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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) 

de 17 de julio de 2008 (*) 

«Política social – Directiva 2000/78/CE − Igualdad de trato en el empleo y la ocupación − 

Artículos 1 y 2, apartados 1, 2, letra a), y 3, así como artículo 3, apartado 1, letra c) − 

Discriminación directa por motivo de discapacidad − Acoso relacionado con la discapacidad 

− Despido de un trabajador que no es una persona con discapacidad, pero cuyo hijo sí lo es − 

Inclusión − Carga de la prueba» 

En el asunto C-303/06, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 

234 CE, por el Employment Tribunal, London South (Reino Unido), mediante resolución de 6 

de julio de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de julio de 2006, en el 

procedimiento entre 

S. Coleman 

Attridge Law, 

Steve Law, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), 

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, 

K. Lenaerts y A. Tizzano, Presidentes de Sala, y los Sres. M. Ilešič, J. Klučka, A. Ó Caoimh 

(Ponente), T. von Danwitz y A. Arabadjiev, Jueces; 

Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; 

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de octubre 

de 2007; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de la Sra. Coleman, por los Sres. R. Allen, QC, y P. Michell, Barrister; 

–        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. V. Jackson, en calidad de agente, 

asistida por el Sr. N. Paines, QC; 

–        en nombre del Gobierno griego, por el Sr. K. Georgiadis y la Sra. Z. Chatzipavlou, en 

calidad de agentes; 

–        en nombre de Irlanda, por el Sr. N. Travers, BL; 

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–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, 

asistido por la Sra. W. Ferrante, avvocato dello Stato; 

–        en nombre del Gobierno lituano, por el Sr. D. Kriaučiūnas, en calidad de agente; 

–        en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. H.G. Sevenster y C. ten Dam, en 

calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno sueco, por la Sra. A. Falk, en calidad de agente;  

–        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. J. Enegren y la Sra. 

N. Yerrell, en calidad de agentes;  

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 31 de enero 

de 2008; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 

2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un 

marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16). 

2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre, por un lado, la Sra. Coleman, 

demandante en el litigio principal, y, por otro lado, Attridge Law, bufete de abogados, y un 

socio de dicho bufete, el Sr. Steve Law (en lo sucesivo, «antiguo empresario»), que versa 

sobre el despido encubierto del que la demandante afirma haber sido objeto. 

 Marco jurídico 

 Normativa comunitaria 

3        La Directiva 2000/78 se adoptó sobre la base del artículo 13 CE. Sus considerandos 

sexto, undécimo, decimosexto, decimoséptimo, vigésimo, vigésimo séptimo, trigésimo 

primero y trigésimo séptimo tienen la siguiente redacción: 

«6)      La Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores 

reconoce la importancia de combatir toda forma de discriminación y, especialmente, la 

necesidad de adoptar medidas adecuadas para la integración social y económica de las 

personas mayores y de las personas con discapacidad. 

[…] 

11)      La discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual puede poner en peligro la consecución de los objetivos del Tratado CE, en 

particular el logro de un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y 

de la calidad de vida, la cohesión económica y social, la solidaridad y la libre circulación de 

personas. 

[…] 

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