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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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40      El artículo 7, apartado 2, de la misma Directiva prevé igualmente que, por lo que 

respecta a las personas con discapacidad, el principio de igualdad de trato no constituirá un 

obstáculo al derecho de los Estados miembros de mantener o adoptar disposiciones relativas a 

la protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, ni para las medidas cuya 

finalidad sea crear o mantener disposiciones o facilidades con objeto de proteger o fomentar 

la inserción de dichas personas en el mundo laboral. 

41      A la luz de las disposiciones mencionadas en los dos apartados precedentes y de los 

considerandos decimosexto, decimoséptimo y vigésimo séptimo de la Directiva 2000/78, 

tanto el Gobierno del Reino Unido como los Gobiernos griego, italiano y neerlandés sostienen 

que la prohibición de discriminación directa prevista en dicha Directiva no puede interpretarse 

en el sentido de que incluye una situación como la de la demandante en el litigio principal, 

puesto que esta última no está ella misma discapacitada. Según los mencionados Gobiernos, 

tan sólo pueden invocar las disposiciones de la citada Directiva aquellas personas que, en una 

situación análoga a la de otras personas, son tratadas de manera menos favorable o colocadas 

en una situación desventajosa en razón de características que les son propias. 

42      Sin embargo, es preciso señalar a este respecto que el hecho de que las disposiciones 

mencionadas en los apartados 39 y 40 de la presente sentencia se refieran específicamente a 

las personas que padecen una discapacidad obedece a la circunstancia de que se trata, bien de 

disposiciones que establecen medidas de discriminación positiva en favor de la propia persona 

discapacitada, bien de medidas específicas que quedarían privadas de todo alcance o que 

podrían resultar desproporcionadas si no se circunscribieran exclusivamente a las personas 

que padecen alguna discapacidad. Según se desprende de los considerandos decimosexto y 

vigésimo de la Directiva, se trata de medidas de adaptación a las necesidades de las personas 

con discapacidad en el lugar de trabajo y para acondicionar el lugar de trabajo en función de 

la discapacidad de esas personas. Así pues, la finalidad específica de tales medidas es hacer 

posible y facilitar la inserción de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo y, por 

esta razón, sólo pueden resultar aplicables a las propias personas con discapacidad, así como a 

las obligaciones que, frente a ellas, tienen los correspondientes empresarios y, en su caso, los 

Estados miembros. 

43      Por consiguiente, el hecho de que la Directiva 2000/78 contenga disposiciones 

destinadas a tener en cuenta específicamente las necesidades de las personas con discapacidad 

no permite llegar a la conclusión de que el principio de igualdad de trato que la misma 

consagra deba interpretarse de manera restrictiva, es decir, en el sentido de que prohíbe 

únicamente las discriminaciones directas por motivo de discapacidad que afecten 

exclusivamente a las propias personas con discapacidad. Por lo demás, el sexto considerando 

de la citada Directiva, al mencionar la Carta comunitaria de los derechos sociales 

fundamentales de los trabajadores, remite tanto al combate general contra toda forma de 

discriminación como a la necesidad de adoptar medidas adecuadas para la integración social y 

económica de las personas con discapacidad. 

44      Los Gobiernos italiano, neerlandés y del Reino Unido sostienen también que la 

sentencia de 11 de julio de 2006, Chacón Navas (C-13/05, Rec. p. I-6467), contiene una 

interpretación restrictiva del alcance ratione personae de la Directiva 2000/78. Según el 

Gobierno italiano, en aquella sentencia el Tribunal de Justicia asumió una interpretación 

restrictiva del concepto de discapacidad y de su pertinencia en la relación laboral. 

45      En la citada sentencia Chacón Navas, el Tribunal de Justicia definió el concepto de 

«discapacidad» y, en los apartados 51 y 52 de la misma, consideró que la prohibición, en 

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