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Código Tributario – Artículo 127 – Ley sobre Impuesto a la Renta – Artículo 33 bis crédito artículo 33 bis – topes – rebaja de gastos – corrección de errores propios – tribunal tributario y aduanero de iquique – reclamo – rechazado

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SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS carece de sustento, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

1. Inexistencia de vicios u errores en la Liquidación reclamada.

En este punto cabe indicar que no entiende esa parte qué es lo que reclama en definitiva el contribuyente, dado que en el punto 1 de su escrito, expresamente reconoce y valida el único concepto por el cual ese Servicio impugnó la Declaración de Renta del Año Tributario (en adelante solo AT) 2009 y por el cual se liquida, y que se refiere a una deducción excesiva o improcedente del crédito declarado por concepto de adquisiciones de bienes físicos del activo inmovilizado, en cuanto declara y reconoce que efectivamente se cometieron “errores administrativos”, dado que expresa que “Se rebajó en forma errónea el total del Crédito por Activo Fijo acumulado por la empresa al 31 de diciembre de 2008 que ascendió a $41.601.990.- y no el límite máximo que para esa Operación Renta era de un 6% sobre los bienes, con un tope de U.T.M 650, equivalente a $24.473.800”. Por lo que esa sola consideración bastaría para rechazar el reclamo tributario, en el sentido que el mismo reclamante excluye cualquier tipo de error, vicio o ilegalidad de la Liquidación N° 11201000004.

Sin perjuicio de lo anterior, y aun cuando el reclamante reconoce la procedencia de la liquidación tanto en su forma como en el fondo, a continuación, en el punto 2 y siguientes de su libelo de reclamo, alega que esta misma liquidación sería errónea y carente de fundamento y, en consecuencia, nula por la existencia de un supuesto error suyo en la determinación de la RLI, en el cual habría incurrido el propio contribuyente (en ningún caso el Servicio), la que, en su concepto, podría salvarse con un simple peritaje contable que determinaría que no correspondería pagar el impuesto reclamado. De modo que entiende el reclamante que la liquidación sería nula, en consideración a un error imputable a su propia negligencia o descuido.

De la misma manera, la única petición concreta del reclamante alude a que el Tribunal ordene la anulación de la liquidación reclamada.

Frente a esta única alegación, señalar que ella carece de todo fundamento, tanto en los hechos como en el derecho, desde que no expresa cuáles serian las irregularidades que contendría la liquidación reclamada ni los errores o vicios en los que hubiera incurrido esa Administración Tributaria; por el contrario, funda la supuesta nulidad que alega en errores propios, los que bajo ningún respecto es causal de nulidad y tampoco es viable reclamar de hechos propios; es decir, no resulta procedente interponer reclamo de conformidad al Procedimiento General de Reclamaciones sobre un error del contribuyente.

De manera que es del todo procedente la liquidación reclamada, en cuanto efectivamente el contribuyente, en sede administrativa, y persistiendo en su conducta durante el plazo de más de tres años, no se presentó ante este organismo para aclarar las observaciones y tampoco acompañó la documentación legal y fehaciente que diera lugar a no emitir la respectiva liquidación.

En este sentido, carece de cualquier vicio o error la liquidación reclamada ya que ella se basa en un control, en uso de sus facultades legales de fiscalización de los impuestos, que se efectúo a la Declaración de Renta AT 2009 del contribuyente, folio 94468139, relativo únicamente a verificar los topes máximos legales del crédito por adquisiciones de bienes físicos del activo inmovilizado del artículo 33° bis, de la Ley de la Renta, identificándose por esa parte que lo declarado por el contribuyente en formulario 22, código 19, como crédito del artículo 33° bis, excedía el tope legal máximo de crédito para ese AT 2009 que, como lo señala el propio reclamante, ascendía a 650 UTM del mes de diciembre. Así establece el artículo 33° bis, de la Ley de la Renta, que: “Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, tendrán derecho a un crédito equivalente al 4% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos o terminados de construir durante el ejercicio. Respecto de los bienes construidos, no darán derecho a crédito las obras que consistan en mantención o reparación de los mismos. Tampoco darán derecho a crédito los activos que puedan ser usados para fines habitacionales o de transporte, excluidos los camiones, camionetas de cabina simple y otros destinados exclusivamente al transporte de carga o buses que presten servicios interurbanos o rurales de transporte público remunerado de pasajeros, inscritos como tales en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, que lleva el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El crédito establecido en el inciso anterior se deducirá del impuesto de primera categoría que deba pagarse por las rentas del ejercicio en que ocurra la adquisición o término de la construcción, y, de producirse un exceso, no dará derecho a devolución.

Para los efectos de calcular el crédito, los bienes se considerarán por su valor actualizado al término del ejercicio, en conformidad con las normas del artículo 41 de esta ley, y antes de deducir la depreciación correspondiente.

En ningún caso el monto anual del crédito podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales, considerando el valor de la unidad tributaria mensual del mes de cierre del ejercicio.

El crédito establecido en este artículo no se aplicará a las empresas del Estado ni a las empresas en las que el Estado, sus organismos o empresas o las municipalidades tengan una participación o interés superior al 50% del capital.

Tampoco se aplicará dicho crédito respecto de los bienes que una empresa entregue en arrendamiento con opción de compra.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá que forman parte del activo físico inmovilizado los bienes corporales muebles nuevos que una empresa toma en arrendamiento con opción de compra. En este caso el crédito se calculará sobre el monto total del contrato.”

Por su parte la Ley N° 20.171, publicada en el Diario Oficial del 16 de febrero de 2007, en su artículo 2°, se refiere al artículo 33° bis en los términos y plazos que se transcriben textualmente:

Artículo 2°.- El crédito que establece el artículo 33° bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo primero del decreto ley N° 824, de 1974, será de 6% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado a que se refiere dicha disposición que sean adquiridos nuevos, terminados de construir o recibidos en arrendamiento con opción de compra entre el 1 de enero de 2007 y el día 31 de diciembre de 2009, con un límite máximo anual de 650 unidades tributarias mensuales”.

En efecto, consta -y así por lo demás lo ha reconocido el propio contribuyente al presentar su reclamo-, que el monto de este crédito excedía para el AT 2009 los márgenes legales y, de esta manera, la diferencia determinada se informa al contribuyente en virtud de la Liquidación N° 11201000004, donde en el análisis de la base imponible se determina correctamente por el Servicio un agregado al Impuesto Anual a la Renta declarado por la diferencia detectada por crédito por bienes físicos del activo inmovilizado del ejercicio, equivalente a $17.128.129. Siendo así, la liquidación de autos es plenamente valida y ajustada al artículo 24°, del Código Tributario y a las Circulares 41, de 1990 y Circular 19, de 2009, por lo que no cabe sino rechazar el reclamo.

Por otra parte la liquidación es plenamente válida, dado que el concepto liquidado dice relación con un exceso de crédito que no procede legalmente imputar o rebajar del Impuesto de Primera Categoría determinado por el reclamante para el AT 2009; en este sentido, esta liquidación, sin perjuicio del artículo 25° del Código Tributario, no rechaza el crédito, sino solo el exceso por sobre el tope máximo legal, que para dicho periodo correspondía a 650 UTM, y así se señala en la observación “A98” y explica en el análisis de la base imponible de la liquidación de autos. Lo anterior estuvo en conocimiento del contribuyente con anterioridad a la propia liquidación, pues este Servicio le informó en dos oportunidades, mediante cartas avisos, de fechas 18 de mayo de 2009 y 18 de junio de 2009, que su Declaración presentaba observaciones, que podía aclarar o rectificar, presentándose ante las oficinas el día 23 de julio de 2009 o en cualquier otra oportunidad, antes del vencimiento de los plazos prescripción del artículo 200°, del Código Tributario y, por el contrario, consta a ese Servicio que el contribuyente no se ha presentado, no ha acompañado antecedentes ni ha efectuado solicitudes administrativas y tampoco registra intentos electrónicos de rectificación de su declaración de renta AT 2009.

Por otra parte, la carga probatoria en sede administrativa, ante observaciones, impugnaciones o reparos del Servicio a las Declaraciones de Impuestos corresponde, según el artículo 21°, del Código Tributario, “al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.”

Por último, cabe tener presente que la alegación del contribuyente relativa a un supuesto error propio en la determinación de la Renta Liquida Imponible para el AT 2009, en nada dice relación con el concepto liquidado: “Exceso de crédito declarado” el que, además, es aceptado y reconocido por el reclamante; situación que en caso alguno afecta la validez y eficacia de la liquidación.

2. No son oponibles a ese Servicio errores o hechos propios alegados por el reclamante.

Cabe señalar que el reclamante, a fin de intentar de cualquier modo sustentar su infundado reclamo, aduce que la nulidad de la liquidación de autos se basaría en un supuesto error propio al determinar su Renta Liquida Imponible AT 2009, consistente en no deducir, supuestas “Cuotas de leasing pagadas durante el año 2008” por un monto total de $154.695.110.-, monto con el que incluso podrían haber solicitado devolución de parte de los PPM pagado ese año, conforme al artículo 126° del código del ramo.

Sobre el particular, cabe hacer presente que la liquidación que se reclama se fundó en una fiscalización de control en el marco de la Operación Renta AT 2009, producto de la revisión a la propia Declaración de impuestos, formulario 22, Folio 9446839, presentada por el contribuyente, correspondiente al referido año no siendo posible, conforme a las normas generales de derecho y en particular del Código Tributario, reclamar de hechos propios; es decir, no resulta viable interponer reclamo tributario sobre un error cometido por el contribuyente al presentar su propia declaración, toda vez que conforme al artículo 21°, del Código Tributario, le resulta imposible a este Servicio prescindir de las Declaraciones presentadas por los contribuyentes y de los antecedentes consignados en ella y liquidar otro impuesto que de dichas declaraciones resulte.

Así también han fallado nuestros Tribunales Superiores de Justicia: “Que conforme a las normas generales de derecho y en particular del Código Tributario, no se puede reclamar de hechos propios, vale decir no se puede reclamar de una Declaración rectificatoria emanada de uno mismo, toda vez que la firma estampada en las declaraciones de impuestos como en las rectificatorias de tales Declaraciones, indica su conformidad con la misma, siendo por ende improcedente la reclamación.”

Al respecto se hace presente que conforme a la normativa tributaria, el contribuyente posee la prerrogativa para rectificar una Declaración, entendiendo por tal la acción de reemplazarla, corrigiendo o rectificando los errores que se cometieron al confeccionarla. Ahora bien, y cuando tal rectificación de origen a una devolución de impuestos, tal petición debe regirse en lo relativo al plazo de presentación, por la normativa dispuesta por el artículo 126°, del Código Tributario, debiendo cumplir los supuestos que requiere esta norma legal; especialmente que ella se solicite dentro del plazo de tres años contados desde el acto o hecho que le sirve de fundamento. Por el contrario, si la mencionada rectificación no implica una devolución de impuestos, ella se rige por lo dispuesto en la letra B), del artículo 6°, del Código ya referido, no existiendo plazo alguno para la presentación de tal petición administrativa; es decir, para la rectificación.

Conforme a lo anterior es evidente que la supuesta devolución de impuestos que señala el reclamante y que procedería según en peritaje, no procede de acuerdo al artículo 126°, del Código Tributario, ya que se encuentra vencido con creces el plazo para la interposición de la solicitud de devolución, por lo que resulta aun más infundado el reclamo, ya que expresamente señala la Ley que la peticiones de devoluciones de impuestos no constituyen reclamo tributario. Así por lo demás lo ha resuelto este Servicio en reiteradas oportunidades.

Tan evidente es lo anterior, que en el presente reclamo, el contribuyente tampoco solicitó la rectificatoria a este Tribunal, en virtud de lo establecido en el artículo 127°, del Código Tributario, por lo que no ha solicitado la compensación de las sumas que resulten a favor, con las que se determinen en su contra. En efecto, de acuerdo, al artículo 127° del Código Tributario, los contribuyentes que reclamen contra una liquidación del Servicio tendrán derecho a solicitar, dentro del mismo plazo de reclamación y en conjunto con ella, la rectificación de cualquier error de que adolecieren las Declaraciones o pagos de impuestos correspondientes al periodo reliquidado. Cabe agregar que en el inciso segundo del mismo artículo se señala que "Se entenderá por periodo reliquidado para el efecto del inciso anterior, el conjunto de todos los años tributarios o de todo el espacio de tiempo que comprenda la revisión practicada por el Servicio."

En virtud de lo expresado precedentemente, se concluye que los requisitos para acceder a la rectificación de errores propios del artículo 127°, del Código Tributario, son los siguientes:

- Que a consecuencia de la revisión de declaraciones o pagos de impuestos se hayan liquidado o reliquidado impuestos.

- Que la nueva liquidación sea reclamada dentro del plazo legal.

- Que el contribuyente haya cometido errores en declaraciones o pago de impuestos, correspondientes al periodo reliquidado.

- Que la solicitud de rectificación se presente en conjunto con la reclamación.

Sobre el particular, consta en autos que el reclamante no ha fundado el reclamo en esta norma legal, por lo que tampoco podría resolverse o determinarse compensación en su favor.

Por otra parte, tampoco es efectivo que el contribuyente entre los años 2009 y 2010, haya intentado rectificar por Internet su declaración, incluso dos o tres veces como lo señala en su escrito, dado que en los registros computacionales del SII se consigna cada intento que realicen los contribuyentes de rectificar, quedando al efecto una leyenda de ella en su historial del Impuesto a la Renta, leyenda que es del siguiente tenor: “Rechazo intento rectificación N°…”, y respecto del reclamante el historial de la Renta para el AT 2009 no registra ningún intento, como consta del documento que acompañamos en un otrosí. Sin perjuicio que, atendido que el contribuyente se encontraba notificado desde el 18 de junio de 2009, para presentarse ante las oficinas del Servicio, los intentos de hubiese realizado no podían rectificar la Renta, mientras no cumpliera con la notificación.

Al respecto, este Servicio informa a los contribuyentes en general que la Declaración de Renta no se puede rectificar por Internet cuando ha resultado observada por situaciones tributarias (observaciones) que requieren de una verificación física de documentos y registros que permitan su sustentación. Existen diversas situaciones que impiden la rectificación de una Declaración de Renta por Internet y que obligan al contribuyente a concurrir a la respectiva unidad del


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tta -> Código Tributario – Artículo 7 N° inciso 1° acta de denuncia – declaración maliciosamente falsa – acreditacióN – tribunal tributario y aduanero de temuco – descargos – sentencia absolutoria
tta -> Código Tributario – Artículos 11 y 124 plazo para reclamar – notificación por carta certificada – tribunal tributario y aduanero de antofagasta – reclamo – inadmisible
tta -> Código Tributario – Artículos 21, 63, 132, 200 y 201 – Ley sobre Impuesto a la Renta – Artículo 31 validez de notificaciones – inadmisibilidad probatoria – rechazo de gastos – tribunal tributario y aduanero de temuco – reclamo – rechazado
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tta -> Código Tributario – Artículo 7 N° incisos 1° y 2° facturas falsas – reconocimiento – principio de especialidad – tribunal tributario y aduanero de talca – acta de denuncia – sentencia condenatoria
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tta -> Código Tributario – Artículo 97 N° 16 reconstrucción de la contabilidad – libros contables – documentación sustentatoria – tribunal tributario y aduanero de coyhaique – reclamo – rechazado
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