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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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(23)  Las personas que hayan sido objeto de discriminación basada en la religión o 

convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual deben disponer de 

medios de protección jurídica adecuados. A fin de asegurar un nivel de protección más 

efectivo, también debe permitirse que asociaciones, organizaciones o personas 

jurídicas estén facultadas para iniciar procedimientos, en nombre de cualquier víctima 

o en su apoyo, sin perjuicio de las disposiciones nacionales de procedimiento en 

cuanto a la representación y defensa ante los tribunales. 

(24)  Las normas relativas a la carga de la prueba deben modificarse cuando haya un caso de 

presunta discriminación y, para que el principio de igualdad de trato se aplique 

efectivamente, cuando se verifique tal situación, la carga de la prueba debe recaer en la 

parte demandada. No obstante, no corresponde a la parte demandada probar que la 

parte demandante pertenece a una determinada religión, posee determinadas 

convicciones, presenta una determinada discapacidad, es de una determinada edad o 

tiene una determinada orientación sexual.  

(25)  La aplicación efectiva del principio de igualdad de trato exige una protección judicial 

adecuada contra las represalias. 

(26)  En su Resolución relativa a las actividades consecutivas al Año Europeo de la 

Igualdad de Oportunidades para Todos (2007), el Consejo instó a hacer participar 

plenamente a la sociedad civil, incluidas las organizaciones que representan a las 

personas con riesgo de ser discriminadas, los interlocutores sociales y los interesados 

en la elaboración de políticas y programas destinados a evitar la discriminación y 

promover la igualdad y la igualdad de oportunidades, tanto a escala europea como 

nacional.  

(27)  La experiencia adquirida con la aplicación de las Directivas 2000/43/CE y 

2004/113/CE pone de manifiesto que la protección contra la discriminación por los 

motivos amparados por la presente Directiva se vería reforzada con la existencia de 

uno o más organismos independientes en cada Estado miembro, con competencias 

para analizar los problemas existentes, estudiar las soluciones posibles y proporcionar 

asistencia específica a las víctimas.  

(28)  Al ejercer sus poderes y cumplir sus responsabilidades en el marco de la presente 

Directiva, estos organismos deben funcionar en consonancia con los denominados 

Principios de París de las Naciones Unidas, Principios relativos al Estatuto de las 

Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.  

(29)  Los Estados miembros deben establecer sanciones efectivas, proporcionadas y 

disuasorias en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente 

Directiva. 

(30)  De conformidad con el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad 

contemplados en el artículo 5 del Tratado CE, la finalidad de la presente Directiva, 

consistente en garantizar un nivel común de protección contra la discriminación en 

todos los Estados miembros, no puede ser alcanzada de manera suficiente por los 

Estados miembros y, por tanto, puede lograrse mejor, debido a la dimensión y 

repercusión de la acción propuesta, en el ámbito comunitario. La presente Directiva se 

limita a lo estrictamente necesario para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo 

necesario para ese propósito. 

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