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Artículo 112.- El embargo precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite, dentro del plazo a que se refiere el artículo 81 de este Código, contados desde la fecha en que fue practicado, resolución en la que determine créditos fiscales. Si dentro de los plazos señalados la autoridad los determina, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se proseguirá el procedimiento administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de este Capítulo, debiendo dejar constancia de la resolución y de la notificación de la misma en el expediente de ejecución. Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos del artículo 27 se levantará el embargo.



El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución.


Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo y al previsto por el artículo 66, fracción II de este Código, las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables.


En ningún caso se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para cobrar créditos derivados de productos.


Artículo 113.- Cuando sea necesario emplear el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal, por concepto de gastos de ejecución, por cada una de las diligencias que a continuación se indican:



  1. Por el requerimiento señalado en el primer párrafo del artículo 117 de este Código.



  1. Por la del embargo, incluyendo los señalados en los artículos 66 fracción II y 27 fracción V de este Código.


  1. Por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco estatal.


Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a $370.00 pesos, se cobrará esta cantidad en vez del 2% del crédito.


En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo podrán exceder de $51,000.00 pesos.





Asimismo, se pagará por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que se incurra con motivo del Procedimiento Administrativo de Ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos señalados en los artículos 66 fracción II y 27 fracción V de este Código, que únicamente comprenderán los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y publicación de convocatorias y edictos, de inscripciones o cancelaciones en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda, los erogados por la obtención del certificado de libertad de gravamen, los honorarios de los depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las personas que contraten los interventores, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de tales honorarios.



Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad hacendaria, debiendo pagarse junto con los demás créditos fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocación y se emita resolución favorable.



Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución, se destinarán al establecimiento de fondos de productividad, para las autoridades hacendarías estatales.


Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios de notificación por la cantidad de $450.00 haciéndolo del conocimiento del infractor conjuntamente con la notificación de la infracción de que se trate. Dichos honorarios se deberán pagar a más tardar en la fecha en que se cumple el requerimiento o la multa.



Sección Segunda

Del Embargo



Artículo 114.- El ejecutor designado por la autoridad hacendaría se constituirá en el domicilio del deudor o en el lugar donde se encuentren los bienes propiedad de éste, y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, cumpliendo con las formalidades para las notificaciones que este Código prevé; de esta diligencia se levantará acta circunstanciada, de la que se entregará original a la persona con quien se entienda la misma y se notificará al propietario de los bienes embargados a través del buzón tributario.


Si la notificación del crédito fiscal adeudado o del requerimiento, en su caso, se hizo a través del buzón tributario, la diligencia se entenderá con la autoridad municipal o local de la circunscripción de los bienes, salvo que en el momento de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se entenderá con él.



Artículo 115.- Si el requerimiento de pago se hizo por edicto, la diligencia de embargo se entenderá con la autoridad municipal de la circunscripción de los bienes o ante dos testigos, salvo que en el momento de iniciarse la diligencia compareciera el deudor, en cuyo caso se entenderá con él, cumpliendo con las formalidades previstas por el caso.


Artículo 116.- Quien realice el acto de inspección llevará a cabo el embargo, si está facultado para ello en la orden de inspección o esté facultado como notificador ejecutor.



Artículo 117.- Las autoridades hacendarias, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y en caso de que no pruebe en el acto haberlo efectuado procederán como sigue:


  1. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco; y


  1. A embargar depósitos bancarios o cualquier otro deposito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras, con la finalidad de hacer efectivo el crédito fiscal.


En el caso de que se embarguen depósitos bancarios, u otros depósitos a que se refiere el párrafo anterior, el monto del embargo sólo podrá ser hasta por el importe del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que correspondan hasta la fecha en que se practique, ya sea en una o más cuentas. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad hacendaria cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas.


  1. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.


El embargo de bienes raíces, de derechos reales y de negociaciones de cualquier género se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda, en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate.


Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más delegaciones del Registro Público de la Propiedad y de Comercio que corresponda, en todas ellas se inscribirá el embargo.


Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la autorización para pagar en parcialidades, por error aritmético en las declaraciones o por situaciones previstas en la fracción I del artículo 66 de este Código, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento.


Artículo 118.- La autoridad hacendaria procederá a la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, a excepción de los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias que se hayan realizado hasta por el monto de las aportaciones efectuadas conforme a la Ley de la materia, de acuerdo con lo siguiente:


  1. Cuando los créditos fiscales se encuentren firmes.


  1. Tratándose de créditos fiscales que se encuentren impugnados y no estén debidamente garantizados, procederá la inmovilización en los siguientes supuestos:


    1. Cuando el contribuyente no se encuentre localizado en su domicilio o desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al registro estatal de contribuyentes.


    1. Cuando no esté debidamente asegurado el interés fiscal por resultar insuficiente la garantía ofrecida.


    1. Cuando la garantía ofrecida sea insuficiente y el contribuyente no haya efectuado la ampliación requerida por la autoridad hacendaria.


    1. Cuando se hubiera realizado el embargo de bienes cuyo valor sea insuficiente para satisfacer el interés fiscal o se desconozca el valor de éstos.


Sólo procederá la inmovilización hasta por el importe del crédito fiscal y sus accesorios o, en su caso, hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos a la fecha en que se lleve a cabo la inmovilización. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad hacendaria cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas.


La autoridad hacendaria ordenará mediante oficio dirigido a la unidad administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de que éstas últimas realicen la inmovilización y conserven los fondos depositados. Para efectos de lo anterior, la inmovilización deberán realizarla a más tardar al tercer día siguiente a aquel en que les fue notificado el oficio de la autoridad hacendaria.


Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que hayan ejecutado la inmovilización de los depósitos o seguros en una o más cuentas del contribuyente, deberán informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad hacendaria que la ordenó, a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en que se ejecutó, señalando el número de las cuentas, así como el importe total que fue inmovilizado. La autoridad hacendaria notificará al contribuyente sobre dicha inmovilización, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que le hubieren comunicado ésta.


En los casos en que el contribuyente, la entidad financiera, sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, hagan del conocimiento de la autoridad hacendaria que la inmovilización se realizó en una o más cuentas del contribuyente por un importe mayor al señalado en el segundo párrafo de este artículo, ésta deberá ordenar a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que hubiere tenido conocimiento de la inmovilización en exceso, que se libere la cantidad correspondiente. Dichas entidades o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recursos inmovilizados en exceso, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del oficio de la autoridad hacendaria.


En caso de que en las cuentas a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, no existan recursos suficientes para garantizar el crédito fiscal y sus accesorios, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá efectuar una búsqueda en su base de datos, a efecto de determinar si el contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes para tal efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad procederá a inmovilizar a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que se les ordene la inmovilización y conservar los recursos depositados hasta por el monto del crédito fiscal. En caso de que se actualice este supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá notificarlo a la autoridad hacendaria, dentro del plazo de tres días contados a partir de la fecha de inmovilización, a fin de que dicha autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo anterior.


La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, deberá informar a la autoridad hacendaria, el incremento de los depósitos por los intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga al cuentahabiente.


Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse cuando el crédito fiscal relacionado, incluyendo sus accesorios quede firme, y hasta por el importe que resulte suficiente para cubrirlo a la fecha en que se realice la transferencia.


En los casos en que el crédito fiscal incluyendo sus accesorios, aún no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas inmovilizadas podrá, de acuerdo con el artículo 28 de este Código, ofrecer una garantía que comprenda el importe del crédito fiscal, incluyendo sus accesorios a la fecha de ofrecimiento. La autoridad hacendaria deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un plazo máximo de cinco días siguientes a la presentación de la garantía.


La autoridad hacendaria tendrá la obligación de comunicar a la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél en que haya notificado dicha resolución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se trate levantará la inmovilización de la cuenta.


En ningún caso procederá la inmovilización de los depósitos o seguros, por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad hacendaria cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas.




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