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Apuntes sobre Expediente digital o electrónico

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La armonía de estas posiciones contrapuestas debe surgir de una solución tran-saccional de manera tal que puede decirse: el valor seguridad jurídica rige en materia notificatoria, a través de su consustancial principio de bilateralidad de la audiencia. Pero esa vigencia no puede elevarse a la categoría de axioma o de principio absoluto. Debe actuar en un marco de complementación con los principios de celeridad y buena fe pro-cesal, con el fin de agilizar los procesos. (Conf. Maurino, Alberto L. "El valor seguri-dad en el régimen de las notificaciones", J.A. 2000-II-884)

En definitiva "… en materia de notificaciones, el problema consiste en compati-bilizar la necesidad de certeza de que la noticia llegue al destinatario, con la de que el proceso avance sin retrocesos y con la mayor celeridad…" (LL 1989-C-144).

El moderno derecho procesal, sin renegar del principio de seguridad, potencia o prefiere las formas notificatorias basadas en la celeridad procesal, con miras a la abre-viación del proceso. Por ello en los ordenamientos procesales se establece como princi-pio general la notificación automática, mientras que la notificación por cédula se regula como excepción de las primeras. Y este es el sistema en el que se enrola nuestro C.P.C. y C.P.L. (art. 66 del C.P.C. , art. 34 del C.P.L).

La ley 7195, a mi entender, ha intentado profundizar y consolidar la armoniza-ción de los valores jurídicos en juego (seguridad-celeridad) enriqueciéndolos con el de economía procesal al imprimir en el sistema notificatorio la celeridad en su trámite con el menor costo posible, tanto desde el punto de vista administrativo (a través de la des-afectación de personal que cumplen la función de "receptor-diligenciador" a quien se le reasignan en otras tareas optimizando la gestión judicial), como profesional (se libera a los letrados de la tarea de ayudar en la confección de las cédulas) y económico (se redu-cen los costos y se permite la optimización de las partidas presupuestarias en aras tam-bién de una mejor gestión judicial).

Esta ley dispuso la modificación del art. 34 del C.P.L. introduciendo un sistema notificatorio amplio que comprende desde la notificación por el retiro del expediente hasta la notificación electrónica.

Cabe destacar que este medio de notificación (electrónica) ya había sido introdu-cido en el proyecto de modificación del C.P.L. elaborado en el año 2001 por la Comi-sión de Reforma de la Justicia, constituida en acuerdo entre la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y el Poder Ejecutivo Provincial e integrada por Asociación de Magistra-dos, la Federación de Colegios de Abogados, las Cátedras de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, la Facultad de Derecho de la UNC y la Universidad Marcelina Champagnat, y la Asociación de Abogados Laboralistas. Es decir que contó con el consenso de todos los actores jurídicos involucrados en la espe-cialidad.

En materia de notificaciones la Comisión destacó que se trataba de uno de los trámites más burocrático y engorroso. Razón por la cual se consideró que toda idea que tendiera a automatizar esa diligencia procesal redundaría en directos beneficios de acor-tamientos de los procesos laborales. Además se puso de relieve que la meta ideal, a tra-vés del avance de la informatización, sería la supresión de la notificación como acto procesal de conocimiento (Informe sobre las conclusiones del debate sobre ponencias de reforma del Código Procesal Laboral).

En ese orden de ideas se propuso la modificación del C.P.L. incorporando el art. 35 ter, a través del cual se introdujo la notificación por medios electrónicos incorpo-rando la tecnología de la comunicación para el conocimiento de los actos judiciales por las partes y en especial los abogados y demás auxiliares de la justicia, mediante el uso de la informática judicial, electrónica, internet o cualquier otro instrumento tecnológico de comunicación.

A tal efecto se facultaba a la Suprema Corte de Justicia a implementar el sistema idóneo y más económico y práctico posible sin incurrir en excesos reglamentarios ni adoptar un sistema determinado con la inflexibilidad que otorgan las disposiciones lega-les.

Se enunció así una serie de pautas y principios que la Corte debía tener presente en el momento de diseñar el sistema de comunicación electrónica que resultara más idó-neo para la finalidad prevista.

Es decir que en el ámbito laboral mendocino ha existido consenso en cuanto a la necesidad y conveniencia de adoptar y/o utilizar este medio de notificación.

La ley 7195 receptó esta inquietud e incorporó esta modalidad de notificación en los siguientes términos: Inc. 4) Notificación a domicilio legal electrónico o informático: Se practicará por vía de correo electrónico, fax o cualquier otro método que en el futuro se implemente para los casos que determine la Suprema Corte de Justicia de la Provincia mediante Acordada, dejándose constancia impresa en el expediente del envío de la noti-ficación, realizada por el Tribunal con indicación de fecha y hora, la que sustituirá toda otra forma de notificación al domicilio legal. Hasta tanto se disponga la obligatoriedad de esta forma de notificación, las partes voluntariamente podrán consentir la misma, a cuyo efecto deberán denunciar su domicilio electrónico.»

La norma en cuestión activó el dictado de una seria de Acordadas y Resolucio-nes de Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia (N° 19851 bis, 20112; 21038 bis, 21056), a través de las que se fue estableciendo la forma en que quedó diseñada la noti-ficación electrónica. Previo a lo cual se recabó asesoramiento de especialistas en seguri-dad informática; se sometió el sistema a la evaluación de la Oficina Nacional de Tecno-logía Informáticas (ONTI) y Ar-Cert; se tramitó la certificación de firmas de los recepto-res intervinientes; se realizó una experiencia piloto con un grupo de abogados que ad-hirieron voluntariamente al sistema; se capacitó y entrenó especialmente al personal asignado; se afectó dos servidores dotados de un fire wall en forma exclusiva para el proyecto, todo entre otras medidas, y con el claro y específico fin de asegurar que las notificaciones cumplidas por ese medio fueran íntegras, inviolables y garantizaran la identidad del firmante y su contenido.

De forma tal que la notificación electrónica quedó regulada, en cuanto a su modo de ejecución y efectos, en los siguientes términos:

"…a) - La Dirección de Informática del Poder Judicial proveerá una casilla elec-trónica, en un servidor del Poder Judicial, a cada uno de los abogados matriculados en la Provincia de Mendoza, a la que los profesionales ingresarán con su apellido y número de matrícula y acceder a las cédulas que les han sido remitidas, “notificacio-nes.jus.mendoza.gov.ar.”

b) - El Receptor del Tribunal o quien lo reemplace confeccionará la cédula, la signará con firma electrónica y enviará la notificación a la base de datos creada al efecto en el servidor del Poder Judicial. Imprimirá el documento y lo agregará al expediente. El sistema registrará la fecha y hora en que el documento en ingrese a la base de datos y quede disponible para el destinatario de la notificación. La fecha del documento, en con-secuencia, coincidirá con la fecha de recepción de la notificación. La fecha que el sis-tema coloque en el documento será prueba suficiente de la efectiva notificación. Las personas que firmen la notificación estarán debidamente identificadas para conocimien-to de los destinatarios.

c) - La notificación se tendrá por cumplida al día siguiente hábil posterior a la fecha que el sistema coloque en la cédula, la que coincide con la del depósito de la cé-dula de notificación en la base de datos existente en el servidor del Poder Judicial y con el momento en que el documento queda visible y consultable por el destinatario de la comunicación.

d) – La base de datos de las notificaciones podrá ser auditada, por orden judicial dictada de oficio o a pedido de parte.

e) - La totalidad de las casillas electrónicas involucradas en la descripción del proceso residirán en un servidor del Poder Judicial, destinado exclusivamente a ese efec-to y serán consideradas “oficiales”. Las mismas estarán destinadas exclusivamente para esta tarea y serán administradas por personal de este Poder. Todas las cédulas deberán ser firmadas electrónicamente por el Receptor o quien lo reemplace en el futuro.

f) - El Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales, “Manuel A. Saez”, reforzará la capacitación a los agente judiciales involucrados, sobre la nueva herramienta a utilizar para comunicar los actos procesales que deban notificarse por cédula al domi-cilio legal dentro de la Justicia Laboral de toda la Provincia…." (Acordada n° 20112).

Si bien la ley 7195 (B.O. : 09/08/2004) disponía en su art. 2 que "… La presente ley comenzará a regir a partir de los quince días de su publicación oficial y será aplica-ble a todos los procesos, inclusive los que se encuentran en trámite, sin perjuicio de la validez de los actos de notificación que se encuentren en curso….", la vigencia efectiva de la notificación electrónica se produjo a partir del 01-06-07 según lo dispuso por la Resolución de Presidencia n° 21056, modificatoria de la Resolución n° 21038 bis.

Esa Resolución estableció que : "….. 1)….. a partir del 01 de junio de 2007, las notificaciones del fuero laboral que deban realizarse en el domicilio legal se practiquen exclusivamente por vía electrónica, conforme lo prescripto por Acordada N° 20.112 2) Exclúyase de lo dispuesto en el artículo anterior a las notificaciones que dispongan co-rrer traslados o vistas y que, en consecuencia, deban ser acompañadas de copias, las que se continuarán notificando mediante cédula en soporte papel…."

Definitivamente así quedó conformada la forma y alcance de la notificación electrónica instituida por la ley 7195, la que es cuestionada en su valor constitucional por los accionantes.

En cuanto a la notificación en el expediente dispuesta por la ley 7195 en el art. 34, inc. 3 del C.P.L., no constituye un modo inédito de notificación ya que reconoce como antecedente el art. 67 del C.P.C. cuya aplicación resultaba supletoria en función del art. 108 del C.P.L.

2- La acción de inconstitucionalidad

Respecto a la vía procesal intentada este Tribunal tiene dicho que “…el ejercicio del control de constitucionalidad de la normativa cuestionada (en el caso la Ley 7195), constituye sin dudas la tarea más delicada pero la más propia del Poder Judicial, por cuanto al mismo se le ha encomendado la función de la efectiva declaración y aplicación del derecho en el caso concreto. Esto nos lleva a recordar el principio reiteradamente declarado por este Tribunal según el cual una ley en sí misma no es inconstitucional, pero puede ser inconstitucional en su aplicación al caso (LS. 214-461)...”

“...Lo expuesto pone en evidencia la necesidad de extremar la prudencia, como valor por excelencia, en el análisis y resolución del caso traído a estudio, por cuanto la declaración de inconstitucionalidad de una ley es la “última ratio” a la que debe recurrir el juzgador...” (L.S. 359-152).

También en forma reiterada ha manifestado que no corresponde la declaración de inconstitucionalidad en abstracto, lo que no impide al interesado hacer valer el dere-cho ha obtener la declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto en la medida en que se acredite la efectiva lesión de los derechos o garantías constitucionales que le asisten. La declaración de inconstitucionalidad no debe hacerse en términos genéricos o teóricos. No basta, en consecuencia, con la aserción de que la norma impugnada puede causar agravio constitucional, sino que debe afirmarse y probarse que ello ocurre en el caso. Tal ha sido el criterio de la Corte Suprema (Fallos 256-602;258-255)

En suma, conforme jurisprudencia constante de la Corte Federal, el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma, debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución, causándole de ese modo un gravamen. Para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el prejuicio que le origina la aplicación de la disposición pues la invocación de agravios meramente conje-turales resultan inhábiles para obtener la declaración de inconstitucionalidad demanda-da.(Fallos 297-108; 299-368;: 300-1010 300-1010 ; 301-866; 302-1013 302-1013 , entre otros).

Los criterios jurisprudenciales transcriptos son los que informan y determinan las pautas de análisis de las acciones como la tramitada en autos y a los que me remitiré para la solución del caso.

B- LA SOLUCIÓN DEL CASO:

En el marco referencial desarrollado en el punto anterior abordaré el análisis constitucional traído a debate, a fin de dar solución a los temas distinguidos al comienzo del tratamiento de la cuestión que nos ocupa, consistentes en 1- la legitimación de la parte actora y 2- la validez constitucional de las normas atacadas.

1- Legitimación de la parte actora:

La legitimidad invocada por la parte actora no ha sido cuestionada por la deman-dada, no obstante lo cual considero de interés analizar el cumplimiento de los recaudos de procedibilidad de la acción porque ese tema está estrechamente ligado a la posibili-dad de acceso a la jurisdicción y la válida interposición de la demanda; además la verifi-cación de la legitimación involucra la determinación de la representatividad que debe prever cualquier legislación procesal (De los Santos, Mabel “Falta de acción. Falta ma-nifiesta de legitimación para obrar”, en “Excepciones procesales”, obra colectiva dirigi-da por J. W. Peyrano. T. 1, 2000, pg. 63 y ss).

Para ello debe tenerse presente que el proceso constituye un medio de satisfacer intereses jurídicamente protegidos y de postular un ideal de justicia que, como elemento axiológico, influye en la sociedad precisada de parámetros que, trascendiendo la esfera material, insuflen un sentido positivo.

De lo contrario la cuestión sobre si la Ley 7195 es o no constitucional, queda reducida a una contienda meramente teórica que no corresponde a los jueces resolver porque éstos no están llamados a pronunciarse sobre casos abstractos y, además, porque cualquiera fuese la decisión a ese propósito, la situación de las partes no variaría.

En el ámbito de reflexión descripto concluyo que los actores detentan la legiti-mación procesal para la interposición de la acción intentada.

Para ello tengo en cuenta que, sin perjuicio del debate que genera el art. 43 de la C.N. en relación a este tipo de demandas y que ha dado lugar a algunas precisiones por parte de la Corte Nacional en el reciente fallo “Defensor del Pueblo de la Nación c. Es-tado Nacional” (26-06-07); la legitimación que reconozco a los actores surge de los arts. 14 bis de la C.N., 1, 2, 3, 23, 31 y ss de la Ley 23551 y 10 del Convenio n° 87 de la OIT, los que en forma inequívoca establecen a favor de las Asociaciones Gremiales la capa-cidad legal y procesal de defender y representar los intereses individuales y colectivos de los trabajadores que los actores invocan.

En el supuesto de autos las organizaciones sindicales intervinientes no hacen más que actuar en la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores incluidos en el ámbito personal de actuación que les incumbe, respondiendo tanto a las facultades que legalmente le han sido otorgadas como al fenómeno de masificación al que asisti-mos, masificación en la producción, en la comercialización, en el consumo, en las co-municaciones. Todo ello impone una participación creciente colectiva y una democrati-zación del acceso a la justicia donde obreros, usuarios de servicios públicos, grupos de personas que se sienten marginados por cualquier razón, claman por su “day in court”. (Conf. Chaumet, Mario E. “Reflexiones sobre la implementación de la decisión judicial compleja: el caso de los intereses supraindividuales”. Lexis Nexis. Doctrina S.J.A. 31-3-04, J.A. 2004-I-1076).

Es decir que nuestro ordenamiento jurídico le da a las organizaciones sindicales la facultad de actuar haciendo valer los derechos e intereses de los trabajadores que las integran, consagrando un vasto ámbito permisivo de la acción sindical como forma de autotutela de los “intereses de los trabajadores”.

En los términos en que ha sido planteada la controversia no cabe duda que las entidades sindicales actuantes ejercen la defensa de los intereses colectivos de los traba-jadores porque los agravios constitucionales que alegan hacen referencia al derecho de defensa en juicio, el debido proceso legal y el acceso a la justicia en igualdad de con-diciones. Estos agravios inequívocamente involucran a un sin número de personas que exceden a los sujetos interesados que, así los titularizan indivisiblemente. No se trata de posiciones subjetivas exclusivas que corresponderían a los casos concretos de trabajado-res que actualmente poseen pleitos instaurados y alcanzados por la normativa cuestiona-da sino que también se la cuestiona respeto de aquellos futuros, en los que aún no se ha acreditado la aplicación del procedimiento de notificación establecido por la Ley 7195, donde existe en la práctica una verdadera "chance". Esta chance constituye también un verdadero interés legítimo que les permite, en su calidad de parte afectada o posible-mente afectada, demandar el control de legalidad y de constitucionalidad del sistema de notificación puesto en crisis, en aras o con el objetivo de mejorar sus chances en el pro-ceso judicial en los que se pretenda el reconocimiento de un derecho laboral vulnerado.

En definitiva tanto en los procesos actuales en los que intervienen los trabajado-res como en los futuros, nos encontramos ante situaciones compartidas que los abarcan en la medida en que se trata de situaciones jurídicas análogas, cualitativamente iguales, referidas a diversos sujetos unidos por el mismo fin.

No se trata de un simple interés en el ataque de la ley.

El reconocimiento de la legitimación y representación invocada por los actores permite ingresar en el tratamiento del segundo tema propuesto.

2- Validez constitucional de la norma cuestionada.

La parte actora cuestiona la constitucionalidad de la ley 7195, sólo en cuanto modifica el inc. 3 y 4 del art. 34 del C.P.L., a través de los cuales se regula la notifica-ción personal en el expediente y la notificación electrónica.

Para una más ordenada resolución de la causa analizaré por separado cada uno de esos incisos.

a- Art. 34 inc. 3: Notificación en el expediente

La norma procesal cuestionada textualmente prescribe: "…. Notificación en el expediente: En oportunidad de examinar el expediente; el litigante o el profesional que intervenga en el proceso como apoderado, tendrá la carga de notificarse expresamente de las resoluciones enumeradas en el Art. 35, la que se practicará firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia junto al jefe de Mesa de Entradas. Si no lo hicie-ran, previo requerimiento que les formulará el jefe de Mesa de Entradas, o si el intere-sado no supiere o no pudiere firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias con la firma de dicho empleado. …"

La parte actora impugna la validez de la norma en cuanto: 1- viola el art. 22 del C.P.L., art. 2, incs. d) y e) del Pacto de San José de Costa Rica y arts. 16 y 18 de la C.N., porque desconoce el derecho del trabajador a ser asistido por un defensor y el consi-guiente derecho de defensa en juicio y debido proceso legal y 2- viola el principio cons-titucional de igualdad ante la ley porque no discrimina positivamente a los trabajadores analfabetos o discapacidatos.


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