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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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ES 

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ES 

tienen una repercusión particularmente negativa en una persona o un grupo de personas con 

una característica determinada. Es posible que quien haya establecido esta norma o uso no sea 

consciente de sus consecuencias prácticas, y en tal caso, por tanto, la intención de discriminar 

no es lo esencial. Al igual que en las Directivas 2000/43/CE, 2000/78/CE y 2002/73/CE

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, es 

posible justificar la discriminación indirecta (si dicha disposición, criterio o práctica puede 

justificarse objetivamente con una finalidad legítima y los medios para alcanzar dicha 

finalidad son adecuados y necesarios). 

El acoso es una forma de discriminación. Esta conducta indeseable puede adoptar distintas 

modalidades, desde comentarios verbales o escritos hasta gestos o un comportamiento 

determinado, pero debe ser lo suficientemente grave como para crear un entorno 

intimidatorio, humillante u ofensivo. La definición de este fenómeno es idéntica a las que 

incluyen las demás Directivas del artículo 13. 

La denegación de un ajuste razonable se considera una forma de discriminación, en 

consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y con la Directiva 2000/78/CE. Algunas diferencias de trato por edad 

pueden ser lícitas si se justifican con un fin legítimo y los medios para la consecución de tal 

fin son apropiados y necesarios (prueba de proporcionalidad). 

En las Directivas actuales del artículo 13 CE, se admiten excepciones a la prohibición de 

discriminación directa en el caso de «requisitos profesionales esenciales y determinantes», de 

diferencias de trato basadas en la edad y, en el contexto de discriminación por sexo, para el 

acceso a bienes y servicios. Si bien la propuesta actual no cubre el empleo, se permitirán 

diferencias de trato en los ámbitos mencionados en el artículo 3. No obstante, puesto que las 

excepciones al principio general de igualdad deben delimitarse con mucho rigor, se requiere 

la doble prueba de una finalidad justificada y de la manera proporcionada de conseguirla (es 

decir, del modo menos discriminatorio posible). 

Se añade una disposición especial en relación con los servicios de seguros y de la banca, 

reconociéndose el hecho de que la edad y la discapacidad pueden constituir elementos 

esenciales para la valoración del riesgo de ciertos productos y, por tanto, del precio. Si las 

aseguradoras no pudieran tener en cuenta en absoluto la edad y la discapacidad, los costes 

adicionales que de ello se derivarían correrían a cargo del resto de los asegurados, lo que 

redundaría en unos gastos generales mayores y en una menor disponibilidad de cobertura para 

los consumidores. La utilización de la edad y la discapacidad en la evaluación del riesgo 

deberá, no obstante, basarse en datos precisos y en estadísticas.  

La Directiva no afectará a las medidas nacionales encaminadas a velar por la seguridad 

pública, la defensa del orden y la prevención de infracciones penales, la protección de la salud 

y la salvaguardia de los derechos y libertades de los ciudadanos. 

Artículo 3: ámbito de aplicación 

La discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 

sexual se prohíbe en los sectores público y privado en los ámbitos siguientes: 

•  la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria; 

•  los beneficios sociales; 

                                                 

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DO L 269 de 5.10.2002. 

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