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Artículo 119.- El deudor o en su defecto la persona con quien se entienda la diligencia, podrá designar dos testigos y, si no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta respectiva, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo. Asimismo, dicho deudor podrá designar los bienes que deban embargarse, siempre que se sujete al orden siguiente:



  1. Los bienes inmuebles o la negociación en los casos a que se refiere la fracción II del artículo anterior;



  1. En los demás casos:



  1. Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios.



  1. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de instituciones o empresas particulares de reconocida solvencia.



  1. Alhajas y objetos de arte;



  1. Frutos o rentas de toda especie;



  1. Bienes muebles no comprendidos en los incisos anteriores;



  1. Negociaciones comerciales, industriales, o agrícolas;



  1. Créditos o derechos no comprendidos en el inciso b de este artículo.


Artículo 120.- El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el artículo anterior, cuando el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia:


  1. No señalare bienes suficientes a juicio del mismo ejecutor o, no haya seguido dicho orden al hacer el señalamiento.



  1. Cuando teniendo otros bienes susceptibles de embargo señale:



  1. Bienes ubicados fuera de la circunscripción del Área de Recaudación de hacienda.



  1. Bienes que ya reportaren cualquier gravamen real o algún embargo anterior.



  1. Bienes de fácil descomposición o deterioro, o materias inflamables.



El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean de fácil realización o venta. En el caso de bienes inmuebles, el ejecutor solicitara al deudor o a la persona con quien se entienda la diligencia que manifieste bajo protesta de decir verdad si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna. Para estos efectos, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberá acreditar fehacientemente dichos hechos dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se inicio la diligencia correspondiente, haciéndose constar esta situación en el acta que se levante o bien, su negativa.



Artículo 121.- La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo de depósitos bancarios a que se refiere el artículo 119, fracción II inciso a) del presente Código, así como la inmovilización de depósitos bancarios, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta, que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras, o de inversiones y valores, derivado de créditos fiscales firmes, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, solo se procederá hasta por el importe del crédito y sus accesorios o en su caso, hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos. La autoridad hacendaria que haya ordenado la inmovilización, girará oficio a la unidad administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según proceda, o la entidad financiera que corresponda la cuenta, a efecto de que esta última de inmediato la inmovilice y conserve los fondos depositados.


Al recibir la notificación del oficio mencionado en el párrafo anterior por parte de la autoridad hacendaria o la instrucción que se dé por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la entidad financiera de que se trate deberá proceder a inmovilizar y conservar los fondos depositados, en cuyo caso, la Secretaría notificará al contribuyente de dicha inmovilización por los medios conducentes.


En caso de que en las cuentas de los depósitos a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, no existan recursos suficientes para garantizar el crédito fiscal, la entidad financiera de que se trate, deberá efectuar una búsqueda en su base de datos, a efecto de determinar si el contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes para tal efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad procederá de inmediato a inmovilizar y conservar los recursos depositados hasta por el monto del crédito fiscal. En caso de que se actualice este supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá notificarlo a la Secretaría, dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de inmovilización a fin de que dicha autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo anterior.


La entidad financiera deberá informar a la autoridad hacendaria a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos por los intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga al cuentahabiente.


Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse a la Hacienda Pública Estatal, una vez que el crédito fiscal relacionado quede firme, y hasta por el importe necesario para cubrirlo.


En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas embargadas podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 28 de este Código, en sustitución del embargo de las cuentas. La autoridad hacendaria deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un plazo de máximo de diez días. La autoridad hacendaria tendrá la obligación de comunicar a la entidad financiera el sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo de quince días siguientes a aquél en que haya notificado dicha resolución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se trate levantará el embargo de la cuenta.


Artículo 122.- Una vez que el crédito fiscal quede firme, la autoridad hacendaria procederá como sigue:


  1. Si la autoridad hacendaria tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras, o de inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció otra forma de garantía del interés fiscal suficiente antes de que el crédito fiscal quedara firme, la autoridad hacendaria ordenará a la entidad financiera la transferencia de los recursos hasta por el monto del crédito fiscal, o hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el mismo. La entidad financiera deberá informar a la Secretaría, dentro de los tres días posteriores a la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante que acredite el traspaso de fondos a la cuenta que para tales efectos designe la Secretaría.


  1. Si el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna forma distinta a las establecidas en las fracciones I y III del artículo 27 de este Código, la autoridad hacendaria procederá a requerir al contribuyente para que efectúe el pago del crédito fiscal en el plazo de cinco días siguientes a la notificación del requerimiento.


En caso de no efectuarlo, la autoridad hacendaria podrá, indistintamente, hacer efectiva la garantía ofrecida, o proceder en los términos del párrafo anterior, a la transferencia de los recursos respectivos. En este caso, una vez que la entidad financiera informe a la Secretaría haber transferido los recursos suficientes para cubrir el crédito fiscal, la autoridad hacendaria deberá proceder en un plazo máximo de tres días, a liberar la garantía otorgada.


  1. Si el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna de las formas establecidas en las fracciones I y III del artículo 27 de este Código, la autoridad hacendaria procederá a hacer efectiva la garantía.


  1. Si el interés fiscal no se encuentra garantizado, la autoridad hacendaria podrá proceder a la transferencia de recursos en los términos de la fracción I de este artículo.



Artículo 123.- Si al estarse practicando la diligencia de embargo el deudor hiciera pago del crédito fiscal, el ejecutor suspenderá dicha diligencia, haciendo constar el pago en el acta y entregándole original de la misma.



Artículo 124.- Si al designarse bienes para el embargo administrativo se opusiere un tercero, fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba documental suficiente a juicio del ejecutor. La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y deberá ser sometida a ratificación, en todos los casos, por el área de recaudación de ingresos, a la que deberán allegarse los documentos exhibidos en el momento de la oposición. Si a juicio del área de recaudación de ingresos las pruebas no son suficientes, ordenará al ejecutor que continúe con el embargo y notificará al interesado que puede hacer valer el recurso administrativo en los términos de este Código, e informar acerca de los bienes propiedad del deudor libres de gravamen y suficientes para responder del crédito fiscal exigido. Esas informaciones no obligarán a levantar el embargo sobre los bienes a que se refiere la oposición.



Artículo 125.- Cuando los bienes señalados para la traba estuvieren ya embargados por otras autoridades no fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, se practicará no obstante la diligencia. Dichos bienes se entregarán al depositario designado por el área de recaudación de ingresos o por el ejecutor, y se dará aviso a la autoridad correspondiente para que el o los interesados puedan demostrar su derecho de prelación en el cobro.


Si los bienes señalados para la ejecución hubieren sido ya embargados por parte de autoridades hacendarías federales o municipales, se practicará la diligencia entregándose los bienes al depositario que designe la autoridad hacendaría estatal y se dará aviso a la autoridad federal o municipal según sea el caso.



En caso de inconformidad, la controversia resultante será resuelta por los tribunales competentes. En tanto se resuelve el procedimiento respectivo, no se hará aplicación del producto del remate, salvo que se garantice el interés fiscal a satisfacción de la Secretaría.



Artículo 126.- El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del Procedimiento Administrativo de Ejecución, cuando el área de recaudación de ingresos determine formalmente que los bienes son insuficientes para cubrir los créditos fiscales.



Artículo 127.- Quedan exceptuados de embargo:



  1. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares;



  1. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo, a juicio del ejecutor;



  1. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el deudor;



  1. La maquinaria, enseres y semovientes propios para las actividades de las negociaciones industriales, comerciales o agrícolas, en cuanto fueren necesarios para su funcionamiento a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación a que estén designados;



  1. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las leyes;



  1. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras;



  1. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;



  1. Los derechos de uso o habitación;



  1. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las Leyes, desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;



  1. Los sueldos y salarios;



  1. Las pensiones alimenticias;



  1. Las pensiones civiles y militares concedidas por el Gobierno Federal, Estatal o por los organismos de seguridad social;



  1. Los ejidos.



Artículo 128.- El ejecutor trabará embargo en bienes bastantes para garantizar el crédito fiscal y los vencimientos futuros pendientes dejando todo lo embargado, previa identificación, bajo la guarda y custodia del depositario o los depositarios que fueran necesarios, haciéndolo constar en el acta correspondiente.



La autoridad hacendaria, bajo su responsabilidad, nombrará y removerá libremente a los depositarios que desempeñan su cargo conforme a las disposiciones legales aplicables.



La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados, a satisfacción de la autoridad hacendaria.



El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho la autoridad hacendaria, pudiendo, recaer el nombramiento en el ejecutado.



El embargo de toda clase de negociaciones se regirá por lo establecido en este Código y, en su defecto, por las disposiciones del derecho común.



Si la negociación fuere improductiva o estuviera abandonada, la Secretaría podrá encargarle a terceros debidamente capacitados que realicen la explotación respectiva.





Artículo 129.- El embargo de créditos será notificado directamente por el área de recaudación de ingresos a los deudores del embargado, para que no hagan el pago de las cantidades respectivas a éste, sino en la caja de la citada oficina, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia.



Si en cumplimiento en lo dispuesto del primer párrafo de este artículo, se paga un crédito cuya cancelación deba anotarse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la autoridad hacienda requerirá al titular de los créditos embargados para que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, firme la escritura de pago y cancelación o el documento en que deba constar el finiquito.



En caso de abstención del titular de los créditos embargados, transcurrido el plazo indicado, las autoridades hacendarías firmaran la escritura y el documento relativo en rebeldía de aquél y, lo hará del conocimiento del Registro Público de la Propiedad y de Comercio para los efectos procedentes.



Artículo 130.- Cuando se aseguren dinero, metales preciosos, acciones, bonos, o cualquiera otros títulos de crédito o de valores y alhajas u objetos de arte, el depositario los entregará previo inventario, dentro de un plazo que no excederá de veinticuatro horas, a la autoridad hacendaria, la que los conservará bajo su más estricta responsabilidad cuidando de hacer efectivos los títulos a su vencimiento, dejando constancia de ellas en el expediente de ejecución.


Artículo 131.- Las sumas de dinero objeto del embargo, así como el importe de los frutos y productos de los bienes embargados, o los resultados netos de las negociaciones embargadas, se aplicarán en los términos del artículo 50 de este Código, inmediatamente que se reciban en las oficinas de la autoridad hacendaria. Si se embarga un inmueble, los frutos o productos de éste, se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en el mismo artículo.



Artículo 132.- Si el deudor o cualquiera otra persona impidiere materialmente al ejecutor el acceso al domicilio de aquél o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el ejecutor solicitará el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución.



Artículo 133.- Si durante el embargo administrativo la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las puertas de las construcciones, edificios o casas que se embarguen o donde se presuma que existen bienes muebles embargables, el ejecutor levantará acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos. La autoridad de la jurisdicción del deudor hará de inmediato la denuncia del caso ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, de la desobediencia a un mandato legítimo de autoridad en el ejercicio de sus funciones y, asimismo, para el efecto de que éste recabe la orden judicial para la rotura de las cerraduras que fuere necesario romper para que el depositario tome posesión del inmueble o para que siga adelante la diligencia.



Cuando la persona con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles que el ejecutor suponga contienen dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables, éste trabará embargo en los muebles cerrados y de su contenido, sellándolos y enviándolos en depósito a la autoridad hacendaria, donde serán abiertos en el término de tres días por el deudor o su representante legal y, en caso contrario, por un experto designado por las autoridades hacendarias; en la forma que determine la Secretaría ante la presencia del interesado, haciéndose constar la diligencia de apertura en un acta debidamente circunstanciada. En caso de que el interesado no se encuentre presente, la actuación se llevará a cabo ante la presencia de dos testigos que designará la propia autoridad hacendaria.



Tratándose de cajas u otros objetos unidos a un inmueble o bien de difícil transportación, el ejecutor trabará embargo sobre ellos y su contenido y los sellará. Para su apertura se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo anterior.



Este mismo procedimiento se aplicará cuando el cargo de depositario recaiga en el propio ejecutado.



Artículo 134.- Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren necesarios.



En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de interventores con cargo a la caja o administradores, según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en los artículos 136, 138 y 139 de este Código.



Sección Tercera

De la Intervención



Artículo 135.- Cuando las autoridades hacendarías embarguen negociaciones, el depositario designado tendrá el carácter de interventor con cargo a la caja o de administrador.


Artículo 136.- El interventor encargado de la caja, después de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se refiere este Código, así como los costos y gastos indispensables para la operación de la negociación, deberá retirar de la negociación intervenida el 10% de los ingresos en dinero, y entregarlos en las oficinas de las autoridades hacendarias diariamente a medida que se efectúe la recaudación.


Los movimientos de las cuentas bancarias y de inversiones de la negociación intervenida por conceptos distintos a los señalados en el párrafo anterior, que impliquen retiros, traspasos, transferencias, pagos, reembolsos, deberán ser aprobados previamente por el interventor, quien además llevará un control de dichos movimientos, en los términos del Reglamento de este Código.


Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación, o de operaciones que pongan en peligro los intereses del fisco estatal, dictará las medidas provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses, y dará cuenta a la autoridad hacendaria, la que podrá ratificarlas o modificarlas.



Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueran acatadas, la autoridad hacendaría ordenará que cese la intervención con cargo a la caja y se convierta en administración, o bien, se procederá a enajenar la negociación conforme a este Código y demás disposiciones legales aplicables.


Artículo 137.- Las autoridades hacendarias podrán proceder a la enajenación de la negociación intervenida o a la enajenación de los bienes o derechos que componen la misma de forma separada, cuando lo recaudado en tres meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% del crédito fiscal, salvo que se trate de negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado período del año, en cuyo caso el porciento será el que corresponda al número de meses transcurridos a razón del 8% mensual y siempre que lo recaudado no alcance para cubrir el porciento del crédito que resulte.



Artículo 138.- El interventor administrador tendrá todas las facultades que normalmente correspondan a la administración de la sociedad y, plenos poderes con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley para ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de éstas últimas, previo acuerdo de la autoridad hacendaria, así como para otorgar los poderes generales y especiales que juzguen convenientes, revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los que él mismo hubiere conferido.



El interventor administrador no quedará supeditado en su actuación al concejo de administración, asamblea de accionistas, socios o partícipes.



Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor administrador tendrá todas las facultades de dueño, para la conservación y buena marcha del negocio.



Artículo 139.- El depositario, sea administrador o interventor, desempeñará su cargo dentro de las normas jurídicas en vigor, con todas las facultades o responsabilidades inherentes, y tendrá en particular las siguientes obligaciones:



  1. Garantizar su manejo a satisfacción del área de recaudación de ingresos;



  1. Manifestar al área de recaudación de ingresos su domicilio fiscal y casa habitación así como sus cambios;



  1. Remitir al área de recaudación de ingresos inventarios de los bienes o negociaciones objeto del embargo, con excepción de los valores determinados en el momento del embargo, incluso los de arrendamiento si se hicieron constar en la diligencia, o en caso contrario, luego que sean rescatados;


En todo caso, en el inventario se hará constar la ubicación de los bienes o el lugar donde se guarden, a cuyo respecto, todo depositario dará cuenta a la misma oficina de los cambios de localización que se efectuaren.



  1. Recaudar los frutos y productos de los bienes embargados, o los resultados netos de las negociaciones embargadas y, entregar su importe en la caja del área de recaudación de ingresos diariamente, o a medida que se efectúe la recaudación;



  1. Ejercitar ante las autoridades competentes, las acciones y actos de gestión necesarios para hacer efectivos los créditos materia del depósito o incluidos en él, así como las rentas, regalías y cualquier otro crédito en numerario o en especie;



  1. Erogar los gastos de administración, mediante el área de recaudación de ingresos, cuando sean depositarios administradores, o ministrar el importe de tales gastos, previa la comprobación procedente, si sólo fueren depositarios interventores;



  1. Rendir cuentas mensuales comprobadas al área de recaudación de ingresos.



Artículo 140.- La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho o cuando de conformidad con este Código se haya enajenado la negociación. En estos casos la oficina ejecutora comunicará el hecho al registro público que corresponda para que se cancele la inscripción respectiva.



Sección Cuarta

De los Remates



Artículo 141.- La enajenación de bienes embargados, procederá:



  1. A partir del día siguiente a aquél en que se hubiese fijado la base en los términos del artículo 144 de este Código.



  1. En los casos de embargo precautorio a que se refiere el artículo 111 de este Código, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del requerimiento.


  1. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo a que se refiere la fracción I del artículo 164 de este Código.



  1. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaída en los medios de defensa que se hubieren hecho valer.




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