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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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 Sobre la primera parte de la primera cuestión prejudicial, así como sobre las cuestiones 

prejudiciales segunda y tercera 

33      Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano 

jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se dilucide si la Directiva 2000/78 y, en 

particular, sus artículos 1 y 2, apartados 1 y 2, letra a), deben interpretarse en el sentido de que 

únicamente prohíben la discriminación por motivo de incapacidad cuando el propio trabajador 

es la persona discapacitada, o si el principio de igualdad de trato y la prohibición de la 

discriminación directa se aplican también cuando el propio trabajador no es la persona 

discapacitada, pero sí, como sucede en el asunto principal, la víctima de un trato desfavorable 

por motivo de la discapacidad que padece un hijo suyo, a quien el trabajador prodiga la mayor 

parte de los cuidados que su estado requiere. 

34      El artículo 1 de la Directiva 2000/78 define como objeto de la misma el de establecer, 

en el ámbito del empleo y la ocupación, un marco general para luchar contra la discriminación 

por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual. 

35      El artículo 2, apartado 1, de la misma Directiva define el principio de igualdad de trato 

como la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los 

motivos mencionados en el artículo 1, con inclusión, pues, de la discapacidad. 

36      Con arreglo al apartado 2, letra a), del citado artículo 2, existe discriminación directa 

cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra 

en situación análoga por motivo, entre otros, de discapacidad. 

37      En virtud del artículo 3, apartado 1, letra c), la Directiva 2000/78 se aplicará, dentro del 

límite de las competencias conferidas a la Comunidad, a todas las personas, por lo que 

respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en 

relación con las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración. 

38      Por consiguiente, de las citadas disposiciones de la Directiva 2000/78 no se desprende 

que el principio de igualdad de trato que ésta pretende garantizar se circunscriba a las 

personas que padezcan ellas mismas una discapacidad en el sentido de dicha Directiva. Antes 

al contrario, la Directiva tiene por objeto, en lo que atañe al empleo y al trabajo, combatir 

todas las formas de discriminación basadas en la discapacidad. En efecto, el principio de 

igualdad de trato que en esta materia consagra la citada Directiva no se aplica a una categoría 

determinada de personas, sino en función de los motivos contemplados en el artículo 1 de la 

misma. Corrobora esta interpretación el tenor literal del artículo 13 CE, disposición que 

constituye la base jurídica de la Directiva 2000/78 y que atribuye a la Comunidad 

competencia para adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por 

motivo, entre otros, de discapacidad. 

39      Es verdad que, según se desprende de sus propios términos, la Directiva 2000/78 

contiene varias disposiciones aplicables únicamente a las personas con discapacidad. En 

efecto, el artículo 5 precisa que, a fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de 

trato en relación con las personas con discapacidades, se realizarán ajustes razonables. Esto 

significa que los empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades 

de cada situación concreta, para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, 

tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca formación, 

salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario. 

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