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Consignación por error, enriquecimiento sin causa

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Todo para hacer hincapié en que desde el año 1935 esta Corporación en forma coincidente ha dicho que los requisitos estructurales de la actio in rem verso son acumulativos, debiendo concurrir todos para el éxito de la acción y dentro de las exigencias está la de que el envilecimiento patrimonial del demandante, nacido del enriquecimiento del demandado sea injustificado, es decir, que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no tenga una causa jurídica y, además, que el demandante para recuperar su bien carezca de cualquier otra acción originada por las fuentes legales” (Sent. de Cas. de 18 de julio de 2005, Exp. No. 1999-0335-01).


En tal acción, pues, subyace un imperativo moral, como que el ordenamiento jurídico no quiere patrocinar el acrecimiento económico de un sujeto a expensas de otro, cuando no existe ningún fundamento jurídico que lo justifique, postulado que encaja, desde luego, con la necesidad de dar a cada quien lo suyo, esto es, lo que verdaderamente le corresponde de acuerdo con los principios de justicia y equidad.


3. Y es atendiendo esos parámetros que la Corte entiende que en el presente caso no podría achacarse al Tribunal haber vulnerado normas de derecho sustancial, al concluir que se produjo un enriquecimiento sin causa en perjuicio del Banco demandante, en tanto que, ciertamente, esa entidad financiera sufrió un detrimento económico que terminó por beneficiar al demandado, sin que en esa operación mediara una causa jurídica que justificara tal desplazamiento patrimonial.


A ese respecto, téngase en cuenta que obra en autos (fls. 17 a 19 cd. 2) el documento que recogió la transacción que (…) celebró con el Centro (…), en virtud de la cual la entidad bancaria tuvo que restituir a dicha sociedad los dineros que por error consignó en la cuenta del demandado, sumas que éste no devolvió pese a los diversos requerimientos que se le hicieron, lo que repercutió negativamente en los activos del Banco demandante y, por contera, le empobreció.


En últimas, es de concluir que como el Banco no pudo recuperar esos dineros, experimentó una mengua patrimonial que carece de justificación y que, correlativamente, fue de provecho para (…), desequilibrio que por su obviedad no merece mayor abundamiento.


Por lo demás, independientemente de quién fuera el propietario de los dineros que se consignaron indebidamente, el detrimento económico que sufrió el Banco fue el resultado de la torticera conducta del demandado, de donde emerge que si bien (…) no intervino en la relación contractual en virtud de la cual (…) repuso los dineros dejados de consignar al Centro (…), esa transacción se hizo necesaria por la negativa del demandado a reintegrar los dineros recibidos en franco aprovechamiento indebido del error ajeno.


No cabe duda, entonces, que la conducta del demandado es el origen directo -y a su vez el conector necesario- del enriquecimiento y el empobrecimiento aludidos.


Y si bien pudiera ser discutible la referencia al depósito irregular que hizo el Tribunal para explicar la razón por la cual el Banco había perdido los dineros consignados erróneamente en la cuenta del demandado, lo cierto es que esa explicación fue puramente marginal y a la manera de una obiter dicta. Por lo dicho, aunque la mención de una modalidad de depósito no fuera ni necesaria, ni acertada, las reflexiones aludidas en el párrafo anterior sobre el cumplimiento de las condiciones de la actio in rem verso quedarían indemnes y, por sí solas, soportarían el fallo del Tribunal.


Aunado a ello, ninguno de los embates que se hacen a la sentencia cuestiona el hecho de que el demandado recibió dineros ajenos, o sea, que no hay protesta acerca de que dicho sujeto se enriqueció a expensas de otro y sin que se sirviera de una causa jurídica para ello. Así, la ajenidad de los dineros es asunto no debatido y por sí sostiene la justicia que hay en ordenar la devolución.


Tampoco se controvierte en esta sede la conclusión según la cual al demandante no le quedaba otra acción diferente a la de enriquecimiento sin causa, lo que permite corroborar que se satisfacían las exigencias para la prosperidad de la acción in rem verso.


De otro lado, hay que destacar que -según reconoce el propio recurrente- en este caso no hubo subrogación cuando el Banco celebró la transacción en comento con el Centro (…), pues no hay norma que así lo prevea, ni los allí contratantes convinieron que el primero se haría titular de los derechos de su cliente o de las acciones que a éste pudieran corresponder, de donde se sigue que no se presenta ninguna de las hipótesis del artículo 1667 del Código Civil, para entender que el demandante ocupaba alguna posición contractual que inhibiera la aplicación de la actio in rem verso.


Esa circunstancia, precisamente, confirma que la legitimación en la causa del Banco en este asunto no debía venir de una eventual subrogación -como ahora quiere hacer ver el casacionista-, sino del hecho de que fue la entidad financiera quien finalmente sufrió la merma patrimonial que tuvo como contrapartida el incuestionable enriquecimiento sin causa del demandado, lo cual la facultaba para ejercitar la acción in rem verso.


Entonces, visto lo anterior, ningún desacierto puede endilgarse al Tribunal en la escogencia de las normas que utilizó para sentenciar la controversia, ni en su aplicación, ni en la labor de ponderación probatoria que emprendió para verificar la presencia de los supuestos de la acción prevista en el artículo 831 del Código de Comercio, como quiera que según evidencian las pruebas que obran en el proceso, se conjugaban todos los presupuestos para declarar el enriquecimiento injusto alegado por el demandante.


En consecuencia, tal acusación no puede prosperar.


SEGUNDO CARGO


El recurrente censura que en su fallo, Tribunal violó “por vía directa una norma de derecho sustancial como es -el- principio general del derecho” según el cual “nadie puede derivar derechos de su propia ilicitud”.


En ese sentido, argumentó que (…) confesó en la demanda y en el interrogatorio rendido por su representante legal, que incumplió sus deberes como entidad financiera al desviar culposamente unos dineros que pertenecían al Centro (…) y, pese a ello, salió “indemne y hasta remunerada con el fallo objeto de este recurso de casación”, pues se le reconoció lo que tuvo que indemnizar a la referida sociedad por los daños que ella recibió y “adicionalmente se le otorga el beneficio de la corrección monetaria”.


A juicio del recurrente, el Banco demandante no es una persona cualquiera, ordinaria o ingenua, sino un profesional del comercio calificado a quien debe exigirse “toda la diligencia, la pericia y la prudencia que demanda el manejo del ahorro del público”.


Por ende, prosigue, el Banco violó normas “financieras que son de orden público y que protegen a la sociedad en general”, proceder que no puede ser génesis del derecho a recibir una compensación, ni es posible que las consecuencias de su ilicitud se trasladen al demandado, porque ello desconoce el principio según el cual nadie puede medrar de su propia ilicitud.


CONSIDERACIONES DE LA CORTE


En relación con el cargo antes memorado, en el que se pregona la violación directa de un principio general de derecho, la Corte encuentra oportuno hacer algún balbuceo teórico que resulta de recibo para la decisión.


1. Según hoy se tiene por establecido, el concepto de norma rebasa el de regla en sentido restringido, pues conforme ha dicho la doctrina autorizada “con la palabra norma se alude a que algo deba ser o producirse; en particular, a que un hombre deba comportarse de determinada manera. Sin embargo, de cara al significado de la separación de la ley respecto de los derechos y de la justicia, dentro de una noción genérica de norma de este tipo es importante diferenciar lo que podría denominarse «regla» de lo que podría, por el contrario, denominarse «principio»…” 1.


Una de las maneras de distinguir las reglas de los principios es que los métodos tradicionales de interpretación sólo se aplican a las reglas y no a los principios, pues el significado lingüístico de éstos es autoevidente2. Según Zagrebelsky, los principios remiten a tradiciones históricas y deben ser entendidos en su ethos; mientras que a la regla se obedece, a los principios se adhiere, circunstancia que está vinculada a la comprensión de los valores inherentes a la cultura jurídica y al contexto histórico.


Las reglas ordenan, prohíben o permiten; los principios proporcionan criterios para una toma de posición ante situaciones concretas que a priori parecen indeterminadas. Los principios carecen de una estructura basada en un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, razón por la cual sólo generan reacciones ante determinadas situaciones de hecho. Si la “aplicación” del derecho se tomara limitadamente como la subsunción, bastante difícil sería esa operación lógica a la hora de adoptar decisiones judiciales para casos concretos tomando como base únicamente los principios.


Según se observa, los principios jurídicos son un acumulado de saber práctico, que sirve de guía a las acciones humanas. En su estructura lingüística son enunciados normativos, prescriptivos, del deber ser, deontológicos. Hay en ellos mandatos, prohibiciones, permisiones o valoraciones implícitas que no tienen como función describir la realidad, sino ser guías para las acciones humanas o exhortaciones al logro de metas social e individualmente deseables.


Las reglas, por su parte, tienen un supuesto de hecho y esa característica permite incluir y excluir personas, eventos o cosas, lo cual hace que tengan un mayor grado de determinación que los principios. Baste ver, por ejemplo, que enunciados como la «buena fe» carecen de supuesto de hecho; por el contrario la prohibición del homicidio o del robo, aluden a hechos y acciones concretas, que por tal condición a la vez que incluyen unos hechos, excluyen otros.


Las reglas expresan un carácter dicotómico, de todo o nada, esto es, que operan a la manera de una disyuntiva, pues ese es el propósito en su proceso de construcción, regular unos hechos claramente delimitados para dejar otros por fuera, esto es, no comprendidos en el supuesto de hecho. La regla puede consistir en la inclusión de una población con diversos criterios, como mujer, hombre, mayor, menor, nacional, extranjero, capaz, incapaz, abogado, médico o militar.


La diferencia entre principios y reglas, genera como secuela una distinta lectura de unos y otras, pues la representación que se hace el interprete para insuflar sentido a ellas es bien diferente. A la larga, la vaguedad de los principios, su indeterminación y la ausencia de un supuesto de hecho concreto, otorga al lector un mayor margen en la tarea de adscribir significado o desentrañar su alcance, sin perjuicio de que se acuda a ejercicios de ponderación cuando son varios los que están en pugna para su aplicación al caso.


Sobre la validez formal de las reglas y de los principios, conviene decir que como los principios no son promulgados por ninguna autoridad concreta, carecen de fuente legitimadora, lo que lleva a que no sea posible predicar de ellos validez formal, en el sentido de haber sido establecidos de conformidad con algunas reglas de producción o de reconocimiento.


En verdad los principios ingresan al torrente jurídico como lo hacen las palabras al idioma, es decir, surgen en la práctica común, su existencia depende del uso y de la adhesión de los hablantes. Así, cuando las Academias de la Lengua intervienen lo hacen para reconocer un hecho: el uso. Transpuesto a los principios, cuando el legislador o los jueces aplican el principio o este ha sido consagrado en fórmulas legales o constitucionales -es decir, se ha positivizado- se produce apenas la verificación de una existencia irrebatible, pero este acto de reconocimiento nada añade en su validez formal, pues su fuente y existencia es puramente axiológica.


Por ello, la consagración legal o constitucional de un principio en nada altera su esencia, pues sin negar la fuerza simbólica y retórica que tiene la recepción positiva en un ordenamiento, su existencia no puede quedar subordinada a ese reconocimiento y, en todo caso, ni el legislador, ni el propio constituyente, podrían simplemente aniquilarlos. La presencia de un principio en un cuerpo legal o constitucional, sería una muestra de adhesión política, pero jamás podría decirse que en ese momento comienza la existencia del principio. Así, por ejemplo, si el principio de «buena fe» toma lugar en una Constitución, el retiro posterior de la Carta Política o de apartes de ella, jamás podría tener como efecto normativo la autorización para obrar impunemente, o de mala fe.

2. En esta recensión resulta del todo pertinente ver que mientras en Colombia la reforma constitucional de 1936 suprimió de la Carta Política la referencia a los derechos naturales, allende las fronteras se avecinaba la hecatombe de la segunda guerra mundial y la crisis del derecho positivo, como anuncio del regreso del iusnaturalismo.


El punto de inflexión que llevó a verdaderas disquisiciones sobre los principios, pudo tener origen en las leyes que establecieron la solución final y permitieron el holocausto, pues ellas, desde el punto de vista formal, no merecían reparo en cuanto a su expedición; no obstante, la crisis del derecho positivo se expresó en que muchos crímenes se cometieron al amparo de leyes expedidas mediante el procedimiento previamente establecido y por los órganos competentes. Se clamó, entonces, por los principios generales, los cuales, por su textura abierta, dejan un campo feraz para la creación judicial; así, se produce una asociación explícita o implícita entre el derecho natural y el derecho por principios.


El renacimiento de un derecho natural distinto, obedeció a la llamada por algunos “miseria del derecho”, en especial si falló el concepto puramente formal de la ley, como aconteció, según se insinuó, en el régimen nazi. La noción de injusticia legal en el Nacional Socialismo y sus repercusiones durante la posguerra en la R.D.A., mostraron el caso de leyes que, a pesar de ser válidamente expedidas, carecían de validez axiológica, en tanto que agredían sentimientos mínimos de justicia. Esta es en esencia la fórmula Radbruch o del entuerto. Por ello, se dijo, no sería justo obedecer una ley que ordenaba disparar a las personas que cruzaban el muro de Berlín, al punto que quienes las ejecutaron han sido condenados por tribunales contemporáneos.


Pero además de la circunstancia política vinculada a un periodo oscuro de la historia de la humanidad, hay que agregar que la posibilidad de que el legislador cubra con reglas la realidad entera, conspira contra la complejidad de la vida moderna y la verdadera dimensión de las cosas, que impiden comprimir todos sus grises y penumbras en unos cuantos enunciados legales.



: SFCant -> Normativa -> Jurisprudencia2009
Normativa -> Circular establecimientos de crédito 2O. Archivo
Jurisprudencia2009 -> Corte suprema de justicia
Normativa -> Corresponsales no bancarios, red postal de colombia, red de oficinas, fna
Normativa -> Documento tecnico para remision de informacion a las administradoras del sistema integral de seguridad social
Normativa -> Anexo Proy ce sarlaft
Normativa -> Seguridad social, RÉgimen de prima media, colpensiones
Normativa -> Hábeas data, requisitos reporte negativo, información de personas fallecidas – cobro extraprocesal, abuso del derecho por part
Normativa -> Centrales de informacion – habeas data – carta de compromiso aval
Jurisprudencia2009 -> Tarifas, servicios financieros, servicios bancarios, información plena, consumidor financiero
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