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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - Sala IV, 16-11-2016, “Camuzzi Gas Sur SA c/ Energas s/Ley Nº 24.076

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - Sala IV, 16-11-2016, “Camuzzi Gas Sur SA c/ Energas s/Ley Nº 24.076

Cita: IJ-CCLII-520

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2016.-


CONSIDERANDO:

1º) Que este Tribunal declaró de oficio la caducidad de la instancia por considerar que se encontraba vencido el plazo previsto en el art. 310, inc. 1º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (fs. 75 y vta.).

2º) Que, contra esa decisión, Camuzzi Gas del Sur S.A, dedujo recurso de revocatoria (fs. 86/93). Para justificar su pedido, en sustancia, hizo notar que el trámite del expediente en el sistema informático -consultado vía internet- había registrado pases: al Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias Nº 6, Secretaría Nº 22, el 9 de septiembre de 2016 y al el Sr. Representante del Fisco el 29 de septiembre de 2016; ninguno de los cuales tenía justificación. Agrega que, como consecuencia de esa supuesta remisión, había dejado nota a través del sistema de gestión de causas el 20, 23 y 27 de septiembre de 2016, toda vez que cuando intentó dejar a confronte el oficio ordenado a fs. 67 (punto IV.-) no pudo hacerlo, porque las actuaciones habían sido remitidas a dicho Juzgado, y, con posterioridad, al Sr. Representante del Fisco, circunstancia que motivó las notas del 30 de septiembre, 7 y 11 de octubre de 2016.

3º) Que, previo a resolver, por secretaría se requirió que se informase sobre ambos pases y giros, que figuraban en la línea de actuaciones del expediente digital —según las impresiones de pantalla— (fs. 97).

4º) Que, en el correspondiente informe, se indicó que: “…los pases que figuran en el sistema como realizados el 9/9/16 y el 29/9/2016, obedecen a errores informáticos, que se generaron involuntariamente en numerosas causas en trámite ante este tribunal, y no se corresponden con los movimientos que tuvo el expediente papel”. (fs. 97).

5º) Que, el recurso resulta formalmente admisible, a tenor de lo establecido en el art.317, segunda parte del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En cuanto a la cuestión propuesta, corresponde hacer lugar al planteo. En efecto, nótese que la particular circunstancia informada por secretaría en torno a los giros informáticos —no reales — que registró el expediente producto de errores propios del sistema LEX 100, otorga suficiente verosimilitud a los dichos y el planteo de la actora. Por ello, a fin de tutelar su derecho de defensa y hacer prevalecer el principio pro actione, para computar el plazo legal de seis meses a los fines de evaluar la configuración de la caducidad de instancia, corresponde no contabilizar el tiempo transcurrido entre el 9 y el 19 de septiembre 2016, por el pase al Juzgado de Ejecuciones Fiscales y Tributarias Nº 6 Sec. 22 y el transcurrido entre el 29 de septiembre de 2016 y el 12 de octubre de 2016, por el pase al Representante del Fisco -fechas en que se registraron los mencionados pases y cancelaciones de los giros informáticos (conf. copia de impresión de pantalla). Tales períodos deben ser considerados como plazos suspendidos.

En tales condiciones, dado que el último acto de impulso del proceso fue realizado el 22 de marzo de 2016, y que a la suspensión del plazo por la feria de invierno deben añadirse los días mencionados en el párrafo precedente, se concluye que la resolución del Tribunal del 13 de octubre de 2016, por la que se declaró de oficio la caducidad de instancia, fue suscripta cuando aún no se encontraba cumplido el plazo de seis meses para su configuración. En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: hacer lugar a la revocatoria interpuesta y dejar sin efecto la resolución de fs. 75 y vta. Se deja constancia que el Dr. Jorge E. Morán no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N) Regístrese, notifíquese y póngase el expediente en letra.

Marcelo Daniel Duffy - Rogelio W. Vincenti.


Voces: ABOGADO ~ CONDUCTA DEL ABOGADO ~ CORREO ELECTRONICO ~ ETICA PROFESIONAL ~ SANCION DISCIPLINARIA


  1. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala V, 10/02/2011 “C.S.D.G. c. CPACF-(Expte. 24233/09)”

Publicado en: LA LEY 30/06/2011 , 4, con nota de Facundo Viel Temperley; Carlos María Bidegain;  LA LEY 2011-D , 95, con nota de Facundo Viel Temperley; Carlos María Bidegain;  Sup. Doctrina Judicial Procesal 2011 (julio) , 17, con nota de Gonzalo López Del Carril;  DJ03/08/2011, 71

Cita Online: AR/JUR/5054/2011


Hechos:

El Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Capital Federal impuso a un letrado la sanción de llamado de atención por infracción al Cód. de Etica, en virtud del envío, desde su casilla de correo electrónico de un mensaje a un colega en el que se refería en términos agraviantes hacia su persona. Contra dicha resolución, el profesional sancionado dedujo el recurso previsto en el art. 47 de la citada ley. La Cámara rechaza la impugnación interpuesta.


Sumarios:

1. La sanción de llamado de atención impuesta a un letrado por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Capital Federal debe confirmarse, por infracción al art. 6, inc. c) de la ley 23.187 y a los arts. 10, inc. a), 14 y 15 del Cód. de Etica, si se acreditó que desde una casilla de correo electrónico que estaba afectada a sus tareas profesionales se remitió un mensaje agraviante a un colega pues, aun cuando afirma que personas allegadas profesionalmente a él y con acceso a la cuenta pudieron enviarlo, lo cierto es que tenía responsabilidad exclusiva en la decisión de quienes podían utilizarla.


Texto Completo:

2ª Instancia.— Buenos Aires, febrero 10 de 2011.

Considerando: I. Que a fojas 60/62 el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal impuso al abogado D. C. S. (Tomo ... Folio ...) la sanción de llamado de atención, conforme lo previsto en el artículo 45 inciso a) de la Ley N° 23.187, por haber incurrido en infracción al artículo 6° inciso e) en concordancia con el artículo 44 incisos d), g) y h) de dicho cuerpo legal y los artículos 10 inciso a), 14 y 15 del Código de Etica.

Para decidir de ese modo, se tomó en cuenta, como principal elemento de cargo, un mensaje de correo electrónico atribuido a dicho letrado, dirigido a La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada, fechado el 11 de marzo de 2009 (fs. 819). El procedimiento disciplinario se inició con motivo de la denuncia de otro profesional, contratado por la destinataria del mensaje, quien se refirió al contenido del mensaje enviado como violatorio de los artículos 14 y 15 del Código de Etica. De conformidad con su texto, el autor del mensaje se refería a la incomparecencia del letrado de la empresa a una audiencia de mediación, en términos que, según el órgano disciplinario actuante, agraviaban al profesional denunciante y lo descalificaban ante su poderdante.

En la decisión se hizo mérito de la defensa del sancionado, quien adujo que el correo electrónico no sería un elemento determinante e imputable a su conducta. El tribunal interviniente sostuvo que el texto del mensaje de correo electrónico guardaba relación con los hechos que el denunciado había reconocido en su descargo, en cuanto a la incomparecencia del letrado de su oponente (La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada) a la audiencia de mediación del 9103/2009. Señala que en tal contexto, el ahora recurrente "no dudó en dirigirse directamente a la mencionada aseguradora, obviando al abogado designado para atender el caso" (fs. 61 vta.). Asimismo, entendió que el Dr. C. S. no podía desvincularse del mensaje de fojas 8/9 y observó que no especificó que alguien pudiera tener acceso a su cuenta de correo electrónico y quisiera perjudicarlo dentro de su núcleo académico y personal. Tampoco indicó quién podría ser autor del correo electrónico en cuestión. El tribunal tomó en cuenta que el mensaje había partido de la dirección de correo electrónico del imputado, y que corre por exclusiva responsabilidad de éste permitir el acceso a dicha dirección a pocos colaboradores de su confianza, según surgía de las declaraciones testimoniales prestadas en el sumario.

II. Que contra dicha decisión el profesional sancionado dedujo a fojas 67/76 el recurso previsto en el artículo 47 de la Ley N° 23.187.

En primer lugar, se agravia porque el Tribunal de Disciplina consideró auténtico el mensaje de correo electrónico aportado por el denunciante y tuvo por probada su existencia. Afirma que debió haberse producido una prueba pericial informática que indicara si el correo se encontraba en el servidor de La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada y, en su caso, constatar la autenticidad del mismo y la dirección de procedencia. Entiende que el mensaje no cumple con los requisitos de inalterabilidad, autenticidad y firma digital y que, al haber sido desconocido por su parte, debía probarse su validez. Sostiene que ello no sucedió debido a la negativa a la prueba pericial.

Por otra parte, se agravia porque se consideró que su parte había remitido el mensaje, sobre la base de que los hechos relatados allí coinciden con los referidos por él en su escrito de descargo. Observa que la casilla de correo ..., aunque posee sus iniciales, es una casilla masiva y que su parte desconoce "si dicho correo fue efectivamente enviado por algún otro sujeto de las decenas de personas que poseen acceso a la casilla" (fs. 69 vta.). Concluye que no se encuentra probado que el mensaje haya sido enviado por su parte, "siendo que los testigos han dicho que cualquiera ha podido enviarlo, cualquiera que tenga el acceso a la clave y que de hecho son muchas las personas que la poseen y utilizan la cuenta electrónica a diario" (fs. 69 vta.).

Otro agravio se basa en que la decisión apelada indica que el tribunal se habría basado en una íntima convicción, sin expresar de qué modo llega a alcanzar esa convicción. Vinculado con ello, señala que no se han valorado adecuadamente su descargo ni las declaraciones testimoniales, en particular, porque su parte ha resaltado que el acceso a la casilla de correo electrónico es masivo y que muchos colegas poseen la contraseña.

Afirma que en la resolución cuestionada se invierte la carga de la prueba, al pretender que sea su parte la que prueba quien fue el autor del mensaje. Formula consideraciones acerca del principio de inocencia y del principio acusatorio.

Por otra parte, se agravia porque el fundamento de la denuncia es una "simple copia de un reenvío" y que no puede considerarse que las conductas realizadas por otros (en caso de haber existido el mensaje) le sean imputables. Afirma que el juez debe contar con una prueba evidente de la autoría atribuida (fs. 72 vta.).

Por último, se refiere a la "actitud irrespetuosa" que habría tenido el letrado denunciante en ocasión de la audiencia de mediación y puntualiza que otros letrados con acceso a la cuenta de correo electrónico podrían haber enviado el mensaje en que se sustenta la imputación.

III. Que a fojas 101/107 la representación letrada del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contesta el memorial de agravios y expone las razones por las que estima que el recurso debe ser desestimado.

IV. Que luego de que se expidiera el representante del Ministerio Público Fiscal en torno a la admisibilidad formal del recurso (fs. 109), el trámite del expediente tuvo una serie de vicisitudes procesales (v. sentencia de fs. 110/111 y declaración de nulidad de fs. 133), que derivaron en su radicación en esta Sala. A fojas 161 pasaron los autos a resolver.

V. Que en primer lugar corresponde señalar que la falta enrostrada al recurrente se encuentra prevista en el artículo 6° inciso e) de la Ley N° 23.187, que establece como deber de los abogados el de "comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el ejercicio profesional" y el artículo 44 incisos g) ("incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el Colegio") y h) ("todo incumplimiento de las obligaciones o deberes establecidos por esta ley") del mismo cuerpo legal. Ello, en concordancia con las siguientes disposiciones del Código de Etica: artículos 10 inciso a) ("utilizar las reglas de derecho para la solución de todo conflicto, fundamentado en los principios de lealtad, probidad y buena fe"), 14 ("Todo abogado debe respetar la dignidad de sus colegas y hacer que se la respete. No debe compartir la maledicencia del cliente hacia su anterior abogado, ni respecto del que represente o patrocine a la contraparte. Debe abstenerse de expresiones indebidas o injuriosas respecto de sus colegas, así como aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos, religiosos o raciales que puedan resultar ofensivos o discriminatorios. Los sentimientos hostiles que puedan existir entre los clientes no deben influir en la conducta y disposición de los abonados entre si") y 15 ("[...] El abogado no debe tratar, directa o indirectamente, ni arribar a ningún tipo de convenio o acuerdo con personas patrocinadas y/o asesoradas por otro colega, sin la intervención o conocimiento de éste"). Cabe añadir que se tomó en cuenta la inexistencia de antecedentes disciplinarios del profesional (art. 26 inc. c) del Código de Etica) y que la sanción aplicada (llamado de atención) es la más leve que prevé el artículo 45 de la Ley N° 23.187.

V.1. En atención a la índole de los agravios vertidos se impone formular algunas consideraciones desde el punto de vista fáctico.

El procedimiento disciplinario se inició por una denuncia de un colega del ahora recurrente. Aquél recibió una nota de La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada, que tenía como anexo una copia de un mensaje de correo electrónico recibido por esa entidad (v. fs. 819). El mensaje aparece enviado el día 11/03/2009 y figura como remitente el letrado sancionado (con la casilla de correo: ...) hacia la dirección:... Desde esta última, el mensaje fue reenviado al Sector de Legales de dicha entidad aseguradora (...). Por otra parte, el mensaje aparece al pie firmado por: D. G. C. S., de C. S., D. & Asociados - Abogados, indicando además la dirección y teléfonos (v. fs. 9).

Según interpretó el Tribunal de Disciplina, el contenido del mensaje tenía entidad para desacreditar al letrado de la compañía de seguros, Dr. F., ante su poderdante.

V.2. El recurrente ha puesto en duda la existencia del mensaje de correo aportado por el denunciante. Sin embargo, cabe señalar que la impresión de dicho mensaje fue remitida al denunciante por un dependiente de la compañía aseguradora, en soporte papel, con una nota. Es decir, la nota y su anexo (el mensaje de correo electrónico) constituyeron la base de la imputación. Por lo tanto, el recurrente, más que referirse a la cuestión de la autenticidad de los correos electrónicos, debió señalar que la nota emitida por La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada, que daba cuenta de la recepción de tal mensaje, era apócrifa y las razones que lo llevaban a considerarla de ese modo. En efecto, al quedar impreso el mensaje de correo y ser acompañado a una nota (esto es, un soporte físico) que expresamente hace referencia al mensaje como recibido por la entidad, la cuestión relevante dejaba de ser la validez probatoria del correo electrónico, sino la autenticidad de la nota, que aludía explícitamente al mensaje como recibido por la entidad de seguros. Por lo tanto, las críticas a la resolución apelada en cuanto a que no consideró el planteo relativo a la existencia del mensaje de correo electrónico no aparecen debidamente fundadas.

V.3. Por otra parte, la interpretación que hace el recurrente de ciertos tramos de la resolución impugnada es desacertada. El tribunal interviniente consideró, entre los indicios que daban credibilidad al mensaje (en cuanto a su existencia y expedición), y podían sustentar un juicio de reproche, la circunstancia de que en él se hacía referencia a hechos que efectivamente acaecieron, y que el recurrente había reconocido en su descargo. Tales hechos eran la incomparecencia del letrado de su contraparte, el Dr. F., a una audiencia de mediación y una presunta "actitud irrespetuosa" de parte de éste (y. fs. 73). En el mensaje de correo electrónico se hacía referencia a que dicha audiencia había tenido lugar 9 de marzo de 2009, lo cual se corresponde con la carta de fojas 6. Por otra parte, el mensaje electrónico data del 11 de marzo de ese año, de modo que existe una correlación temporal entre los hechos del día de la audiencia y el envío de aquél.

Por otra parte, si bien el recurrente pone en duda que el mensaje (cuya existencia también niega) haya sido enviado por él, ya que pudo haber sido enviado por otra persona con acceso a la cuenta, es importante observar que no niega la existencia de la cuenta: ..., desde la que se envió el mensaje cuestionado. En tal contexto, el hecho de que el nombre de usuario de la cuenta coincidiera con las iniciales de su nombre y apellidos, así como la "firma" que aparece al final del mensaje (indicando su nombre completo, nombre del estudio jurídico, domicilio y teléfonos; v. fs. 9), abonan la tesis del a quo, en cuanto a que el envío se produjo desde esa cuenta.

En ese entendimiento, no aparece debidamente refutada la afirmación del tribunal actuante en cuanto a que "corre por su exclusiva responsabilidad [del imputado] permitir el acceso al mismo a pocos colaboradores de su confianza" (considerando 6). Aun cuando la dirección electrónica de origen fuera una cuenta "masiva", el recurrente reconoce que estaba afectada al uso de sus tareas profesionales, ya que desde allí se evacuaban consultas.

Tampoco puede dejar de advertirse que los hechos acaecidos en la audiencia de mediación sólo eran conocidos por las personas que intervinieron en ella, que en el caso fueron, según se señala en el descargo, el ahora recurrente y otro profesional de su estudio (v. fs. 36). Aun cuando el recurrente afirma que personas allegadas profesionalmente a él y con acceso a la cuenta de correo electrónico pudieron enviar el mensaje, la presunción de inocencia se debilita en la medida en que éste tenía responsabilidad exclusiva en la decisión de quiénes podían hacer uso de esa cuenta y enviar mensajes desde ella. Ello, sumado al conocimiento personal y directo que tuvo el recurrente de los hechos que atribuye al Dr. F. (lo cual, como se dijo, surge de su escrito de descargo, especialmente a fs. 36), revela que el órgano de disciplina valoró con seriedad los elementos de juicio disponibles. Por lo tanto, no aparece como debidamente rebatida la conclusión de que el mensaje se originó en la dirección de correo del recurrente (v. sexto agravio).

Por otra parte, cualquiera fuera la indignación que produjera al recurrente la conducta del letrado de su contraparte (según se infiere de las "consideraciones particulares" de su escrito recursivo; fs. 73), lo cierto es que ello no justifica una violación de normas éticas como las que se configuran a partir del contenido del mensaje de correo electrónico. En todo caso, el recurrente debería haber denunciado a su colega en forma oportuna ante el Colegio, si estimaba que la conducta de éste era violatoria de normas éticas, en vez de extenderse en consideraciones que no tienen entidad para justificar los hechos que a él le son imputados.

En otro orden de consideraciones, no aparece como adecuadamente fundado el agravio en cuanto a que la decisión apelada se basó en una "plena convicción" (v. tercer agravio: fs. 70), ya que el decisorio expone los elementos en que se basa para efectuar el reproche disciplinario. Por lo demás, no aparece vulnerado el principio de inocencia, toda vez que la afirmación del recurrente, en cuanto atribuye al a quo pretender que se acredite la autoría del correo electrónico, no toma en cuenta el contexto en que tal aseveración es efectuada. En efecto, atento a los elementos de juicio que revelan las condiciones de tiempo, lugar y modo en que se emitió el mensaje cuestionado, era una carga procesal del recurrente desvirtuar los elementos de juicio que, inequívocamente, conducen a considerarlo autor de la conducta susceptible de reproche ético.

VI. Por consiguiente, los agravios del recurrente no rebaten los fundamentos del decisorio apelado, en la medida en que el juicio de reproche se basa en antecedentes de hecho que fueron debidamente merituados por el tribunal a quo. En tal contexto, las demás alegaciones del actor son inconducentes, debiendo tenerse en cuenta que los jueces no están obligados s seguir a las partes en la consideración de todos y cada uno de los agravios expresados, sino a atender a aquéllos que estimaren conducentes para resolver la cuestión debatida (Fallos 300:522 y 1163; 301:602; 302:1191; 311:340; entre muchos otros).

Por las razones expuestas, el Tribunal resuelve: Rechazar el recurso deducido por el Dr. D. G. C. S. y confirmar el pronunciamiento de fojas 60162. Con costas al recurrente vencido, en virtud del principio general de la derrota (art. 68 primera parte del CPCCN). Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Guillermo F. Treacy. — Pablo Gallegos Frediani. — Jorge F. Alemany.


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