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Corrientes, 26 de febrero de 2002

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ARTICULO 53. Facultades disciplinarias. Para mantener el buen orden y decoro en los procesos, el juez podrá:
  1. Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos.

  2. Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.

  3. Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este código y normas de superintendencia. El importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido en este código, se aplicará al que fije el Superior Tribunal de Justicia.


ARTICULO 54. Facultades ordenatorias e instructorias. Aun sin requerimiento de parte, el juez podrá:

  1. Tomar las medidas tendientes a evitar la paralización y discontinuidad del proceso, y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible.

  2. Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. A este efecto, podrá:

  1. Disponer en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importa prejuzgamiento.

  2. Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos, peritos y demás auxiliares de la justicia para interrogarlos acerca de lo que crean necesario.

  3. Mandar, con las formalidades prescriptas en el código que se agreguen documentos existentes en poder de la parte o de terceros.

  1. Corregir, en la oportunidad establecida en el artículo 250 incs. 1) y 2) errores materiales, aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado no altere lo substancial de la decisión.


ARTICULO 55. Sanciones conminatorias. El juez podrá imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento.

Podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece.

Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.


ARTÍCULO 56. Deberes y facultades del Consejero de Familia. Son deberes y facultades del Consejero de Familia:

  1. Dirigir la etapa jurisdiccional no litigiosa denominada en este código etapa previa, tendiente a alcanzar la resolución consensuada del conflicto.

  2. Asesorar y orientar a las partes procurando la solución consensuada, teniendo en cuenta el interés superior del niño y el interés familiar, tanto en la etapa previa como en la contenciosa.

  3. Proponer la presencia de determinadas personas y/u organismos que puedan colaborar en la resolución del caso.

  4. Elaborar, conjuntamente con el equipo interdisciplinario, estrategias de intervención o alternativas tendientes a encontrar soluciones que eviten el proceso contencioso judicial o su continuación.

  5. Colaborar con el juez e informarle sobre los avances de su intervención cuando así se lo requiera.

  6. Solicitar el acompañamiento del equipo interdisciplinario para el abordaje conjunto de la problemática familiar planteada.

  7. Actualizar los conocimientos sobre la problemática del derecho de familia, infancia y adolescencia mediante la capacitación necesaria y continua.


ARTÍCULO 57. Deberes y facultades de los integrantes del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario. Son deberes y facultades de sus integrantes:

  1. Intervenir en los procesos judiciales en los que se solicite y/o disponga su intervención.

  2. Asesorar al juez y al consejero de familia en las materias relacionadas con su especialidad.

  3. Elaborar informes a solicitud del juez o del consejero de familia para la resolución del conflicto.

  4. Prestar contención emocional y atención profesional en casos de urgencia por disposición del juez o ente auxiliar del Poder Judicial.

  5. Colaborar en las diferentes estrategias indicadas por el juez o el consejero de familia para la resolución de los conflictos.

  6. Evitar la revictimización de las personas involucradas en el proceso.

  7. Realizar cualquier otra actividad ordenada por el juez que sea atinente y compatible con su función.

  8. Cumplir con las demás funciones que se les asigne de conformidad con las normativas que se dicten.

  9. Actualizar los conocimientos sobre la problemática del derecho de familia, infancia y adolescencia mediante la capacitación necesaria y continua.

  10. Todas las que determine la reglamentación del equipo interdisciplinario.


ARTÍCULO 58. Deberes y facultades del Secretario. Además de los deberes impuestos por las leyes de organización judicial y por otras disposiciones de este código, el secretario tiene las siguientes atribuciones:

  1. Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los abogados respecto de las cédulas y oficios, de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados de distintas jurisdicciones y de lo que se establezca reglamentariamente respecto de la notificación electrónica. Las comunicaciones dirigidas al Gobernador de la Provincia, Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y Magistrados Judiciales, deben ser firmadas por el juez.

  2. Extender certificados y copias certificadas de actas.

  3. Conferir vistas y traslados.

  4. Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren a otros funcionarios judiciales, las providencias de mero trámite. En la etapa probatoria pueden firmar todas las providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o caducidad de la prueba.

  5. Dirigir en forma personal las audiencias que tome por delegación del juez.

  6. Devolver los escritos presentados fuera de plazo.



ARTÍCULO 59. Deberes y facultades de otros funcionarios y empleados. Los deberes y facultades de otros funcionarios y empleados que intervengan en los procesos de familia se rigen por las disposiciones de este código y por las contenidas en las leyes de organización judicial y superintendencia de la provincia.


ARTÍCULO 60. Recurso contra las resoluciones del secretario y otros funcionarios judiciales. Dentro del plazo de tres (3) días, las partes pueden requerir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario u otro funcionario judicial.

Este pedido se resuelve sin sustanciación. La resolución que se dicte es inapelable.


Capítulo 2. Las partes.


ARTÍCULO 61. Domicilio. Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, debe constituir domicilio procesal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal y denunciar un domicilio electrónico.

Ese requisito se debe cumplir en el primer escrito que presente, o audiencia a la que concurra, si esta es la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades debe denunciarse el domicilio real de la persona representada.

Todas las notificaciones por cédula que no deben practicarse en el real, se diligencian en el domicilio procesal.

El domicilio contractual constituido en el de la parte contraria no es eficaz para las notificaciones que deben ser realizadas en el domicilio del constituyente.


ARTÍCULO 62. Falta de constitución y de denuncia de domicilio. Si no se cumple con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones deben tenerse por notificadas en forma automática por nota, en los términos establecidos en el art. 128, excepto la notificación de la citación para la declaración de partes y la sentencia.

Si la parte no denuncia su domicilio real o su cambio, las resoluciones que deben notificarse en dicho domicilio se cumplen en el lugar en que se haya constituido, y en defecto también de éste, se aplica lo dispuesto en el primer párrafo.


ARTÍCULO 63. Subsistencia de los domicilios. Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsisten para los efectos legales hasta la terminación del proceso o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.

Cuando no existan los edificios, queden deshabitados o desaparezcan, o se altere o suprima su numeración, y no se haya constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador debe procederse conforme lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate, respectivamente, del domicilio legal o del real.

Todo cambio de domicilio debe notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se haya cumplido, se tiene por subsistente el anterior.


ARTÍCULO 64. Muerte. Capacidad restringida. Incapacidad. Cuando la parte que actúa personalmente muere, o deviene con capacidad restringida, comprobado el hecho o situación jurídica, el juez o tribunal debe suspender la tramitación y citar a los herederos o al representante legal o al apoyo o sostén, en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el art. 76 inc. c).


ARTÍCULO 65. Sustitución de parte. Si durante la tramitación del proceso de familia de contenido patrimonial una de las partes enajena el bien objeto del litigio o cede el derecho reclamado, el adquirente no puede intervenir en él como parte principal sin la conformidad expresa del adversario.

Puede intervenir en calidad de tercero voluntario, acreditando que la sentencia puede afectar su interés propio, siendo su intervención accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoya, no pudiendo alegar ni probar lo que le esté prohibido a ésta.


ARTÍCULO 66. Temeridad o malicia. Cuando se declare maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por alguna de las partes, el juez puede imponer a ella o a su abogado o a ambos conjuntamente, una multa que debe fijarse entre el diez por ciento (10%) y el treinta por ciento (30%) de la remuneración del juez de primera instancia, a favor de la otra parte.

Si el pedido de sanción es promovido por una de las partes, se tramita por incidente. Contestado o vencido el plazo, sin ningún otro trámite, se resolverá la cuestión.

Sin perjuicio de considerar otras circunstancias, el juez debe ponderar el planteo de pretensiones, defensas, excepciones o interposición de recursos que resulten inadmisibles, o cuya falta de fundamento no se pueda ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad, o encuentre sustento en hechos ficticios o irreales, o que manifiestamente conduzcan a dilatar el proceso.


Capítulo 3. Representación procesal.


ARTÍCULO 67. Acreditación de la personería. La persona que se presenta en proceso por un derecho que no es propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, debe acompañar con su primer escrito los documentos que acreditan el carácter que inviste. Si se invoca la imposibilidad de presentar el documento ya otorgado, que justifique la representación, y el juez considera atendibles las razones expresadas, puede acordar un plazo de hasta diez (10) días para acompañar dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.

Los progenitores que comparezcan en representación de sus hijos tienen la obligación de presentar las partidas correspondientes. De oficio, el juez los emplazará a presentarlas, bajo apercibimiento de cargar con las costas y daños que causen.


ARTICULO 68. Libertad de formas. El poder puede ser otorgado siguiendo el principio de libertad de formas consagrado en el art. 284 del Código Civil y Comercial.


ARTICULO 69. Tipos de formas. La designación del letrado podrá efectuarse por:

  1. Instrumento público.

  2. Instrumento privado con firma del otorgante y consentimiento del representante legal.

  3. Acta de designación ante funcionario judicial, cualquiera fuere su competencia.

  4. Presentación en las actuaciones.


ARTICULO 70. Poder especial. Para los procesos de divorcio, nulidad de matrimonio, modificación, disolución o liquidación del régimen patrimonial del matrimonio, otorgamiento de asentimiento conyugal, reconocimiento de hijos, deberá presentarse poder conferido con facultades expresas para intervenir en esos juicios, conforme lo dispuesto por el art. 375 del Código Civil y Comercial.



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