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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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adaptaciones que requiere, pero también resulta positiva por la mayor inclusión económica y 

social de grupos que se enfrentan actualmente a la discriminación.  

El informe concluye que una directiva que abarque varios motivos constituye la respuesta más 

adecuada, en el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Un número 

reducido de Estados miembros ya dispone de una legislación bastante completa en este 

campo, pero la mayoría ofrece una protección menos amplia. Por tanto, varía el grado de 

adaptación legislativa que supondría una nueva normativa comunitaria. 

La Comisión ha recibido muchas quejas relativas a la discriminación en las aseguradoras y la 

banca. La aplicación de criterios de edad o discapacidad en estos sectores para valorar el 

perfil de riesgo de sus clientes no siempre representa una discriminación: depende del 

producto. La Comisión tiene previsto entablar un diálogo con los sectores bancario y de 

seguros junto con otras partes interesadas pertinentes a fin de facilitar la comprensión común 

de los ámbitos en los que la edad o la discapacidad constituyen factores importantes para el 

diseño y la tarifación de los productos que ofrecen.  

3. A

SPECTOS JURÍDICOS

 

Base jurídica 

La propuesta se basa en el artículo 13, apartado 1, del Tratado CE. 

Subsidiariedad y proporcionalidad 

El principio de subsidiariedad se aplica en la medida en que el ámbito de la propuesta no es 

competencia exclusiva de la Comunidad. Dado que los objetivos de la acción pretendida no 

pueden ser alcanzados de manera suficiente mediante una actuación aislada de los Estados 

miembros, solo una medida a nivel comunitario puede velar por un nivel mínimo común de 

protección contra cualquier discriminación por motivos de religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual en todos los Estados miembros. Un acto jurídico 

comunitario ofrece seguridad jurídica respecto a los derechos y obligaciones de los 

operadores económicos y los ciudadanos, incluidos aquellos que se desplazan entre los 

Estados miembros. La experiencia adquirida con las Directivas anteriores basadas en el 

artículo 13, apartado 1, del Tratado CE pone de manifiesto su efecto positivo en el logro de 

una mejor protección contra la discriminación. De acuerdo con el principio de 

proporcionalidad, la Directiva propuesta no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos 

perseguidos.  

Además, las tradiciones y los enfoques nacionales en ámbitos como la asistencia sanitaria, la 

protección social y la educación tienden a ser más variados que en campos relacionados con el 

empleo. Estas áreas se caracterizan por opciones legítimas de una sociedad en ámbitos de 

competencia nacional.  

La diversidad de las sociedades europeas constituye uno de los puntos fuertes de Europa, y 

debe respetarse en consonancia con el principio de subsidiariedad. Cuestiones como la 

organización y el contenido de la educación, el reconocimiento del estado civil o la situación 

familiar, la adopción, los derechos reproductivos y otras cuestiones similares se deciden más 

adecuadamente a escala nacional. Por tanto, la Directiva no requiere que ningún Estado 

miembro modifique sus leyes o prácticas actuales en relación con estas cuestiones. No afecta 

tampoco a sus disposiciones nacionales por las que se rigen las actividades de las confesiones 

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