Pacto de San José de Costa Rica; art. 22 del C.P.L.; arts. 1, 99 inc. 12 y 148 de la Constitución Provincial y art. 13, inc. 3 de la Ley Orgánica de Tribunales.

Genéricamente señalan que los incisos cuestionados violan no sólo derechos elementales reconocidos a los trabajadores y a todo ser humano, sino también violentan la normativa constitucional que contempla el mecanismo de formación de leyes y que incide lógicamente, en la independencia del Poder Judicial en su rol de Control de Cons-titucionalidad.

En cuanto la notificación directa en el expediente al litigante que interviene en el proceso establecida en el inc. 3 del art. 34 del C.P.L., consideran que viola la obligato-riedad del patrocinio letrado establecido en el art.22 del mismo código adjetivo; así co-mo al art. 2, incs. d) y e) del Pacto de San José de Costa Rica en cuanto establece el derecho del inculpado de defenderse siendo asistido por un defensor de su elección y el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado; y los arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional en cuanto establecen el derecho constitucional de defensa en juicio y debido proceso legal.

Alegan que el legislador provincial en su afán de modificar leyes con el objeto de eficientizar y acelerar la justicia laboral, dicta una norma por la cual impide que el trabajador cuente con la asistencia técnica de su defensor y más aún, en un acto de rele-vancia como lo es el de la notificación de alguno de los actos y/o resoluciones que re-fiere el art. 35 del C.P.L., tales como el traslado de la demanda, de sus contestaciones, de las excepciones , la citación para absolver posiciones y para el reconocimiento de documentos, las audiencia de conciliación y de vista de causa, las sentencias que no han sido dictadas en audiencia, etc.

Destacan que la gravedad de la situación creada por la norma se verifica cuando a quien se pretende notificar es un trabajador analfabeto o incapacitado, porque la norma alude a aquellos que “... no supieren o no pudieren firmar....”

De forma tal que no sólo se restringe la protección del trabajador, violando la finalidad tuitiva de la ley laboral sino que también se desconoce la condición humana del individuo al no ser tratado sobre bases igualitarias.

En cuanto a la notificación electrónica establecida en el inc. 4) del art. 34 del C.P.L., destacan que se debe tener en cuenta que la notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes o de los terceros, una resolución judicial, y que en nuestro derecho procesal, en principio, las notificaciones se regulan por la teoría de la recepción y no del conocimiento que de las mismas puedan tener los litigantes, adoptan-do el criterio chiovendano según el cual este sistema tiene ventajas que resultan inne-gables en cuanto a la seguridad y certeza absolutas que deben primar en juicio.

A su entender la norma puesta en crisis importa el abandono liso y llano de las normas constitucionales que resguardan los principios de contradicción y bilateralidad del proceso judicial y, por lógica razón, del derecho a la jurisdicción de los litigantes (art. 18 de la C.N.).

Y ello es así porque el justiciable, y aún más en el caso del trabajador que goza-ba de la garantía del efectivo conocimiento del acto procesal producido en el expediente mediante la recepción de la notificación en el domicilio previsto por la ley de fondo, hoy ve cercenado su derecho al verse sometido compulsivamente a un sistema incierto y por demás inseguro de notificación, como lo es el envió de un correo electrónico a un domi-cilio virtual no previsto en la legislación pertinente (código civil).

Sostienen que la remisión de un correo electrónico (e-mail) no da certeza que el justiciable lo reciba y por en-de, corre el riesgo cierto de no poder ejercer plenamente los derechos de impugnación que la ley adjetiva le asegura.

Además se hace necesaria la intervención de un proveedor de servicios de inter-net el cual no reviste la calidad de oficial público que requiere cualquier notificación; muy por el contrario, nos encontramos con una persona jurídica del derecho privado que no está sujeto a compromiso alguno y menos aún a garantizar la recepción el correo electrónico porque tampoco es dueño de la provisión de internet.

Manifiestan que no resulta desatinado afirmar que la notificación comentada lejos de perfeccionar al proceso laboral lo precariza y debilita en los términos propuestos y todo ello en detrimento no sólo del principio protectorio sino también de los derechos de defensa e igualdad del trabajador garantizados por los arts. 16 y 18 de la C.N.

Por último, argumentan que la norma en cuestión viola el principio de división de poderes porque faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia a implementar cualquier otro método de notificación en el futuro para los casos que ella determine. De forma tal que se alude a hipótesis procesales que tan sólo pueden ser determinadas en un código de procedimientos y obviamente, mediante el mecanismo de formación de leyes constitucionalmente admitido, en un todo conforme lo dispuesto por el art. 99 de la C.P..

Concluyen que aceptar que la Suprema Corte, mediante acordadas (norma inferior) dis-ponga típicas normas de procedimiento atinentes a la determinación de las resoluciones y/o actos y/o diligencias que deban ser notificadas por correo electrónico, fax y otro método, significa violentar la Carta Magna Provincial ya que importa una indebida de-legación de las funciones que el Pueblo Soberano ha atribuido a los legisladores en for-ma exclusiva y excluyente.

Además, trasgrede el rol que específicamente le fue otorgado a la Suprema Corte mediante el art. 148 de la C.P., transformándola en juez y parte interesada pues se le autoriza a modificar, mediante acordada, el Código Procesal Laboral.

A fs. 115/16 comparece el Poder Ejecutivo de la Provincia y manifiesta que no se opone a la pretensión de los actores advirtiendo que no debe interpretarse su presenta-ción como un allanamiento. Denuncia que ejerció su derecho de veto a la sancionada ley a través del Decreto 570/04. Destaca que, en sustancia, no discrepa de los argumen-tos expuestos por los demandantes y que acatará los términos de la sentencia para lo cual sólo solicita se le exima de la imposición de costas.

A fs. 121/22 comparece Fiscalía de Estado y manifiesta que la materia de la ac-ción promovida no compromete el interés fiscal, no afecta el patrimonio del Fisco Pro-vincial y por ello, teniendo en cuenta la contestación efectuada por la Provincia de Men-doza, limitará su intervención al contralor de la legalidad del proceso y estará a lo que resuelva el Tribunal en la sentencia que se dicte.

A fs. 123 se unifica la personería de los accionantes en la Confederación General de Trabajadores (CGT).

A fs. 148 luce la resolución que dispone separar de la causa al Dr. Carlos Böhm e integrar la Sala con la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci.

A fs 158 se admiten las pruebas ofrecidas por las partes.

A fs. 245 y 246/55 obran los alegatos presentados por la Provincia de Mendoza y la parte actora, respectivamente.

A fs. 263/66 se expide en dictamen el Sr. Procurador General de esta Suprema Corte quien, por las razones que expone, aconseja hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad deducida

De conformidad con lo establecido en el Art. 160 de la Constitución de la Pro-vincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: Es procedente la acción interpuesta?.

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, qué solución corresponde?.

TERCERA CUESTIÓN: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. HERMAN A. SALVINI, dijo:

Atento los términos en los que ha quedado planteada la causa, a mi entender, se impone el análisis de los siguientes temas: 1- legitimación de la parte actora y 2- validez constitucionalidad de las normas atacadas.

Pero en forma previa considero conveniente, a los fines de la adecuada solución del planteo constitucional efectuado, realizar algunas precisiones en relación al tema objeto de debate, consistente en las notificaciones en el proceso y la vía procesal utiliza-da, consistente en la acción de inconstitucionalidad.

A- CONSIDERACIONES PREVIAS:

1- La notificación en el proceso judicial:

De la lectura de la demanda interpuesta surge que los actores cuestionan el sis-tema de notificación implementado por la ley 7195, con especial referencia a los incs. 3 y 4 del art. 34 del C.P.L. que modifica.

En la causa se reedita el debate generado entre los que sostienen que las razones de celeridad y economía no pueden imponerse sobre el valor seguridad y justicia, cuyo rango superior priorizan.

Esta discusión ha llevado a erigir como contrapuestas a la notificación formal y expresa (personal, por cédula, por oficio) donde hay un acto real de transmisión, de la notificación tácita (automáticas o implícitas o fictas e incluso las edictales), donde no existe un acto formal y directo de transmisión al interesado. Así se ha llegado a afirmar que: "…. La seguridad jurídica exige notificaciones expresas; la celeridad y buena fe, exigen que las notificaciones sean automáticas…." (Conf. Podetti, Ramiro j. "Tratado de los actos procesales", pg. 264.)

Entiendo que este supuesto conflicto es aparente y ambos valores, considerados como antagónicos, en realidad se pueden complementar y articular armoniosamente. En tal sentido, la doctrina procesal moderna sostiene que: "…es usual establecer como ex-tremos opuestos de una cuerda tensa en la organización de los procesos, la polaridad entre garantía y eficacia" y si bien "la máxima expresión del debido proceso está consti-tuida por la efectividad del contradictorio, la pauta señera en materia de eficacia es la que puede expresarse así: la justicia tardía no es justicia". Ejemplifican luego: la crea-ción de un adecuado sistema de notificaciones constituye un eje esencial para plasmar el valor del contradictorio; pero desde el punto de vista de la duración de los procesos y de la función que el juicio debe cumplir en el sistema de protección de los derechos, el mo-do de regular las notificaciones puede constituir, so pretexto del respeto al derecho de defensa, un verdadero salvavidas de plomo, absolutamente disfuncional para el valor eficacia. Por eso, sin propiciar el sistema draconiano del nuevo Código de Venezuela, que ha reducido la notificación por cédula sólo a la resolución que dispone el traslado de la demanda, propician todo un sistema de reducción de tiempos y, fundamentalmente, limitan la facultad judicial de notificar por cédula a aquellas resoluciones que no se en-cuentran expresamente previstas por la ley procesal, pues si lo estuviesen, el juez, dicen, no podría disponer que se notifique a domicilio lo que el código ordena se notifique por lista (conf. Morello, Augusto y Kaminker, Mario E., "Las notificaciones y la duración de los procesos (Replanteos y modernización en la política procesal), ED. 158-1075 158-1075 ).

Evidentemente el instituto procesal de la notificación adquiere fundamental im-portancia en la armonización de los valores "seguridad#celeridad" a fin de lograr el ob-jetivo de la administración de justicia que lleva a la "seguridad de una justicia eficiente" y que haga operativo la máxima constitucional de "afianzar la justicia".

En materia de notificaciones procesales la seguridad jurídica está destinada a evitar sorpresas y descuidos, a preservar el principio de bilateralidad de la audiencia, a garantizar el derecho de defensa (LL 1993-A-128; LL 1993-A-961). En esencia, el ba-samento de las notificaciones procesales es la fórmula audiatur et altera parts (óigase a la otra parte) lo que nos conduce a la regla de oro del derecho procesal: "nadie puede ser condenado sin ser oído". Y, para oír a las partes, es necesario notificarlas. ( Jofré, To-más: "Manual de Procedimientos (Civil y Penal)", 5° Ed. , T. I, LL 1941-269 1941-269 ). Por ello, se potencia en este tópico la vigencia de la seguridad jurídica, la certeza de saber a qué atenerse ante un acto procesal, un llamamiento del tribunal o una intimación o requeri-miento.

Frente a ello resta preguntarse si en materia de notificaciones procesales el valor seguridad jurídica es absoluto o funciona combinado con otros principios como el de celeridad, buena fe y lealtad en el debate judicial.

La respuesta al interrogante depende del principio que informe el sistema de notificación que determine el legislador en la materia, es decir, si se rige por la teoría de la recepción, del conocimiento o si se adopta una postura ecléctica.

Los sistema procesales que adoptan la teoría de la recepción determinan que las notificaciones en el proceso se rigen por ese principio, produciendo plenamente sus efectos cuando han sido observadas las normas establecidas por la ley para que el acto notificado llegue a su destinatario, prescindiendo del conocimiento efectivo que se tenga de su contenido.

Así lo entiende Chiovenda, exponente máximo de este criterio extremo, para quien resulta irrelevante jurídicamente el conocimiento que la parte tenga del acto, si éste no ha sido notificado. (Conf. Chiovenda, Giuseppe: "Instituciones de Derecho Pro-cesal Civil", por E. Gomez Orbaneja, Madrid, Revista de Derecho Privado, T. III, 1940, pg. 148).

Este sistema se funda en la seguridad jurídica, o valor "seguridad", al que lo eri-ge en un valor absoluto.

Los sistemas procesales que se enrolan en la teoría del conocimiento consideran que la carencia de notificación o su deficiencia en cuanto a los requisitos formales fija-dos por la ley, no es óbice para reconocer eficacia notificatoria al conocimiento del acto logrado por otros medios (ej. notificación tácita o ficta).

Este sistema se funda en los principios de celeridad y lealtad en el debate judi-cial, a los que les da un valor superior (L.L. 1981-D-948).

Los sistemas procesales que adoptan la teoría ecléctica entienden que las teorías enunciadas no son antitéticas y pueden funcionar amalgamadas, sin inconvenientes, en un marco de complementación (L.L. 1989-C-144).

De forma tal que una cosa es que el conocimiento se presuma sin admitir prueba en contrario cuando la notificación se ha practicado con las formalidades legales, "y otra -ya inaceptable- deducir de esa premisa que nunca el conocimiento efectivo puede suplir la notificación formal" (Conf. Colombo, Carlos J.: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado. T. I, 1969, Ed. Abeledo Perrot, pg. 672).

Según esta postura el principio de conocimiento funciona supletoriamente (ante la falta o irregularidad del acto de notificación) siempre que de las circunstancias que rodean el caso concreto se pueda inferir lo inequívoco de él.


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