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Corte suprema de justicia

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HIPOTECA, GARANTIA REAL, EJECUCION

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M. P. Edgardo Villamil Portilla. Sentencia del 2 de diciembre de 2009. Expediente 11001-31-03-009-2003-00596-01.


Síntesis: El banco titular del crédito no ejerció la garantía específica que le brindaba el proceso ejecutivo hipotecario como el camino idóneo y tampoco acudió al proceso ejecutivo mixto, dejando atrapados los títulos ejecutivos dentro del trámite singular que inició frente a los deudores quirografarios. El banco prescindió del derecho real de garantía, e intentó vincular a la sociedad pero como deudor directo y no como otorgante de la garantía hipotecaria. Dadas las posibilidades que arroja el diseño legal de los procesos ejecutivos dentro de los cuales se ejercita la hipoteca, el acreedor no puede aspirar a obtener un título “nuevo” con todas sus características, para perseguir las obligaciones insolutas de los deudores, pues no hay motivo procesal para considerar que tiene vedado el cobro de su crédito ni tampoco puede eludirse por esta vía el paso del tiempo sobre las obligaciones civiles, situaciones que descartan la expedición de otro documento para ejecutar la hipoteca de manera separada, siendo que el acreedor está en posibilidad de gestionar, dentro del proceso ejecutivo singular que promovió, la efectividad del derecho real accesorio, pero con el compromiso de asumir los deterioros de los títulos, frente a quien está facultado para resistir las pretensiones.



«(…)

CONSIDERACIONES DE LA CORTE


Basta con ver los planteamientos del recurrente para deducir el fracaso del cargo que se analiza, pues no se trata ahora de que el sentenciador haya irrumpido con un fallo absolutorio que desborda las pretensiones de la demanda o sus hechos, ni que tal cosa haya acontecido como resultado exclusivo de la invención del juzgador, sino que de modo expreso el ad quem se propuso extraer el que consideró genuino sentido del libelo inicial y no sólo halló en él las pretensiones, que precisamente la censura echa hoy de menos, sino que afrontó su resolución.


Tiene decantado la Corte que, en línea de principio, las sentencias completamente absolutorias no son vulnerables a los ataques por inconsonancia, pues “como es fácil advertirlo, siempre que el sentenciador resuelva sobre la totalidad del litigio, no existe ninguna trasgresión al principio de la congruencia entre lo pedido y lo resuelto, como quiera que, en tal caso, se cumple a plenitud con la función jurisdiccional en ese proceso, sin que para ello tenga trascendencia si al decidir se acogen o se deniegan las pretensiones de la demanda, pues, en el evento de que el fallo sea adverso al actor, éste no resulta incongruente, ya que distinto de no decidir un extremo de la litis es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer caso el fallo sería incongruente y, en consecuencia, podría ser atacado en casación con base en la causal segunda; en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la parte, que sólo podría ser impugnado a través de la causal primera si con él se violó directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario se llegaría a la conclusión de que el fallo sólo sería congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable’” (G.J. T. LII, Pág. 21 y CXXXVIII, Págs. 396 y 397, G.J. t. CCXLIX, Pág. 748, doctrina reiterada en sentencias de casación civil de 15 de marzo de 2004, Exp. No. 7132 y 19 de enero de 2005, Exp. No. 7854).


No obstante lo anterior, la jurisprudencia también ha resaltado que la sentencia absolutoria pueden ser incongruente frente a las pretensiones planteadas por el demandante, si el juzgador “al considerar los hechos sustentantes de la pretensión, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar únicamente en cuenta aquellos que, de acuerdo con su personal criterio, resultan dignos de ser valorados” (G.J. t. CCXXV, Pág. 255, reiterada en sent. Cas. Civ. de 24 de octubre de 2006, Exp. No. 0005801), o, como también se ha expresado, con otras palabras, se trata de un “yerro por invención o imaginación judicial, producto de la desatención o prescindencia de los hechos de la demanda” (Sent. Cas. Civ. de 27 de noviembre de 2000, Exp. No. 5529).


La congruencia del fallo impone pues al juzgador, la veda para “sustentar su decisión en hechos distintos de los consignados por el actor en su demanda. Si el juez rebasa esta regla, o sea, si, prescindiendo del esquema factual trazado en el escrito incoativo del proceso, hace descansar su resolución en una causa petendi, diferente, aún a pretexto de ser ésta la que aparece probada, incurre en incongruencia, la cual, como se sabe, constituye un vicio de actividad, pues aquél habrá desatendido una de las pautas que la ley señala para el proferimiento de la sentencia” (G.J. T. CCXXV, Pág. 246).


Sin embargo, es especialmente nítida la diferencia entre un fallo absolutorio incongruente y la acusación por indebido entendimiento de la demanda, pues mientras el primer asunto atañe al error de procedimiento atacable con apoyo en la causal segunda de casación, el otro vendría de una equivocación de juicio en el análisis de la pieza procesal que abre la controversia, por lo tanto, ha decantado la Corte, que “la causal segunda no es el camino adecuado para encauzar un reclamo de esta naturaleza, si es que la discrepancia se inscribe en el ámbito de la interpretación de la demanda y no es el caso aquel en que el juez sustituye radicalmente al demandante en la definición de los contornos del litigio” (Sent. Cas. Civ. de 16 de agosto de 2007, Exp. No. 717101).


De otro lado, no puede acusarse la sentencia totalmente absolutoria de ser incongruente, cuando el juzgador, con apego a la causa petendi de la demanda, decide abiertamente que alguna circunstancia netamente jurídica impide el progreso de las pretensiones del demandante, pues en tal caso la pretermisión denunciada estructuraría un error de juzgamiento, atacable en casación con base en la causal primera, porque el segundo motivo de censura previsto en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, “‘… no autoriza, ni puede autorizar, para abordar el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes del fallo..’ (G.J, T. XCVII, pág. 178) y por lo tanto es preciso descartarla cuando este último resuelve, con acierto o equivocadamente, lo que ha sido objeto de un determinado pleito” (Sent. Cas. Civ. de 12 de julio de 1995, Exp. No. 4439).


En el caso de ahora, el Tribunal desestimó totalmente las pretensiones del Banco (…), para lo cual identificó cabalmente los reclamos elevados en la demanda, de las cuales dedujo, en compendio, que el propósito de la entidad estaba encaminado a obtener un título ejecutivo que comprendiera las obligaciones cuyo cobro judicial se había promovido sin fortuna contra (…) y (…)., proceso que se adelantó ante el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, despacho que no sólo denegó la reforma de la demanda, sino que se abstuvo de autorizar el desglose de los pagarés base del trámite compulsivo.


Y si cualquier recriminación estuviera pendiente de hacer al juzgador en la labor heurística de la demanda, ella debería hacerse por la vía de la causal primera de casación, protesta que tampoco podría tener buen suceso, si es que el Tribunal nunca dijo que el libelo perseguía la ampliación o modificación de la hipoteca o que este fuera un proceso de naturaleza personal; por el contrario, el juzgador sostuvo, en coincidencia con el recurrente, que las pretensiones tenían como propósito obtener un título ejecutivo para hacer valer la hipoteca, luego más que desencuentros, la coincidencia brota entre la sentencia recurrida y el censor, en punto de la actividad interpretativa que recayó respecto de la demanda.


Ahora, tampoco puede sostenerse, como hace el censor, que el Tribunal distorsionó la naturaleza de la acción ejercida, porque, como ya se vio, el juzgador, sin desconocer los verdaderos fines perseguidos por el demandante, expuso que los derechos del acreedor hipotecario no le permitían acudir al proceso ordinario en procura de un nuevo título ejecutivo, en tanto esas facultades se limitaban al ejercicio del cobro judicial con garantía real, aspecto que dista de ser un yerro de procedimiento y, en todo caso, se engasta en el juicio que sirvió al ad quem para resolver el debate, situación que deja ver a las claras, lo inadecuado del planteo del recurrente y la desventura del cargo.


En suma, ningún desacople existe entre la sentencia recurrida y las pretensiones de la demanda o los hechos que le sirven de apoyatura; por el contrario, la decisión desestimatoria de aquellas se acompasa armoniosamente con el cuadro fáctico vertido en el escrito inaugural del proceso y está cimentada en cavilaciones que atañen al plano in iudicando, de cuyo arreglo con el ordenamiento se ocupará la Corte, a propósito del estudio del siguiente cargo.


En conclusión este cargo no prospera.



SEGUNDO CARGO


El recurrente acusó al Tribunal por la violación directa de los artículos 4°, 29, 58, 228 y 229 de la Constitución Política; 2361 del Código Civil; 50, 396 y 488 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación; los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación indebida; 665, 2453, 2454 del Código Civil y 554 del Código de Procedimiento Civil por interpretación errónea.


1. En el primer segmento, el casacionista recriminó al juzgador por haber dejado de aplicar los artículos 4°, 29, 58, 228 y 229 de la Constitución Política, porque se vulneró - según dice - la primacía de la Carta, en especial, el artículo 29, en tanto las pretensiones fueron denegadas “so pretexto de que la vía para obtener una solución favorable es el proceso ejecutivo hipotecario al cual el Banco (…) solo puede acceder obteniendo sentencia favorable a sus pretensiones en el proceso ordinario”.


El Tribunal, en la lectura que hace el censor, también quebrantó el artículo 58 de la Constitución, porque al negar éxito a las pretensiones no garantizó el derecho real de hipoteca que el Banco Popular tiene sobre los inmuebles hipotecados, pues este derecho no puede hacerse efectivo, “sin el título ejecutivo que se pretende constituir con la sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda” (fl. 22 c. 4), credencial requerida ante la negativa del propio Estado a desglosar los títulos para hacerlos valer en un proceso ejecutivo hipotecario contra la demandada, situación que motivó al acreedor para acudir al procedimiento ordinario.


Según el censor, el artículo 228 de la Carta resultó vulnerado por no haber prevalecido el derecho sustancial, “so pretexto de que el proceso ordinario no era apto para que se accediera a las pretensiones de la demanda”, al igual que el artículo 229 ibídem, pues el acreedor hipotecario carece de mecanismos para acceder a la administración de justicia, en tanto que la sentencia favorable en el proceso ordinario resulta indispensable para ejercer el derecho real a través del proceso ejecutivo hipotecario.


A los ojos del recurrente, hubo violación del artículo 2361 del Código Civil, en cuanto al desconocimiento de la naturaleza de la fianza, por haberse hecho una errada interpretación del artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, que condujo al juzgador a afirmar “que el fiador hipotecario es litisconsorte necesario de los deudores principales cuando por la naturaleza de la fianza entre fiador hipotecario y los fiados lo máximo que puede existir es un litisconsorte facultativo”.


El casacionista sostuvo que según el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, puede demandarse la acción personal contra el deudor principal “y si por esta vía no logra la satisfacción de la obligación, puede iniciar, en proceso separado, el cobro de la obligación al fiador hipotecario ejerciendo la acción real”.


Finalmente denunció la falta de aplicación de los artículos 396 y 488 del Código de Procedimiento Civil, que disponen la posibilidad de acudir al proceso ordinario para ventilar las controversias que no tienen fijado trámite especial; agregó el casacionista, que “lo que se busca con la sentencia condenatoria es que ésta sirva de título ejecutivo para poder iniciar el proceso ejecutivo hipotecario” (fl 24 c.4).


2. En el segundo segmento de la acusación, el recurrente denunció la aplicación indebida de los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil, pues insistió en que “no existe litisconsorcio necesario pasivo entre el deudor principal y el fiador hipotecario y el acreedor”. Igualmente, el censor trascribió la Sentencia C-192 de 1996 de la Corte Constitucional, para afirmar que la decisión del Tribunal vulneró el precedente establecido en dicha providencia que, según dice, apoya el argumento trascrito.


Además, expuso que el acreedor “está legitimado para que a través de un proceso ordinario, como el que nos ocupa, obtenga un título ejecutivo para que junto con el título hipotecario, son necesarios para adelantar el ejecutivo hipotecario” (subraya la Sala), pues el aporte del título ejecutivo se hizo imposible para el acreedor, ante la negativa tanto del desglose de los pagarés firmados por los deudores principales, como de la expedición de una primera copia de la sentencia con mérito ejecutivo suficiente.


3. El recurrente recriminó la interpretación del Tribunal acerca de los artículos 665, 2453 y 2454 del Código Civil, en particular por entender que las acciones derivadas de la hipoteca sólo pueden ser ejercidas a través del proceso ejecutivo, si “la ley en ninguna parte hace tal distinción, para restringir el ejercicio de las acciones reales de hipoteca al proceso ejecutivo”, menos, cuando se hace necesario que el acreedor hipotecario promueva previamente el proceso ordinario, para obtener un título que permita iniciar la acción ejecutiva sin que ello implique la modificación o ampliación del contrato de hipoteca.


4. El censor trascribió los artículos 2453 y 2454 del Código Civil, normas a partir de las cuales sostuvo que el acreedor hipotecario puede demandar primero al deudor principal y si este no paga, proceder a hacer efectiva la fianza hipotecaria.


Finalmente, el recurrente reprochó al Tribunal por haber hecho una interpretación del artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, sin tener en cuenta la Sentencia C-192 de 1996 de la Corte Constitucional, y haber denegado las pretensiones de la demanda “a través de la figura del litisconsorcio”, categoría ajena por completo al proceso, “a pesar de que en la sentencia se acepta que dicha garantía [hipotecaria] está vigente y la obligación garantizada también” (fl. 36 c.4).


CONSIDERACIONES DE LA CORTE


1. El Banco (…) pretende una sentencia que reconozca la obligación del demandado, con el propósito de perseguirlo como constituyente del gravamen hipotecario con que garantizó deuda ajena, cuyo cobro fue intentado a través de un proceso ejecutivo singular, sólo frente a los obligados respaldados. En esas circunstancias, se acusa al Tribunal por quebranto de las normas sustanciales, al negarse a proveer de otro título al acreedor, a pesar de que se plantea que sin este documento los derechos del Banco (…) estarían en imposibilidad de ser satisfechos.


La respuesta al planteamiento del cargo exige una mirada teórica a la hipoteca y a los derechos del titular del gravamen, para luego aplicar esas directrices a los reparos formulados a la sentencia del juzgador censurado.


2. Como derecho real que es, la hipoteca concede al titular los atributos que atañen a los demás de su tipo, es decir, la persecución y la preferencia, caracteres que han sido reconocidos por la Corte, con apoyo en los artículos 2452 y 2448 del Código Civil, como la facultad del acreedor para “embargar y hacer vender ese bien, al vencimiento del término, sea quien fuere el poseedor, para hacerse pagar con el precio, de preferencia a los otros acreedores” (XLIV, Pág. 542). En otras palabras, la hipoteca permite al acreedor promover las acciones judiciales tendientes a la satisfacción de las obligaciones garantizadas, con abstracción de quién sea el dueño o poseedor actual del bien gravado y asistido aquel acreedor del derecho de preferencia respecto de los demás acreedores de menor derecho.


Adrede se trae el asunto de la extensión de los derechos del acreedor hipotecario, pues profusa ha sido la Sala en sostener, desde antaño, que cuando coinciden el deudor de la obligación y el propietario del bien hipotecado, dicho titular mantiene la posibilidad de ejercer el “derecho personal o de crédito que conlleva el de perseguir la ejecución de la obligación sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, y el derecho real de hipoteca sobre el inmueble para que con el producido se le pague o hacérselo adjudicar en pago hasta concurrencia de su crédito, sea quien fuere el que posea la cosa hipotecada. (…) por el hecho de tener un derecho real de hipoteca, no deja de tener los derechos de acreedor común y corriente, es claro que tiene dos acciones distintas: la acción personal y la acción real hipotecaria, que pueden ejercerse conjuntamente. Cuando se ejercita la acción personal, el demandado tiene que ser el deudor de la obligación. Cuando se ejercita la acción real, el demandado tiene que ser el actual poseedor” (Sent. Cas. Civ. 15 de diciembre de 1936, G.J. T. XLIV, Pág. 542).


Igualmente, la Corte sostuvo que cuando el deudor constituye hipoteca en respaldo del crédito, “el acreedor tiene contra él dos acciones: la personal por el contrato principal, la real por el contrato de hipoteca. Enajenado el bien hipotecado, éste queda siempre bajo el imperio de una acción real; el acreedor conserva su acción personal contra el deudor, la real contra el inmueble hipotecado; pero es claro que la acción personal no puede recaer sobre el adquirente de la finca hipotecada, que la recibió con ese gravamen, porque él no está ligado con ninguna relación personal con el acreedor” (Sent. Cas. Civ. de 3 de septiembre de 1937, G.J. T. XLV, Pág. 489, reiterada en Sent. Cas. Civ. de 27 de febrero de 1968, G.J. T. CXXIV, pág. 32).


En general, existen entonces dos situaciones claramente diferenciadas de las cuales se desprenden consecuencias jurídicas disímiles, vale decir, que el deudor respalde una obligación suya con un bien propio y que se mantiene como dueño el día que la obligación es cobrada judicialmente, caso en el cual el acreedor puede alternativa o conjuntamente perseguir el bien hipotecado o este y los demás bienes del deudor. También puede suceder que el deudor originario constituya la garantía hipotecaria sobre un bien suyo, pero trasfiera su derecho de propiedad antes de la ejecución del gravamen, evento en el cual el accipiens puede dirigir su acción personal contra el deudor con prescindencia de la hipoteca, ejercer exclusivamente la garantía real contra el propietario actual del bien gravado (inc. 3º del art. 554 del C.P.C.), o involucrar al dueño de la prenda y al deudor que no son el mismo, en un proceso ejecutivo mixto, juntando en beneficio del acreedor la prenda general del deudor y la prenda específica que vive en el gravamen hipotecario, todo con los límites que más adelante se indicarán.


3. La sistematización de las acciones a disposición del acreedor presenta la siguiente situación: tal como está organizada la acción ejecutiva en el ordenamiento procesal no es posible, de modo general, acumular las acciones hipotecarias y las comunes. No está demás señalar que el Código de Procedimiento Civil no regula de manera aislada, autónoma y cerrada cada una de las vías para perseguir tanto las garantías genéricas, como las específicas, es decir, el proceso ejecutivo llamado singular y el proceso ejecutivo con título hipotecario son trámites que tienen múltiples puntos de contacto e interrelación normativa.


3.1. Así, el numeral 9 del artículo 555 del Código de Procedimiento Civil prevé una regla de integración de conformidad con la cual, los posibles vacíos normativos del proceso ejecutivo hipotecario se llenan con las reglas del trámite ejecutivo singular, al decir la norma que “en todo lo no regulado en el presente Capítulo, se aplicarán las normas de los Capítulos I a IV de este Título”; mecanismo general que se ratifica, si se tiene en cuenta además, que el numeral 3 del propio artículo 555 ibídem, dispone que “respecto de la regulación de perjuicios, cumplimiento de la obligación y condena en costas, beneficio de exclusión y eficacia de la sentencia, se aplicarán los artículos 506, inciso primero del 507, 511, y 512, respectivamente”, disposición que acude como vaso comunicante para dejar ver aspectos regulativos que reflejan más semejanzas que diferencias entre el proceso ejecutivo singular y el hipotecario, en especial, porque el objetivo en uno y otro es idéntico, el cobro de las obligaciones, tan solo se apartan en punto de la garantía, general en un caso y específica en otro.


3.2. Igualmente, en la acción ejecutiva, hay cierto margen de adaptabilidad y flexibilidad. Así, son varias las normas que dan muestra de la labilidad de la dicha acción, tanta, que un proceso de cobro promovido bajo la modalidad hipotecaria, puede migrar hacia el proceso ejecutivo singular.


En efecto, por vía de ejemplo, ello se presenta cuando es insuficiente el producto de la prenda específica, una vez realizada y aplicada al pago. Este caso se encuentra previsto en el numeral 7 del artículo 557 del Código de Procedimiento Civil, que prevé la mutación del proceso ejecutivo hipotecario en un proceso común, en el que por supuesto pueden ser perseguidos otros bienes del deudor para pagar el déficit de la deuda que no pudo enjugarse con la venta de la prenda; por lo tanto, es posible en ese proceso convertido, la concurrencia de otros acreedores mediante los mecanismos de acumulación de demandas o de procesos, y eventualmente una ejecución concursal de tono universal. En la hipótesis recién expuesta, una vez se ha producido esta especie de metamorfosis del proceso, es dable perseguir no sólo otros bienes, sino los que se lleguen a desembargar en otras ejecuciones y aún proceder a la acumulación de aquel proceso que por agotamiento de la prenda ha devenido en ejecutivo común.


Entonces, el acreedor hipotecario cuya prenda ha resultado insuficiente, puede seguir denunciando otros bienes hasta la satisfacción total de la deuda. El numeral 7 del artículo 557 del Código de Procedimiento Civil sólo realiza la primacía sustancial de los derechos del acreedor y autoriza a este para que continúe con la labor de cobro judicial del crédito, con los demás bienes del patrimonio del deudor, pues nótese que el remate de bienes no pone fin al proceso ejecutivo hipotecario; por el contrario, la insolvencia parcial del deudor faculta al acreedor para buscar por la vía de la prenda general, la satisfacción del derecho personal reclamado.


Situación semejante se presenta cuando la prenda es amenazada, como ocurre en el caso previsto en el numeral 8 del artículo 555 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el parágrafo 3º del artículo 686 ibídem, es decir, cuando se levanta el embargo como consecuencia de la prosperidad de la oposición al secuestro; entonces, si se trata de proceso ejecutivo con garantía real, “el ejecutante podrá perseguir bienes distintos de los gravados con hipoteca o prenda. A partir de este momento serán admisibles tercerías de acreedores sin garantía real y se aplicará el artículo 540” ibídem. Con lo cual resulta evidente que el proceso hipotecario demuda en otro singular, inclusive con la participación abierta de todo tipo de acreedores en concurso para perseguir la prenda general de garantía del ejecutado.


Acontece lo propio en la denominada acción mixta, mediante la cual el acreedor, en desarrollo del artículo 2449 del Código Civil1 y el numeral 5 del artículo 554 de Código de Procedimiento Civil, puede perseguir, además del bien hipotecado, otros bienes distintos del deudor, caso en el que “se seguirá exclusivamente el procedimiento señalado en los anteriores capítulos de este título”, disposición que reconoce la posibilidad de que el acreedor hipotecario emprenda, simultáneamente, tanto la acción derivada del derecho real accesorio de hipoteca, como la persecución de la garantía general que corresponde a cualquier otro acreedor, de acuerdo con el trámite ejecutivo singular.


3.3. También hay ejemplos de esa coexistencia procesal entre el ejercicio de una acción personal con otra de carácter hipotecaria; así, los incisos 1º y 2º del artículo 539 del Código de Procedimiento Civil, prevén que si dentro de un proceso ejecutivo singular se embarga un inmueble gravado con hipoteca, se citará a los acreedores hipotecarios, para que hagan valer sus derechos, bien sea en proceso ejecutivo con garantía real “o en el que se les cita en ejercicio de la acción mixta”, que se convierte en imperativo, pues “si vencido el término a que se refiere el inciso anterior a que se refiere [30 días siguientes a la notificación], el acreedor notificado personalmente no hubiere instaurado alguna de las demandas ejecutivas, sólo podrá hacer valer sus derechos en el proceso [ejecutivo] donde se le hizo la notificación, dentro del plazo señalado en el artículo 540”, situaciones en que el acreedor con acción real deberá concurrir con otros que tienen obligaciones sin tal respaldo, e inclusive promovidas contra otros sujetos que están comprometidos sólo quirografariamente.


De igual manera, el numeral 4 del artículo 157 del Código de Procedimiento Civil establece que si varios acreedores hipotecarios lo acuerdan, pueden acumular el ejercicio de su derecho “a un ejecutivo quirografario que contra el mismo deudor se adelante por otros acreedores”, de manera que así se estructura otro ejemplo en que el proceso ejecutivo da abrigo al ejercicio de acciones hipotecarias.


Viene de lo dicho, que existen distintos escenarios en que la ejecución con garantía real puede migrar hacia la singular; tampoco hay obstáculo para que una vez iniciado el proceso ejecutivo se involucre un cobro con respaldo hipotecario, casos en los cuales el trámite debe reajustarse de acuerdo con las reglas del proceso ejecutivo mixto, todo para procurar la satisfacción expedita de los créditos quirografarios (garantía general), ora la obtención del pago de las obligaciones con la prenda específica (garantía hipotecaria), episodios todos que son una clara muestra de la adaptabilidad de las formas procesales para ajustarse a las necesidades sustanciales y a los privilegios del acreedor.


4. Ahora, importa esclarecer en ese contexto, los límites de la responsabilidad de los deudores, en especial, cuando quien contrajo la obligación es persona diferente a quien aparece como propietario del bien, evento en el cual a cada categoría de ejecutado corresponde un compromiso también diverso.


Así, la jurisprudencia ha reconocido que tal situación se presenta cuando el constituyente del gravamen hipotecario pierde por cualquier causa la titularidad en el dominio del inmueble, o porque con este se haya garantizado obligación ajena en los términos del artículo del artículo 2439 del Código Civil, situaciones en las cuales “las dos garantías de que arriba se habló presentan matices diversos, como que, evidentemente, contra el deudor no tendrá el acreedor más que una acción personal, atendiendo precisamente la naturaleza del derecho de crédito que le pertenece; por lo mismo, el patrimonio del deudor, in integrum y hasta el importe de la deuda, constituye en tal caso su garantía personal. Y a la par con ella, está favorecido también con la garantía real de hipoteca, en el evento en que el deudor no cumpla la obligación, que se traduce, quepa repetirlo, en la facultad de perseguir exclusivamente el bien hipotecado, a fin de obtener la venta del mismo y garantizar su acreencia con el producido, lo cual podrá ejercer mediante acción que dirija contra el dueño de la cosa, sea el que fuere, haya o no constituido el gravamen, exceptuado el caso, claro está, de que haya adquirido en pública subasta en las condiciones previstas en el articulo 2452 del Código Civil.


Nótese que la razón para resultar demandado el tercero poseedor estriba no en que esté personalmente obligado a la deuda, sino sólo por encontrarse en poder del inmueble hipotecado.


En la hipótesis comentada, es claro, pues, que contra el deudor no podrá ejercerse la acción real; a su turno, contra el dueño de la cosa se carece de acción personal, como sea que el que garantizó deuda ajena se haya obligado a ello expresamente (parte final del artículo 2439 ya citado)” (Sent. Rev. de 14 de marzo de 1990, G.J. T. CC, pág. 117)


Este análisis sobre los límites de las diferentes acciones derivadas de la hipoteca constituye, en lo pertinente, la reiteración de otro pronunciamiento realizado por la Corte, en cuyo estudio se dejó planteado que “el acreedor hipotecario, cuando la obligación se hace exigible, tiene distintas acciones para hacerla judicialmente efectiva: una de carácter personal, derivada del derecho de crédito, contra el deudor de la obligación, y otra real, proveniente de la hipoteca, contra el dueño del bien hipotecado (C. de P. C., artículo 554, inciso 3º). (…)


En este último caso [cuando el deudor y el dueño de la cosa hipotecada sean sujetos distintos], pues, esa relación jurídica es plurilateral; son tres las personas que intervienen en ella, el deudor, el acreedor, y el dueño de la cosa hipotecada, sea que éste haya constituido el gravamen para respaldar deuda ajena, ya que habiendo gravado el bien para garantizar su propia obligación, haya enajenado la cosa estando la deuda aun pendiente de pago” (Sent. Cas. Civ. de 17 de junio de 1975, G.J. T. CLI, Pág. 140).


A pesar de que el caso no era semejante al de ahora, la Corte sostuvo recientemente que la “acción real inherente a la hipoteca se dirige contra el propietario poseedor actual del bien, quien no siendo deudor de la obligación principal, sea porque adquirió la cosa con posterioridad, ora porque amparó una deuda ajena, contrae frente al acreedor una responsabilidad sin débito propio limitada a la cosa gravada, el valor del crédito y sus accesorios, pudiendo abandonársela, y mientras no se haya consumado la adjudicación, de recobrarla, pagando el monto de la obligación y los gastos que este abandono hubiere causado’, pues no se entenderá obligado personalmente si no se hubiere estipulado’ y no habrá acción personal contra él si no se ha sometido expresamente a ella’ (art. 2454 C.C.); siendo deudor, el acreedor puede ejercer en su contra, ya la acción personal como quirografario con posibilidad de perseguir todo el patrimonio debitoris, ya la acción real como preferencial, bien acción mixta conjuntamente (arts. 28, Ley 95 de 1890 subrogatorio del art. 2449 y 1583 [1], 2418, 2452 Código Civil y 554 [3] C. de P.C.; Cas. Civ..15 diciembre de 1936, XLIV, 541 y 542; 19 de mayo de 1937, XLV, 118 y 13 de agosto de 1946, LXII, 59; 27 febrero de 1968, CXXIV, 32)” (Sent. Cas. Civ. de 1 de julio de 2008, Exp. No. 2001-00803-01) (subraya la Corte).


En suma, el acreedor puede demandar a la par al propietario del bien que garantizó una deuda ajena con un bien o lo compró estando vigente un gravamen; de un lado, la hipoteca frente al propietario del inmueble gravado, y de otro, la obligación respaldada, contra el deudor respectivo. Nótese que ningún reparo podría formularse contra la citada posibilidad, si es que la simple disparidad entre los sujetos pasivos de cada relación jurídica es insuficiente para restringir el ejercicio de los derechos derivados de la hipoteca, cuando quiera que el titular de esta decida promover conjuntamente las facultades inherentes a la garantía, sin prescindir de la persecución personal contra el deudor original.

Por supuesto que la realización mancomunada de las acciones derivadas de la hipoteca debe llevarse a cabo dentro de los límites que ha señalado la jurisprudencia en aplicación de las normas sustanciales, vale decir, el compromiso del propietario del bien se restringe al valor de este, pues “responde con la cosa y sólo con ella” (G.J. CXXIV, 32), mientras que el deudor original responde por la obligación con la totalidad de sus bienes embargables, en desarrollo de la prenda general de garantía de los acreedores.


Además, el propio artículo 2449 del Código Civil reconoce que el ejercicio de la acción hipotecaria deja incólume la acción personal “para hacerse pagar sobre bienes del deudor que no le han sido hipotecados, y puede ejercitarlas ambas conjuntamente”, sin excluir que pueda desarrollarse a través del mismo proceso, se reitera, por la vía del denominado proceso “mixto”, apropiado para cuando la calidad de deudor y propietario de la cosa hipotecada, esté disociada en personas diferentes.


5. Ahora, si el acreedor hipotecario puede perseguir desde el primer momento, tanto el bien que soporta el gravamen, como otros bienes del demandado, a través del proceso ejecutivo mixto, nada obsta para que el trámite que comenzó como singular, persiguiendo la prenda general, se convierta en mixto mediante reforma, acumulación de la demanda, o denuncia del bien hipotecado, en este último caso, siempre que haya identidad entre el deudor y el obligado hipotecario.


Es que ninguna norma sustancial o procesal dispone la pérdida o extinción de la hipoteca simplemente porque el acreedor persiga, en un primer momento, la prenda general de garantía de los deudores, pues la sistematización de las opciones de cobro con que cuenta el dicho acreedor admiten, sucesivamente, el ejercicio de la acción ejecutiva singular, para luego modificar el objeto de persecución general a otro específico, sin que puedan oponerse talanqueras procesales de ninguna naturaleza, pues la estructura y filosofía de los trámites tienen como norte servir de cauce para garantizar la satisfacción de los derechos subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico; por lo tanto, los procesos deben flexibilizarse para lograr el cumplimiento de ese importante fin, permitiendo la armonía entre los intereses de los demandantes, con el respeto al debido proceso de los demandados.


Además, las reglas procesales ya indicadas (incisos 1º y 2º del artículo 539; inciso 5º del artículo 554; numerales 5 y 8 del artículo 555; numeral 7 del artículo 557; parágrafo 3º del artículo 686; normas del Código de Procedimiento Civil), admiten que haya mixtura en la ejecución sin que se afecte la fuerza sustancial del gravamen, ni los privilegios derivados de este.


A la postre, si el proceso ejecutivo singular y el mixto se desarrollan por un mismo procedimiento, nada impide que el primero pase a adelantarse por el trámite del segundo, si es que se acumula una demanda mediante la cual se persigue la garantía real.

De otro lado, si bien es inadmisible sostener que hay en algún momento fracaso total de la persecución contra los deudores quirografarios, en tanto el activo futuro deja abierta la expectativa de satisfacción, el acreedor hipotecario puede utilizar el proceso ejecutivo, en la modalidad mixta, para perseguir las prerrogativas derivadas de la hipoteca, con indiferencia de quién sea el propietario del bien, acudiendo a la vía de la reforma de la demanda, o a la acumulación de demandas.


En suma, ningún obstáculo legal existe para que el trámite cambie de ejecutivo hipotecario a singular, como tampoco puede haberlo para que este último se convierta en mixto con el fin de enarbolar la hipoteca, todo para permitir el ejercicio adecuado de los derechos del acreedor con garantía real, desde luego, permitiendo la defensa del propietario de la cosa gravada, o de quien haya respaldado deuda ajena con un bien propio, para que, a pesar de la conversión del procedimiento, se garantice el debido proceso a las personas llamadas a resistir las ejecuciones.


Dicho elípticamente, el proceso puede variarse durante el decurso según las necesidades que se presenten, pero nunca podrá prohijarse que la garantía real pueda realizarse a espaldas del dueño que está facultado para replicar a los reclamos del acreedor.


6. A partir de esa aproximación teórica al contrato de hipoteca, los derechos del acreedor hipotecario y las vías procesales para ejercerlos, estima necesario la Sala describir cronológicamente las incidencias de la relación crediticia debatida en el proceso, en especial, el intento de cobro judicial, para procurar luego una respuesta al problema que se planteó ab initio.


6.1. El 20 de noviembre de 1991, la sociedad (…) constituyó hipoteca en primer grado a favor del Banco (…)., lo que hizo mediante la escritura pública No. 2815, otorgada ante la Notaría Única de Facatativa, sobre dos inmuebles ubicados en el municipio de Mosquera - Departamento de Cundinamarca -, con folios de matrícula inmobiliaria números 0500139867 y 050-1109057; tal garantía tuvo por objeto respaldar, según se dijo en el instrumento citado, “el pago de cualquier obligación que la sociedad (…) y/o la sociedad (…) conjunta o separadamente tenga o llegue a tener a favor del Banco (…) hasta por la suma de treinta y cinco millones noventa mil pesos ($35.090.000), de los cuales le corresponde veinte millones doscientos cuarenta mil pesos ($20.240.000) para el predio de la calle 3 No. 1-20E y $14.850.000 para el predio de la carrera 1 No. 3-42, por capital, suma que será incrementada por el valor de los intereses, gastos y costas…” (fl. 22 vto.). Dicha garantía fue extendida hasta una “cuantía indeterminada” a través de la escritura pública No. 295 de 16 de febrero de 1994, otorgada en la misma oficina notarial.


El 8 de julio de 1996, el Banco (…) promovió proceso ejecutivo singular de mayor cuantía en contra de (…) y la (…) (antes …) (fls. 63 a 71 c. 1), trámite del que conoció el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, al cual se aportaron los pagarés Nos. 350-01-06454-8, 350-01-06441-5, 350-01-06447-2, 350-01-06460-5, 350-01-06464-7, 350-01-06476-1, 350-01-06481-1, 350-01-06490-2, 350-01-06499-3 (fls. 16 a 26 c. 1). En la dicha demanda se mencionó tanto la constitución de la hipoteca como su ampliación (fls. 66 y 67 c.1), sin que se vinculara a la firma (…) como propietaria de los bienes que soportan la garantía real, es decir, el acreedor eligió la persecución de la prenda general de los acreedores, con desdén de la prenda específica, pues aunque se aludió en el libelo ejecutivo que había un gravamen, no se pidió la realización de la hipoteca.


El juzgado que conoció el proceso ejecutivo inadmitió la demanda para que, entre otras, se aclarara el factor de competencia “y la clase de proceso que se desea seguir” (fl. 76 c. 1). En esas condiciones, el Banco (…) subsanó el libelo, con la explicación de que el proceso a seguir era “el contemplado en la Sección Segunda, Título XXVII, artículos 488 y siguientes del Libro 3º del Código de Procedimiento Civil” (fl. 77 c.1), es decir, que la actuación se ceñía por las reglas que corresponden al proceso ejecutivo singular.


El 31 de julio de 1996, el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago contra (…) y la (…), por las sumas de $10.250.000; $31.250.000; $21.000.000; $11.156250; $6.675.000; $39.000.000; $58.200.000; $15.000.000; $7.400.000, contenidas en los nueve pagarés allegados como título ejecutivo.


Notificados los demandados mediante curador ad litem (fl. 99 c.1), el demandante presentó reforma de la demanda con el propósito de incluir como ejecutada a la persona jurídica denominada (…) “para que previos los trámites del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía se libre mandamiento de pago” (resaltado original), por las mismas sumas reclamadas en la primera demanda. La dicha reforma fue inicialmente inadmitida mediante auto de 10 de marzo de 1998 (fl. 121 c. 1), el juzgado volvió sobre sus pasos para rechazar finalmente aquel escrito en proveído de 14 de mayo de 1998, porque “la sociedad denominada (…) no se obligó como deudora dentro de los pagarés que se presentan como base de la acción” (fl. 123 c.1).


El acreedor interpuso el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación contra la anterior providencia, tras aceptar que si bien “la entidad (…). no suscribió los pagarés base de la presente acción”, ella sí es deudora por haber constituido el gravamen hipotecario que respalda las obligaciones de la firma (…), de donde el entonces recurrente dedujo la posibilidad de librar mandamiento de pago en contra de (…).


Mediante el auto de 27 de julio de 1998, el juzgado mantuvo la decisión de rechazar la reforma de la demanda, luego de admitir que si bien hubo hipoteca, la sociedad (…) “no se obligó de ninguna forma frente a los documentos que sirven de base de la acción, esto es, que no existe título con fuerza ejecutiva capaz de producir efecto para librarse una orden de pago en su contra, ateniéndonos a la literalidad y autonomía de los mismos, por tanto, los títulos ejecutivos base del recaudo no reúnen las exigencias del art. 488 del C.P.C” (fls. 126 y 127 c.).


El 10 de septiembre de 1998, el juzgado concedió el recurso de apelación interpuesto por el demandante, pero hubo de declarar desierta la impugnación, porque “no se cancelaron (sic) dentro del término señalado el valor de las piezas procesales para que se surtiera el recurso” (fl. 130 c.1).


El 6 de noviembre de 1998 (fl. 131 c.1), se dictó sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución dentro del proceso ejecutivo singular promovido por el Banco (…) contra (…) y (…).


El 5 de septiembre de 2001, el Banco (…) solicitó al Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, expedir copia de las sentencias de primera y segunda instancia del proceso ejecutivo, de la liquidación del crédito, los autos aprobatorios de estas, con constancia de ejecutoria, así como la anotación “de que se trata de la primera copia con mérito ejecutivo y que hasta la fecha los demandados no le han cancelado (sic) al Banco (…) suma alguna por concepto de las obligaciones que en ellas constan, las cuales se encuentran vigentes y que se expiden para iniciar el proceso ejecutivo hipotecario contra la sociedad (…), a fin de hacer efectiva la fianza hipotecaria otorgada a favor del Banco (…) por las obligaciones de (…)’ antes (…)” (fl. 135 c.1).


Allí mismo, el demandante pidió el desglose de la primera copia de las escrituras públicas Nos. 2815 y 295 de 20 de noviembre de 1991 y 16 de febrero de 1994, con la constancia que continúan vigentes en todas sus partes, petición que se extendió a los nueve pagarés que se aportaron con la demanda, con la anotación de “que obraron en el proceso de la referencia sin haber sido tachados ni rearguidos de falsos y que sirvieron de título ejecutivo para dictar las sentencias proferidas en el proceso de la referencia y que se desglosan para iniciar el proceso ejecutivo hipotecario contra la sociedad (…), a fin de hacer efectiva la fianza hipotecaria otorgada a favor del Banco (…) por la obligaciones de (…)’, antes (…)” (fl. 136 c.1).


El 28 de septiembre de 2001, el juzgado denegó la solicitud de desglose (fl. 137 c.1), pues estimó que no se presentaban los supuestos previstos en el literal c. del artículo 115 - debió decir 117 - del Código de Procedimiento Civil, norma que establece la posibilidad de obtener el desglose de los documentos presentados “una vez terminado el proceso, caso en el cual se hará constar en cada documento si la obligación se ha extinguido en todo o en parte”.

El 4 de junio de 2003, el Banco (…) insistió en la solicitud de desglose de las primeras copias de las escrituras 2815 y 295, en que consta la hipoteca y la ampliación de esta garantía. El acreedor argumentó que la petición era procedente, en la medida en que “las mencionadas escrituras no sirvieron de título ejecutivo contra los demandados en el proceso” (fls. 133 y 134 c.1). El juzgado, sin mayores explicaciones, accedió al desglose “previa la revisión del expediente”.


6.2. Como puede apreciarse en el anterior recuento, desde el principio del proceso aludido, el demandante dirigió la demanda contra (…) y (…), por la vía del proceso ejecutivo singular, situación que ratificó a instancias del juzgado, que pidió aclaración sobre el tipo de procedimiento que intentaba el Banco (…); en respuesta y sin ambages, el demandante aludió a las normas que gobiernan ese trámite, con lo cual descartó el ejercicio de la acción hipotecaria y si bien mencionó en la demanda inicial la existencia del gravamen, no persiguió la garantía específica (fls. 66 y 67 c. 1).


Hasta aquí la conclusión señala que la actividad de cobro del acreedor hipotecario se restringió a reclamar el monto del crédito a los aceptantes de los pagarés, a pesar de que la obligación de uno de ellos, (…), estaba respaldada con la hipoteca constituida por (…) sobre dos de sus bienes, es decir, el ejecutante insistió en la vía ejecutiva singular para el cobro de sus obligaciones; primero, a (…) y (…), para luego tratar de involucrar en ese trámite al propietario del bien hipotecado, pero sin perseguir la prenda sino entendiendo equivocadamente que la sociedad (…) era un deudor quirografario, o como si este hubiera respaldado personalmente los títulos en que se basó el dicho proceso ejecutivo singular primeramente intentado.


De otro lado, el Banco demandante pretendió con el proceso ordinario, según el propio casacionista, “obtener un título ejecutivo necesario para iniciar el proceso ejecutivo hipotecario”, con lo cual se advierte que el acreedor busca afanosamente escapar a la situación que creó con su propia actividad. En efecto, el titular del crédito no ejerció la garantía específica que le brindaba el proceso ejecutivo hipotecario como el camino idóneo para tal fin, y tampoco acudió al proceso conocido como ejecutivo mixto, dejando atrapados los títulos ejecutivos dentro del trámite singular que inició frente a los deudores quirografarios.


Ahora, el demandante podía desde un comienzo prescindir del ejercicio de la garantía hipotecaria y buscar que los obligados cubrieran el crédito con sus bienes. Y aún después de saber que las medidas cautelares fracasaron, como se deduce de las respuestas del Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá (fls. 160 y 166 c. 1), el acreedor podía incluir al propietario de los inmuebles gravados para lograr la satisfacción de su crédito, en ejercicio del gravamen. No obstante, nada de eso ocurrió, el Banco (…) también en esa oportunidad prescindió del derecho real de garantía, e intentó vincular a (…) pero esta vez como deudor directo y no como otorgante de la garantía hipotecaria.


Entonces, nada obstaba para que el acreedor hipotecario vinculara al propietario del inmueble y persiguiera la garantía dentro del proceso singular promovido inicialmente, trámite que cambiaría al procedimiento mixto; en esas circunstancias, carecería de objeto una pretensión ordinaria para dotar al acreedor de un nuevo título, cuando hasta el momento ni siquiera ha perseguido la hipoteca y mantiene las posibilidades de incluirla al debate que planteó por la vía ejecutiva singular, pues el gravamen sigue vigente, en tanto la situación expuesta no es motivo de decaimiento de la misma2.


En efecto, la entidad financiera obró dentro de las posibilidades para que su crédito fuera satisfecho, para ello eligió a los deudores quirografarios y está haciendo uso en tal proceso de la prenda general de garantía concebida en el artículo 2488 del Código Civil. Sin embargo, nada descarta la persecución sucesiva de la prenda específica, a partir de vincular como demandado al propietario de los bienes gravados, por supuesto con el imperativo de conservar el debido proceso y el derecho de defensa, pilares fundamentales de la eficacia de las relaciones procesales que debe garantizarse a todos los intervinientes en los trámites judiciales.


6.3. A todas estas, el demandante pretendió en el proceso ordinario que se declarara a (…) como “obligada a pagarle al Banco (…), las obligaciones que este cobra ejecutivamente en el proceso ejecutivo de Banco (…) contra (…) y (…), antes (…), que cursa en el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá D.C., expediente No. 11001 31 03 031 1996 10625 01, y las cuales no se ha logrado recaudar en dicho proceso y están actualmente pendientes de pago” (fls. 237 y 238 c.1), reclamos cuyo propósito fue, en palabras del casacionista, “obtener un título ejecutivo necesario para iniciar el proceso ejecutivo hipotecario”, de donde fuerza concluir que el demandante no quería una sentencia que diera órdenes al Juzgado que conoció del proceso ejecutivo singular, sino el reconocimiento de la relación crediticia entre el Banco (…) y el demandado (…).


7. En suma, no puede ser acogido el ruego para que se provea al acreedor demandante de otro título, en sustitución de unos títulos valores que están atados a una ejecución singular de la que no pudieron se retirados, por lo tanto, no hubo quebranto de las normas sustanciales denunciadas, ni es posible acceder a la reedición de un título ejecutivo ya existente y que está siendo cobrado en una ejecución singular, máxime si se tiene en cuenta que a través de la sentencia de un proceso ordinario no se pueden reestablecer las condiciones de aquel título, cual si fuera una relación jurídica inmune al paso del tiempo o que mediante este camino pudiera escaparse a los efectos que causaría una eventual prescripción de las obligaciones que allá se cobran.


Dicho de otra forma, dadas las posibilidades que arroja el diseño legal de los procesos ejecutivos dentro de los cuales se ejercita la hipoteca, el acreedor no puede aspirar a obtener un título “nuevo” con todas sus características, para perseguir las obligaciones insolutas de los deudores, pues no hay motivo procesal para considerar que tiene vedado el cobro de su crédito ni tampoco puede eludirse por esta vía el paso del tiempo sobre las obligaciones civiles, situaciones que descartan la expedición de otro documento para ejecutar la hipoteca de manera separada, siendo que el acreedor está en posibilidad de gestionar, dentro del proceso ejecutivo singular que promovió, la efectividad del derecho real accesorio, en los términos ya explicados, pero con el compromiso de asumir los deterioros de los títulos, frente a quien está facultado para resistir las pretensiones.


8. De otro lado, el censor argumenta que el Tribunal exigió la integración de un litisconsorcio necesario entre los obligados y el propietario del inmueble hipotecado, cuando en realidad el juzgador jamás sostuvo que fuera indispensable la convocatoria del acreedor hipotecario conjuntamente con los responsables de la obligación, en verdad sólo reparó en que el dueño de la cosa hipotecada resultara “doblemente vinculado” con el acreedor, en calidad de propietario, dijo, y además como obligado personal, duplicidad que descartó con apoyo en la escritura pública de hipoteca y su ampliación, documento del cual el Tribunal dedujo que (…), nunca comprometió su responsabilidad personal, con lo que desestimó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 2439 del Código Civil.


Entonces, resulta innecesario involucrar un análisis sobre la aplicabilidad de la sentencia de inconstitucionalidad citada en el cargo - C-192/96 -, pues ella presuntamente apoyaría el argumento del censor sobre la integración del litisconsorcio, que como se vio es ajeno a los fundamentos del fallo denunciado. Baste con decir que dicha jurisprudencia carece de pertinencia en el caso de ahora, no solo por lo expuesto, sino porque en ella la Corte Constitucional apenas se limitó a declarar la exequibilidad del inciso tercero del artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, sin hacer condicionamiento de ninguna especie, por donde puede verse que ningún reproche puede realizarse al Tribunal tampoco en este aspecto.


9. Todo lo anterior señala la ausencia de fundamento en el cargo elevado contra la sentencia recurrida, pues no hubo el quebranto directo de las disposiciones legales invocadas en la censura.


Entonces, el cargo no prospera.



DECISIÓN


En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 28 de mayo de 2008, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, como epílogo del proceso ordinario promovido por el Banco (…) frente a la sociedad (…).


Costas del recurso de casación a cargo del recurrente.


El proceso vuelva al despacho de origen.



(…).»

1 Cuyo texto fue modificado por el artículo 28 de la Ley 95 de 1890.

2 Sent. Cas. Civ. de 1º de septiembre de 1995, Exp. 4219.



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