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“castillo, carina viviana; rebullida carrique, maría laura; alaniz, maría socorro del milagro; fernández, adriana mariel: fernández gómez, nancy; glik, alejandra; simóN, maría natalia; villareal cantizana, claudia susana; leonard

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Guillermo Félix Díaz, dijo:

1º) Que si bien me he excusado de intervenir en todos los expedientes en los que el Dr. Gonzalo Varela actúa como patrocinante o apoderado, en razón de ser patrocinante mío y de mis hijos en el sucesorio de mi esposa, entiendo que tratándose en el presente de una acción de amparo no se dan a su respecto las razones de extrema excepcionalidad que prescribe la Constitución de Salta para autorizar el apartamiento en esta clase de procesos. Debe recordarse además que el Dr. Varela ya no actúa como procurador fiscal, razón por la cual no es él quien ha contestado los agravios por el Estado provincial.

2º) Que en cuanto a la reseña de los hechos, me remito al considerando 1º del voto de los Dres. Posadas, Catalano, Ferraris y Vittar.

3º) Que adhiero también a los fundamentos y solución jurídica propuestas en el considerando 2º con relación al apartado primero de la parte dispositiva del fallo impugnado.

4º) Que en cuanto al fondo de la cuestión en debate, adhiero a los fundamentos vertidos en el considerando 4º del voto de los Dres. Posadas, Catalano, Ferraris y Vittar, en tanto comparto el criterio allí sustentado, en el sentido de señalar que las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias atacadas no son inconstitucionales en sí mismas.

En efecto, establecer, como lo hace el art. 49 de la Constitución provincial (en consonancia con las disposiciones de los arts. 12 párrafo 4to. de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en lo pertinente los arts. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 18 párrafo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en sentido correspondiente, los arts. 28 y 29 de la Convención sobre Derechos del Niño), el derecho de los padres y, en su caso, los tutores, a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones, no es otra cosa que plasmar el derecho de mayorías y minorías a una determinada formación escolar para sus hijos o pupilos. En este sentido debe entenderse la disposición de la ley de educación nº 7546, en la medida que atiende al respeto de la posición de padres y tutores con relación a la religión. Así, el objetivo de brindar educación religiosa dentro del plan de estudios y en horario de clases, atendiendo a la creencia de padres y tutores quienes deciden sobre la participación de sus hijos y pupilos, no es un objetivo que en sí mismo viole la libertad de conciencia o el derecho a una determinada educación de los hijos o pupilos; sino, por el contrario, se trata de normas que dejan a salvo el derecho de las minorías religiosas, o ateas o agnósticas.

Sin embargo, entiendo que debe reconocerse que determinados actos de ejecución de esas disposiciones pueden eventualmente resultar discriminatorios si importan avanzar sobre el derecho a la libertad de conciencia, por un lado; y sobre el principio de educación común, plasmado expresamente en la Constitución local, por otro.____

Nótese que si en lugar de solicitar a los padres o tutores de los alumnos que se expresen por la negativa con relación a la educación católica, se pidiese que aquellos que quieren educación especial religiosa lo hagan por la afirmativa, indicando el culto correspondiente, se estaría resguardando la libertad de no manifestar la posición frente a la religión de quienes no quieran hacerlo.

Como quedó dicho más arriba, debe reconocerse también que las disposiciones constitucionales atacadas protegen adecuadamente el derecho de las minorías (en tanto cualquier otro credo no católico tiene también la posibilidad –como lo reconocía el ex Ministro de Educación Dr. Leopoldo Van Cauwlaert al contestar la demanda de amparo- de solicitar su hora curricular respectiva) que, como se advierte, deberían manifestarlo positivamente.

Además, solamente es posible salvar el principio de la educación común, que prescribe la Constitución salteña, reconociendo que la instrucción religiosa es una materia especial a impartirse en la escuela pública a quien lo solicite positivamente, sea del culto reconocido que fuese, sin obligar a ninguno a manifestar su posición frente a la religión.

Debe quedar claro, entonces, que las prácticas de un determinado culto deben quedar reservadas a la hora curricular que se haya dispuesto para la instrucción del respectivo culto de que se trate.

Bajo estas consideraciones, entiendo que deben rechazarse los recursos de apelación deducidos en contra de los apartados I y II de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 806/828 vta.; y hacerse lugar parcialmente al recurso de apelación deducido en contra del apartado III de la parte dispositiva del fallo y, en su mérito, revocar parcialmente la decisión de prohibir las prácticas religiosas en las escuelas públicas, las que deberán quedar reservadas al horario curricular correspondiente a cada culto sobre el que exista petición expresa; disponiendo que se arbitre un programa alternativo para quienes hayan guardado silencio frente a la solicitud genérica que se remita a padres y tutores en torno al derecho de obtener educación religiosa en la escuela.

Por lo que resulta de la votación que antecede,

__________________________ LA CORTE DE JUSTICIA,

_______________________________ RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de apelación deducido en contra del apartado I de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 806/828 vta.

II. RECHAZAR el recurso de apelación deducido en contra del apartado II de la parte dispositiva de la referida sentencia.

III. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación deducido en contra del apartado III de la parte dispositiva del fallo y, en su mérito, revocar la decisión de prohibir las prácticas religiosas en las escuelas, las que deberán efectuarse durante el horario fijado para la enseñanza de la materia, y disponer que se arbitre un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica.

IV. IMPONER las costas por el orden causado, en ambas instancias.

V. MANDAR que se registre y notifique.






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