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Dependencia y servicios sociales defensor del pueblo andaluz informe al parlamento

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INFORME ANUAL 2010

DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

INFORME AL PARLAMENTO 2010



ÁREA TEMÁTICA

DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES



INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE 2010



Este texto es una recopilación de cuestiones relativas al área temática de Dependencia y Servicios Sociales que se desarrollan a lo largo del Informe Anual al Parlamento de 2010. El contenido íntegro de dicho Informe se puede consultar y descargar en nuestra página Web.







Andalucía 2011

ÍNDICE

SECCIÓN PRIMERA: 5

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES ESTATUTARIOS Y CONSTITUCIONALES DE LAS PERSONAS A TENOR DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 5

II. la SITUACIÓN de los derechos y libertades de los ANDALUCES a tenor de la ACTUACIÓN administrativa. 7

El Derecho a la Dependencia (Servicio de Ayuda a Domicilio). 7

SECCIÓN SEGUNDA: 11

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LAS QUEJAS 11

X. DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES. 13

1. Introducción. 13

2. Análisis de las quejas admitidas a trámite. 17

2.1. Dependencia. 17

2.1.1. Demora administrativa y retroactividad de los derechos. 17

2.1.2. Servicio de Ayuda a Domicilio. 34

2.1.3. Servicio residencial: duplicidad de vías. 44

2.1.4. Prestaciones económicas: reintegro. 46

2.2. Mayores. 51

2.3. Discapacitados. 57

2.4. Drogodependencia y adicciones. 68

2.5. Colectivos sociales desprotegidos. 74

SECCIÓN CUARTA: 83

QUEJAS NO ADMITIDAS Y SUS CAUSAS 83

I.- de las quejas remitidas a otras INSTITUCIONES similares. 85

II.- DE LAS QUEJAS RECHAZADAS Y SUS CAUSAS. 85

TEMAS TRATADOS EN OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS 87

I. PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO 88

2.3. Denegación a persona discapacitada de las adaptaciones de tiempo y medios solicitados para realizar ejercicios en pruebas selectivas. 88

2.12. Personal Sanitario. 90

2.12.1. Errores en la gestión de la Bolsa de Contratación –Categoría Celador-conductor, Turno minusválido- del Servicio Andaluz de Salud (SAS). 90

2.12.3. Adaptación o reubicación de puesto de trabajo por razón de discapacidad 91

II. URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 94

2.4. Eliminación de barreras arquitectónicas y en las infraestructuras. 94

2.4.1. Eliminación de barreras urbanísticas en viario público y zonas de concurrencia pública. 94

2.4.2. Discapacidad y vivienda. 100

2.4.3. Discapacidad y transportes. 106

2.4.3.1. Plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad. 106

IV. EDUCACIÓN 109

2.1.4. Equidad en la Educación. 109

2.1.4.1. Educación Especial. 109

2.1.4.2. Educación Compensatoria. 124

VII. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 127

2.3. Seguridad Social. 127

2.3.1. Pensiones no contributivas. 127

2.3.2. Familia Numerosa. 133

VIII. ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS 136

2.5. Equiparación certificado de minusvalía a declaración de invalidez permanente en cualquiera de sus grados. 136

XIII. POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO 138

2.6. Bienestar Social. 138

2.8. Violencia de Género. 140

2.8.1. Ayudas Sociales y Económicas a las Víctimas. 140

SECCIÓN TERCERA: LOS DERECHOS DE LOS MENORES 146

10. Menores con necesidades especiales 146























SECCIÓN PRIMERA:

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES ESTATUTARIOS Y CONSTITUCIONALES DE LAS PERSONAS A TENOR DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA



  1. la SITUACIÓN de los derechos y libertades de los ANDALUCES a tenor de la ACTUACIÓN administrativa.

El Derecho a la Dependencia (Servicio de Ayuda a Domicilio).

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) cuenta con un notable arraigo en la sociedad española, ya instrumentado en los años 80 mediante algunas iniciativas municipales, pasando ulteriormente a ser integrado como prestación básica a desarrollar por Ayuntamientos y Diputaciones, para mas tarde, a finales de esa década, generalizarse por el Estado a través del Plan Concertado de Servicios Sociales en Corporaciones Locales (1988), y finalmente en los 90 ser objeto de regulación en su contenido (acceso, intensidad, compatibilidad, contenido, etc.) por las distintas Administraciones mediante ordenanzas locales y reglamentos autonómicos. Como colofón de este recorrido en el tiempo, en este milenio el SAD adquiere carta de naturaleza como derecho subjetivo con su inclusión en el catalogo de servicios de la denominada “ley de dependencia” (Ley 39/2006).

Pudiera pensarse que este servicio por vía de la ley de dependencia, tras su reconocimiento y consolidación como auténtico derecho subjetivo, iba a consolidarse como la prestación por excelencia por cuanto favorece el mantenimiento del beneficiario en su domicilio y entorno, en apariencia con un bajo coste, aparte de otros parabienes (flexibilidad en su contenido e intensidad, generador de empleo, gestión cercana al ciudadano, etc.), y sin embargo el servicio en sí, frente a la pujanza de otras prestaciones y servicios del catálogo de la dependencia, viene atravesando una profunda crisis como lo demuestra su escasa prescripción y su baja intensidad. Así lo reflejan los datos informativos del Sistema Atención a la Dependencia (SAAD), como también las quejas que en este sentido nos dirige la ciudadanía en relación con este servicio, aunque esta valoración tenga su excepción en el caso de Andalucía, donde el SAD se encuentra ampliamente desarrollado, si bien con una baja intensidad en su efectividad.

Las razones que se arguyen en relación con esta situación son diversas, como son su elevado coste, su escasa utilidad cuando no existe un apoyo familiar complementario, la competencia del cuidador familiar no profesional y la dificultad de su prestación en el ámbito rural, entre otras.

Dejando a un lado el análisis pormenorizado de cada uno de estos argumentos, lo cierto es que el actual fracaso que nos ofrece la realidad de esta prestación no es otro que su inadecuación de este servicio para los grados más elevados de dependencia si no va acompañada del complemento y apoyo de los cuidados que se le preste por parte de sus familiares o allegados. En modo alguno puede pretenderse que este servicio preste un apoyo continuado y especializado de grandes dependientes, pues para estos supuestos lo procedente es el servicio residencial. De ahí el establecimiento de una intensidad horaria máxima en función de los distintos grados y niveles de dependencia (90 horas/mes respecto a la gran dependencia).

Por otro lado, el establecimiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en el catalogo de la dependencia no ha favorecido tampoco el afianzamiento del SAD, con el atractivo que ofrece la percepción de una ayuda económica frente al copago del servicio (algunos estudios vienen a demostrar que con el coste público de las 90 horas máximas establecidas para el gran dependiente se pueden sufragar privadamente entre 300 y 400 horas de un/a empleado/a domestico/a).

El resultado de esta problemática no es otro que el escaso o nulo número de servicios domiciliarios otorgados al amparo de la Ley de dependencia, si bien este dato tiene su excepción en Andalucía, que frente a un saldo numérico muy favorable no puede hurtar que este servicio se presta con bajos niveles de intensidad, sin que se pueda valorar la calidad de este servicio en ausencia de evaluaciones a este respecto.

Andalucía con más de 46.000 ayudas concedidas hasta 2010 representa cerca del 50 por ciento de las concedidas en el ámbito nacional (algo más de 95.000), si bien carecemos del dato relativo a la intensidad media de la misma para poder ponderar este dato.

Aunque Andalucía partía en la articulación de este servicio con la ventaja de que ya se encontraba ampliamente implantado como prestación básica de servicios sociales, la circunstancia de que esta prestación ya se venía concediendo con esta naturaleza, obligó a su coexistencia con la ayuda a domicilio y a regularla paralelamente como prestación derivada de la Ley de dependencia, cuestión que se acometió por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social mediante la Orden de 15 de Noviembre de 2007 (derogando la anterior de 1996), e incorporando posteriormente dos modificaciones parciales y sustanciales de la misma mediante Ordenes de 22 de Septiembre de 2008 y 10 de Noviembre de 2010.

En este marco regulador, el SAD se configura como un derecho de carácter dual, dado que su acceso puede venir o no por vía de la dependencia, incompatible con el resto de las prestaciones y servicios, salvo con la teleasistencia y el servicio de Centro de Día o Unidad de Estancia Diurna (o prestación vinculada a este servicio), que de forma complementaria facilita la asistencia a dicho dispositivo (aspecto este introducido en 2010 en Andalucía en la ultima reforma de la Orden reguladora de este servicio).

Por otro lado, los escasamente desarrollados servicios de prevención y promoción de la autonomía personal incluidos en el catalogo de la dependencia, no despliegan su posibilidad de actuar como complemento del SAD (algunos autores califican este SAD como “preventivo”), con lo que en este aspecto se dilapida buena parte de la sinergia generable entre ambos.

Las denuncias ciudadanas que se nos dirigen abarcan distintos aspectos del servicio, que clasificamos de la forma siguiente:

a) Con la gestión administrativa del servicio. La previsible situación cambiante de las personas dependientes respecto a su estado de dependencia, normalmente por agravamiento, o por cambios en su entorno socio-familiar o del lugar de prestación (por traslado de residencia), u otras situaciones sobrevenidas obliga a revisiones de los Programas Individuales de Atención (PIA) que se demoran burocráticamente ajenos a la perentoriedad de las nuevas necesidades.

b) En casos excepcionales el otorgamiento del SAD por vía de dependencia conlleva la automática supresión de otras ayudas complementarias de la misma naturaleza (caso de ventilodependientes). En los casos en que el SAD concedido por la dependencia coincide en su idéntico contenido con el anteriormente concedido, se vivencia con cierta frustración el nulo beneficio de la ley.

c) En otros caso constatamos la postergación del SAD a favor de personas no dependientes, que con carácter residual solo resulta viable para casos de urgencia social.

Amplios sectores sociales vienen demandando una reforma en la regulación de este servicio en orden a reforzar y consolidar este esencial servicio social, y en este sentido se viene señalando los siguientes ámbitos a reformar.

1.- Reforzar el carácter único e integral del servicio, eliminando la dual distinción del mismo, en función de contar o no con la condición de dependiente, dotándolo de la necesaria flexibilidad para incorporar como beneficiarios a personas no declaradas en situación de dependencia pero que tienen serias limitaciones para realizar actividades de la vida diaria.

Esta flexibilidad debe permitir con prontitud las situaciones sobrevenidas que se presenten mientras desaparecen las causas que lo motivan o se procede a una nueva valoración de la dependencia

2.- Permitir compatibilizar este servicio con el resto de los servicios del catálogo de la dependencia y con otros servicios complementarios. La circunstancia de que actualmente en Andalucía el SAD sea compatible con la teleasistencia y con la UED no debe cerrar otras posibilidades como son la compatibilidad del SAD con las personas residenciadas en viviendas tuteladas (caso del programa residencial de FAISEM) o con estancias temporales en residencias cuando el cuidador, formal o no, del dependiente no pueda (por enfermedad) o deba (por descanso) coyunturalmente atenderlo.

3.- Conveniencia de vincular los cuidados familiares no profesionales de los dependientes más graves al SAD y a la UED.

Resulta pacifico afirmar que los casos más graves de dependencia (grandes dependientes y, en su caso, severos) sólo es viable el SAD cuando éste se complementa con cuidados en el entorno familiar.

Queda traer aquí a colación una cuestión relativa a la gestión de este servicio, financiado por la Junta de Andalucía (por vía del Plan Concertado y del sistema de la dependencia), pero de gestión local (por los Ayuntamientos de mas de 20.000 habitantes y por la Diputaciones Provinciales para los municipios de población inferior), mayoritariamente a través de la gestión indirecta con empresas que resultan adjudicatarias en las correspondientes licitaciones de estos servicios, que deben llevar a cabo con arreglo al precio resultante de dicha licitación, circunstancia que hace que esta prestación esté íntimamente afectada por las restricciones presupuestarias que atraviesan las Administraciones públicas en general y las locales en particular, dificultades que en buena medida se traslada a las empresas para, en la medida que derivan en conflictos laborales, acabar repercutiendo en el servicio domiciliario al beneficiario dependiente (usualmente con suspensiones temporales del servicio por motivo de huelgas).

En este sentido la Administración autonómica, la Junta de Andalucía, ha asegurado el destino de los fondos transferidos a los Entes locales otorgándole un carácter finalista, pero esta cuestión no se circunscribe exclusivamente al aseguramiento de estas asignaciones, sino que la propia dinámica laboral de las empresas adjudicatarias conduce, en ocasiones, a que se estipulen entre estas y las Corporaciones locales unos precios del servicio superiores a los fijados por la Junta de Andalucía (13 euros/hora en 2010), cuya diferencia ha de asumir la Administración local, lo que a la postre no hace sino empeorar las ya críticas finanzas locales, traduciéndose en demoras de los pagos a las empresas prestadoras del servicio y en conflictos laborales del personal de estas que acaban redundando en el derecho de las personas dependientes a recibir con normalidad y continuidad el servicio esencial y vital que supone la ayuda a domicilio.

Si bien estos conflictos comenzaron de una forma puntual en la geografía andaluza, los casos comienzan a extenderse a otras localidades, circunstancia que hace urgente que desde los poderes públicos se adopten medidas que vayan más allá de atribuir un carácter finalista a los fondos públicos destinados a este servicio.



















SECCIÓN SEGUNDA:

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LAS QUEJAS

  1. DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES.


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