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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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materia de despido, de la discriminación por motivo de discapacidad, recogida en los artículos 

2, apartado 1, y 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78, se opone a un despido por 

motivo de discapacidad que, habida cuenta de la obligación de realizar los ajustes razonables 

para las personas con discapacidad, no se justifique por el hecho de que la persona en cuestión 

no sea competente o no esté capacitada o disponible para desempeñar las tareas 

fundamentales del puesto de que se trate. No obstante lo cual, tal interpretación no autoriza a 

deducir que el principio de igualdad de trato definido en el artículo 2, apartado 1, de esa 

misma Directiva y la prohibición de discriminación directa prevista en el apartado 2, letra a), 

del mismo artículo no puedan aplicarse a una situación como la controvertida en el litigio 

principal cuando el trato desfavorable que un trabajador alega haber sufrido esté motivado por 

la discapacidad que padece un hijo suyo, a quien prodiga la mayor parte de los cuidados que 

su estado requiere. 

46      En efecto, aunque en el apartado 56 de la sentencia Chacón Navas, antes citada, el 

Tribunal de Justicia precisó que, a la vista del tenor literal del artículo 13 CE, el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2000/78 no puede ampliarse a otros tipos de discriminación además 

de las basadas en los motivos enumerados con carácter exhaustivo en el artículo 1 de la propia 

Directiva –de manera que un trabajador que haya sido despedido por su empresario a causa 

exclusivamente de enfermedad no está comprendido en el marco general establecido por la 

Directiva 2000/78–, este Tribunal, sin embargo, no declaró que el principio de igualdad de 

trato y el alcance ratione personae de dicha Directiva deban interpretarse de manera 

restrictiva en lo que atañe a los motivos de que se trata. 

47      En cuanto a los objetivos perseguidos por la Directiva 2000/78, la finalidad de ésta es, 

tal como se desprende de los apartados 34 y 38 de la presente sentencia, establecer un marco 

general para luchar, en el ámbito del empleo y la ocupación, contra la discriminación por 

cualquiera de los motivos enumerados en el artículo 1 de la misma Directiva, entre los que 

figura específicamente la discapacidad, y ello con el fin de que en los Estados miembros se 

aplique el principio de igualdad de trato. Del considerando trigésimo séptimo se desprende 

que otro de los objetivos de la citada Directiva es el establecimiento en la Comunidad de un 

marco para la igualdad en el empleo y la ocupación. 

48      Tal como alegan la Sra. Coleman, los Gobiernos lituano y sueco y la Comisión, tanto 

los mencionados objetivos como el efecto útil de la Directiva 2000/78 se verían 

comprometidos si un trabajador que se encuentre en una situación como la de la demandante 

en el litigio principal no pudiera invocar la prohibición de discriminación directa establecida 

en el artículo 2, apartado 2, letra a), de la misma Directiva cuando se haya probado que ha 

recibido un trato menos favorable que el que recibe, ha recibido o podría recibir otro 

trabajador en situación análoga, a causa de la discapacidad de un hijo suyo, y ello aunque el 

propio trabajador no sea discapacitado. 

49      A este respecto, del undécimo considerando de la misma Directiva se desprende que el 

legislador comunitario también consideró que la discriminación por motivos de religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual puede poner en peligro la consecución 

de los objetivos del Tratado, en particular por lo que se refiere al empleo. 

50      Con todo, si bien es verdad que, en una situación como la controvertida en el litigio 

principal, la persona objeto de discriminación directa por motivo de discapacidad no es ella 

misma una persona discapacitada, no es menos cierto que el motivo del trato menos favorable 

del que la Sra. Coleman alega haber sido víctima lo constituye precisamente la discapacidad. 

Según consta en el apartado 38 de la presente sentencia, la Directiva 2000/78, que tiene por 

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