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Código Fiscal para el Estado de Morelos

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Código Fiscal para el Estado de Morelos



Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Dirección General de Legislación.

Subdirección de Informática Jurídica.

Descripción: consejería jurídica Descripción: Escudo

Última Reforma: 19-11-2014










CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS


OBSERVACIONES GENERALES.- El artículo segundo transitorio deroga las disposiciones contenidas en el Libro Primero que contiene los artículos del 1 al 163 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos de 1983/12/30. POEM No. 3151, Sección Segunda de 1984/01/04, y deroga el Libro Primero que contiene los artículos del 1 al 90 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos de 1983/12/30. POEM No. 3151 Sección Tercera de 1984/01/04.

El artículo tercero transitorio antepone salvedades a las derogaciones anteriores.

- Se reforma el artículo 4º por Artículo Séptimo del Decreto No. 825 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4627 de fecha 2008/07/16.

- Se reforma el actual párrafo tercero y se adicionan los párrafos del primero al quinto, recorriéndose en su orden los actuales del primero al quinto para ser del sexto al décimo del artículo 31; y se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 39 por artículo Cuarto del Decreto No. 264 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5053 de fecha 2012/12/26. Vigencia 2013/01/01.

- Se reforman el último párrafo, del Artículo 71 por artículo ÚNICO del Decreto No. 1767, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5237 de fecha 2014/11/19. Vigencia 2014/11/20.




















JORGE CARRILLO OLEA, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:


Que el H. Congreso del Estado, se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:


LA HONORABLE CUADRAGESIMA SEXTA LEGISLATURA, DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO QUE LE CONFIERE LA FRACCION II DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL, Y


CONSIDERANDO:


I.- Que por lo que hace las disposiciones contenidas en el libro primero de la Ley General de Hacienda del Estado, publicada en la sección segunda del Periódico Oficial Número 3151, de fecha 4 de enero de 1984, que regulan la relación tributaria entre el fisco estatal y el contribuyente, encontramos que no obstante las reformas producidas en el año de 1990 a diversos artículos y sobre tal relación; hoy en día tales disposiciones resultan insuficientes e incluso en algunos casos deficientes, al haberlas superad() la dinámica social y económica que prevalece en nuestra Entidad y el país en su conjunto; en perjuicio de los principios que deben caracterizar la administración tributaria como son la economía, la certidumbre, la uniformidad y hasta la comodidad, entre otros.


II.- Que en relación a la Ley de Hacienda Municipal publicada en la sección tercera del Periódico Oficial Número 3151, de fecha 4 de enero de 1984, advertimos que las disposiciones contenidas en el libro primero del citado ordenamiento y que pretenden regular hoy en día las relaciones tributarias entre el fisco municipal y su universo de contribuyentes, no han sufrido desde la fecha de su publicación, ninguna adecuación; circunstancia que ha dejado en franco rezago dicho ordenamiento frente a las propias leyes de ingresos municipales e incluso frente a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, que demandaban una urgente actualización, para dar homogeneidad y congruencia con las atribuciones que en materia fiscal le corresponden a los ayuntamientos, de conformidad a la Carta Magna, al Código Supremo en el Estado, a las Leyes de Ingresos respectivas, estas últimas también vinculadas con los propios presupuestos de egresos, y por supuesto, a la Ley Orgánica Municipal.


III.-Que a través del presente ordenamiento se pretende agrupar las disposiciones que regulen la relación tributaria de ambos niveles de gobierno, es decir tanto del estado como de los Ayuntamientos. A este respecto conviene señalar que la naturaleza jurídica de la relación tributaria entre fisco y contribuyente, o bien entre fisco y administrado, surgen de la misma potestad soberana consagrada en el artículo 30 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone la obligación de los nacionales de contribuir para los gastos públicos, de la Federación, del Estado y del Municipio en que residan, sin que sea obvice mencionar que la multiplicidad de vínculos que surgen en materia tributaria, genéricamente son los mismos para el Estado que para los Municipios, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, tales como: la denominación de sujetos, responsables solidarios u objetivos; la identificación de los ingresos ordinarios y extraordinarios; el concepto de crédito fiscal, su nacimiento, lugar y forma de pago, hipótesis de morosidad, causas de extinción; las obligaciones secundarias en materia fiscal, las facultades de fiscalización; el procedimiento administrativo de ejecución y los recursos, entre otros. Atribuciones todas que pueden regularse, válida y legalmente en un solo texto normativo, cuya aplicación será supletoria frente a las demás leyes tributarias de los dos niveles de gobierno.


IV.-Que los recursos públicos de cada nivel de gobierno, implica la coincidencia de disposiciones normativas que regulen tanto los ingresos, la gestión y administración de los recursos financieros y finalmente el gasto, que son las tres grandes manifestaciones del fenómeno financiero, entre las que el derecho tributario viene a ser pues ese conjunto de normas que regulan la acción del estado tendiente a lograr en forma coactiva cierto tipo de prestaciones, primordialmente pecuniarias, para el financiamiento de los fines institucionales. Dichas normas constituyen en un primer momento emanación de un poder soberano, el ente público en su función legiferente. El proceso de penetración del derecho en el ámbito tributario se lleva a cabo en un primer momento a través de la función legislativa, mediante la configuración normativa de los presupuestos de hecho a los cuales se va a vincular el nacimiento de la obligación de cumplir con la prestación pecuniaria. El segundo momento dentro de este proceso de penetración se da cuando el legislador regula la forma de hacer efectiva por parte del estado esta prestación, dado el supuesto de incumplimiento por parte del sujeto obligado, o simplemente de aplicación a los casos concretos de las normas. En el primer caso se está frente al ejercicio de la potestad normativa tributaria que es emanación de soberanía, y en el segundo del poder de imposición, poder que tiene el estado administrador para aplicar las normas.

Así pues, el fenómeno jurídico tributario surge con la emanación de la norma y concluye en cada momento con el debido cumplimiento de la pretensión en ella contenida.


V.- Que con la presente ley se reproduce la complejidad ---sin menoscabo de la simplificación--- que caracteriza el fenómeno tributario, por el que se define la figura del obligado, se configuran los hechos a cuya realización nace la citada obligación, etc., que siempre exige el desarrollo de toda una serie de actividades para cumplir la eficiente, oportuna y correcta recaudación de los ingresos con un respeto irrestricto de las garantías del administrado, otorgándole a éste un sistema de defensa para los supuestos de causación de agravios por parte de la autoridad.


Se incorporan conceptos que hoy admite la doctrina dentro de las obligaciones de sujetos al ordenamiento, adicionando a las relaciones de dar, de hacer y de no hacer, la de tolerar; que aunque implícitamente se regulaban en el texto de Ley de Hacienda, quedan perfectamente establecidas en el nuevo código, ante el ejercicio de las facultades de fiscalización, en las que el contribuyente está obligado a consentir o tolerar.


Resultó también apropiado para esta Soberanía, regular la separación jurídica que existe entre el supuesto y el hecho generador de la prestación fiscal, el primero como entidad jurídica y el segundo como circunstancia a la que la ley le atribuye consecuencias legales, independientemente de la voluntad o intención del sujeto activo.


Dentro de las hipótesis que regulan el crédito fiscal, mención especial merece regulación de los hechos, actos o situaciones jurídicas que provocan su extinción, tales como el pago, la compensación cuando fisco y contribuyente tienen el carácter recíproco de deudores y acreedores, la prescripción o transcurso del tiempo que la ley establece para oponerse al cobro y pago de la prestación, tanto como acción como excepción, la condonación o remisión de deuda, que otorgan mayores garantías al contribuyente y posibilitan a la autoridad dar respuesta a una realidad social que exige mayor sensibilidad de las autoridades.


Inherente al pago que realicen los contribuyentes respecto de un crédito fiscal, por el cual no estaban obligados, o que aun estándolo, el pago fue realizado en demasía, el código aprobado, los faculta para exigir la devolución por pago de lo indebido, derecho que de por sí les asiste de acuerdo a los textos de las leyes de hacienda, pero que hoy se plantea con la innovación de recibir intereses cuando la devolución del fisco sufra retrasos, restituyendo al contribuyente lo que legítimamente debe corresponderle.


Respecto de contribuyentes que para el efectivo cumplimiento de la obligación de pago de un crédito fiscal, se encuentre o se llegaré a encontrar en circunstancias económica desfavorable, así como en los supuestos de las sanciones pecuniarias o multas, el nuevo código obliga a la autoridad fiscal en atender las condiciones particulares del obligado tanto para efecto de pago a plazos como para la condonación total o parcial de las multas, supuestos normativos que provocan mayor sensibilidad en la justicia tributaria.


Dentro de los sujetos obligados frente al fisco, ya sea en forma principal o secundaria, se innova en este sentido al facultar al responsable objetivo obligado a pagar una deuda ajena, para ejercer la acción de regreso contra quien resulta el obligado principal del crédito fiscal.


VI.- Que en los preceptos que otorgan atribuciones a las autoridades fiscales, se observó un escrupuloso respeto de los niveles de competencia estatal y municipal, sometiéndolas estrictamente a los principios de legalidad, certeza y certidumbre, cuando éstos se realicen frente al particular. Creando adicionalmente una dependencia administrativa, que se denomina Procuraduría Fiscal, encargada de vigilar la legalidad de los actos de Gobierno en materia fiscal, que podrá asesorar a los ayuntamientos que así lo soliciten, ejercitar por delegación de éstos la defensa de sus intereses en materia hacendaria, entre otras atribuciones, que permitirá coadyuvar en forma importante a los ayuntamientos en materia técnico-jurídica que exige la contratación de profesionales especializados y de una infraestructura para la cual se carece de recursos.


En relación a las facultades de fiscalización que toda autoridad hacendaria requiere en forma indispensable para procurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, estimular la recaudación y obtener así los recursos necesarios para satisfacer el interés público, se contemplan supuestos normativos que los textos vigentes no establecen, con procedimientos sencillos y alejados de tecnicismos que sólo provocan confusión y son gérmenes muchas veces de actos ilícitos.


VII.- Que sobre el procedimiento administrativo de ejecución fiscal, y ante la falta de cumplimiento de los obligados, el código fiscal aprobado, regula las atribuciones que el fisco, en cualquier lugar y época requiere para obtener en forma coactiva la recaudación para satisfacer el cúmulo de necesidades de carácter social que demanda la comunidad a la que sirve, evitando así, también, que se rompa el principio de equidad, entre los contribuyentes cumplidos que soportan la carga fiscal frente a otros que evaden el pago de los créditos, provocando un déficit que aumente el círculo vicioso entre crecimiento de demandas e insuficiencia de recursos. Actualizando supuesto jurídicos en cada una de las fases en que se integra el procedimiento administrativo de ejecución, a saber, requerimiento, embargo, remate y adjudicación. Sin que tales facultades coercitivas resulten preferentes, sobre las acciones que procuren por otros medios estimular el cumplimiento voluntario de los deudores.


VIII.- Que en materia contenciosa administrativa, el proyecto simplifica los recursos administrativos que los gobernados pueden hacer valer por actos o resoluciones que estimen les causan agravios, reduciéndolos a tres únicamente; y obligando a cualquier servidor público de la administración hacendaria a dar debida cuenta de la interposición de éstos, no obstante que su presentación se hubiere realizado ante autoridad fiscal incompetente. Esto último constituye una verdadera garantía del gobernado, para ser escuchado y obtener la resolución que proceda, no obstante que la exhibición del recurso hubiere sido erróneamente presentado ante servidor público que carezca de facultades para resolverlo.


IX.- Que en materia de infracciones y sanciones se actualiza de conformidad al derecho tributario moderno, los ilícitos que deben ser sancionados para inhibir conductas fraudulentas o de evasión fiscal; obligando a la autoridad a considerar las condiciones particulares del contribuyente y a fundar y razonar debidamente la resolución en la que imponga sanciones. Estatuyendo multas que se van graduando en función de la gravedad del ilícito cometido y del perjuicio que se ocasiona al fisco con ello y sometiendo a la acción sancionadora además, tanto a quienes tengan a su cargo la fe pública como de los funcionarios y empleados administrativos, por la corresponsabilidad que en materia hacendaria les compete.


X.- Que dentro de las últimas disposiciones sustantivas, el código regula una de las facultades más delicadas y de enorme repercusión, que solamente se ejerce en el ámbito penal, y ante los supuestos graves de falsificación de documentos o instrumentos de control fiscal; la defraudación a través del engaño o del aprovechamiento de errores que originen la omisión total o parcial de un crédito, exceptuando en este último caso, cuando el contribuyente entere el importe de lo principal y sus accesorios al fisco; se inutilicen o destruyan sellos impuestos por autoridad fiscal; agravando las penalidades para el caso en que, en la comisión del delito participen pasiva o activamente los servidores públicos hacendados.


Por las consideraciones anteriormente expuestas, este H. Congreso del Estado ha tenido a bien expedir el siguiente:



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