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Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo seccion primera

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CONSEJO DE ESTADO


SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA


Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014).


CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.


REF: Expediente No.250002324000200300924 02

Recurso de apelación contra la sentencia de 14 de agosto de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actor: COMPAQ COMPUTER DE COLOMBIA LTDA.


Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, contra la Sentencia de 14 de agosto de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual declaró la nulidad del auto 03-064-137-5000-00-581 de 22 de febrero de 2002 y de la Resolución 03-072-193-608-0457 del 17 de mayo de 2002; declaró que la Resolución 655-0234 de 28 de noviembre de 1996, sólo le era y es oponible a la sociedad demandante a partir del momento en que le fue notificada por conducta concluyente; ordena el restablecimiento del derecho y niega las demás pretensiones de la demanda. Los actos acusados fueron expedidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.


I-. ANTECEDENTES


1.1-. La Compañía Compaq Computer S.A., actuando por medio de apoderado, en ejercicio de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, y en vigencia del anterior código contencioso Administrativo1, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca2, tendiente a que mediante sentencia, se decretara la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por la DIAN: i) Auto No. 03-064-137-5000-00-581 de 22 de febrero de 2002, proferido por el Jefe de la División de Liquidación de la Administración de Aduanas de Bogotá, por medio del cual se rechazó el recurso de reposición y el subsidiario de apelación interpuestos contra la Resolución No. 655-0234 de noviembre 28 de 1996, proferida por el Grupo de Liquidación de la División de Fiscalización de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá; (ii) Resolución No. 03-072-193-608-0457 del 17 de mayo de 2002, proferida por la División Jurídica Aduanera de la Administración de Aduanas de Bogotá, por medio de la cual se confirma el anterior auto, al desatar el correspondiente recurso de queja.


Como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho solicita que se ordene a la demandada lo siguiente: (i) Tener a la demandante como notificada por conducta concluyente de la Resolución 655-0234 expedida el 28 de noviembre de 1996, a partir del día 7 de febrero de 2002; y (ii) Dar trámite a los recursos de reposición y subsidiario de apelación interpuestos el día 7 de febrero de 2002.


Adicionalmente, solicita que se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho, que se causen en desarrollo del presente proceso.

1.2. En apoyo de sus pretensiones señala, en síntesis, los siguientes hechos:


1.2.1.- Indica que con fecha 28 de noviembre de 1996, la Administración Especial de Aduanas de Bogotá profirió la Resolución 655-0234, por la cual se declara el incumplimiento por parte de Compaq Computer de Colombia, de la obligación de poner a disposición de la DIAN la mercancía decomisada conforme a la Resolución 03711 del 6 de julio de 1994, cuyo valor asciende a $801.202.363. pesos M/cte; y ordena, en consecuencia, la efectividad de la respectiva garantía.


1.2.2. Señala que la Resolución 655-0234 ordenó, además, notificar el contenido de la misma a Compaq Computer de Colombia S.A., y a la Aseguradora de Fianzas Confianza S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 1909 de 1992, haciéndoles saber que contra aquella procedía el recurso de reposición ante el funcionario que la profirió y el de apelación ante el Administrador Especial de Operación Aduanera, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de su notificación.


1.2.3. Manifiesta que en la parte final de la mencionada Resolución aparece que las notificaciones a los administrados debían surtirse a las siguientes direcciones:


a. Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.: Calle 82 No. 11 – 37 p. 7 Santafé de Bogotá.

b. Compaq Computer de Colombia: Calle 100 No. 8 A – 55 Oficina 403 Santafé de Bogotá.


1.2.4. Sostiene que dentro del proceso de aprehensión y decomiso de la mercancía, y en la actuación administrativa que se adelantó para obtener su liberación mediante una póliza de seguro, el apoderado de la Compañía le informó a la Administración la dirección en la cual se recibirían las notificaciones pertinentes; es decir, la dirección procesal y a esta se efectuaron las notificaciones durante los mencionados procedimientos. Tal dirección corresponde a la Avenida El Dorado No. 73 A – 36 Oficina 303 de Bogotá.


1.2.5. Hace énfasis en que la Administración conocía la dirección procesal pues a ésta notificó el auto No. 0081 de enero 14 de 1994, mediante el cual se ordenó la entrega de la mercancía por constituirse la respectiva póliza, el cual hace parte del trámite administrativo de declaratoria de incumplimiento de la obligación amparada en la póliza y es anterior a la Resolución 655-0234 de 28 de noviembre de 1996.


1.2.6. Afirma que para la fecha en que se profirió y notificó la Resolución No. 655-0234, el 28 de noviembre de 1996, la dirección de la demandante era la Carrera 7 No. 71 – 52 de Bogotá, hecho que le consta a la DIAN por habérsele informado mediante el correspondiente aviso de cambio de dirección para efectos tributarios, radicado bajo el No. 000105 de octubre 27 de 1994, por haberse inscrito en la Cámara de Comercio de su domicilio social, y por constar en las direcciones informadas en parte de las declaraciones de importación objeto de aprehensión y decomiso.


1.2.7. Manifiesta que la DIAN omitió notificar el contenido de la Resolución 655-0234 al apoderado de la Compañía en la dirección procesal indicada por éste, Avda. El Dorado No. 73 A – 36 Oficina 303 de Bogotá, y también omitió notificar a la Compañía en la dirección que le había informado oportunamente a la Administración, Carrera 7 No. 71 – 52 de Bogotá, desde el año 1994.


1.2.8. Expresa que este hecho impidió la vinculación oportuna de la demandante al proceso administrativo de declaratoria de incumplimiento de la obligación garantizada con la póliza, lo que generó una violación del debido proceso en los términos del artículo 29 de la C.P. y el que la Resolución 655-0234 sea ineficaz e inoponible frente a la demandante, con anterioridad al 7 de febrero de 2002.


1.2.9. Asevera que la Empresa demandante se notificó del contenido de la mencionada Resolución por conducta concluyente el 7 de febrero del año 2002 e interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación.


1.2.10. Indica que la DIAN rechaza los recursos interpuestos mediante auto 581 de febrero 22 de 2002 por considerar que se presentaron extemporáneamente, ya que la Resolución 655-0234 se había notificado por correo a la Calle 100 No. 8 A – 55 oficina 403 de Bogotá.


1.2.10. Afirma que ante la anterior situación, se interpuso el recurso de queja el cual se resolvió mediante la Resolución 457 de 17 de mayo de 2002, confirmando el auto 581.


1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación, se exponen, en síntesis, como sigue:

1.3.1. Manifiesta que las normas violadas son múltiples y de diversa índole, sin embargo, concreta el cargo específico a uno solo consistente en que los actos acusados violan abiertamente el derecho de defensa y debido proceso de la demandante, consagrado en el artículo 29 de la C.P., en concordancia con los artículos 44, 47 y 48 del C.C.A., 97 y 99 del Decreto 1909 de 1992.


Acota que dichas normas le ordenan a la Administración notificar a los administrados los actos que profiera en desarrollo de la actuación administrativa, e informarles los recursos que procedan en contra de los mismos, a la dirección informada en la declaración aduanera, o a la dirección procesal reportada, cuando el responsable la haya señalado expresamente, para que pueda ejercer su derecho de defensa.


El demandante asevera que en la fecha de expedición de la Resolución 655-0234 se encontraba vigente el Decreto 1909 de 1992 y al efecto transcribe sus artículos 97 y 99.

Afirma que se aportaron como pruebas de los recursos de reposición y subsidiario de apelación, el aviso de cambio de dirección para efectos tributarios radicado el 27 de octubre de 1994, el resultado de una consulta al Registro Único Tributario de febrero de 1994, un certificado de existencia y representación legal de febrero de 1994, los formularios de renovación de la matrícula mercantil para los años 1994 y 1995, documentos todos en los cuales aparece como dirección para notificaciones judiciales la Carrera 7 No. 71 – 52 de Bogotá. Asimismo, se adjuntaron copias de las resoluciones 03711 de julio 6 de 1994, 06041 de octubre 25 de 1994, y 0250 de 29 de enero de 1996, mediante las cuales se le dio trámite al proceso de aprehensión y decomiso de las mercancías amparadas por la póliza, en donde consta que se notificaron a la dirección procesal informada por el apoderado de la Compañía, Avenida El Dorado No. 73 A – 36 Oficina 303 de Bogotá.


Señala que lo anterior no requiere prueba frente a la Administración, ya que en sus archivos obran los documentos pertinentes, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 10 del C.C.A


1.3.2. Alega que de acuerdo con el artículo 48 del C.C.A., las notificaciones efectuadas sin el lleno de los requisitos que establece la Ley, se tendrán por no hechas y no producirá efectos legales la decisión. Al respecto, invoca jurisprudencia de las altas cortes sobre el tema y el concepto No. 230 de 2000 de la DIAN.


1.3.3. Indica que no obstante la claridad sobre la materia, la DIAN basa la decisión contenida en el Auto 581 de febrero 22 de 2002 en que la dirección informada en la póliza de seguros para el asegurado era la Calle 100 No. 8 A – 55 y que la Empresa se notificó por conducta concluyente al impetrar acciones ante el Contencioso Administrativo.


En este punto, la demandante señala que la dirección de la póliza de seguros era, en efecto, la Calle 100 No 8 A 55, Oficina 403, ya que esa era la dirección en diciembre de 1993 cuando esta se expidió, pero la DIAN olvida que la notificación por correo intentó surtirla más de dos años después de expedida la póliza y que se había informado una dirección procesal para recibir notificaciones a la cual no se remitió la Resolución 655-0234.


Agrega que la Administración pretende que prevalezca la dirección señalada en la póliza en diciembre de 1993, sobre la dirección procesal aportada por el apoderado de la Compañía.


1.4. Posteriormente, el demandante adiciona e integra la demanda en un solo escrito, para incluir dentro de los actos acusados la Resolución 655-0234 del 28 de noviembre de 1996 proferida por la División de Fiscalización Aduanera de Bogotá.


Lo anterior, en razón de que inicialmente la actora había demandado los actos por los cuales se denegaron los recursos de reposición y en subsidio de apelación, como actos sin cuantía ante el Consejo de Estado en única instancia; empero, esta Corporación decidió remitir el asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca3 al estimar que el litigio se hallaba directamente asociado al incumplimiento de las obligaciones aduaneras previsto en la mencionada Resolución, cuya cuantía es de $ 801.202.636, siendo este, además, el acto principal objeto de impugnación en los términos del artículo 138 del C.C.A.


En este orden, la parte actora, adiciona dicho acto administrativo como demandado, frente al cual formula lo siguiente:


1.4.1. Solicita como peticiones adicionales a las anteriormente formuladas, las siguientes: (i) Declarar que los efectos de la Resolución 655-0234 al momento de notificarse la actora por conducta concluyente el día 7 de febrero de 2002, se encontraban prescritos; (ii) Abstenerse de ejecutar, por haber prescrito, la Resolución 655-0234 proferida por el Grupo de Liquidación de la División de Fiscalización Aduanera de Bogotá; (iii) Proceder a devolver la suma de $2.019.914.643 m/cte, pagada por la Compañía de Seguros Confianza S.A., junto con sus intereses corrientes, operación para la que la parte actora suministró los recursos, según consta mediante recibo oficial de pago No. 1401393057491-1 de mayo 2 de 2003 y acuerdo de transacción y compromiso suscrito entre la demandante y Seguros Confianza S.A. el 2 de mayo de 2003.


La demandante solicita, que a título de restablecimiento del derecho, y en subsidio de las anteriores pretensiones, se declare que: (i) La demandante no fue notificada en debida forma de la Resolución 655-0234 de 28 de noviembre de 1996; (ii) Tener a la actora como notificada por conducta concluyente de dicha Resolución el 7 de febrero de 2002; (iii) Darle trámite al recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto en contra de aquella, el 7 de febrero de 2002.


1.4.2. Afirma que la Resolución 655-0234 estaba prescrita para el día 7 de febrero de 2002, momento en que la actora se notificó por conducta concluyente mediante la interposición de los recursos de ley, solicitando tal declaratoria.


1.4.3. Manifiesta que la prescripción ocurrió porque la DIAN contaba con dos años a partir de la fecha de declaratoria de ocurrencia del siniestro, es decir, desde la fecha de expedición de la Resolución 655-0234 el día 28 de noviembre de 1996 hasta el día 28 de noviembre de 1998.


1.4.4. Reitera que la Resolución 655-0234 es ineficaz e inoponible, y que frente a las partes interesadas no se encuentra ejecutoriada. De esta forma, se configuró el fenómeno de la prescripción, y al efecto, alude a los artículos 2512 del Código Civil, 1081 del C. de Co., y a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.


1.4.5. Acude a jurisprudencia de esta Corporación para señalar que la póliza y el acto administrativo que ordena hacer efectiva la garantía, integran el título ejecutivo necesario para hacer valer el contenido de la primera, debiendo quedar ejecutoriado dentro de los dos años siguientes a su expedición.


Acota que el acto administrativo debe expedirse, ser notificado y quedar ejecutoriado, dentro del término de dos años previsto en el artículo 1081 del C. de Co., y una vez en firme, empieza a correr el término de cinco años para el cobro coactivo, establecido en el numeral 3 del artículo 66 del C.C.A.


Recalca que frente a la Resolución 655-0234, encontramos que la prescripción empezó a correr desde el 28 de noviembre de 1996, fecha en la que se profirió el acto administrativo. Desde esa fecha, la Administración tenía dos años para notificarlo en debida forma.


Concluye que al no ser exigible la póliza por haber prescrito la acción, no se puede ordenar su efectividad, y por tanto, cualquier pago realizado por ese concepto es ilegal y deben retrotraerse sus efectos.



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