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SUMARIO:

ACTOR: Perez, Juan.

DEMANDADO: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

MATERIA: Amparo.

MONTO: Indeterminado.

DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA: Copia autenticada del ejemplar Nro. 26.034 del Boletín Oficial (parte pertinente). Copia de los instructivos sobre las metodologías utilizadas para calcular los anticipos mensuales (4).



PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO.


Sr. JUEZ:

JUAN PEREZ, D.N.I. 99.9999.999, abogado, Tomo XX Folio 99 del CALP, por mi propio derecho, monotributista (CUIT: 99-99999999-9), constituyendo domicilio procesal en Calle Xxxxxxxxxxxx Nº 999 de Xxxxxxxx, a V.S. respetuosamente me presento y digo:


I.- OBJETO:

Que en legal tiempo y forma, vengo por el presente a promover formal demanda de amparo contra la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, en los términos de la ley provincial 13.928 y el art. 20 inc. 2 de la Constitución Provincial, ante la manifiesta arbitrariedad e ilegalidad de la Resolución Normativa Nº 111/2008, dictada por dicha agencia con fecha 28 de noviembre de 2008, y publicada en el Boletín Oficial con fecha 9 de diciembre de 2008 (B.O. N 26.034), por cuanto introduce modificaciones relativas al sistema de liquidación y pago de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a partir del 1 de noviembre de 2008.

En general, es jurisprudencia reiterada que aún frente a la no consumación de los recursos ordinarios, si la decisión, en el área pertinente, pudiera ser tardía y productora de daños irreparables, queda abierta la acción de amparo (CNCiv, Sala C, 5.11.87, in re: "Alvarez Rosalía v. Municipalidad de Buenos Aires", LL, 1989-A-297; etc.). En el mismo sentido se ha dicho: “La exclusión de esta vía porque existan otros medios, no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección del derecho más que una ordenación o resguardo de la competencia” (Fallos 299:350; 305:307, 307.444; Cám. Nacional Admin. Fed. Sala I, 20/12/88).

Calificada doctrina sostiene que luego de la reforma de 1994 la vía aquí escogida ha dejado de ser excepcional y de interpretación restrictiva, dado que “...juega como alternativa principal y no subsidiaria” (MORELLO, Augusto; Diario JA, 28/12/94, en igual sentido Rivas, LL, 1994-1330; Palacios, LL, 1995-D-1242; Carattini, LL, 1995-A-874; Quiroga Lavie, LL, 1996-E-1057, etc).

Asimismo, mediante el presente se solicita el dictado de una medida cautelar, tendiente a suspender la aplicación de la normativa impugnada, por cuanto dispone la liquidación administrativa de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y en consecuencia, se mantenga la vigencia de las Disposiciones Normativas Serie “B” Nº 17/2006 y 78/2006, como medio cumplimiento de las obligaciones impositivas, a través del sistema de confección, presentación y pago mediante declaraciones juradas realizadas por los contribuyentes.

Por último, se solicita expresamente que se tenga por debidamente introducida la cuestión federal desarrollada en el punto VIII, y se pondere y resuelva la misma, de acuerdo a la doctrina legal de la CSJN.


II.- LEGITIMACIÓN:

II. A.- Legitimación Activa:

Que de acuerdo a las liquidaciones administrativas correspondientes a los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos, que se acompañan al presente, este profesional resulta ser contribuyente directo del mentado tributo, estando comprendido en las previsiones de la R.N. 111/2008, régimen que se reputa de ilegal y arbitrario, y que al regular las relaciones tributarias entre la Agencia de Recaudación de la provincia, y este contribuyente, causa un perjuicio de insusceptible reparación ulterior.

Por lo tanto, y siendo este letrado parte de la relación jurídica sustancial que origina el presente conflicto, solicito sea reconocida la legitimación activa para promover la esta acción de amparo.


II. B.- Legitimación Pasiva:

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires reviste la calidad de sujeto legitimado pasivo de la presente pretensión, en tanto es el organismo que ha dictado –en uso de sus atribuciones- la Resolución Normativa N 111/2008, cuya anulación se persigue en este proceso.

Para mayor abundamiento, vale recordar que la ARBA, fue creada por la ley 13.766 (publicada el 17/12/2007, B.O. 25.802), como entidad autárquica de derecho público (art. 1). Asimismo, el art. 4 de la citada ley, dispone que es atribución de la Agencia:

a) Dictar normas generales obligatorias para los responsables y terceros en las materias que las leyes la autorizan a reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración.”

De acuerdo a lo expuesto, la presente acción se dirige a la anulación de un reglamento de carácter general, dictado por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, lo que la erige en sujeto legitimado pasivo del proceso.


III. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN.

En el caso, se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 20 de la Constitución Provincial y la Ley 13.928.


III. A. Acto arbitrario:

Nos encontramos ante una acto -en el caso, el acto administrativo de alcance general R.N. 111/2008, y las respectivas liquidaciones administrativas de los anticipos- arbitrario e inconstitucional del Estado Provincial que configura una ilegítima requisición de fondos bajo el ropaje de un anticipo tributario, afectando de ese modo el derecho constitucional de propiedad y de reserva de ley en materia tributaria, en mi calidad de abogado contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos (art. 14, 17 y 19 de la Constitución Nacional).


III.B.- Autoridad pública fundamentalmente responsable:

El acto impugnado proviene de una entidad autárquica dependiente, en última instancia, del Estado provincial, tal lo que se detalló en el punto II.B desarrollado supra.



III. C.- Lesión a garantías y derechos constitucionales:

El accionar demostrado por la ARBA, en el dictado y aplicación de la R.N. 111/08, se encuentra en pugna con numerosos principios constitucionales, los que, en honor a la brevedad, se desarrollan in extenso en el cuerpo del presente, y en particular, en el punto VIII infra.


III. D.- Competencia para entender en el caso:

La nueva formulación del amparo plasmada por la reforma constitucional de 1994 despeja toda duda al respecto, ya que señala enfáticamente que “El amparo procederá ante cualquier juez” (art. 20 inc. 2, idem, art. 3 ley 13.928), fórmula que no ha cobijado ninguna exclusión, lo que conlleva a una interpretación de la voluntad del constituyente en la dirección propuesta en el presente acápite. También ha sido la solución de la Corte en los casos “Vázquez”, Ac. 73.808; “D’Biassi”, causa B-59.181, y “Riusech”, causa B 59.168.

La Corte Suprema de Justicia Nacional también sostiene dicha doctrina a partir del nuevo art. 43 de la C.N. (ver “Empresa Distribuidora del Sur S.A.”, CSJN, 22/05/1997). En sentido concordante se expresa la totalidad de la doctrina (Morello-Vallefín, en El Amparo. Régimen Procesal, Ed. Platense; Bidart Campos, Germán, en Régimen Legal del Amparo; Sagües, Néstor P., en Ley de Amparo).


III. E.- Omisión no jurisdiccional:

El accionar remiso, continuo, permanente, que causa agravio y lesión a las garantías constitucionales de esta partes resulta una típica acción positiva del Estado, por lo que la acción de amparo resulta procedente en el sentido expresado por el articulo 20 inc. 2 de la Constitución Provincial.


III. F.- Plazo para interponer la acción:

Atento a lo normado por el art. 6 in fine de la ley 13.928, la presente acción se deduce dentro del plazo legal de 30 días, a partir de la toma de conocimiento de la liquidación administrativa del anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos, cuya copia se adjunta al presente.


III. G.- Improcedencia de remedios ordinarios:

Tratándose de una cuestión de violación de derechos y garantías constitucionales que afectan a este letrado en su calidad de contribuyente, y ante la cual, no existe un procedimiento reglado de reclamación contra las liquidaciones emitidas por el Fisco, la acción o remedio adjetivo procedente lo constituye la acción de amparo. Ello es así por la necesidad de contar con un remedio rápido, ágil y eficiente en la restauración de las garantías conculcadas, la magnitud y naturaleza de la lesión inferida.


VI.- ANTECEDENTES:

Como se lo adelantó, la ARBA, en ejercicio de sus atribuciones, procedió al dictado de la R.N. Nº 111/2008, por la cual introdujo profundas modificaciones en el régimen de liquidación e ingreso de los anticipos correspondientes al impuesto sobre los ingresos brutos (sistema denominado comúnmente como Arbanet). En el presente punto, se desarrollará sucintamente una relación de los hechos que llevaron al dictado de la citada norma –cuya anulación se persigue-, y a la actual situación del régimen instaurado.

Vale recordar que con la entrada en vigencia de la ley 13.850 (de reforma tributaria), se modificó el art. 182 del Código Fiscal, ratificándose legalmente que el impuesto sobre los ingresos brutos reviste el carácter de anual –en cuanto a su periodicidad-, y que se ingresará mediante anticipos mensuales liquidados por la Autoridad de Aplicación.

Asimismo, se dejó establecida la salvedad respecto de que la Autoridad de Aplicación podrá disponer, de manera general, o para determinado grupo o categoría de contribuyentes o responsables, la liquidación del impuesto e ingreso de los anticipos sobre la base de declaraciones juradas.

En el mismo sentido, fue reformado el art. 183 del mismo cuerpo legal, estableciéndose que:

Los anticipos a que se refiere el Artículo anterior, se liquidarán -excepto contribuyentes del Convenio Multilateral- de acuerdo con las normas que dicte al efecto la Autoridad de Aplicación, debiendo ingresarse el anticipo dentro del mes calendario siguiente al vencimiento de aquellos. Asimismo, dicha Autoridad establecerá la forma y plazos de inscripción de los contribuyentes y demás responsables.

Juntamente con el pago del último anticipo del año, deberá presentarse una declaración jurada en la que se determinará el impuesto del período fiscal anual e incluirá el resumen de la totalidad de las operaciones del período…”

En cumplimiento de dicha prerrogativa, es que la ARBA dicta la normativa impugnada, estableciendo un sistema de liquidación administrativa de los anticipos del gravamen, como así también una “pre-liquidación” del impuesto definitivo de carácter anual.

Es así que la ARBA dispuso que todos aquellos contribuyentes directos del impuesto sobre los Ingresos Brutos, que en el año calendario inmediato anterior, no hubieran superado el tope de ingresos brutos operativos por $ 450.000, deberán ingresar los anticipos del gravamen, de acuerdo a la liquidación que confeccionará la Administración con una periodicidad mensual. Esto, se contrapone con el anterior sistema, en donde el propio sujeto pasivo realizaba su declaración jurada, exteriorizando la materia imponible, e ingresando el anticipo de forma bimestral –siempre y cuando el contribuyente no sobrepasara un tope de ingresos que fijaba la Administración, en cuyo caso la obligación adquiría el carácter de mensual-.

Resulta primordial destacar que de acuerdo al régimen anterior, los diversos aspectos del hecho imponible, principalmente, la base de cálculo, eran exteriorizados por el contribuyente, que es quien tiene a disposición la contabilidad y demás comprobantes que permiten efectuar la liquidación de manera correcta y adecuada. Ahora, al ser el anticipo liquidado por el Fisco, se ha cambiado la metodología de cálculo, toda vez que el tributo se determina de acuerdo a los datos que posee la Administración. Así, el art. 5 de la R.N. 111/2008, establece que:

A los efectos de la liquidación de los anticipos mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que deberán ingresar los contribuyentes de conformidad a la presente, la Agencia de Recaudación tomará en consideración la información vinculada al contribuyente, las declaraciones juradas presentadas, la información proporcionada por los agentes de recaudación y demás datos obtenidos a través de otros organismos públicos o privados (el resaltado me pertenece).

Vale destacar, que este sistema de pagos de anticipos a cuenta del impuesto definitivo, sigue coexistiendo con los numerosos regímenes de recaudación, que también constituyen pagos a cuenta de la obligación tributaria. La propia normativa establece que la Autoridad de Aplicación considerará las retenciones, percepciones y demás pagos a cuenta sufridos (art. 6). Pero, por otro lado, le prohíbe a los contribuyentes que estén alcanzados por el sistema ARBANet, solicitar la exclusión de los regímenes de recaudación, aún cuando por las excesivas recaudaciones sufridas (art. 17), se le generen constantes saldos a favor, los que solo podrá recuperar, promoviendo el respectivo juicio de repetición (art. 15), una vez que sea presentada la declaración jurada anual del período en cuestión.

En resumen, se ha pasado de un sistema en donde el propio sujeto pasivo exterioriza en que medida se ha producido el hecho imponible, que corresponde al anticipo del período de que se trate, hacia un sistema en donde el gravamen es liquidado completamente por la Administración, con datos que se desconocen y son de imposible contralor, no teniendo el contribuyente otra opción que aceptar y pagar la liquidación propuesta, so pena de iniciarse contra él un juicio de apremio (conf. 1er. párr. del art. 50 del Cód. Fiscal, reformado por la ley 13.850).


VII.- FUNDAMENTOS:

A continuación, se expondrán las distintas circunstancias fácticas y jurídicas, como así también de detallarán los puntos de impugnación y de ilegalidad que se atribuye a la normativa atacada, solicitando en consecuencia, que dichos fundamentos sean acogidos por V.S., y se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Resolución Normativa Nº 111/2008 dictada por la ARBA.


VII. A.- Liquidación de los anticipos sobre base presunta. Violación de la Ley de Coparticipación Federal:

Como se lo adelantó supra, el nuevo sistema de liquidación de anticipos a instancias de la Administración, se basa en un sistema de cálculo sobre base presunta. Así, textualmente dispone el art. 5 de la R.N. 111/2008 que:

(…) la Agencia de Recaudación tomará en consideración la información vinculada al contribuyente, las declaraciones juradas presentadas, la información proporcionada por los agentes de recaudación y demás datos obtenidos a través de otros organismos públicos o privados”.

Esto se traduce en un anticipo liquidado en base a indicios, presunciones, índices, estimaciones, etc., de la posible actividad del contribuyente en un período de tiempo –que, como se verá más adelante, ni siquiera coincide con la del anticipo a liquidarse-, que se traduce en un conocimiento –como mínimo- indirecto, de la materia imponible.

En materia de determinación de las obligaciones fiscales, el método de la base presunta sigue aún siendo una vía subsidiaria, rigiendo el principio de que se debe determinar los extremos de la obligación tributaria de acuerdo a una base cierta, por conocimiento directo de la materia imponible. Pero amén de este principio receptado por nuestro Código Fiscal –que se desarrollará posteriormente-, el acudir a presunciones y estimaciones indirectas para la liquidación del anticipo se encuentra en pugna, de manera clara y directa, con la Ley Nº 23.548 (de coparticipación federal de recursos fiscales), que dispone que los mismos deben ser sobre base cierta.

No es posible afirmar a ciencia cierta –al menos por esta parte-, cual es la metodología que utiliza ARBANet para calcular los anticipos, dada la falta total de previsión normativa de tales métodos. En cambio, ARBA, a través de distintos canales, ha ido filtrando cierta información sobre los medios utilizados.

Así, de accederse al sitio web de la institución, podrá observarse en la sección de “PREGUNTAS FRECUENTES”, una enumeración genérica de las fuentes de información utilizadas para calcular el anticipo. Bajo el rótulo “¿Cómo se calcula ArbaNet?” se ofrece la siguiente respuesta:

“Para el cálculo de los anticipos ArbaNet, se toman en consideración varios parámetros que indican la existencia de actividad e ingresos. Entre ellos se consideran: • Declaraciones Juradas del Impuesto al valor Agregado • Información de percepciones informadas por los Agentes de Percepción • Información de retenciones informadas por los Agentes de Retención • Información de acreditaciones bancarias informadas en el Régimen de Retención sobre Acreditaciones Bancarias • Información de ventas con tarjeta de crédito o débito, informadas en el Régimen de Información de Tarjetas de Compra. • Índice de ajuste por crecimiento de precios y actividad, construido a partir de índices de precios y actividad oficiales. • Remuneraciones pagadas • Aportes Jubilatorios • Declaraciones en Ganancias • Índice verde • Objetos Asociados Los anticipos liquidados por la Administración tienen en cuenta las fluctuaciones que está atravesando la economía en estos momentos, como así también las actividades estacionales y de intermediación. Por último las retenciones y percepciones efectuadas e informadas por los agentes de recaudación son deducidas en el cálculo de los anticipos. En el formulario 450 B –solo para el mes de noviembre 2008- se muestro el monto acumulado por tales conceptos durante todo el año.” (http://www.arba.gov.ar/Informacion/Preguntas Frecuentes/FAQs.asp?sector=ARBN, consultado el 14/05/2009).

Asimismo, se ha puesto a disposición un detalle pormenorizado de los índices y métodos en el mismo sitio web, en donde se explican las metodologías basadas en Acreditaciones Bancarias, Regímenes de Percepción, Regímenes de Retención y Régimen de Información de Tarjetas de Compra (http://www.arba.gov.ar/NoticiasHome/MasInfo_Noticias.asp?idNoticia=204), todo lo que se acompaña al presente como prueba, y donde de su lectura se podrá fácilmente concluir el carácter presuntivo de tales formas de liquidación.

Observará V.S., que la liquidación se efectúa sobre base presunta.



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