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A-27

GOBIERNO DE PUERTO RICO


18va Asamblea 1ra Sesión

Legislativa Ordinaria


CÁMARA DE REPRESENTANTES


P. de la C. 938


18 DE ABRIL DE 2017


Presentado por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Rodríguez Ruiz, Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres González


Referido a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”


LEY


Para crear la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de tomar las medidas necesarias para atemperar el marco legal y jurídico existente para dar el más fiel cumplimiento al Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal creada al amparo de la Ley Federal PROMESA; establecer un sistema uniforme de beneficios marginales, incluyendo el bono de navidad y aportación al plan médico, para todos los funcionarios y empleados públicos de las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, con excepción de la Universidad de Puerto Rico; enmendar la Sección 4.3 inciso 2 (a) (e) (m) del Artículo 4, la Sección 5.2 del Artículo 5, la Sección 6.4 inciso 1 (d) y 4 (1) , 6.8 inciso 2 (b) y 6.9 del Artículo 6, la Sección 7.2 inciso 3 y 5 del Artículo 7, derogar el artículo 9 y la sección 10.2 de la Ley 8 – 2017, conocida como Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; reenumerar los actuales artículos 10 al 20 como artículos 9 al 19; derogar la Ley 89-2016, conocida como “Ley de Empleo Temporal en el Servicio Público”; enmendar los Artículos 3, 6 y 7 de la Ley 253-1995, según enmendada, conocida como la “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”; a los fines de ampliar la cubierta del seguro de responsabilidad obligatorio de cuatro mil dólares ($4,000) a cuatro mil quinientos dólares ($4,500); facultar para la revisión de las primas antes del 30 de junio de 2017; permitir la declaración de un dividendo extraordinario a los miembros de la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio, así como la aplicación de una contribución incentivada a dicho dividendo; disponer la distribución de los ingresos obtenidos a través de la contribución incentivada y el ajuste en la prima para que entre al Fondo General; autorizar al Gobierno a utilizar sobrantes de las corporaciones públicas como “fondos disponibles” para contribuir al Fondo General; autorizar a un Comité compuesto por los directivos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda a modificar las tarifas de las corporaciones públicas para cumplir con las métricas del Plan Fiscal; establecer las normas y principios que deben regir el proceso de venta de propiedades inmuebles del Gobierno de Puerto Rico; crear el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles; para declarar la política pública relacionada a la venta de propiedades inmuebles; enmendar los Artículos 3, 7 y 8 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada y conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”; a los fines de establecer que las asignaciones y los fondos sin año económico determinado, que hayan permanecido en los libros sin movimiento de desembolso u obligación por un (1) año se considerarán como que han cumplido sus propósitos, por lo que se cerrarán e ingresarán al Fondo General; disponer que aquellos fondos especiales creados por Ley para fines específicos se acreditarán al Fondo General del Tesoro Estatal y se depositarán en la cuenta bancaria corriente del Secretario de Hacienda para que éste tenga pleno dominio de los mismos; enmendar los Artículos 2 y 6 de la Ley 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; a fin de disponer que el aumento escalonado en la partida asignada a compras del presupuesto general para ser otorgado a microempresas, pequeñas y medianas empresas se dará si la situación fiscal del Gobierno así lo permite; añadir una nueva Sección 3020.05A y Sección 3020.15, y enmendar la Sección 3020.05, Sección 3020.13, Sección 3020.14, Sección 3030.14, Sección 3030.18, Sección 3050.01, Sección 4030.07, Sección 6042.08 y Sección 6042.15 de la Ley 1 - 2011, según enmendada, mejor conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de modificar el arbitrio aplicable a cigarrillos y productos derivados del tabaco para obtener mayor liquidez, atajar la crisis económica y fiscal que enfrenta Puerto Rico, y evitar que los sectores más vulnerables se afecten, así como para desalentar el uso de cigarrillos; enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada, para disponer que hasta el Año Fiscal 2020-2021 la aportación anual al Fondo de Emergencia será por la cantidad de diez millones de dólares ($10,000,000) y que a partir del Año Fiscal 2020-2021, dicha aportación será no menor de cero punto cinco por ciento (0.5%) del estimado de rentas netas sometido por el Departamento de Hacienda para la preparación del Presupuesto Recomendado con cargo al Fondo General y para otros fines relacionados.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


Introducción


Al presente, Puerto Rico atraviesa una crisis fiscal y social monumental sin precedentes históricos. Dicha crisis fue causada, en parte, porque faltaron controles sobre el gasto, medidas de desarrollo sustentable y sistemas de información gerencial que promuevan claridad y transparencia en la gestión gubernamental.


Según datos provistos por el Departamento del Tesoro federal, Puerto Rico sufre una contracción económica cumulativa de 14.6% en el Producto Estatal Bruto (PEB real) con una predicción de una contracción adicional de 3% para los próximos dos años. Por años, el Gobierno de Puerto Rico ha operado con un déficit estructural el cual ha sido financiado con emisiones de bonos y préstamos al Banco Gubernamental de Fomento. Hace más de un año que el Gobierno de Puerto Rico carece de liquidez y se utilizaron los reintegros, pagos de los contratistas, el dinero de los pensionados y préstamos intra-gubernamentales para sustituir las fuentes de liquidez y gastar más dinero que los fondos disponibles. El Banco Gubernamental de Fomento incumplió sus obligaciones con los bonistas desde el 1 de mayo de 2016 y ya no cumple su rol de proveer liquidez ni tampoco contamos con acceso al mercado debido a las políticas de la administración pasada que le restó credibilidad al Gobierno de Puerto Rico. Los sistemas de retiro están insolventes.


Como un ejemplo de las políticas que nos trajeron aquí, puede observarse que desde el 2001 al 2008 ocurrió un aumento de 64% en los gastos de nómina y, luego de una reducción de 33% entre 2009 y 2012, hubo otro aumento sustancial en el cuatrienio 2013-2016. Para financiar ese gasto desmedido, entre 2000 y 2008 la deuda pública aumentó en 134%. Por otro lado, el cuatrienio pasado se implementaron medidas bajo la filosofía de “primero impago, luego impuestos y después recortes”. Esta filosofía propició la continuación del gasto desmedido y el rechazo a políticas públicas que hubiesen permitido manejar eficientemente los asuntos fiscales del Gobierno de Puerto Rico. Esto, sin haberse concretado las acciones necesarias para lograr una mayor eficiencia operacional en el Gobierno, ni recortes al excesivo gasto gubernamental. Además, mientras se precipitaban los valores y la debacle económica, el Gobierno Central fue incapaz de generar la información financiera necesaria para comprender la profundidad del problema y presentar información certera ante el Congreso, y ante otras entidades con interés en el asunto. A raíz de todo lo antes expuesto, se materializaron varias degradaciones de las clasificaciones de la deuda del Gobierno de Puerto Rico y se ha desencadenado un impacto adverso a través de todos los sectores de la economía.


Esta crisis ha golpeado muy fuerte a las familias puertorriqueñas. Los sacrificios más severos han recaído sobre los más vulnerables en nuestra sociedad y ha provocado que miles de puertorriqueños abandonen la Isla buscando mejores oportunidades. La consecuente reducción poblacional se convierte en uno de los retos para encaminarnos hacia la recuperación.


La Situación Colonial en Puerto Rico

La situación colonial ha afectado nuestra capacidad para afrontar y resolver esta crisis pues carecemos de los poderes soberanos que tiene un estado para regular sus asuntos locales bajo la Enmienda X de la Constitución de los Estados Unidos. “[P]ara el Tribunal Supremo federal, la adopción de la Constitución no representó un cambio en la base fundamental de las relaciones constitucionales entre Puerto Rico y Estados Unidos. El Tribunal Supremo siguió tratando a Puerto Rico como un ente político sujeto a la cláusula territorial de la Constitución federal.” Véase Pueblo v. Sánchez Valle y otros, 192 D.P.R. 594, 631 (2015). “[N]unca hubo una cesión de soberanía, lo que hubo fue una delegación de poderes.” Id. a la pág. 635. “Esa delegación de poder no constituye una renuncia irrevocable ni una terminación del poder del Congreso. El Pueblo de Estados Unidos le otorgó al Congreso, por medio de la Constitución, un poder amplio para administrar los territorios. Por esa razón, el Congreso no puede renunciar de manera irrevocable a un poder que le fue conferido por el Pueblo de Estados Unidos”. Id. a la pág. 638.

Así pues, “el Congreso puede permitir que el Estado Libre Asociado permanezca como sistema político de forma indefinida, o por el contrario, tiene la autoridad constitucional para enmendar o revocar los poderes de administración interna que ejerce el Gobierno de Puerto Rico. Dicho de otro modo, el sistema de gobierno que rige internamente en Puerto Rico está sujeto por completo a la voluntad política y la autoridad legal del Congreso.” Id. a la pág. 641.

La triste realidad es que la situación colonial nos coloca en un estado de indefensión tal que ni la ciudadanía americana que hemos atesorado desde 1917 está garantizada. El Congreso tiene la discreción legislativa para conceder privilegios a los ciudadanos nacidos en los territorios, incluyendo la ciudadanía americana, pero ese derecho puede ser revocado en cualquier momento. De hecho, el Gobierno Federal ha sostenido ante los tribunales que en los territorios no existe un derecho a la ciudadanía sino que se trata, más bien, de una gracia legislativa del Congreso. Véase, por ejemplo, Tuaua v. United States, 788 F.3d 300, (D.C. Cir. 2015).


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