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Convención sobre los derechos de las personas

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VERSIÓN NO EDITADA AVANZADA




CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD



INFORME INICIAL DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



I) Introducción.


El Informe inicial de Uruguay al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre las medidas que ha adoptado el Uruguay para cumplir con las obligaciones contraídas por la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se presenta de conformidad al artículo 35.1 de dicha Convención.


Este Informe fue elaborado y estructurado en base al Documento de Naciones Unidas CRPD/C/2/3 de fecha 18 de noviembre de 2009 titulado “Directrices relativas al documento específico sobre la Convención que deben presentar los Estados partes con arreglo al párrafo 1 del artículo 35 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.


La redacción del Informe inicial estuvo coordinada por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay.


Se llevó a cabo un amplio proceso de consultas con los diferentes organismos del Estado involucrados en esta temática, fundamentalmente con el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Poder Judicial, el Poder Legislativo (Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad dela Intendencia de Montevideo.


Asimismo, se realizaron consultas abiertas con las organizaciones no gubernamentales y demás integrantes de la sociedad civil vinculados a la temática de la discapacidad en el marco de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD).


La elaboración de este Informe representa el inicio de un proceso de análisis retrospectivo sobre las políticas públicas y legislación para las personas con discapacidad así como una oportunidad para promover cambios estratégicos hacia la implementación de una política nacional que garantice el goce pleno de derechos de las personas con discapacidad, sin distinción de edad, etnia, sexo o condición social.


A lo largo de todo el Informe el Estado uruguayo presenta los avances, desafíos y dificultades en la materia de forma honesta reconociendo aquellas áreas en donde por diferentes circunstancias no se han verificado los logros esperados.







II) Avances legislativos en materia de discapacidad en Uruguay.


La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por el Parlamento Nacional por Ley Nº 18.418 del 4 de diciembre de 2008. En agosto de 2011, por Ley Nº 18.776 se aprobó la adhesión al Protocolo Facultativo de esta Convención.


La ratificación de la Convención ha permitido junto a otras medidas, dar mayor visibilidad en Uruguay a una temática históricamente postergada en el país.


Por su parte, la Ley Nº 18.651 de 19 de febrero de 2010 (Anexo 1) es un nuevo paso hacia el establecimiento de un sistema de protección integral a las personas con discapacidad para asegurarles su atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional, su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca.


Dicha ley considera con discapacidad a "toda persona que padezca o presente una alteración funcional, permanente o prolongada, (física, motriz, sensorial o visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral".


Es necesario consignar que hasta el momento la ley Nº 18.651 no ha sido aun reglamentada estando a estudio del Poder Ejecutivo su correspondiente Decreto Reglamentario.


No obstante, muchas de las disposiciones de la ley Nº 18.651 (a pesar de su falta de reglamentación) están siendo implementadas a través de diferentes programas y políticas públicas. Entre ellas podemos citar la Encuesta para ayudar a definir las personas con discapacidad severa dependiente que pueden necesitar asistentes personales y las cualidades de los mismos, así como un programa de cursos de formación de cuidadores, que están realizando el Ministerio de Desarrollo Social y el BPS junto a otros organismos y con apoyo de la Fundación Astur y Naciones Unidas.


Por ejemplo, entre otras políticas públicas, el Estado uruguayo (por intermedio del el Banco de Previsión Social) brinda prestaciones económicas a personas con discapacidad e instituciones con un presupuesto anual de más de 500 millones de dólares, beneficiando a más de 150.000 personas y más de 120 instituciones.



III) Algunos datos estadísticos sobre discapacidad en Uruguay.


El Estado uruguayo es plenamente consciente de la importancia de datos estadísticos sobre la eficacia de las medidas nacionales llevadas adelante para evitar la discriminación de las personas con discapacidad así como los progresos logrados en asegurar por igual el ejercicio de cada uno de los derechos reconocidos en la Convención por las personas con discapacidad.


Es por ello que concede particular importancia a la presentación de datos, cifras e indicadores en la materia.


En el presente informe, los datos disponibles sobre prevalencias de discapacidad así como las variables tales como sexo, edad, nivel educativo, tasa de actividad y desempleo, se obtienen a partir de tres fuentes estadísticas principales, a saber: la Encuesta de Hogares realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la CNHD (2004), el módulo salud de la Encuesta Continua de Hogares (2006) y el Censo Nacional (2011).


Es importante precisar que estas tres fuentes estadísticas no son comparables entre sí ya que la metodología aplicada varía en el tipo de preguntas y en la muestra seleccionada.


En el primer caso se aplica en población urbana de más de 5.000 habitantes, mientras que en la Encuesta de Hogares de 2006 se amplía el criterio considerando poblaciones pequeñas y zonas rurales. El instrumento del Censo Nacional se aplica a toda la población del país.


De acuerdo a las encuestas de la CNHD y del INE, en 2004 se establece una prevalencia de discapacidad del 7,6% de la población uruguaya, mientras que en 2006 la cifra asciende a un 9,2%.


Los datos aportados en los informes de las Encuestas permiten obtener un perfil de la situación de las personas con discapacidad en Uruguay. Como información relevante se puede citar que casi la mitad (48%) de las personas con discapacidad pertenecen a los hogares de menores ingresos.


Con respecto a la educación, considerando las edades entre 4 y 15 años, el porcentaje de población con discapacidad que asiste a un centro educativo es del 88%, es decir, 7 puntos porcentuales menos que la población sin discapacidad (CNHD-INE, 2004).


En lo concerniente al nivel educativo, corresponde señalar que solo un 32% alcanza la enseñanza primaria completa lo que parece ser un primer límite para la población con discapacidad. Al aumentar el nivel de instrucción las diferencias entre las poblaciones con y sin discapacidad se acentúan, llegando al nivel secundario completo o más con 19 puntos porcentuales de diferencia.


El alto porcentaje de personas con discapacidad de 25 años o más de edad que carecen o tienen muy bajo nivel de instrucción (37.7%), contrasta con el observado para la población sin discapacidad (12.6%).


Otro dato importante lo constituye el promedio de ingresos por trabajo de la población con discapacidad. En esta variable la cifra es de un 37% inferior al que percibe por este concepto la población no discapacitada.


Al comparar el ingreso por trabajo de la población de cada sexo con o sin discapacidad, se observan diferencias más acentuadas entre la población masculina. Los varones con discapacidad reciben $3.337 (uno150 dólares) menos que el resto.


Los datos preliminares del último Censo Nacional (2011) indican que de los 3.251.654 habitantes con los que cuenta Uruguay, 517.771 presentan algún tipo de discapacidad.


De este total presentan una discapacidad leve 365.462, una discapacidad moderada 128.876, mientras que 23.433 personas tienen una discapacidad severa. De acuerdo a estas cifras un 15.9% de la población uruguaya está formada por personas con discapacidad.


Corresponde destacar que en el Censo Nacional del 2011 por primera vez se incorpora la variable “discapacidad”, lo que permite incluir a las personas con discapacidad en la información oficial de la población.


IV) Discapacidad y pobreza


La incidencia de la discapacidad varía dependiendo de las características de las poblaciones que se analicen.


En la franja de población pobre de la capital del país (Montevideo) existe una prevalencia mayor de discapacidad (11,5%) que en la franja de población no pobre).


A su vez, dentro de la población pobre, aquella que se ubica en contextos de extrema pobreza, determina un perfil de discapacidad diferente a la población general ya que en los contextos de extrema pobreza se verifica una mayor prevalencia de discapacidades mentales (intelectuales y psíquicas).


Las personas con discapacidad en contextos de extrema pobreza son mayoritariamente jóvenes, existe una mayor presencia de discapacidad auditiva en mujeres y de discapacidad intelectual y psíquica en varones.


Las discapacidades psíquicas con mayor frecuencia que otras, se asocian con otras discapacidades, mientras que la mayor frecuencia de discapacidad que aparece sin asociaciones es la discapacidad intelectual.


En relación a cuánto afecta la discapacidad a las personas en su vida, de acuerdo a estudios llevados a cabo por PRONADIS, para un alto porcentaje de la población estudiada no hay mayor incidencia en las actividades de cuidado personal, trabajo doméstico y recreación dentro o fuera de la casa. Sin embargo un 50% se ve muy afectado para sus estudios y un 31% señala que lo afecta para el trabajo.


Si consideramos por tipo de discapacidad, quienes presentan discapacidad motriz se ven afectados mayormente para las actividades de recreación y las tareas dentro del hogar. Las personas con discapacidad psíquica manifiestan mayores dificultades para la recreación fuera del hogar.


En cuanto a las ayudas técnicas, menos del 50% de las que declaran necesitar una ayuda técnica la han recibido. Considerados por tipo de discapacidad, menos del 70% de personas con discapacidad mental y auditiva, el 65% de personas con discapacidad intelectual y un 60% de discapacidad auditiva no la recibieron.


De acuerdo a la consulta realizada en dichos estudios, las Asociaciones de Personas con Discapacidad identifican carencias de sus usuarios en varias áreas: salud, educación, trabajo, recreación. Esto permite suponer que las personas con discapacidad en general requieren el rediseño de las políticas para garantizar el acceso de los bienes y servicios.


Al compararse a las personas con discapacidad, no pobres y pobres, esta situación se repite para las personas con discapacidad en situación de pobreza extrema.


Además se detecta un problema importante en relación al tipo de discapacidad que manifiestan las personas pobres, esto es, más del 50% de las personas con discapacidad de aprendizaje son pobres. Si se toma en cuenta que la población pobre representa el 13,7% de la población total, es extremadamente alarmante que este 13.7% de la población contenga al 50% de la población con discapacidad de aprendizaje.


En relación al nivel de vida de las personas con discapacidad y la protección social adecuada, datos preliminares del estudio realizado por el MIDES y la Red Temática de Discapacidad de la Universidad de la República (2009) en hogares con extrema pobreza, señalan que el 59% de los niños presentan discapacidad mental, distribuyéndose de la siguiente manera: 49% intelectuales, 13% psíquicas y 38% ambas (estos datos corresponden a los primeros 238 hogares relevados en los cuales residen 404 personas con discapacidad).


Al comparar los datos de niños y niñas con algún grado de discapacidad mental, con el nivel educativo alcanzado por ellos, se evidencia la problemática de la inclusión educativa. Tanto el acceso como la permanencia en el sistema educativo, es un indicador de las posibilidades reales de desarrollo que tienen estos niños en situación de pobreza.



V) Aspectos institucionales.


A medida que la situación de las personas con discapacidad fue adquiriendo mayor atención tanto por parte del Estado como de la propia sociedad uruguaya, fue desarrollándose una institucionalidad que hasta el presente continúa consolidándose en las diferentes estructuras del Estado y de los gobiernos departamentales.


En un comienzo los servicios brindados por las entidades públicas nacionales con respecto a la discapacidad respondían a intervenciones focalizadas, atendiéndose expresamente a los grupos de población vulnerable. Las variables que establece este modelo para esta política es la de considerar a las "personas en estado de desnutrición que sufren algún tipo de enfermedad crónica o discapacidad, madres adolescentes o personas con problemas de adicciones¨. Esto refleja una alta incidencia de un Modelo Biomédico de la discapacidad.


En consecuencia, históricamente fue construyéndose una oferta pública en Uruguay en base a los criterios señalados anteriormente, delegándose la atención para las personas con discapacidad en distintos sectores del Estado tales como: el Ministerio de Salud Pública (Administración de los Servicios de Salud del Estado), recientemente el MIDES a través del PRONADIS, la Administración Nacional de Educación Pública, el Banco de Previsión Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).


A partir del 2005, comienza a coexistir el Modelo Biomédico con el Modelo Bio-Psico-Social, siguiéndose los aportes de la CIF (OMS, 2001).


Es en este momento se decide pasar el Programa Nacional de Discapacidad de la órbita del Ministerio de Salud Pública para instalarse en el Ministerio de Desarrollo Social.


Con la ratificación por parte de Uruguay de la Convención se consolida de manera progresiva el Modelo Social de discapacidad.


En definitiva, este Informe inicial refleja la coexistencia de los diferentes modelos, señalando un proceso de transición institucional a partir de cambios que se comienzan a impulsar desde el propio Estado.


La coexistencia de estos modelos quizás sea una de las razones principales para explicar por qué en el Uruguay no existen criterios unificados en el Estado para certificar la discapacidad.


Si bien la Ley y la Convención definen claramente a quienes incluir en este colectivo, en nuestro país existen distintas certificaciones en función del organismo ante el cual se realice la gestión.


Esto trae consecuencias para definir políticas focalizadas en función de necesidades, así como en contar con un sistema de información que retroalimente las políticas implementadas y, en consecuencia, un monitoreo de las mismas.


Así mientras el acceso a algunas ofertas se obtiene por el criterio de vulnerabilidad - en este caso definida como biológica - en otras, el acceso depende de otros criterios que lo limitan, por ejemplo, algunos servicios se obtienen a partir de tener la pensión no contributiva otorgada por el Banco de Previsión Social. La obtención de la pensión no contributiva está limitada por el grado de discapacidad y el nivel de ingreso económico del grupo familiar (a excepción de las personas con discapacidad severa donde no se considera el ingreso económico).


Otro tipo de limitante del criterio institucional se presenta para el acceso a realizar actividades en asociaciones privadas que tienen convenios con el Estado, donde en caso de que no pueda sustentar el arancel solicitado, se establece como primera condición que haya obtenido la pensión y como segunda condición de limitación, cumplir con los criterios de cobertura que están definidos por la misma asociación (edad, tipo de discapacidad, entre otros).


La responsabilidad política dentro de la estructura estatal, en materia de discapacidad es ejercida por la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD) y el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), cabe destacar que este Programa será elevado a la categoría de Instituto próximamente de acuerdo a los proyectos del gobierno en materia de discapacidad. Pronadis es un Programa dentro de un Ministerio, mientras que la CNHD es una persona de derecho público no estatal.


La ley 18.172 en su art. 256 establece el Programa Nacional de Discapacidad del cual dependerán el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y con Baja Visión Tiburcio Cachón y el Instituto Nacional de Ciegos, General Artigas, a cuyos efectos el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública" transferirá los bienes, créditos, recursos, derechos y obligaciones correspondientes al Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social".


La Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, creada por el artículo 10 de la ley Nº 16.095 (1989), con la modificación introducida por el artículo único de la ley Nº 16.169 (1990) pasará a funcionar en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y será presidida por la o el Ministro de Desarrollo Social o quien éste designe, manteniéndose como integrante el o la Ministra de Salud Pública o el delegado que esta designe.


Posteriormente, la Ley Nº 18.651 en su artículo 13 reformula esta Comisión y crea la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD – adecuando la denominación a los nuevos enfoques conceptuales), organismo que funcionará en la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social.


La Comisión se integra por el Ministro de Desarrollo Social que la presidirá, o un delegado de éste, que tendrá igual función, y por un delegado del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Facultad de Medicina, del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, del Congreso de Intendentes, de la Facultad de Odontología, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, del Banco de Previsión Social, del Banco de Seguros del Estado, de la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata y de la Facultad de Ciencias Sociales.


Asimismo integran esta Comisión otros delegados representando a Facultades o áreas cuando la Comisión lo requiera así como por un delegado de cada una de las asociaciones de segundo grado de personas con discapacidad que posean personería jurídica vigente o en trámite.


Dichas asociaciones deberán estar conformadas por personas con discapacidad a excepción de aquellas situaciones en que las personas no tengan la aptitud para ejercer la representación de sus intereses, donde en ese caso podrán ser integradas por familiares directos o curador.


Corresponde a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad la elaboración, el estudio, la evaluación y la aplicación de los planes de política nacional de promoción, desarrollo, rehabilitación biopsicosocial e integración social de la persona con discapacidad, a cuyo efecto deberá procurar la coordinación de la acción del Estado en sus diversos servicios, creados o a crearse, a los fines establecidos en la presente ley.


La referida ley Nº 18.651 en su artículo 17 establece que con excepción del departamento de Montevideo, en los demás departamentos de la República habrá una Comisión Departamental Honoraria de la Discapacidad que se integrará con un delegado del Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirá, un delegado del Ministerio de Salud Pública, un delegado del Ministerio de Educación y Cultura, un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un delegado del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, un delegado de la Intendencia Municipal respectiva, un delegado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, un delegado del Banco de Previsión Social, un delegado del Banco de Seguros del Estado, un delegado de la Comisión Departamental del Patronato del Psicópata, un delegado de las Facultades que se indican en el artículo 13 de dicha ley (en la medida que las mismas tengan sedes en donde se establezcan estas Comisiones Departamentales) y dos delegados de organizaciones de personas con discapacidad del departamento, las que deberán estar conformadas por personas con discapacidad, a excepción de aquellas situaciones en que las personas no tengan la aptitud para ejercer la representación de sus intereses, en cuyos casos podrán ser integradas por familiares directos o curador respectivo. Cuando existan más de dos asociaciones con estas características tendrán preferencia las de segundo grado.


Podrán crearse asimismo, Comisiones Regionales y Subcomisiones Locales, integradas en la forma que fijen respectivamente, la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad y las Comisiones Departamentales Honorarias de la Discapacidad.


El artículo 18 de la ley Nº 18.651 establece: “Las Comisiones Regionales, Departamentales y Subcomisiones Locales tendrán dentro de su jurisdicción los siguientes cometidos:

1) Estudiar, proyectar y aconsejar al Poder Ejecutivo y a los Gobiernos Departamentales todas las medidas necesarias para hacer efectiva la aplicación de la presente ley; y hacer efectiva la aplicación de los programas formulados por la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.

2) Apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro que orienten sus acciones a favor de las personas con discapacidad.

3) Estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como propender al desarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia.

4) Evaluar la ejecución de los programas mencionados en el numeral 1) del presente artículo y formular recomendaciones al respecto.

5) Ejecutar las demás actividades que por reglamentación se le confieran.”


Para implementar las acciones del Estado en materia de discapacidad existe un conjunto de Programas, Servicios y Prestaciones que dan cobertura específica a personas con discapacidad. Unos son ejecutados desde el Estado a través de acciones o transferencia económica directamente a las personas con discapacidad, en cambio otros son ejecutados en coparticipación con terceros, en su mayoría de naturaleza privada, a través de transferencias económicas. Si bien se constata una importante presencia del Estado en la oferta de servicios y prestaciones sociales destinadas a personas con discapacidad, ésta se produce de forma fragmentada y en general desarticulada.


Teniendo en cuenta esta situación, la CNHD cuenta con un Servicio de Orientación Social, desde el que se realizan derivaciones a los distintos servicios existentes o a los programas concretos que otorgan diversas coberturas. Las demandas planteadas con mayor frecuencia refieren al acceso al empleo, prestaciones sociales, vivienda, rehabilitación y atención psicológica. Este Servicio recibe unas 25 consultas mensuales aproximadamente.


En materia de prestaciones sociales, la Constitución de la República, mediante su artículo 195, crea el Banco de Previsión Social (BPS) con el cometido de coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social. La Misión del Banco de Previsión Social, como Instituto de la seguridad social, es brindar servicios para asegurar la cobertura de las contingencias sociales a la comunidad en su conjunto y la recaudación de los recursos, en forma eficaz, eficiente y equitativa, promoviendo políticas e iniciativas en materia de seguridad social, aplicando los principios rectores de la misma en el marco de las competencias que le asigna la Constitución y las Leyes. Esta institución cuenta con programas y brinda prestaciones orientados a cubrir la contingencia o el riesgo de invalidez.


El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta con un área denominada Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), creada por la ley Nº 18.406 del 24 de octubre de 2008 como persona pública no estatal, de carácter tripartito. Tiene como principal cometido ejecutar políticas de formación profesional y fortalecimiento del empleo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Está dirigido por un Consejo Directivo integrado por siete titulares, con sus respectivos alternos, en representación del Poder Ejecutivo, el sector empresarial y el sector sindical. Dentro de este Instituto se encuentra PROCLADIS, un programa de capacitación laboral para personas con discapacidad, que tiene como objetivo promover la inclusión social de las personas con discapacidad contribuyendo a formar su identidad como trabajador. Participan del programa las Personas con Discapacidad (todos los tipos de deficiencia) mayores de 18 años que estén en condiciones de autonomía como para integrarse al mercado abierto de trabajo.


Mediante la promulgación de la Ley Nº 18. 446 (Anexo 2) de fecha 18 de diciembre de 2008 fue creada la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), como una institución del Poder Legislativo, la que tendrá por cometido, en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.


La misma ley establece que la INDDHH no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad.

Asimismo la INDDHH será competente para conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, a petición de parte o de oficio, de acuerdo al procedimiento que se establece en la mencionada ley.


A nivel municipal, el gobierno local más importante del país es el de Montevideo, donde vive aproximadamente la mitad de la población del país. La Intendencia Municipal creó la Secretaría de la Gestión Social para la Discapacidad en el año 1990, transformándose en el primer gobierno municipal en generar un espacio institucional específico que trabaje el tema de la discapacidad, jerarquizando su lugar y promoviendo el desarrollo de líneas de trabajo. Dentro de este ámbito la Secretaría de Discapacidad se ubica en el Departamento de Desarrollo Social, en consonancia con un enfoque social. Los objetivos de la Secretaría son: promover procesos de inclusión social de personas con discapacidad; implementar servicios de apoyo a las personas con discapacidad y sus familias que contribuyan con la mejora de la calidad de vida; fomentar la participación de la ciudadanía en torno a la discapacidad generando espacios para la construcción compartida de proyectos colectivos; y contribuir al desarrollo de una ciudad accesible. Esta Secretaría gestiona y organiza diferentes programas y servicios, entre otros un programa de capacitación e inserción laboral, comunitario y de accesibilidad.


Por su parte la Intendencia Departamental de Maldonado cuenta con un Área de Políticas Diferenciales que depende de la Dirección General de Integración y Desarrollo Social. Se enfoca en el trabajo con personas con discapacidad y adultos mayores para promover la inclusión, la autonomía, la equidad, la accesibilidad y la aceptación de la diversidad


La Intendencia del departamento de Rivera cuenta con una Oficina de Atención a la Persona con Discapacidad, dependiente de la Dirección General de Promoción y Desarrollo, con la finalidad de supervisar permanente mente la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público.


Otras intendencias departamentales cuentan con programas y proyectos en el área


VI) Organizaciones de la Sociedad Civil prestadoras de servicios en materia de discapacidad en convenio con el Estado.


La oferta de bienes y servicios dirigidos a personas con discapacidad ejecutadas por organizaciones de la sociedad civil constituyen un componente importante en la estrategia de inclusión a las personas con discapacidad por su impacto social y por representar un porcentaje mayoritario del presupuesto estatal para la ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad.


Las acciones de iniciativa privada en su mayor parte mantienen convenios con el Estado a partir de los cuales éste destina recursos (financieros, materiales, humanos). La gran mayoría de estas iniciativas se organizan bajo la forma jurídica de Asociación Civil sin fines de lucro, existiendo en menor medida otras modalidades (empresas de responsabilidad limitada, cooperativas). Otra variante organizativa son aquellas que se constituyen en Entidades Capacitación, lo que las habilita a mantener convenios principalmente con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), donde se encuentra comprendido PROCLADIS.


Las Asociaciones en este caso, se pueden diferenciar según se trate de:


• Asociaciones de personas con discapacidad, conformadas por personas con discapacidad y/o familiares.

• Asociaciones de segundo orden, mediante el agrupamiento de 2 o más asociaciones de personas con discapacidad o sus familiares (plenarios, federaciones).

• Asociaciones Civiles sin fines de lucro, con diferentes finalidades: Instituciones Educativas, Instituciones de Rehabilitación, Clínicas de re-educación, Fundaciones y Asociaciones de Apoyo a determinadas patologías. En general están organizadas a partir de iniciativas de profesionales de Medicina (en diversas especialidades), Fisioterapia, Fonoaudiología, Psicomotricidad, Psicología, Trabajo social, Magisterio Especializado, Psicopedagogía.

• Grupos que se organizan a partir de iniciativas locales o vecinales, las que a su vez tienen a regularizar su situación jurídica en calidad de Asociación sin fines del lucro como forma de tener un mayor acceso a través de convenios.


Estas Asociaciones se financian a partir de diferentes formas de ingreso, como ser el pago de arancel, transferencias económicas del Estado, bajo la modalidad de convenios (con B.P.S., I.N.A.U, PROCLADIS, PRONADIS, etc.) y aportes donativos.


Existen también apoyos parciales a partir de convenios específicos:

• El CODICEN (Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública) apoya con docentes para capacitación en diversas áreas.

• Otros a partir de Pronadis y de las Intendencias Departamentales.


A su vez una misma asociación puede tener estas formas de ingreso de manera combinada.


De acuerdo a la cobertura que brindan se podrían agrupar en:

a) Oferta de actividades de diversa índole, donde los usuarios pueden participar en forma parcial (en algunas de ellas durante algunos días de la semana, en un determinado horario); o los usuarios que participan en horario completo (asistiendo a todas las actividades)

b) Oferta de servicios con la modalidad de lo que se denomina “hogar”, implica la institucionalización de la persona en régimen de internado, cumpliendo con actividades fuera del hogar dependiendo de la modalidad institucional y de cada situación particular.


El acceso a los servicios puede ocurrir en forma voluntaria o por derivación. Igualmente el ingreso a las actividades depende de la decisión de la asociación, ésta en general es tomada a partir de las evaluaciones previas que trae el usuario y de entrevistas que se mantienen con el personal técnico.


De acuerdo al tiempo de permanencia a las asociaciones se pueden diferenciar entre las que ofrecen una permanencia temporal limitada dependiendo del tipo de servicio que ofrezca ya sea de rehabilitación o curso de capacitación; una permanencia temporal extensa, cuando se ofrecen fundamentalmente servicios de formación y socialización quedando sujeto su egreso a los tramos etarios que atiende la asociación; y una estancia permanente cuando está vinculado a la asociación por largos períodos de tiempo, tal es el caso de los Hogares o de las asociaciones de personas con discapacidad y familiares


De conformidad a la base de datos de PRONADIS existen 227 instituciones (y/u organizaciones) privadas dedicadas a la discapacidad, de las cuales 105 están ubicadas en la ciudad de Montevideo.


Sin embargo están presentes en las Guías de Recursos de acceso público del Ministerio de Desarrollo Social, un total de 110 Asociaciones de las cuales 30 corresponden a asociaciones de personas con discapacidad y/o familiares, incluyendo 3 Asociaciones de segundo orden (Federaciones, Plenario). Dentro de las Asociaciones se presentan según se auto identifican, en la mayoría de los casos, lo hacen de acuerdo a las discapacidades atendidas.


Considerando la oferta de servicios hacia personas con discapacidad que surgen de las Guías de Recursos, las mismas se organizan de acuerdo al tipo de discapacidad. Se puede identificar que siguiendo el criterio de atención hacia donde dirigen sus propuestas, se encuentran: (a) las que son específicas para un tipo de discapacidad: intelectual, autismo, discapacidad mental, discapacidad visual, sordos, sordo-ceguera, motriz; (b) aquellas que atienden más de una discapacidad (señalando o no cuáles); (c) las que señalan todas las discapacidades (atiende sujetos con diferentes tipos de discapacidad); (d) las que atienden multidiscapacidad (cuando una persona tiene más de una discapacidad); y (e) aquellas que no especifican.


En cuanto a las asociaciones o grupos de apoyos específicos a síndromes y enfermedades crónicas se registraron las referidas a: cardiopatías, largingectomizadas, hemofilia, oxígeno dependiente, alzhéimer, X frágil, muscovidosis, esclerodermia y lupus, epilepsia y grupos de ayuda a familiares de enfermos mentales.


Si se toma en cuenta los grupos etarios a los que orientan sus acciones, de acuerdo a lo que informan las asociaciones e instituciones, se pueden identificar que los tramos de edad presentan variabilidad donde se identifican por ciclo de la vida, en algunos casos haciendo referencia a edades para establecer rangos. Por ejemplo: cuatro instituciones que atienden adultos colocan topes de edad que varían: 30, 45, 60 y 70 años respectivamente. En el grupo de asociaciones que no especifican la edad se incluyen servicios de orientación y asociaciones

de apoyo a portadores de deficiencias específicas.


En relación al tipo de servicio que se presta, se opta con considerar las actividades que se realizan dado que el análisis de los objetivos no reporta diferencias sustanciales.


Es posible identificar aquellos servicios que tienen perfiles diferenciados en cuanto a:

  • Perfil educativo: en el que se incluyen, enseñanza de habilidades académicas, actividades formativas para la enseñanza de oficios, actividades de apoyo a la inclusión educativa, actividades de reducación, actividades recreativas.

  • Perfil asistencial: actividades asistenciales, actividades de rehabilitación.

  • Perfil de asesoramiento: a personas con discapacidad y familiares para la orientación a los distintos servicios existentes, a otras asociaciones e instituciones.


De acuerdo a lo que informan, la mayoría de las organizaciones no reportan a un único perfil, pudiendo coexistir en una misma organización ofertas de los distintos perfiles.


En relación a las áreas que abordan se registran: actividades para fomentar la autonomía personal; capacitación en diferentes talleres y preparación laboral(habilidades transversales o específicas: gastronomía, peluquería, enseñanza de artesanías, herrería, etc.); actividades de enseñanza académica (matemáticas, lecto-escritura, inglés); talleres de expresión y artísticas; actividades recreativas y deportivas; áreas clínicas: diagnóstico y rehabilitación (fonoaudiología, psicomotricidad, psicología, psiquiatría, pedagogía, social); rehabilitación ecuestre; estimulación temprana.


II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A LA APLICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.


Disposiciones generales de la Convención (artículos 1 al 4).


El Estado uruguayo comparte plenamente el propósito de la presente Convención que se erige como el instrumento universal más importante para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.


Por ello el Estado uruguayo procedió a la firma de la Convención el 3 de abril de 2007, esto es, una vez concluida la negociación de este instrumento internacional, y a su correspondiente ratificación el 11 de febrero de 2009.


El derecho interno uruguayo (ley Nº 18.651) es conteste con los estándares de la Convención Internacional. Dicha ley tiene como propósito el establecimiento y consolidación de un sistema de protección integral para las personas con discapacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional, su cobertura de seguridad social así como otorgarles los beneficios, prestaciones y estímulos que neutralicen las desventajas que la discapacidad les provoca y al mismo tiempo les permita desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas.


En relación a la definición de discapacidad que establece el derecho uruguayo a través de la ley Nº 18.651, puede afirmarse que la misma es conteste a la establecida por la Convención Internacional. Así, el artículo 2 de la mencionada ley define a una persona con discapacidad como a aquella “que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”.


Como puede apreciarse la definición incluye tanto impedimentos físicos (motriz, sensorial, orgánica, visceral) como mentales (intelectual y/o psíquica).


Las políticas públicas que el Estado ha trazado para atender las necesidades de las personas con discapacidad tienen como objetivo el “largo plazo”, concepto que es estimulado por el propio Comité.


El Estado uruguayo, en esa perspectiva de largo plazo, aboga por la unificación de criterios en torno a la conceptualización, trato y forma en que se apoya a las personas con discapacidad.


Puesta en vigor de los principios y las obligaciones generales establecidos en los artículos 3 y 4 de la Convención, en particular el principio de no discriminación.


Nuestro sistema jurídico ha incorporado los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la aprobación de la ya mencionada ley 18.651.


Asimismo la Ley Nº 17.330 incorpora al orden jurídico interno la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad.


A partir de 2012 el PRONADIS se posiciona con un Plan de Acción (con el enfoque de derechos que establece la Convención) que toma como ejes de trabajo: accesibilidad universal; comunidad y territorio; género, generaciones y etnicidad; cultura, deportes, turismo y recreación; educación y empleo; formación, investigación y difusión; salud y rehabilitación psicosocial. Estos ejes son transversales a todos los programas que ejecuta el PRONADIS.



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