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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

2.12.2000

L 303/20

están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del

Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los

objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de

trabajo y de la formación profesional, y si los medios para

lograr este objetivo son adecuados y necesarios.

Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular:

a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al

empleo y a la formación profesional, de empleo y de

trabajo, incluidas las condiciones de despido y recomenda-

ción, para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los

que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su

inserción profesional o garantizar la protección de dichas

personas;

b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se

refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad

en el trabajo para acceder al empleo o a determinadas

ventajas vinculadas al mismo;

c) el establecimiento de una edad máxima para la contratación,

que esté basada en los requisitos de formación del puesto en

cuestión o en la necesidad de un período de actividad

razonable previo a la jubilación.

2.

No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2,

los Estados miembros podrán disponer que no constituirán

discriminación por motivos de edad, la determinación, para los

regímenes profesionales de seguridad social, de edades para

poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u

optar a las mismas, incluidos el establecimiento para dichos

regímenes de distintas edades para trabajadores o grupos o

categorías de trabajadores y la utilización, en el marco de

dichos regímenes, de criterios de edad en los cálculos actua-

riales, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón

de sexo.

Artículo 7

Acción positiva y medidas específicas

1.

Con el fin de garantizar la plena igualdad en la vida

profesional, el principio de igualdad de trato no impedirá que

un Estado miembro mantenga o adopte medidas específicas

destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas

por cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1.

2.

Por lo que respecta a las personas con discapacidad, el

principio de igualdad de trato no constituirá un obstáculo al

derecho de los Estados miembros de mantener o adoptar dispo-

siciones relativas a la protección de la salud y la seguridad en el

lugar de trabajo, ni para las medidas cuya finalidad sea crear o

mantener disposiciones o facilidades con objeto de proteger o

fomentar la inserción de dichas personas en el mundo laboral.

Artículo 8

Requisitos mínimos

1.

Los Estados miembros podrán adoptar o mantener dispo-

siciones más favorables para la protección del principio de

igualdad de trato que las previstas en la presente Directiva.

2.

La aplicación de la presente Directiva no constituirá en

ningún caso motivo para reducir el nivel de protección contra

la discriminación ya garantizado por los Estados miembros en

los ámbitos cubiertos por la misma.

CAPÍTULO II

RECURSOS Y CUMPLIMIENTO

Artículo 9

Defensa de derechos

1.

Los Estados miembros velarán por la existencia de proce-

dimientos judiciales o administrativos, e incluso, cuando lo

consideren oportuno, procedimientos de conciliación, para

exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas

mediante la presente Directiva para todas las personas que se

consideren perjudicadas por la no aplicación, en lo que a ellas

se refiere, del principio de igualdad de trato, incluso tras la

conclusión de la relación en la que supuestamente se ha produ-

cido la discriminación.

2.

Los Estados miembros velarán por que las asociaciones,

organizaciones u otras personas jurídicas que, de conformidad

con los criterios establecidos en el Derecho nacional, tengan un

interés legítimo en velar por el cumplimiento de lo dispuesto

en la presente Directiva, puedan iniciar, en nombre del deman-

dante o en su apoyo, y con su autorización, cualquier procedi-

miento judicial o administrativo previsto para exigir el cumpli-

miento de las obligaciones derivadas de la presente Directiva.

3.

Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de las

normas nacionales en materia de plazos de interposición de

recursos en relación con el principio de igualdad de trato.

Artículo 10

Carga de la prueba

1.

Los Estados miembros adoptarán con arreglo a su orde-

namiento jurídico nacional, las medidas necesarias para garan-

tizar que corresponda a la parte demandada demostrar que no

ha habido vulneración del principio de igualdad de trato,

cuando una persona que se considere perjudicada por la no

aplicación, en lo que a ella se refiere, de dicho principio alegue,

ante un tribunal u otro órgano competente, hechos que

permitan presumir la existencia de discriminación directa o

indirecta.

2.

Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio

de que los Estados miembros adopten normas sobre la prueba

más favorables a la parte demandante.

3.

Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a los proce-

dimientos penales.

4.

Lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán

asimismo a toda acción judicial emprendida de conformidad

con el apartado 2 del artículo 9.

5.

Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar lo

dispuesto en el apartado 1 a los procedimientos en los que la

instrucción de los hechos relativos al caso corresponda a los

órganos jurisdiccionales o a otro órgano competente.

Artículo 11

Protección contra las represalias

Los Estados miembros adoptarán en sus ordenamientos jurí-

dicos las medidas que resulten necesarias para proteger a los

trabajadores contra el despido o cualquier otro trato desfavo-

rable adoptado por parte del empresario como reacción ante

una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción

judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de

igualdad de trato.

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