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Contrato de salud

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Lecciones y Ensayos

, Nro. 94, 2015

a

MBroSio

 S

oto

, Eduardo y otros, 

“El falseamiento de la declaración jurada en el contrato...”, pp. 257-269

261

   

con el fin de determinar dichas preexistencias.

La normativa expresamente instruye a la autoridad de aplicación apro-

bar el modelo de declaración jurada que los usuarios deben completar, a 

identificar las enfermedades preexistentes al contrato que generan el dere-

cho a cobrar un valor diferencial y a autorizar su monto. 

En su art. 10, la Ley 26682, determina que “las enfermedades preexis-

tentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del 

usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios. 

La Autoridad de Aplicación autorizará valores diferenciales debidamente 

justificados para la admisión de usuarios que presenten enfermedades pre-

existentes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación

”.

Por su parte, el artículo 10 del Decreto Reglamentario Nº 1993/11 esti-

pula: “La Superintendencia de Servicios de Salud establecerá y determina-

rá las situaciones de preexistencia que podrán ser de carácter temporario, 

crónico o de alto costo que regirán para todos los tipos de contratos entre 

las partes comprendidas en el presente decreto sin excepción

”.

Ahora bien, la autoridad administrativa no sólo ha omitido dictar la 

resolución que apruebe un modelo de declaración jurada sino que tampoco 

ha dictado una que indique cuáles datos de salud, enfermedades, etc., serán 

tipificados como una preexistencia al momento de formalizar el contrato 

de salud; y esto, en la práctica, ha avivado conductas sumamente injustas 

por parte de las empresas frente a sus afiliados.

En los hechos ocurre que cuando un usuario intenta realizar una afi-

liación con una enfermedad en curso, las empresas de medicina prepagas 

envían cartas documentos cotizando las preexistencias con valores sidera-

les lo que en la práctica conlleva al abandono del intento de contratación. 

O bien si se dan determinados consumos dentro del primer año de haber 

contratado el servicio las empresas rescinden unilateralmente el plan ale-

gando falseamiento de la declaración jurada. Esta última circunstancia es 

la que hemos visto consumada en el caso motivo del presente comentario. 

En base a ello, consideramos que la necesidad de reglamentar la in-

formación que debería contener la declaración jurada, guarda íntima rela-

ción con la norma que debiera identificar las enfermedades preexistentes al 

contrato. Por ende, todo dato de salud aislado que no posea un diagnóstico 

ni tratamiento médico, no puede ser considerado en sí mismo una preexis-

tencia, sin una norma específica que la regule.

Por otra parte, es sabido que el plan de salud que comercializan las 

empresas tiene una estructura de costos que contienen las enfermedades 



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