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Corrientes, 26 de febrero de 2002

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ARTÍCULO 96. Fundamento y oportunidad. Las tercerías deben fundarse sobre el dominio o mejor derecho sobre los bienes embargados, o en el derecho que el tercero tenga a ser pagado con preferencia al embargante.

La de dominio o mejor derecho sobre los bienes embargados debe deducirse antes de que se otorgue la posesión de los bienes; la de ser pagado con preferencia al embargante, antes de que se pague al acreedor.

Si el tercerista deduce la demanda después de diez (10) días desde que tuvo o debió tener conocimiento del embargo o desde que se rechazó el levantamiento sin tercería, abona las costas que origine su presentación extemporánea, aunque corresponda imponer las del proceso a la otra parte por declararse procedente la tercería.


ARTÍCULO 97. Admisibilidad. Requisitos. Reiteración. No se da curso a la tercería si quien la deduce no prueba, con instrumentos fehacientes o en forma sumaria, la verosimilitud del derecho en que se funda. No obstante, aún no cumplido dicho requisito, la tercería es admisible si quien la promueve da fianza para responder de los daños que pueda producir la suspensión del proceso principal.

Desestimada la tercería, no es admisible su reiteración si se funda en título que haya poseído y conocido el tercerista al tiempo de entablar la primera. No se aplica esta regla si la tercería no fue admitida sólo por falta de ofrecimiento o constitución de la fianza.


ARTÍCULO 98. Efectos de la tercería de dominio o mejor derecho sobre el principal. Si la tercería es de dominio o de mejor derecho, consentida o ejecutoriada la orden de venta de los bienes, se suspende el proceso principal, a menos que se trate de bienes sujetos a desvalorización o desaparición o que irroguen excesivos gastos de conservación, en cuyo caso, el producto de la venta queda afectado a las resultas de la tercería. El tercerista puede, en cualquier momento, obtener el levantamiento del embargo dando garantía suficiente de responder al crédito del embargante por capital, intereses y costas en caso de que no pruebe que los bienes embargados le pertenecen.


ARTÍCULO 99. Efectos sobre el principal de la tercería a ser pagado con preferencia al embargante. Si la tercería fuese de ser pagado con preferencia al embargante, previa citación del tercerista, el juez puede disponer la venta de los bienes, suspendiendo el pago hasta que se decida sobre la preferencia, excepto si se otorga fianza para responder a las resultas de la tercería.

El tercerista es parte en las actuaciones relativas al remate de los bienes.


ARTÍCULO 100. Demanda. Sustanciación. Allanamiento. La demanda por tercería debe deducirse contra las partes del proceso principal y se sustancia por el trámite del proceso ordinario o especial, según lo determine el juez atendiendo a las circunstancias.

La decisión que determina el trámite es inapelable.

El allanamiento y los actos de admisión realizados por el embargado no pueden ser invocados en perjuicio del embargante.


ARTÍCULO 101. Ampliación o mejora del embargo. Deducida la tercería, el embargante puede pedir que se amplíe o mejore el embargo, o que se adopten otras medidas necesarias.


ARTÍCULO 102. Connivencia entre tercerista y embargado. Cuando resulte probada la connivencia del tercerista con el embargado, el juez debe ordenar la remisión de los antecedentes a la justicia penal e imponer al tercerista, al embargado o a los profesionales que los hayan representado o patrocinado, o a todos ellos, las sanciones disciplinarias que correspondan.

Asimismo, puede disponer la detención del tercerista y del embargado para ponerlos a disposición del juez en lo penal.


ARTÍCULO 103. Levantamiento del embargo sin tercería. El tercero perjudicado por un embargo puede pedir su levantamiento sin promover tercería, acompañando el título de dominio u ofreciendo sumaria información sobre su posesión, según la naturaleza de los bienes. Del pedido se da traslado al embargante.

La resolución es recurrible cuando hace lugar al desembargo.

Si lo deniega, el interesado puede deducir directamente la tercería, cumpliendo los requisitos exigidos por el art. 97.


Capítulo 8. Acción subrogatoria.


ARTÍCULO 104. Procedencia. El ejercicio de la acción subrogatoria que prevista en los arts. 739 a 742 del Código Civil y Comercial no requiere autorización judicial previa y se rige por el trámite previsto en los artículos siguientes.


ARTÍCULO 105. Citación. Antes de dar traslado al demandado, se cita al deudor por el plazo de diez (10) días, durante el cual éste puede:

  1. Formular oposición, fundada en que ya ha interpuesto la demanda o en la manifiesta improcedencia de la subrogación.

  2. Interponer la demanda, en cuyo caso se lo considera como actor y el proceso prosigue con el demandado. En este caso, así como cuando el deudor haya ejercido la acción con anterioridad, el acreedor puede intervenir en el proceso en la calidad prescripta por el art. 90, primer párrafo.


ARTÍCULO 106. Intervención del deudor. Aunque al ser citado, el deudor no ejerza ninguno de los derechos acordados en el artículo anterior, puede intervenir en el proceso en la calidad mencionada en el segundo apartado del art. 90 segundo párrafo.

En todos los casos, el deudor puede ser llamado a prestar declaración y reconocer documentos.


ARTÍCULO 107. Efectos de la sentencia. La sentencia hace cosa juzgada en favor o en contra del deudor citado, haya o no comparecido.


TÍTULO III. ACTOS PROCESALES


Capítulo 1. Actuaciones en general.


ARTÍCULO 108. Idioma. Designación de intérprete. En todos los actos del proceso se utiliza el idioma oficial. Cuando éste no sea conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o tribunal designa un traductor público.

Se nombra intérprete cuando deba interrogarse a personas con discapacidad que sólo puedan darse a entender por lenguaje especializado.


ARTÍCULO 109. Anotación de peticiones verbales. La reiteración de oficios o exhortos, el desglose de poderes o documentos, la agregación de pruebas, entrega de edictos y, en general, el dictado de providencias de mero trámite, pueden solicitarse mediante simple anotación en el expediente firmada por el solicitante.

Excepcionalmente, el juez puede dar trámite a manifestaciones verbales cuando la urgencia lo requiera y el cumplimiento de la forma escrita perjudique los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Esa manifestación debe constar en un acta firmada por el solicitante que se agrega oportunamente al expediente.


ARTÍCULO 110. Informe o certificado previo. Cuando para dictar resolución se requiera informe o certificado previo del Secretario o Consejero de Familia, el juez los ordena verbalmente.


Capítulo 2. Escritos.


ARTÍCULO 111. Redacción. La redacción y presentación de los escritos se rigen por las normas del Reglamento Interno de Administración de Justicia del Poder Judicial.


ARTÍCULO 112. Escrito firmado a ruego. El escrito o diligencia firmada a ruego del interesado debe ser certificado por el Secretario, quien debe expresar que el firmante ha sido autorizado en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él.


ARTÍCULO 113. Copias. De todo escrito del que deba darse traslado y de sus contestaciones, los que tengan por objeto ofrecer prueba, promover incidentes o constituir nuevo domicilio, y de los documentos con ellos agregados, deben acompañarse tantas copias firmadas como partes intervengan, excepto que hayan unificado la representación.

El escrito o el documento, según el caso, se tiene por no presentado y se devuelve al presentante, sin más trámite ni recurso, si la omisión no es suplida dentro de los dos (2) días siguientes a los de la notificación automática o por nota de la providencia que exige el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo anterior.

Las copias pueden ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o abogados patrocinantes que intervengan en el proceso. Deben agregarse al expediente, excepto que por su volumen, formato u otras características resulte dificultoso o inconveniente, en cuyo caso se conservan ordenadamente en la secretaría. Sólo pueden ser entregadas a la parte interesada, su apoderado o abogado patrocinante que intervengan en el proceso, con constancia de recibo.

Cuando deban agregarse cédulas, oficios o exhortos, las copias se desglosan dejando constancia de esa circunstancia. El plazo durante los cuales deben conservarse las copias agregadas al expediente o reservadas en la secretaría no debe exceder los veinte (20) días hábiles. Vencido dicho plazo, previa certificación en el expediente, se prescindirá de ellas.


ARTÍCULO 114. Copias de documentos de reproducción dificultosa. No es obligatorio acompañar la copia de documentos cuya reproducción sea dificultosa por su número, extensión, o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo decida el juez, a pedido de parte en el mismo escrito. En tal caso, el juez debe arbitrar las medidas necesarias para obviar a la otra u otras partes los inconvenientes derivados de la falta de copias.

Cuando se acompañen libros, recibos o comprobantes, basta que éstos se presenten numerados y se depositen en la secretaría para que la parte o partes interesadas puedan consultarlos.


ARTÍCULO 115. Expedientes administrativos. En el caso de acompañarse expedientes administrativos, debe ordenarse su agregación sin exigir copia.


ARTÍCULO 116. Documentos en idioma extranjero. Cuando se presenten documentos en idioma extranjero, debe acompañarse su traducción realizada por traductor público matriculado.


ARTÍCULO 117. Cargo. El cargo puesto al pie de los escritos será autorizado por el Secretario, Prosecretario o funcionario judicial autorizado. El Superior Tribunal de Justicia podrá disponer que la fecha y hora de presentación de los escritos se registren con fechador mecánico. En este caso, el cargo quedara integrado con la firma del secretario, prosecretario o funcionario judicial autorizado, a continuación de la constancia del fechador.


ARTÍCULO 118. Escrito presentado al día siguiente de su vencimiento. El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que vence un plazo, sólo puede ser entregado válidamente en la secretaría que corresponda, el día hábil inmediato, dentro de las dos primeras horas. La constancia de su presentación se registrará conforme las pautas del art. 117.


ARTÍCULO 119. Documentación de actuaciones. Siempre que el tribunal esté en condiciones físicas, materiales y económicas, todas las actuaciones judiciales deben ser documentadas en forma electrónica del modo más adecuado para garantizar su integridad y fidelidad.

Las partes pueden solicitar al despacho que se entregue una copia de esa documentación electrónica siempre que, a criterio del juez, se asegure el equilibrio entre privacidad y defensa en juicio.

El Superior Tribunal de Justicia dictará la reglamentación correspondiente.


ARTÍCULO 120. Uso de medios electrónicos para obtener información. En cualquier estado del proceso, a los fines de evitar demoras en la tramitación, el funcionario judicial interviniente puede obtener información necesaria para el proceso por los medios electrónicos disponibles, y agregarla al expediente, sin necesidad de ponerla en conocimiento de las partes si no las afecta.


Capítulo 3. Audiencias.


ARTÍCULO 121. Reglas Generales. Las audiencias, excepto disposición en contrario, se rigen por las siguientes reglas:

  1. No son públicas.

  2. Deben ser señaladas con anticipación no menor de tres (3) días, excepto por razones especiales y fundadas que exijan mayor brevedad. Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia en el mismo acto debe fijarse la fecha de su reanudación. El juez tiene el deber de concentrar en una misma audiencia todas las actuaciones que sea necesario realizar.

  3. Las notificaciones a las audiencias se consideran realizadas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurra.

  4. Comienzan a la hora designada, pero los citados tienen obligación de esperar treinta (30) minutos, transcurridos los cuales pueden retirarse dejando constancia en el libro de asistencia.

  5. Las audiencias se captan mediante medios electrónicos o audiovisuales y se registran mediante digitalización del archivo en el sistema informático. También se realiza un acta en la que se deja constancia de la audiencia. El acta debe ser firmada por el juez, el funcionario judicial y las partes, excepto cuando alguna de ellas no quiera o pueda firmar; en este caso, debe consignarse esa circunstancia.

Las entrevistas del juez con niños, niñas y adolescentes también se captan mediante medios electrónicos o audiovisuales y se registran mediante la incorporación del archivo de video en el sistema informático.

Las tratativas tendientes a la solución consensuada del conflicto, no son filmadas.

Si se arriba a un acuerdo, se labra acta y, de ser posible por la materia, se lo homologa en la audiencia, resolviendo sobre costas, honorarios y entrega de bienes en el mismo acto. Caso contrario, se deja constancia de no haberse arribado a una solución consensuada del conflicto.

El Superior Tribunal de Justicia dictará la reglamentación correspondiente.



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