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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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CRPD/C/ESP/CO/1 

GE.11-46354 

 

 

Participación en la vida política y pública (artículo 29) 

47. 

Preocupa  al  Comité  que  se  pueda  restringir  el  derecho  al  voto  de  las  personas  con 

discapacidad  intelectual  o  psicosocial  si  la  persona  interesada  ha  sido  privada  de  su 

capacidad  jurídica  o  ha  sido  internada  en  una  institución.  Le  inquieta  además  que  la 

privación de ese derecho parezca ser la regla y no la excepción. El Comité lamenta la falta 

de  información  sobre  el  rigor  de  las  normas  en  materia  de  prueba,  sobre  los  motivos 

requeridos  y  sobre  los  criterios  aplicados  por  los  jueces  para  privar  a  las  personas  de  su 

derecho  de  voto.  El  Comité  observa  con  preocupación  el  número  de  personas  con 

discapacidad a las que se ha denegado el derecho de voto. 

48. 

El  Comité  recomienda  que  se  revise  toda  la  legislación  pertinente  para  que 

todas  las  personas  con  discapacidad,  independientemente  de  su  deficiencia,  de  su 

condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar 

en  la  vida  pública  en pie  de  igualdad  con  los  demás.  El  Comité  pide  al  Estado  parte 

que modifique el artículo 3 de la Ley orgánica Nº 5/1985, que autoriza a los jueces a 

denegar el derecho de voto en virtud de decisiones adoptadas en cada caso particular. 

La modificación debe hacer que todas las personas con discapacidad tengan derecho a 

votar.  Además,  se  recomienda  que  todas  las  personas  con  discapacidad  que  sean 

elegidas para desempeñar un cargo público dispongan de toda la asistencia necesaria, 

incluso asistentes personales. 

 

C. 

Obligaciones específicas (artículos 31 a 33) 

 

 

Recopilación de datos y estadísticas (artículo 31) 

49. 

El  Comité  lamenta  la  escasez  de  datos  desglosados  sobre  las  personas  con 

discapacidad. El Comité recuerda que esa información es indispensable para comprender la 

situación, en el Estado parte, de grupos concretos de personas con discapacidad que tengan 

diferentes grados de vulnerabilidad; para elaborar leyes, políticas y programas adaptados a 

la situación de esas personas, y para evaluar la aplicación de la Convención. 

50. 

El  Comité  recomienda  al  Estado  parte  que  sistematice  la  recopilación,  el 

análisis  y  la  difusión  de  datos  desglosados  por  sexo,  edad  y  discapacidad;  que 

desarrolle  la  capacidad  a  este  respecto,  y  que  prepare  indicadores  que  tengan  en 

cuenta  el  género  para  contribuir  a  la  elaboración  de  disposiciones  legislativas,  a  la 

formulación  de  políticas  y  al  reforzamiento  institucional  a  fin  de  supervisar  los 

progresos realizados en la aplicación de las diversas disposiciones de la Convención y 

para preparar informes al respecto. 

51. 

El Comité deplora que la situación de los niños con discapacidad no se refleje en los 

datos sobre la protección de los niños. 

52. 

El Comité recomienda al Estado parte que sistemáticamente recopile, analice y 

difunda  datos  desglosados  por  sexo,  edad  y  discapacidad  sobre  los  malos  tratos  y  la 

violencia de que se haga objeto a los niños. 

 

 

Seguimiento y difusión 

53. 

El Comité pide al Estado que aplique las recomendaciones formuladas por el Comité 

en las presentes observaciones finales. El Comité recomienda al Estado parte que transmita 

las  observaciones  finales,  para  su  examen  y  la  adopción  de  medidas,  a  los  miembros  del 

Gobierno  y  del  Parlamento,  a  los  funcionarios  de  los  ministerios  competentes  y  a  los 

miembros de los grupos profesionales pertinentes, como los profesionales de la educación, 

de  la  medicina  y  del  derecho,  así  como  a  las  autoridades  locales  y  a  los  medios  de 

información, utilizando las estrategias de comunicación social modernas. 


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