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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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contrario a la prohibición de discriminación directa enunciada en el citado artículo 2, apartado 

2, letra a). 

 Sobre la segunda parte de la primera cuestión prejudicial y sobre la cuarta cuestión 

prejudicial 

57      Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano 

jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se dilucide si la Directiva 2000/78 y, en 

particular, sus artículos 1 y 2, apartados 1 y 3, deben interpretarse en el sentido de que 

únicamente prohíben el acoso relacionado con una discapacidad cuando la persona con 

discapacidad sea el propio trabajador, o si, por el contrario, la prohibición de acoso se aplica 

también cuando, como sucede en el litigio principal, el propio trabajador no es una persona 

con discapacidad, pero sí víctima de un comportamiento no deseado constitutivo de acoso 

relacionado con la discapacidad que padece un hijo suyo, a quien el trabajador prodiga la 

mayor parte de los cuidados que su estado requiere. 

58      Teniendo en cuenta que, en virtud del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2000/78, el 

acoso se considera discriminación a efectos del apartado 1 de ese mismo artículo, procede 

señalar que, por las mismas razones que las expuestas en los apartados 34 a 51 de la presente 

sentencia, la citada Directiva y, en particular, sus artículos 1 y 2, apartados 1 y 3, deben 

interpretarse en el sentido de que no se limitan a prohibir el acoso frente a personas que sean 

ellas mismas discapacitadas. 

59      Cuando se demuestre que el comportamiento no deseado constitutivo del acoso sufrido 

por un trabajador que no sea él mismo una persona con discapacidad está relacionado con la 

discapacidad de un hijo suyo, al que el trabajador prodiga la mayor parte de los cuidados que 

su estado requiere, tal comportamiento resulta contrario al principio de igualdad de trato 

consagrado por la Directiva 2000/78 y, en particular, a la prohibición del acoso enunciada en 

el artículo 2, apartado 3, de la misma. 

60      No obstante, procede recordar a este respecto que, según los propios términos del 

artículo 2, apartado 3, de la citada Directiva, el concepto de acoso podrá definirse de 

conformidad con las normativas y prácticas nacionales de cada Estado miembro. 

61      En lo que atañe a la carga de la prueba aplicable a una situación como la controvertida 

en el litigio principal, procede declarar que, teniendo en cuenta que el acoso se considera 

discriminación a efectos del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2000/78, se aplican al 

acoso las mismas normas expuestas en los apartados 52 a 55 de la presente sentencia.  

62      Por consiguiente, tal como se desprende del apartado 54 de la presente sentencia, a 

tenor del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2000/78 y del considerando trigésimo 

primero de la misma, las normas relativas a la carga de la prueba deben modificarse cuando 

haya un caso de presunta discriminación. En el supuesto de que la Sra. Coleman acredite 

hechos que permitan presumir que existe acoso, la aplicación efectiva del principio de 

igualdad de trato exigirá que la carga de la prueba recaiga en los demandados en el litigio 

principal, quienes habrán de demostrar que no hubo acoso en las circunstancias del caso 

concreto. 

63      Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la segunda parte 

de la primera cuestión prejudicial y a la cuarta cuestión prejudicial que la Directiva 2000/78 y, 

en particular, sus artículos 1 y 2, apartados 1 y 3, deben interpretarse en el sentido de que la 

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