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Autos y vistos

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Trenque Lauquen, 30 de agosto de 2005.

AUTOS Y VISTOS:

Las constancias de la causa, y las intimaciones previamente realizadas al apoderado fiscal.

RESULTA:

De las constancias acreditadas a fs. 35 a 37 surge que las partes convinieron que las deudas reclamadas en el presente proceso se cancelarían al pagarse la suma de $ 2.451,07 al incluirse la deuda reclamada en el régimen de regularización impositiva previsto en la ley 12.914, decreto 1309/01, disposición normativa B 30/05 y demás normas concordantes.

Del acuerdo surge que en concepto de gastos del presente proceso se cobró al contribuyente la suma de $ 842,89, lo que representa el 34,38% del importe de deuda reconocido por ambas partes.

Oportunamente se intimó al apoderado fiscal (ver fs. 39) a: i) acreditar los comprobantes de la presentación de la deuda en la moratoria, ii) discriminar, justificar y acreditar los comprobantes y/o dar razón, de los gastos de estudio percibidos incluidos en la cláusula segunda del acuerdo de pago agregado a fs. 30/31; iii) discriminar por ítem los conceptos por gastos causídicos cobrados al demandado y su correlación con los gastos incluidos en la cláusula segunda del acuerdo de pago; iv) aclarar si el importe de aportes realizado a la Caja Previsional de Abogados, ya que de los importes acreditados surgiría que se cobró al demandado: a) el 20% sobre el 100% de los honorarios convenidos, suma que se acreditó en la cuenta particular del profesional; b) el 20% sobre el 60% de los honorarios netos (descontando el IIB y el 10% de aportes), importe depositado en la cuenta de los letrados de la Fiscalía de Estado; c) el anticipo de $ 25 al demandado (no deduciéndose del 10% correspondiente al importe a cargo del profesional como obligación propia). Es decir se trasladó al demandado como gasto del proceso un importe superior al 10% de los honorarios convenidos. Ninguna de dichas intimaciones fue contestada por el apoderado fiscal.

CONSIDERANDO:

Dado los antecedentes antes referidos surge una cuestión a resolver: ¿Son legítimos los gastos causídicos cobrados por el apoderado fiscal?

El artículo 97 bis del Código Fiscal, establece que los gastos causídicos se deben calcular sobre la deuda fiscal liquidada con los beneficios contemplados en el régimen de que se trate. En el presente caso, los beneficios otorgados para extinguir la deuda reclamada implicaron que según el acuerdo aportado por el apodera fiscal la pretensión fiscal asciende a $ 2451,07. Por lo tanto y hasta tanto se acredite que se incumplió con el acuerdo de pago presentado en autos, los gastos causídicos deben calcularse sobre dicho importe. Los beneficios extraordinarios otorgados por el fisco provincial en el caso, aparejaron una reducción sustancial de los intereses moratorios y punitorios (cfme., arts. 4, 5 y 7 DN B 30/05, DPR).

El acuerdo acompañado y demás constancias acreditadas a fs. 28 a 37, no tuvieron en consideración lo dispuesto en el artículo 505 del Código Civil (texto según ley 24432) en cuanto dispone que el importe de las costas derivadas de la primera instancia no puede superar el 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Por su lado, tampoco puede sostenerse que existió una libre disposición de la asunción de las costas en el convenio presentado, que ponga a resguardo el derecho de defensa del demandado, y los principios de lealtad, probidad y buena fe procesal, debido a: i) la celebración del acuerdo sin que exista patrocinio letrado del contribuyente, y ii) la necesidad de abonar las costas del proceso para poder gozar de los beneficios otorgados en la moratoria.

Toda vez que la presente causa concluiría por el acogimiento del demandado a un régimen de moratoria, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 97 bis del Código Fiscal, y que el apoderado fiscal liquidó y cobró los gastos causídicos con anterioridad a acreditarse en el expediente las constancias del efectivo acogimiento y cancelación de la deuda, considero que en esta instancia procesal los límites del artículo 505 del Código Civil (i.e., que las costas no pueden superar el 25% del monto del proceso), deben calcularse sobre la base establecida en el acuerdo de pago presentado y en un todo conforme con el artículo del Código Fiscal antes mencionado, es decir, sobre la deuda fiscal liquidada con los beneficios contemplados en el régimen de que se trate (sobre la aplicación del art. 505 CC a los procesos judiciales en la pcia. de Bs. As. ver, SCJBA, act. "Macalusi, José Luis c/ Siderar SAIC daños y perjuicios", L 81.838, en particular votos de los Dres. de Lázzari, Pettigiani, y Roncoroni, y más recientemente, Act. 82.557, "Banco de La Pampa c/ Cuevas Emilio Alfredo s/ Cobro ejecutivo“ 8.6.05). Ello así, y conforme el actual estado y hasta tanto se acredite la efectiva cancelación de la deuda y/o la continuación de la causa, los gastos causídicos a cargo del contribuyente no deben superar el 25% de $ 2.451,07. Lo que implica que el límite total de gastos a cargo del deudor es de $ 612,76.

En el presente caso el actor denunció que le cobró al contribuyente un importe de $ 842,89, lo que representa, reitero, el 34,38% del monto de la deuda liquidada conforme los beneficios otorgados en la moratoria y puesta de manifiesto en el acuerdo firmado por las partes.

Corresponde por lo tanto y en ejercicio de los deberes impuestos en los arts. 34, 35 y 36 CPCC, y conforme las facultades dispuestas por el art. 77 in fine CPCC (cfme., Morello, Sosa, Berizonce, Tessone, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. As. y de La Nación, Tomo II-B, pág. 252, Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, 2002; Cám. 2ª Sala III, LP, causa B-34.345, reg. int. 163/72 citada en la obra antes mencionada), y en resguardo de los principios de lealtad, probidad y buena fe (ver Gozaíni, La Conducta en el Proceso, pág. 14 y ss, Librería Editora Platense, 1988; Temeridad y Malicia en el Proceso, pág. 25 y ss, Rubinzal - Culzoni, 2002), y el mantenimiento de la igualdad entre las partes, analizar la naturaleza y cuantía de los gastos cobrados por el apoderado fiscal al demandado, más aun cuando, el profesional interviniente celebró un convenios en forma directa con la contraparte, sin la intervención de su abogado (contrariando el art. 39 de las Normas de Ética Profesional para los abogados de la Provincia de Buenos Aires), lo que podría implicar una lesión en los términos del artículo 954 CC.

Adviértase que "...los gastos que no estan determinados por la exigencia inmediata de la tramitación, no entran en el concepto de costas; o, en otros términos," (las costas) "sólo están formadas por los gastos que necesariamente ha debido efectuar el vencedor para hacer triunfar su derecho..." (Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo IV, pág. 532, Ediar S. A. Editores, 1961; Cfme., Gozaíni, Costas Procesales, pág. 56, Ediar, 1990; Reimundin, La Condena en Costas en el Proceso Civil, pág. 55, Víctor P. Zavalía, 1966; Loutayf Ranea, Condena en Costas en el Proceso Civil, pág. 2, Astrea, 2000).

En concepto de aportes previsionales se cobró al contribuyente la suma de $ 95,59 (ver fs. 28, 29 y 35), sin considerar el anticipo previsional, cuando conforme los términos de los artículos 12 y 13 de la ley 6716 sólo le podía cobrar la suma de $ 31.86 (10% de los honorarios acordados en la suma de $ 318,64). Es decir el apoderado le cobró ilegítimamente al contribuyente la suma de $ 63,73.

Adicionalmente le cobró la suma de $ 35 en concepto de bono y jus, cuando de la causa no surge que se hubiera abonado al inicio de las actuaciones un jus previsional de $ 25, sino que conforme fs. 12 se abonó un peso (tal como lo dispone el acuerdo celebrado entre Fiscalía de Estado y la Caja de Previsión Social para Abogados, que se encuentra agregado en el expediente fs. 7). Por otro lado, e independientemente del importe ($ 25 o $ 1), el anticipo previsional se paga a cuenta del 10% del honorarios establecido como obligación a cargo del profesional, que no integra la imposición en costas (cfme., JUBA, CC0201 LP, B 83868 RSI-70-97 I 4-3-1997 causa, "Granavetter, José c/ mansilla, Hugo Omar s/ Daños y perjuicios").


El derecho fijo establecido por ley 8480 no se encuentra comprendido en las erogaciones que pueden ser trasladadas como gastos causídicos, debido a que ese pago configura una contribución personal del profesional destinada al mantenimiento de su colegiatura (cfme., JUBA, CC0101 MP 83612 RSI-613-92 I 4-8-1992, causa, "Beherán Eduardo Al. c/ Solari Guzmán H. s/ cobro"; CC0101 MP 81109 RSD-417-92 S 3-12-1992, causa, "Zarategui de Miguel, h. c/ Casas de Maggi, Gloria s/ Incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios"; JZ0000 VG 972 I 13-7-1998, causa Barrera de Luque, Elsa c/ Sconza José s/ ejecución"; Lexis Nexis, C. Nac. Com., Sala E, 3.7.01 "Círculo de Inversores SA de ahorro p/f determinados c/ Sosa Miguel Ángel y otro s/ ejecución prendaria"; C. Nac. Cont. Adm., Fed., Sala 4, 26.8.97, "Novosad Isabel c/ CPACF" causa 7545/96).

Por lo tanto, el apoderado fiscal cobró al contribuyente sin fundamento la suma de $ 35 en concepto de bono y jus.

El cobro al contribuyente del impuesto a los ingresos brutos devengado por los honorarios del profesional es improcedente, ya que las obligaciones impositivas (con excepción del IVA) derivadas de la percepción y/o devengamiento del honorario acordado, son obligaciones personales del apoderado fiscal que en modo alguno pueden ser consideradas gastos causídicos a cargo del contribuyente (cfme., Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo IV, pág. 533, Ediar S. A. Editores, 1961, quién manifiesta, "En cambio, no comprende el importe de las estampillas porque éste no es un gasto del litigante sino un impuesto del profesional..."; Morello, Sosa, Berizonce, Tessone, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. As. y de la Nación, Tomo II-B, pág. 256, Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, 2002 "...el impuesto que grava el ejercicio de la profesión de martillero no integra las costas del juicio, y su pago debe ser hecho por quien se desempeña como rematador...Cám. Nac. Com. Sala BV, 24.11.65, LLv127,p. 709, 13.326-S." ).

Por último el apoderado fiscal le cobró al contribuyente el importe de $ 300 en concepto de gastos de inicio, fotocopias, estudio, diligenciamientos, viajes, etc.

Requerido que fue el apoderado (ver fs. 39) a discriminar, justificar y acreditar los comprobantes y/o dar razón de esos gastos (incluidos en la cláusula segunda del acuerdo de pago agregado a fs. 35/36), omitió acompañar todo tipo de comprobante y/o explicación que los fundamente. En el expediente no se acreditaron hechos que razonablemente justifiquen los gastos cobrados (las fotocopias que pudieron realizarse no son más de 15 fojas), asimismo no se acreditaron los comprobantes que requiere la resolución AFIP-DGI 1415/03 y DN B 1/04, art. 621, DPR Bs. As., para todo gasto mayor a 10 pesos, lo cual podría configurar la existencia de infracciones tributarias (e.g., arts. 40, 45 o 46, ley 11.683, arts. 53, 54, 64 Código Fiscal pcia. Bs. As.), la percepción de honorarios encubiertos, y/o el cobro de gastos inexistentes. No existe disposición normativa que autorice al apoderado fiscal a cobrar gastos presuntos.

Los gastos cobrados no se sustentan en hechos y documentos acreditados en el expediente, por lo tanto corresponde declararlos improcedentes. Al respecto se ha expresado: "...las erogaciones deben justificarse con la documentación pertinente (Cám. 2ª, Sala I, LP 89.646, RI 186/98) y el importe ajustarse a las costumbres y precios corrientes (Cám. 2ª, Sala I, LP, B 81.744, RS 236/96)..." (Morello, Sosa, Berizonce, Tessone, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. As. y de la Nación, Tomo XB, pág. 343, Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, 2005).

Por todo lo antes mencionado, entiendo que en el caso se exigieron al contribuyente importes en materia de gastos causídicos en violación a normas de orden público (leyes previsionales e impositivas), a los límites establecidos en el artículo 505 del CC, y a las constancias y comprobantes acreditados en autos. Estos hechos, realizados por quién representa al estado provincial en una causa judicial, configurarían adicionalmente, una violación a la confianza que todo ciudadano tiene derecho a depositar en quién ejerce una representación estatal.

Conforme las facultades otorgadas en los artículos 34, 35, 36 y 77 in fine del CPCC, entiendo que corresponde se reintegren al contribuyente los importes cobrados en demasía en concepto de gastos causídicos, conforme los lineamientos antes mencionados. Ello así, a fin de poner a buen resguardo los principios de probidad y lealtad que deben regir en el proceso y el derecho de propiedad del contribuyente. A tal efecto, y en caso de incumplimiento de lo antes ordenado el demandado podrá solicitar su ejecución en la presente causa.

En función de las consideraciones y citas legales antes mencionadas RESUELVO:

1.- Ordenar al apoderado fiscal Dr. L.R. que reintegre al contribuyente en el plazo de 10 días los importes cobrados indebidamente, en materia de aportes previsionales, gastos de estudio, ingresos brutos, bono ley 8480 y anticipo previsional, conforme los lineamientos antes mencionados.

2.- Librar oficio a la Dirección Provincial de Rentas, Delegación Trenque Lauquen, a fin que informe: i) si la deuda reclamada en el presente juicio se incluyó en alguna moratoria impositiva, ii) el importe por el cual se liquidó la deuda contemplando los beneficios del régimen, iii) si se canceló la deuda, y/o se efectuaron pagos de las cuotas respectivas. En su caso deberá acompañar copia de los comprobantes de pago y los formularios de presentación de la deuda en la moratoria.

Regístrese y notifíquese por Secretaría, a la parte demandada en el domicilio denunciado, a la actora en el constituido, y a la delegación local de la Fiscalía de Estado atento las irregularidades mencionadas.


Pablo C. Germain

Juez Contencioso Administrativo


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