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Participación en el proceso de niños, niñas y adolescentes

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Participación en el proceso de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos e instancias que los afecten directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y madurez en relación a la cuestión debatida en el proceso. Los actos procesales en los que participen niños, niñas y adolescentes deben:
  1. Utilizar un lenguaje sencillo, de fácil comprensión y evitar formalismos innecesarios.

  2. Realizarse en un ambiente adecuado. Si fuese conveniente y beneficioso para estas personas, el juez y/o los demás integrantes del juzgado pueden trasladarse al lugar donde ellas se encuentren.


ARTÍCULO 8. Trámite. El trámite debe conducirse observando los principios de celeridad, concentración, saneamiento y eventualidad.


ARTÍCULO 9. Oficiosidad. El impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente y disponer medidas provisionales y cautelares no patrimoniales.

El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica.


ARTÍCULO 10. Gratuidad. Los procesos de familia carentes de contenido económico son gratuitos y, en consecuencia, están exentos del pago de cualquier tributo o carga.


ARTÍCULO 11. Acceso reservado al expediente. El acceso al expediente está reservado a las partes, sus representantes y letrados, y a los auxiliares designados en el proceso. En caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado, la remisión se ordena sólo si la finalidad de la petición lo justifica y se garantiza su reserva.


ARTÍCULO 12. Lenguaje. Las resoluciones judiciales deben redactarse mediante construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

Las notificaciones, requerimientos y demás actos procesales deben utilizar términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a la situación particular de las partes. Las expresiones o elementos intimidatorios deben evitarse, excepto que el uso de expresiones conminatorias sea necesario para comprender las consecuencias del incumplimiento.

Los tribunales deben facilitar los medios para superar cualquier impedimento de comprensión y, en especial, contar con servicios de traductor e intérprete para los procesos en que intervienen extranjeros, personas con discapacidad e integrantes de pueblos originarios.


ARTÍCULO 13. Doble instancia. En los procesos de familia rige la garantía de la doble instancia.


ARTÍCULO 14. Flexibilidad de las formas. El juez puede adaptar las formas procesales sin conculcar la garantía del debido proceso, a fin de evitar excesos rituales.

El principio de congruencia puede ser flexibilizado, en miras al interés familiar.


ARTÍCULO 15. Principios relativos a la prueba. Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba.





LIBRO I


PARTE GENERAL



TÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y REGLAS DE COMPETENCIA


Capítulo 1. Competencia de los Juzgados de Familia.


ARTICULO 16. Competencia funcional. Las normas de este código se aplicarán a todos los procesos que se desarrollen en el marco de la competencia atribuida a los Juzgados de Familia y a aquellos Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Provincia, a los cuales se les ha asignado también competencia en Familia y Menores, en lo pertinente.


ARTÍCULO 17. Competencia material de los Juzgados de Familia. Las normas de este Código se aplican a los siguientes procesos:

  1. Acciones derivadas del matrimonio, nulidad y divorcio.

  2. Acciones derivadas del régimen patrimonial del matrimonio, excepto la etapa de la liquidación si se ha declarado el concurso o la quiebra de uno de los cónyuges.

  3. Acciones derivadas de las uniones convivenciales.

  4. Acciones derivadas del parentesco.

  5. Acciones derivadas de la filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida.

  6. Acciones derivadas de la responsabilidad parental.

  7. Acciones derivadas de la guarda, guarda pre adoptiva y tutela.

  8. Acciones derivadas de la violencia familiar y de género.

  9. Acciones resarcitorias derivadas de las relaciones de familia.

  10. Acciones por restitución internacional de niños y demás cuestiones de derecho internacional privado en las relaciones de familia.

  11. Trámite del exequátur para la ejecución de sentencias o resoluciones en las materias enumeradas en este artículo emanadas de tribunales extranjeros.

  12. Medidas preparatorias, cautelares y urgentes en las relaciones de familia.

  13. Cualquier cuestión conexa o accesoria de las enumeradas en los incisos anteriores, con excepción de las atinentes al derecho sucesorio y a los procesos que involucren a personas con capacidad restringida.

  14. Adopción.


ARTÍCULO 18. Competencia territorial. Carácter. La competencia territorial atribuida a los jueces de familia es improrrogable.

La competencia tampoco puede ser delegada, excepto que se trate de la realización de diligencias determinadas fuera de la jurisdicción, y siempre que la delegación y las dilaciones no pongan en riesgo a personas vulnerables.

El juez que interviene en el proceso de familia goza de facultades extraterritoriales dentro del país para el cumplimiento de trámites urgentes.


ARTÍCULO 19. Competencia territorial. Centro de vida. A los efectos de la competencia, la expresión centro de vida refiere al lugar donde los niños, niñas y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.


ARTÍCULO 20. Reglas de competencia territorial. La competencia se determina por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado.

Es juez competente:

  1. En las acciones de divorcio y nulidad de matrimonio, el del último domicilio conyugal efectivo o el del demandado, a elección del actor, o el de cualquiera de los cónyuges en el divorcio bilateral.

  2. En los procesos de separación judicial de bienes, el del último domicilio conyugal efectivo o el del demandado, a elección del actor.

  3. En los procesos de liquidación del régimen de bienes en el matrimonio, el que intervino en la causal de disolución, excepto en caso de concurso o quiebra, en el que conocerá el juez del proceso colectivo.

  4. En las acciones derivadas de las uniones convivenciales, el del último domicilio convivencial o el del demandado, a elección del actor.

  5. En las acciones de guarda, guarda pre adoptiva, adopción, cuidado personal y régimen de comunicación, y en todas aquellas cuestiones referidas al ejercicio de la responsabilidad parental, el del domicilio que corresponda a su centro de vida.

En los supuestos que se modifique el centro de vida, el proceso, aun cuando tuviere sentencia, se remite al juez competente por la materia de la jurisdicción territorial pertinente.

  1. En las acciones por alimentos, a elección del actor, el juez de su domicilio, de su residencia habitual, de su centro de vida, del domicilio o residencia habitual del demandado, donde éste tenga bienes susceptibles de ejecución o donde deba ser cumplida la obligación alimentaria.

Si la acción se promueve entre cónyuges, a elección del actor, el del último domicilio conyugal, o el del domicilio o residencia habitual del demandado, o el que haya entendido en la disolución del vínculo.

Si la acción se promueve entre convivientes, a elección del actor, el de su última residencia convivencial o del demandado.

  1. El juez del domicilio del demandado, excepto que el actor sea persona menor de edad.

  2. En las acciones derivadas de violencia familiar y de género, a elección del actor, el del último domicilio del grupo familiar o de residencia actual de la víctima.


ARTICULO 21. Fuero de atracción. El juez de divorcio y nulidad de matrimonio ejerce fuero de atracción respecto de todas las cuestiones conexas que involucren al grupo familiar.

Si no existe promoción de divorcio, el juez que entiende en el proceso de violencia familiar, ejerce fuero de atracción respecto de todas las cuestiones que involucren al grupo familiar.


ARTICULO 22. Principio de prevención. Salvo los juicios mencionados en el artículo anterior, será competente el juez que primero haya intervenido, ante quien se tramitarán todas las demás acciones que se hagan valen referidas al grupo familiar.


Capítulo 2. Cuestiones de competencia.


ARTÍCULO 23. Vías para plantear las cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia sólo pueden promoverse por vía de declinatoria, excepto las que se susciten entre jueces de distintas circunscripciones judiciales, en las que también procede la inhibitoria.

En ambos supuestos, la cuestión sólo puede promoverse antes de haberse consentido la competencia que se reclama. Elegida una vía no se puede utilizar otra en lo sucesivo.


ARTÍCULO 24. Declinatoria e inhibitoria. La declinatoria se sustancia como las demás excepciones previas y, declarada procedente, se remite la causa al juez tenido por competente.

La inhibitoria puede plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda si la etapa de excepciones previas no está prevista en el proceso en cuestión.


ARTÍCULO 25. Resolución de la inhibitoria. Si entablada la inhibitoria el juez se declara competente, debe librar oficio o exhorto y acompañar copia del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia.

Puede solicitar la remisión del expediente o, en su defecto, su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda.

La resolución es apelable sólo si se declara incompetente.


ARTÍCULO 26. Trámite de la inhibitoria ante el juez requerido.

Recibido el oficio o exhorto, el juez requerido debe pronunciarse aceptando o rechazando la inhibición.

La resolución es apelable solo si acepta la inhibición. Consentida o ejecutoriada la resolución que acepta la inhibición, debe remitir la causa al juez requirente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a ejercer su derecho.

Si mantuviese su competencia, las actuaciones deben ser enviadas, sin otra sustanciación, al tribunal superior facultado por ley para dirimir la contienda, y comunicar, sin demora, al tribunal requirente para que remita las suyas.


ARTÍCULO 27. Trámite de la inhibitoria ante el Superior Tribunal. Dentro de los tres (3) días de recibidas las actuaciones de ambos jueces, el Superior Tribunal debe resolver la contienda sin más sustanciación y devolver las actuaciones al juez que declare competente, comunicando al otro por oficio o exhorto.

Si el juez que requirió la inhibitoria no remite las actuaciones dentro del plazo de tres (3) días, el Superior Tribunal debe intimar por un plazo de entre tres (3) y cinco (5) días, según la distancia, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su planteo.


ARTÍCULO 28. Sustanciación. Las cuestiones de competencia se sustancian por vía de incidente. No suspenden el procedimiento, el que sigue su trámite por ante el juez que previno, excepto que se trate de cuestiones de competencia en razón del territorio. Aún en este supuesto, no pueden suspenderse las medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya omisión pueda resultar un perjuicio irreparable.



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