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Codigo fiscal municipal del estado de colima

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IV. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso.



Cuando las pruebas documentales no estén a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentran para que la autoridad fiscal requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto, deberá identificar con toda precisión los documentos. Tratándose de aquéllos que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos.



Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos, siempre que existan en un protocolo o archivo público del que puede pedir y obtener copias autorizadas de ellos.



La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el expediente en que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no tuviere oportunidad de obtenerlas.



Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones I, II y III de este precepto, la autoridad fiscal tendrá por no interpuesto el recurso. En los casos a que se refiere la fracción IV, se tendrán por no ofrecidas las pruebas.



ARTICULO 126.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos que:



I. No afecten el interés jurídico del recurrente;



II. Sean resoluciones dictadas en el recurso administrativo de revocación o en cumplimiento de ésta o de sentencias;



III. Se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento los actos contra los que no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto;



IV. Sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente; y



V. Hayan sido revocados por la autoridad.



ARTICULO 127.- El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones o titular de los derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajene fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco municipal.



El tercero que afirme tener derecho a que los créditos en su favor se cubran preferentemente al del fisco municipal, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe de remate para cubrir el crédito fiscal.





CAPITULO II



DE LA NULIDAD DE NOTIFICACIONES



ARTICULO 128.- Cuando se argumente que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los supuestos conforme a los artículos 121 y 122, se podrá interponer el recurso de nulidad de notificaciones ante la autoridad que emitió el acto, el cual se sujetará a las reglas siguientes:



I. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la notificación se hará valer mediante la interposición del recurso, en el que se manifestará la fecha en que lo conoció. En caso de que también se impugne el acto administrativo, los agravios se expresarán en el citado recurso conjuntamente con los que se formulen contra la notificación;



II. Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento interponiendo el recurso; la autoridad competente para notificarlo le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiera practicado, para lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en que se le debe dar a conocer y, en su caso, el nombre de la persona facultada para recibirlo. Si no hace alguno de los señalamientos mencionados, la autoridad citada dará a conocer el acto y la notificación por estrados. El particular tendrá un plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que la autoridad se la haya dado a conocer, para ampliar el recurso y definir si se impugna éste o sólo la notificación;



III. La autoridad competente para resolver el recurso estudiará los agravios expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación que en su caso se haya hecho del acto administrativo;



IV. Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se tendrá al recurrente como sabedor del acto administrativo desde la fecha en que manifestó conocerlo o en la que se le dio a conocer en los términos de la fracción II de este artículo, quedando sin efectos todo lo actuado sobre la base de aquélla y se procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, hubiese formulado en contra de dicho acto; y



V. Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la impugnación resulta improcedente, se desechará dicho recurso.



ARTICULO 129.- Si se declara en la resolución que ha existido nulidad de notificaciones por causa imputable al notificador, se impondrá a éste una multa de hasta 5 unidades de salario.



Cuando sea reincidente, se podrá aplicar hasta el doble de la sanción señalada en el párrafo anterior y la suspensión sin goce de sueldo hasta por un período de 30 días.



Las multas impuestas como sanción a los notificadores tendrán, para efectos de cobro, el carácter de crédito fiscal.





CAPITULO III



DISPOSICIONES COMUNES



ARTICULO 130.- En los recursos a que se refiere éste Título se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional de las autoridades mediante absolución de posiciones.



Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del recurso.



Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos; pero si en éstos últimos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.



Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad.



Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, las autoridades adquieren convicción distinta acerca de los hechos materia del recurso, podrán valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en este artículo, debiendo en este caso fundar razonadamente esta parte de la resolución.



ARTICULO 131.- La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de interposición de los recursos. El silencio de la autoridad significará que se ha revocado el acto impugnado.



ARTICULO 132.- Las resoluciones de los recursos se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios, pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.



La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinará en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente, podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución.



No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.



La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente.



ARTICULO 133.- Las resoluciones que pongan fin a los recursos podrán:



I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo, en su caso;



II. Confirmar el acto impugnado;



III. Mandar reponer el procedimiento administrativo;



IV. Dejar sin efecto el acto impugnado; y



V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto en favor del recurrente.



Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, ésta deberá cumplirse en un plazo no mayor de quince días hábiles.



Las resoluciones que recaigan al recurso a que se refiere este Título, podrán ser impugnadas por la vía contenciosa-administrativa.





T R A N S I T O R I O S



ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los 15 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.



ARTICULO SEGUNDO.- Los procedimientos y recursos que se estén tramitando a la entrada en vigor de este ordenamiento, se seguirán substanciando hasta su conclusión conforme a las disposiciones de la Ley General de Hacienda Municipal expedida mediante Decreto 258, de fecha 7 de abril de 1994, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 16 del mismo mes y año, así como sus posteriores reformas y adiciones.



El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe.



Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los nueve días del mes de enero del año dos mil tres.


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