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Corrientes, 26 de febrero de 2002

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Sección 3ra. Secuestro.


ARTÍCULO 327. Procedencia. El secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del litigio procede cuando:

  1. El embargo no asegure por sí solo el derecho invocado por el solicitante y se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar.

  2. La guarda o conservación de cosas sea indispensable para asegurar el resultado de la sentencia definitiva.

El juez designa depositario a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración, y ordena el inventario, si fuese indispensable.


Sección 4ta. Intervención judicial.


ARTÍCULO 328. Ámbito. Las medidas cautelares de intervención o administración judicial autorizadas por las leyes sustanciales quedan sujetas al régimen establecido por ellas y al trámite que regula este capítulo.

Además, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes.


ARTÍCULO 329. Interventor recaudador. A falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse un interventor recaudador si la medida debe recaer sobre bienes que producen rentas o frutos. Su función se limita, exclusivamente, a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración.

El juez determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del juzgado dentro del plazo que éste determine.


ARTÍCULO 330. Interventor informante. De oficio o a petición de parte, el juez puede designar un interventor para que informe acerca del estado de los bienes objeto del proceso o de las operaciones o actividades con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe.


ARTÍCULO 331. Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto sea compatible con la respectiva regulación:

  1. El juez debe apreciar su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta en el art. 245.

  2. La designación recae en persona que, siendo ajena a la sociedad o asociación intervenida, posea los conocimientos necesarios para desempeñarse, atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que intervendrá.

  3. La providencia que designa al interventor determina la misión que debe cumplir y el plazo de duración, que sólo puede prorrogarse por resolución fundada.

  4. La contracautela, si procediere, se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar, y las costas.

  5. Los gastos extraordinarios deben ser autorizados por el juez previo traslado a las partes, excepto cuando la demora pueda ocasionar daños; en este caso, el interventor debe informar al juzgado dentro de los tres días de realizados.

  6. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del juzgado.


ARTÍCULO 332. Deberes del interventor. Remoción. El interventor debe:

  1. Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el juez.

  2. Presentar los informes periódicos que disponga el juzgado y uno final, al concluir su cometido.

  3. Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirles daño o menoscabo.

El interventor que no cumpla eficazmente su función puede ser removido de oficio; si media pedido de parte, corresponde dar traslado a la contraria y al interventor.


ARTÍCULO 333. Honorarios. El interventor sólo percibe los honorarios una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debe prolongarse durante un plazo que a criterio del juez justifica el pago de anticipos, previo traslado a las partes, éstos se fijan en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios.

Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso.

El interventor removido del cargo por ejercicio abusivo carece de derecho a cobrar honorarios; si la remoción se debe a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que le corresponda deben ser determinados por el juez.

El pacto de honorarios celebrado por el interventor es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo.


Sección 5ta. Inhibición general de bienes y anotación de litis.


ARTÍCULO 334. Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar a embargo, éste no puede hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede solicitarse la inhibición general de vender o gravar los bienes del deudor.

La medida debe ser dejada sin efecto siempre que se ofrezcan a embargo bienes suficientes o se dé caución bastante.

El que solicite la inhibición debe expresar el nombre, apellido y domicilio del deudor, y todo otro dato que permita individualizar al inhibido, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes.

La inhibición surte efectos desde la fecha de su anotación.


ARTÍCULO 335. Anotación de litis. Procede la anotación de litis cuando se formule una pretensión que pueda tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda sea desestimada, esta medida se extingue con la terminación del proceso. Si la demanda es admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida.


Sección 6ta. Prohibición de innovar. Medida innovativa. Prohibición de contratar.


ARTÍCULO 336. Prohibición de innovar. Medida innovativa. Puede decretarse la prohibición de innovar o una medida innovativa en toda clase de proceso, siempre que:

  1. El derecho sea verosímil.

  2. Exista el peligro de que si se mantiene o altera la situación de hecho o de derecho, la modificación pueda influir en la sentencia o convierta su ejecución en ineficaz o imposible.

  3. La cautela no pueda obtenerse por medio de otra medida cautelar.


ARTÍCULO 337. Prohibición de contratar. El juez puede ordenar la medida cuando por ley o contrato, o para asegurar la ejecución forzada de los bienes objeto del proceso, proceda la prohibición de contratar sobre determinados bienes. Se debe individualizar lo que sea objeto de la prohibición, disponiendo se inscriba en los registros correspondientes y se notifique a los interesados y a los terceros que mencione el solicitante.

La medida queda sin efecto si quien la obtuvo no deduce la demanda dentro del plazo de cinco días de haber sido dispuesta, y en cualquier momento en que se demuestre su improcedencia.


Sección 7ma. Medidas cautelares genéricas y normas subsidiarias.


ARTÍCULO 338. Medidas cautelares genéricas. Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su pretensión, el derecho invocado esté expuesto a sufrir un perjuicio inminente o irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que sean más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.


ARTÍCULO 339. Normas subsidiarias. Lo dispuesto en este capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente.


Capítulo 4. Medida cautelar innovativa.


ARTICULO 340. Medida cautelar innovativa. Es una medida cautelar excepcional que tiene a alterar el estado de hecho o de derecho existe antes de la petición de su dictado.

Presupuestos:

  1. Probabilidad y no simple verosimilitud del derecho invocado.

  2. Peligro en la demora.

  3. Perjuicio irreparable.

  4. Contracautela.

Facultades del juez. El juez de oficio o a pedido de parte dictará la medida innovativa por el lapso que estimara razonable según las circunstancias del caso.


Capítulo 5. Medidas Autosatisfactivas.


ARTICULO 341. Medidas autosatisfactivas. Caracterización. Ante solicitud fundada de parte, explicando con claridad en qué consisten sus derechos y su urgencia y aportando todos los elementos probatorios que fundamenten la petición y que es impostergable prestar tutela judicial inmediata, el juez o tribunal deberá excepcionalmente, ordenar medidas autosatisfactivas, según fueren las circunstancias del caso, valorados motivadamente y se podrá exigir la prestación de caución real o personal, determinando en estos casos la vigencia.


ARTICULO 342. Presupuestos. Para poder dictar resolución favorable se presuponen la concurrencia de los siguientes presupuestos:

  1. Que fuere necesario la creación inmediata de conductas o vías de hecho producidas o inminentes, contrarias a derecho según la legislación procesal o de fondo.

  2. Que el interés del postulante se circunscriba, de manera evidente, a obtener la solución de urgencia no cautelar requerida, no extendiéndose a la declaración judicial de derechos conexos o afines.

  3. Se podrán fijar límites temporales a las medidas autosatisfactivas que se dicten y disponer, a solicitud de parte prórrogas de las mismas.


ARTICULO 343. Sustanciación. Los jueces deberán decretar directamente la medida autosatisfactiva peticionada o excepcionalmente según fueran las circunstancias del caso y la materia de la medida, someterla a una previa y reducida sustanciación, que no excederá de conceder a quien correspondiere la posibilidad de ser oído.


ARTICULO 344. Suspensión provisoria. Se podrá solicitar la suspensión provisoria de la medida autosatisfactiva que lo afectare, en el supuesto que acreditare “prima facie” la existencia de la posibilidad de sufrir un perjuicio de difícil o imposible reparación, previo ofrecimiento y prestación de contracautela suficiente.


ARTICULO 345. Impugnación. El legitimado para contradecir la medida autosatisfactiva ordenada, podrá optar para impugnarla, entre la interposición directa del recurso de apelación que será concedido en su caso, con efecto devolutivo o iniciar un proceso declarativo general sumario de oposición cuya promoción no impedirá el cumplimiento de la decisión judicial impugnada. Elegida una vía de impugnación, perderá la posibilidad de hacer valer la otra.


ARTICULO 346. Principios de instrumentalidad. Caducidad. No rigen en la materia los principios de instrumentalidad y caducidad propios del proceso cautelar.



Capítulo 6. Tutela jurisdiccional anticipada.


ARTÍCULO 347. Requisitos. Sin que configure prejuzgamiento, el juez puede, a requerimiento fundado de parte y de manera excepcional, anticipar parcial o totalmente los efectos de lo pretendido en la demanda o en la contestación, cuando concurran los siguientes extremos:

  1. Convicción suficiente sobre la probabilidad cierta del derecho que la sustenta.

  2. Urgencia de la medida en tal grado que de no ser adoptada de inmediato cause al peticionante la frustración del derecho o un daño irreparable equivalente.

  3. Carencia de efectos irreversibles de la anticipación sobre la sentencia definitiva.

  4. Otorgamiento de caución suficiente si pueden estar afectados derechos de terceros.

  5. Otorgamiento de contracautela si la tutela jurisdiccional anticipada importa un desplazamiento provisorio de derechos patrimoniales.



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