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De las personas con discapacidad de naciones unidas

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6. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán disponer que las 

diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas 

por una finalidad legítima en el marco del Derecho nacional, y si los medios para lograr este 

objetivo son adecuados y necesarios. En particular, la presente Directiva no será obstáculo 

para la fijación de una edad determinada para el acceso a las prestaciones sociales, la 

educación y a determinados bienes o servicios. 

 

7. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, por lo que se refiere a la prestación de servicios 

financieros, los Estados miembros podrán decidir autorizar diferencias de trato ajustadas en 

caso de que, para el producto en cuestión, la consideración de la edad o la discapacidad 

constituya un factor determinante de la evaluación del riesgo a partir de datos actuariales y 

estadísticos pertinentes y exactos.  

8. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las medidas generales establecidas en la 

legislación nacional que, en una sociedad democrática, son necesarias para la seguridad 

pública, la defensa del orden y la prevención de infracciones penales, la protección de la salud 

y la salvaguardia de los derechos y libertades de los ciudadanos.  

Artículo 3 

Ámbito de aplicación 

1. Dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad, la prohibición de 

discriminación se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público 

como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:  

a) la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria; 

b) los beneficios sociales; 

c) la educación; 

d) el acceso y el suministro de bienes y otros servicios a disposición de la población, incluida 

la vivienda.  

La letra d) se aplicará a los particulares únicamente cuando estén ejerciendo una actividad 

profesional o comercial. 

2. Lo dispuesto en la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la legislación nacional 

sobre el estado civil, el concepto de familia y los derechos reproductivos.  

3. Se entenderá la presente Directiva sin perjuicio de la responsabilidades de los Estados 

miembros en cuanto a los contenidos de la enseñanza, las actividades y la organización de los 

sistemas educativos, incluida la enseñanza para las personas con necesidades especiales. Los 

Estados miembros podrán permitir las diferencias de trato en la admisión a centros educativos 

confesionales o basados en ciertas convicciones. 

4. Se entenderá la presente Directiva sin perjuicio de la legislación nacional que vele por el 

carácter laico del Estado, las instituciones u organismos estatales, la educación, o por lo que 

se refiere al estatus y las actividades de las confesiones y de otras organizaciones religiosas o 

basadas en ciertas convicciones. Se entenderá asimismo sin perjuicio de legislación nacional 

que promueve la igualdad entre hombres y mujeres.  

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