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Corte suprema de justicia sala de casación laboral

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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL



GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado Ponente


STL6723-2016

Radicación no 66203

Acta no 17



Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016).



Decide la Corte la impugnación interpuesta por el apoderado de CARLOS EMILIO ALZÁTE GÓMEZ, JESÚS MARÍA GÓMEZ y PEDRO JOSÉ OSSA YEPES contra la sentencia proferida por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el 1 de abril de 2016, dentro de la acción de tutela que promovieron los recurrentes contra la SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR ANTIOQUIA.


I. ANTECEDENTES



Los accionantes, reclamaron el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre y a la honra los que consideran les fueron vulnerados por la autoridad judicial accionada dentro del proceso especial de formalización y restitución de tierras despojadas, al proferir la sentencia de 22 de julio de 2015, con la cual, entre otras decisiones, se decretó la restitución de tres predios de los que en algún momento fueron propietarios, sin lugar a compensación alguna al actual dueño, dejando en el limbo sus derechos y su situación jurídica, al desconocer que su buena fe, reconocida expresamente en la sentencia, también es exenta de culpa.


Explicaron, que son campesinos dedicados a la agricultura y a la ganadería, todos mayores de 70 años de edad; que luego de casi 20 años de haber adquirido y vendido tres pequeñas propiedades en el Municipio de Mutatá Antioquia fueron vinculados al proceso de restitución de tierras con radicado N°2013 00002, que adelantó el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, por solicitud de la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras de la misma ciudad.


Señalaron, que la citada Unidad instauró la solicitud judicial de restitución en contra de la sociedad Todo Tiempo S.A., propietaria actual de esos predios y de otros más, en el marco de la Ley 1448 de 2011, luego de adelantar la actuación administrativa a la que no fueron vinculados y que terminó con la inscripción de los predios denominados La Esperanza, Nutibara 1 y Nutibara 2 en el registro de tierras despojadas, figura que además de constituir un requisito de procedibilidad para solicitar la restitución ante juez, «activa la presunción en los términos de los artículos 76,77 y 78 de la Ley 1448 de 2011, en tanto que traslada toda la carga de la prueba a los opositores y vinculados».


Indicaron, que solo se enteraron de la existencia del trámite cuando fueron vinculados en calidad de terceros al proceso de restitución, por lo que no tuvieron la oportunidad de confrontar a los reclamantes durante la actuación administrativa


Expusieron, que tal como se describe en la sentencia, más allá oponerse a la restitución pretendida fundaron sus argumentos en que se salvaguardara su buen nombre y su situación como terceros vinculados de buena fe exenta de culpa, por cuanto nunca se aprovecharon o sometieron arbitrariamente a nadie para la adquisición de los tres pequeños predios, aparte que jamás pertenecieron o tuvieron ninguna relación con grupo armado alguno diferente a la que tuvieron incluso los reclamantes, como es la de sometimiento.


Aludieron, que el Tribunal accionado, mediante fallo de 22 de julio de 2015, desestimó su oposición y dispuso la restitución jurídica y material de los predios materia de pronunciamiento, que tal decisión incurrió en varios errores o defectos fácticos, procedimentales y sustanciales que configuran una flagrante vía de hecho, al analizar de manera ligera toda el material probatorio, bajo una visión generalizante, olvidando la realidad especifica de las circunstancias de los vinculados e interpretando y aplicando la ley de una manera evidentemente contraria a la constitución.


Agregaron, que el Tribunal pese a dejar claro que sí fueron compradores de buena fe, les desconoció la calificación adicional que exige la ley, como lo es el que esa buena fe fuera además exenta de culpa; lo que los deja en una lamentable posición en cuanto a su nombre y honra personal, y de contera impidió decretar la compensación a quienes ellos le habían vendido, que asimismo oficiaron en el proceso como opositores, derivado lo anterior de la «situación o contexto de violencia» incorrectamente vislumbrada a título de presunción.


Por último, refieren que se cumplió con el requisito de inmediatez, comoquiera que hace poco se emitió la modificación de la sentencia acusada, aparte que la expedición de las copias de las piezas procesales se demoró más de dos meses.


En consecuencia, piden la modificación de la sentencia atacada en torno a que se les reconozca su condición de compradores y vendedores de buena fe exenta de culpa sobre los predios “La Esperanza”, “Nutibara 1” y “Nutibara 2” y las consecuencias que de ello se deriva.



II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA



Mediante proveído del 15 de marzo de 2016, la Sala de Casación Civil de esta Corporación admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los accionados y a las partes y terceros intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional, con el fin de que ejercieran el derecho de defensa.


Dentro del término de traslado, el Tribunal accionado señaló que la posición asumida en la sentencia atacada se encuentra consignada en los considerandos resaltó que la acción no reúne los requisitos de procedibilidad, específicamente el presupuesto de la inmediatez, pues la sentencia se profirió el 22 de julio de 2015.


Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras Territorial Antioquia, luego de hacer un recuento de la actuación adelantada, indicó frente al reclamo de los actores por no haber sido vinculados, que actuó con fundamento en la Ley 1448 de 2011 y su Decreto Reglamentario 1071 de 2015.


Surtido el trámite de rigor, la Sala cognoscente de este asunto constitucional en primer grado, mediante sentencia de 1 de abril de 2016, negó el amparo deprecado, para ello consideró que no se cumple con el requisito de inmediatez, ya que, aun haciéndose el respectivo conteo desde la data de corrección del fallo fustigado, que tiene fecha de 4 de septiembre de 2015, emerge que no se presentó la petición de salvaguardia dentro del plazo razonable de seis (6) meses a que alude la jurisprudencia, habida cuenta que la solicitud de auxilio fue promovida sólo hasta el día 14 de marzo de 2016, máxime que la disculpa presentada en el sentido de que hubo tardanza en la expedición de copias no es de recibo.


Añadió, que al margen de lo anterior, y analizada la sentencia censurada, se observa que el tribunal acusado haya incurrido en anomalía alguna que comporte la inaplazable intervención del juez de amparo, toda vez que la decisión adoptada en punto de la acción de restitución y formalización de tierras materia de pronunciamiento está soportada en las pruebas recaudadas y en la interpretación de los preceptos legales en que la apoyó, asentada en el ejercicio de las atribuciones competenciales que le corresponden.



III. IMPUGNACIÓN



Inconforme los accionantes con la anterior decisión, la impugnaron, pues consideran que con relación al incumplimiento del presupuesto de la inmediatez no se tuvo en cuenta lo manifestado en el escrito de tutela en torno a que la obtención de las copias del proceso, tuvo una demora superior a dos meses, lo cual constituye una justificación más que legítima para que el plazo de los seis meses haya sido superado, pues no se trató de cualquier dilación, ya que dichas copias eran la base para la sustentación de la acción y se obtuvieron definitivamente hasta entrado el mes de noviembre de 2015. Solicitaron oficiar a la Secretaría de la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia para que se certifique acerca de las circunstancias que rodearon la entrega de los 33 CDROOM que contenían las audiencias practicadas en el proceso. Además, reiteraron las razones expuestas en el escrito petitorio.



IV. CONSIDERACIONES



La vía preferente de la tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida un acto amenazante o lo suspenda, siempre que se trate de proteger ciertos y determinados derechos, definidos como fundamentales.


La prosecución de la eficacia de los citados derechos, ha de acompasarse con otros valores del Estado de derecho, en particular, en lo que concierne a la administración de justicia, la seguridad jurídica, específicamente la que realiza el instituto de la cosa juzgada, y el principio constitucional de la independencia y autonomía de los jueces.


En este sentido se ha decantado jurisprudencialmente que la acción de tutela es procedente contra providencias o sentencias judiciales, sólo si con las actuaciones u omisiones de los jueces, resultan violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales; además que está limitada, primero a aquellas situaciones en las cuales el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, en cuyo caso se convierte en mecanismo principal y, en segundo lugar, cuando aun existiendo aquél, se utiliza como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable.


De otra parte, la Corporación ha reiterado que el principio de la inmediatez es una condición de procedencia de la acción de tutela, en orden a garantizar la protección de los derechos que se consideran vulnerados. Por ello, es indispensable estudiar cada caso en particular, toda vez que es necesario que exista una proporcionalidad entre el medio y el fin perseguido, que se promueva dentro de un término razonable y prudencial, en razón de la misma finalidad de la tutela, en procura de que ésta no se convierta en factor de inseguridad jurídica.


El requisito de inmediatez exige que la acción constitucional sea presentada en un lapso de tiempo cercano a la ocurrencia de los hechos que se considera vulneran los derechos fundamentales, con el objeto de evitar que el paso del tiempo desvirtúe la amenaza o violación.


Descendiendo al caso en estudio, a pesar de los argumentos expuestos por la parte accionante, no existe justificación válida que explique el tiempo transcurrido para solicitar el amparo constitucional; si se tiene en cuenta que la providencia con la cual los peticionarios consideran vulnerados sus derechos fundamentales, fue dictada el 22 de julio de 2015, y corregida, respecto de unos números de matrícula inmobiliaria, el 4 de septiembre de 2015 por la Sala de Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, mientras que la acción de amparo fue radicada el 14 de marzo de 2016. Es decir, luego de haber trascurrido más de 6 meses, incluso después de proferida la corrección de la sentencia cuestionada, superando el término que la jurisprudencia adoctrinada ha considerado como razonable para no incurrir en violación al principio de inmediatez.


Es preciso señalar que la tardanza en la expedición de las copias no sirve de excusa, ya que el término se cuenta desde la fecha de la decisión atacada y no desde cualquier otra actuación procesal posterior que se pueda presentar; máxime cuando se advierte que las copias le fueron entregadas antes de vencerse el término de los seis establecido por la jurisprudencia para no incumplir el requisito de inmediatez, pues en el escrito de impugnación se afirma que las obtuvieron definitivamente «entrado el mes de noviembre de 2015.»

En este orden de ideas, habrá de confirmarse el fallo impugnado.



V. DECISIÓN



En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



RESUELVE:



PRIMERO.- Aceptar el impedimento manifestado por el Magistrado FERNANDO CASTILLO CADENA.


SEGUNDO.- Confirmar el fallo impugnado.


TERCERO.- Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.


CUARTO.- Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado.



Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.






JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

Presidente de Sala




GERARDO BOTERO ZULUAGA




JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ




CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO




RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO




LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

1



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