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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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CRPD/C/ESP/CO/1 

GE.11-46354 

reemplacen  los  regímenes  de  sustitución  en  la  adopción  de  decisiones  por  una 

asistencia  para  la  toma  de  decisiones  que  respete  la  autonomía,  la  voluntad  y  las 

preferencias  de  la  persona.  Se  recomienda,  además,  que  se  proporcione  formación 

sobre esta cuestión a todos los funcionarios públicos y otros interesados pertinentes. 

 

 

Libertad y seguridad de la persona (artículo 14) 

35. 

El  Comité  toma  nota  del  régimen  jurídico  que  permite  el  internamiento  de  las 

personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad intelectual y psicosocial 

("enfermedad mental"), en establecimientos especiales. Le preocupa que, según se informa, 

se tienda a recurrir a medidas urgentes de internamiento que contienen solo salvaguardias 

ex post facto para las personas afectadas. Le inquietan igualmente los malos tratos de que, 

según  se  informa,  son  objeto  las  personas  con  discapacidad  internadas  en  centros 

residenciales o en hospitales psiquiátricos. 

36. 

El Comité recomienda al Estado parte que revise sus disposiciones legislativas 

que  autorizan  la  privación  de  libertad  por  motivos  de  discapacidad,  incluidas  las 

discapacidades  mentales,  psicológicas  o  intelectuales;  que  derogue  las  disposiciones 

que  autorizan  el  internamiento  forzoso  a  causa  de  una  incapacidad  manifiesta  o 

diagnosticada, y que adopte medidas para que los servicios médicos, incluyendo todos 

los servicios relacionados con la salud mental, se basen en el consentimiento otorgado 

con conocimiento de causa por el interesado. 

 

 

Protección de la integridad personal (artículo 17) 

37. 

El Comité expresa  su  inquietud por  el hecho de que las personas con discapacidad 

cuya  personalidad  jurídica  no  se  reconoce  puedan  ser  sometidas  a  esterilización  sin  su 

consentimiento, otorgado libremente y con conocimiento de causa. 

38. 

El Comité insta al Estado parte a que suprima la administración de tratamiento 

médico,  en  particular  la  esterilización,  sin  el  consentimiento,  pleno  y  otorgado  con 

conocimiento  de  causa,  del  paciente,  y  a  que  vele  por  que  la  legislación  nacional 

respete especialmente los derechos reconocidos a las mujeres en los artículos 23 y 25 

de la Convención. 

 

 

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 

(artículo 19) 

39. 

Preocupa  al  Comité  la  falta  de  recursos  y  de  servicios  que  garanticen  el  derecho  a 

vivir de forma  independiente  y a  ser  incluido en  la comunidad,  en particular  en  las  zonas 

rurales. Le inquieta además que la elección de residencia de las personas con discapacidad 

se vea limitada por la disponibilidad de los servicios necesarios, así como el hecho de que, 

según se informa, quienes viven en establecimientos residenciales no tienen otra alternativa 

que ese internamiento. Finalmente, preocupa al Comité la vinculación entre, por una parte, 

el derecho al disfrute de servicios sociales y, por otra, un grado específico de discapacidad. 

40. 

El  Comité  alienta  al  Estado  parte  a  que  vele  por  que  se  proporcione  una 

financiación  adecuada  para  que  las  personas  con  discapacidad  puedan,  de  forma 

efectiva,  disfrutar  de  la  libertad  de  elegir  su  residencia  en  pie  de  igualdad  con  los 

demás,  tener  acceso  a  toda  una  serie  de  servicios  comunitarios  en  su  domicilio  o  en 

residencias y a otros servicios para la vida cotidiana, incluida la asistencia personal, y 

disfrutar así de un ajuste razonable a fin de integrarse mejor en sus comunidades. 

41. 

Preocupa  al  Comité  que  la  Ley  de  promoción  de  la  autonomía  personal  limite  los 

recursos  disponibles  para  contratar  asistentes  personales  a  solo  las  personas  que  tienen 

discapacidad del tercer nivel, y solo para la educación y el trabajo. 


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