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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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Asimismo corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del 

litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, 

apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión 

prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al 

Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la 

interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a 

pronunciarse (véanse, en particular, las sentencias de 25 de febrero de 2003, IKA, C-326/00, 

Rec. p. I-1703, apartado 27, y de 12 de abril de 2005, Keller, C-145/03, Rec. p. I-2529, 

apartado 33). 

33      Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha indicado que, en supuestos 

excepcionales, le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige 

a él, con objeto de verificar su propia competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 16 

de diciembre de 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, apartado 21). La negativa a pronunciarse 

sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible 

cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene 

relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de 

naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o 

de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véanse, en 

particular, las sentencias de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, 

apartado 39, y de 19 de febrero de 2002, Arduino, C-35/99, Rec. p. I-1529, apartado 25). 

34      En el caso presente, al no concurrir ninguno de los mencionados requisitos, procede 

declarar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

35      Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide en lo sustancial 

que se dilucide si el marco general establecido por la Directiva 2000/78 para luchar contra la 

discriminación por motivos de discapacidad incluye dentro de su ámbito protector a una 

persona que ha sido despedida por su empresario exclusivamente a causa de una enfermedad.  

36      A tenor del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78, dentro del límite de 

las competencias conferidas a la Comunidad, dicha Directiva se aplicará a todas las personas 

en relación con las condiciones de despido. 

37      Por consiguiente, dentro de los referidos límites, el marco general establecido por la 

Directiva 2000/78 para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad se aplica 

en materia de despido.  

38      Para responder a la cuestión planteada, procede, en primer lugar, interpretar el concepto 

de «discapacidad» a efectos de la Directiva 2000/78 y, en segundo lugar, examinar en qué 

medida protege dicha Directiva a las personas discapacitadas en lo que atañe al despido.  

 Sobre el concepto de «discapacidad» 

39      El concepto de «discapacidad» no viene definido en la propia Directiva 2000/78, la cual 

tampoco remite al Derecho de los Estados miembros a efectos de la definición de dicho 

concepto.  

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