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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

2.12.2000

L 303/17

empleo y de protección social, la elevación del nivel y de

la calidad de vida, la cohesión económica y social, la

solidaridad y la libre circulación de personas.

(12)

A tal fin, se deberá prohibir en toda la Comunidad

cualquier discriminación directa o indirecta por motivos

de religión o convicciones, discapacidad, edad u orienta-

ción sexual en los ámbitos a que se refiere la presente

Directiva. Esta prohibición de discriminación se aplicará

asimismo a los nacionales de terceros países, pero no se

refiere a las diferencias de trato basadas en la naciona-

lidad y se entiende sin perjuicio de las disposiciones que

regulan la entrada y la residencia de los nacionales de

terceros países y su acceso al empleo y la ocupación.

(13)

Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán

a los regímenes de seguridad social y de protección

social cuyas ventajas no están equiparadas a una retribu-

ción en el sentido conferido a este término para la

aplicación del artículo 141 del Tratado CE ni a los pagos

de cualquier naturaleza efectuados por el Estado cuyo

objetivo es el acceso al empleo o el mantenimiento de

los trabajadores en el empleo.

(14)

La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las

disposiciones nacionales que establecen la edad de jubi-

lación.

(15)

La apreciación de los hechos de los que pueda resultar la

presunción de haberse producido una discriminación

directa o indirecta corresponde a los órganos judiciales u

otros órganos competentes nacionales, con arreglo a las

legislaciones o prácticas nacionales. Estas normas podrán

disponer que la discriminación indirecta se establezca

por cualquier medio, incluso a partir de pruebas estadís-

ticas.

(16)

La adopción de medidas de adaptación a las necesidades

de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo

desempeña un papel importante a la hora de combatir la

discriminación por motivos de discapacidad.

(17)

La presente Directiva no obliga a contratar, ascender,

mantener en un puesto de trabajo o facilitar formación a

una persona que no sea competente o no esté capacitada

o disponible para desempeñar las tareas fundamentales

del puesto de que se trate o para seguir una formación

dada, sin perjuicio de la obligación de realizar los ajustes

razonables para las personas con discapacidad.

(18)

Concretamente, la presente Directiva no puede tener el

efecto de obligar a las fuerzas armadas, como tampoco a

los servicios de policía, penitenciarios, o de socorro, a

contratar o mantener en su puesto de trabajo a personas

que no tengan las capacidades necesarias para desem-

peñar cuantas funciones puedan tener que ejercer en

relación con el objetivo legítimo de mantener el carácter

operativo de dichos servicios.

(19)

Además, para que los Estados miembros puedan seguir

manteniendo la capacidad de sus fuerzas armadas,

podrán optar por no aplicar las disposiciones de la

presente Directiva relativas a la discapacidad y a la edad

a todas o parte de sus fuerzas armadas. Los Estados

miembros que ejerzan esta opción deberán determinar el

ámbito de aplicación de esta excepción.

(20)

Es preciso establecer medidas adecuadas, es decir,

medidas eficaces y prácticas para acondicionar el lugar

de trabajo en función de la discapacidad, por ejemplo

adaptando las instalaciones, equipamientos, pautas de

trabajo, asignación de funciones o provisión de medios

de formación o encuadre.

(21)

Para determinar si las medidas en cuestión dan lugar a

una carga desproporcionada, deberían tenerse en cuenta,

particularmente, los costes financieros y de otro tipo que

éstas impliquen, el tamaño, los recursos financieros y el

volumen de negocios total de la organización o empresa

y la disponibilidad de fondos públicos o de otro tipo de

ayuda.

(22)

Lo dispuesto en la presente Directiva se entiende sin

perjuicio de la legislación nacional sobre el estado civil y

de las prestaciones que dependen del estado civil.

(23)

En muy contadas circunstancias, una diferencia de trato

puede estar justificada cuando una característica vincu-

lada a la religión o convicciones, a una discapacidad, a la

edad o a la orientación sexual constituya un requisito

profesional esencial y determinante, cuando el objetivo

sea legítimo y el requisito, proporcionado. Dichas

circunstancias deberán figurar en la información que

facilitarán los Estados miembros a la Comisión.

(24)

La Unión Europea, en su Declaración n

o

11 sobre el

estatuto de las iglesias y las organizaciones no confesio-

nales, adjunta al Acta final del Tratado de Amsterdam,

ha reconocido explícitamente que respeta y no prejuzga

el estatuto reconocido, en virtud del Derecho nacional, a

las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas

en los Estados miembros, que respeta asimismo el esta-

tuto de las organizaciones filosóficas y no confesionales.

Desde esta perspectiva, los Estados miembros pueden

mantener o establecer disposiciones específicas sobre los

requisitos profesionales esenciales, legítimos y justifi-

cados que pueden exigirse para ejercer una actividad

profesional.

(25)

La prohibición de discriminación por razones de edad

constituye un elemento fundamental para alcanzar los

objetivos establecidos por las directrices sobre el empleo

y para fomentar la diversidad en el mismo. No obstante,

en determinadas circunstancias se pueden justificar dife-

rencias de trato por razones de edad, y requieren por lo

tanto disposiciones específicas que pueden variar según

la situación de los Estados miembros. Resulta pues esen-

cial distinguir las diferencias de trato justificadas, concre-

tamente por objetivos legítimos de las políticas de

empleo, del mercado laboral y de la formación profe-

sional, y debe prohibirse la discriminación.

(26)

La prohibición de discriminación no debe obstar al

mantenimiento o la adopción de medidas concebidas

para prevenir o compensar las desventajas sufridas por

un grupo de personas con una religión o convicciones,

una discapacidad, una edad o una orientación sexual

determinadas, y dichas medidas pueden permitir la exis-

tencia de organizaciones de personas de una religión o

convicciones, una discapacidad, una edad o una orienta-

ción sexual determinadas organizarse cuando su fina-

lidad principal sea promover de las necesidades especí-

ficas de esas personas.

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