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Desiste de accion y del derecho

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EXPRESA AGRAVIOS

SOLICITA SE CONCEDA LA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA

MANTIENE CUESTION FEDERAL


Excma. Cámara Nacional:

SILVINA NOEMI NAPOLI, abogada, Tº 42, Fº 425 y ADRIANO PATRICIO DIAZ CISNEROS, abogado, Tº 95, Fº 525 CPACF, ambos apoderados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sin revocar mandatos anteriores, con domicilio procesal en Av. Corrientes 1441, Piso 5º "Asesoría Letrada" (Zona de Notificación N° 107), en autos caratulados “COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL –INC. MEDIDA- C/ ESTADO NACIONAL –PEN LEY 26773 S/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad” (Expte. Nº 61792/12) ante V.S me presento y respetuosamente digo:


I.-OBJETO


Que, en legal tiempo y forma, vengo a fundar en derecho la apelación presentada por mi mandante contra la resolución de fecha 7 de febrero de 2013, notificada a esta parte el día 12 de febrero de 2013, por la cual se rechazó la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, así como decretó improcedente la medida cautelar a través de la cual se solicita la suspensión inmediata en su aplicación de los artículos 3, 4, 6 y 17 incs. 2) y 3) de la Ley 26.773.


A dicha Acción adhirieron la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores UATRE, la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines FATCA, la Unión Personal de Fabricas de Pinturas y Afines de la República Argentina, el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina, la Unión de Recibidores de Granos de la República Argentina URGARA, el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la Federación Argentina Unión Personal Panaderías y afines FAUPPA y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa..



Desde ya, se solicita se revoque el fallo apelado en todas sus partes y se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, haciendo lugar a la medida cautelar interpuesta, ordenando la suspensión en la aplicación de los artículos 3, 4, 6 y 17 incs. 2) y 3) de la Ley 26.773, y se declare la inconstitucionalidad por arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de la norma impugnada, en razón de los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación se exponen.


II.- CONSIDERACIONES PREVIAS


Una de la funciones esenciales del Poder Judicial consiste en ejercer el control de constitucionalidad de toda norma, analizandola e interpretándola, no sólo en el caso concreto sino cuando hay un estado de incertidumbre social que involucra a una importante capa de la sociedad: los trabajadores, incluso los trabajadores abogados que necesitan de sus honorarios para subsistir, con el objetivo primigenio de “hacer cesar ese estado” que solamente habrá de traer litigios, contiendas y graves perjuicios.


Pretender que no hay estado de incertidumbre en la presente causa, o que hay certeza en la convicción, es una ignominiosa forma de escapar al fondo de la cuestión. Se puede creer y, así expresarlo, que una norma es inconstitucional porque violenta flagrantemente todas las garantías reconocidas en la Carta Magna pero se requiere la interpretación de un juez para que la sociedad y los sectores afectados puedan tener la certeza de su inaplicabilidad.


Se agrava la situación cuando un juez no sólo no cumple con su función sino que además toma un atajo para evadir pronunciarse. Necesariamente la presentación del CPACF sostiene la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados de la Ley 26.773, pero se impone deducir que la interposición de la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad requiere que el Juez se pronuncie, toda vez que la interpretación sobre la adecuación normativa al régimen constitucional no le es ajena


Por muy enfática que resulte una afirmación del CPACF, ésta no puede reemplazar a la decisión judicial de coincidir sobre la grave violación de los principios constitucionales. Todo juez laboral debe ponderar los objetivos de creación y funcionamiento del fuero que no es otro que la aplicación lisa y llana del principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis C.N. y los principios tuitivos que abonan el Derecho del Trabajo, teniendo en cuenta el estado de necesidad extrema que implica ser la parte más débil de la relación laboral.


Pero en este caso resultaría que cumplir con su rol sería, conforme lo expresa el fallo apelado “…admitir el absurdo de requerir su intervención cada vez que resulte cuestionada en juicio alguna norma jurídica…” Resulta lamentable que se considere “un absurdo” el cumplimiento del objetivo que dio origen y razón de existencia a la creación y funcionamiento del Fuero Laboral y el cumplimiento de sus funciones como juez del trabajo.


El a quo parece obviar que para que haya caso, no es necesario que exista controversia previa a su planteamiento, pues bien puede ocurrir que se pida su intervención sin haberse producido todavía expresión indicativa de conflicto o que el demandado se allane sin controvertir el derecho del demandante.


La función preventiva que se exhorta que V.S. ejerza a través de esta acción pretende, por el contrario, evitar la consumación de la lesión del derecho. Cabe recordar que las pretensiones declarativas como la presente, procuran generar pronunciamientos jurisdiccionales ajenos al objetivo de obtener una prestación de un contrario (de condena) o al de provocar un cambio en el status de las personas (constitutivas).


En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido, ante una acción intentada por un grupo de escribanos que pretendían la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 10.542 de la Provincia de BA invocando un perjuicio ocasionado por el solo dictado de la norma que “…No se trata en el caso de dar solución a una hipótesis abstracta o meramente académica sino que por hallarse en juego la actividad profesional de los actores, sometida en los aspectos que regula la ley impugnada al control de la provincia demandada, media entre ambas partes una vinculación jurídica que traduce un interés serio y suficiente en la declaración de certeza pretendida” (Abud, Jorge H. y otros c. Provincia de Buenos Aires”, Suprema Corte de Justicia, fallos 314:1186)


Por supuesto que el CPACF no procura efectos meramente estéticos o de satisfacción espiritual o moral. La sentencia que se requiere declare la inconstitucionalidad de los artículos 3, 4, 6 y 17 incs. 2) y 3) de la Ley 26.773, importa una decisión de cosa juzgada, a la vez que un implícito mandato a la perdedora para que ajuste su conducta a lo resuelto y se abstenga aplicar normativa cuya ilegalidad se impone declarar.


II.- AGRAVIOS


A.- ARBITRARIO RECHAZO DE LA ACCION DECLARATIVA FUNDADA EN INADMISIBLE DESCONOCIMIENTO DEL OBJETO DE LA PRETENSIÓN.


El a quo rechaza la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad interpuesta por el CPACF afirmando que el planteo le resulta “… inviable desde el punto de vista formal…”


Para así resolver, sostiene que: “… En primer lugar, las acciones meramente declarativas como la que aquí se intenta persiguen como objeto el cese de “un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica (cfr. Art. 322 CPCCN), recaudo que en el caso de autos es evidente que no se halla configurado. Digo esto por cuanto la propia entidad actora sostiene la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, sin admitir ningún tipo de alternativa o interpretaciones contrarias a su parecer....”.


Con esta afirmación el aquo erróneamente interpreta el requisito de “estado de incertidumbre” del art. 322 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de forma “subjetiva” al pretender que la “incertidumbre” anide en la propia subjetividad de quien presenta la demanda como requisito de admisibilidad.


Sin embargo, la interpretación correcta del “estado de incertidumbre” del artículo 322 CPCCN debe hacerse en forma “objetiva”, es decir que la “incertidumbre” es ajena al sujeto que presenta la demanda y está ocasionada por la colisión de una norma con la Constitución Nacional. La incertidumbre “objetiva” es precisamente la situación jurídica derivada de la ausencia temporal de un fallo esclarecedor.


No es una afirmación dogmática sostener que la interpretación del requisito del artículo 322 CPCCN debe ser “objetiva” y no “subjetiva”. Al contrario, se impone señalar que: a) la interpretación subjetiva utilizada por el juez es contraria a la doctrina y jurisprudencia; b) la interpretación subjetiva vulnera la garantía constitucional de defensa en juicio; c) la interpretación subjetiva socava las columnas elementales del sistema republicano de gobierno


En primer lugar, la doctrina especializada en el área se define por una postura “objetiva” con respecto a los alcances de la falta de certezas de la Acción contenida en el art 322 del CPCCN.


Así, por ejemplo resulta esclarecedor el Dr. Rivas quien al respecto sostiene: “Desde ya que lo correcto es computar la existencia de una incertidumbre objetiva, es decir derivar las condiciones en las que se estableció la relación jurídica o en la que se da el vínculo entre los sujetos exige por lo demás que haya una afirmación de derecho propio, que excluye a incertidumbre subjetiva; sin tal afirmación, no podría haber pleito a resolver” (Rivas, Adolfo A. “Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”, LA LEY 2001-E, 1097)


Con respecto a la jurisprudencia, en todos los precedentes que prosperó la acción, la interpretación del requisito de “incertidumbre” fue “objetiva”, ya que no hubiera existido pleito si la propia actora hubiere expresado dudas sobre su postura. Resulta, cuanto menos, dificultoso encontrar en la jurisprudencia sobre el tema, fallos que se expresen específicamente sobre este punto, probablemente porque resulta evidente. Sin embargo podemos citar precedentes jurisprudenciales que lo han abordado.


En “K., J. c. F. de K., A.,” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala III, 1978) se sostuvo “El concepto de incertidumbre perjudicial para la acción mera declarativa debe ser de naturaleza objetiva, en el sentido de que no basta para tenerla por existente el hecho de que alguien -subjetivamente- afirme tal existencia


Asimismo, la interpretación “subjetiva” que pretende el a quo vulnera la garantía de defensa en juicio. En efecto, de acuerdo con lo parece querer decir el Juez a través del fallo apelado, el CPACF, debió expresar sus “dudas” respecto a la Ley 26.773 en el cuerpo de la demanda.


Es decir que fue la robusta y categórica defensa de su postura lo que –según la interpretación “subjetiva” del requisito de incertidumbre- llevo a la improcedencia de la acción, de manera tal que el CPACF debería volver a presentar la demanda pero, expresando “dudas” sobre su postura, lo que sin duda alguna, implica menoscabar el interés de la parte en defenderse ampliamente.


En ningún tipo de pleito debe admitirse que se le exija a la parte que exprese “dudas” sobre su postura porque ello siempre implicará menoscabar el Derecho a la Defensa en Juicio. Todo lo contrario, la característica de un pleito donde se respeta el Debido Proceso y la Defensa en Juicio es la “controversia”, entendida como polémica o choque entre dos posturas antagónicas.


Al respecto, resulta de interés lo sostenido por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en “Molinera Capodónico Ltda. S. A., Miguel c. Estado nacional -Ministerio de Trabajo”: “La polémica entre una empresa y una entidad sindical en torno a los alcances de una representación genera una incertidumbre que debe dirimirse mediante una acción declarativa en los términos del art. 322 del Cód. Procesal” ( Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II • Molinera Capodónico Ltda. S. A., Miguel c. Estado nacional -Ministerio de Trabajo • 13/10/1992 • AR/JUR/2136/1992)

Asimismo, la interpretación “subjetiva” del requisito de “incertidumbre“ vulnera la bases mismas del sistema republicano de gobierno. Esto es así ya que las afirmaciones sostenidas por el a quo en el fallo apelado suponen desconocer que en todo sistema republicano, es función de los jueces interpretar la última voluntad del Estado en materia jurídica, sea que se trate de una voluntad que decida cuál es la solución que el derecho da a un conflicto entre partes o la que decida cuál es la última interpretación jurídica de la actividad estatal.

En el ámbito de la impugnación de la actuación de los otros poderes del Estado, cuando se controla la constitucionalidad de la ley o la legitimidad y juridicidad de los actos de la Administración, se produce una necesaria transformación de la voluntad estatal (inicialmente legislativa o administrativa) por la del Juez, que concreta la última declaración del Estado respecto de la juridicidad de la norma o acto estatal en juicio. En este sentido, aunque no les guste a algunos detentadores ocasionales del poder, se debe afirmar que la última voluntad jurídica de un Estado republicano es y será siempre la del Poder Judicial.


El fallo apelado agrega que el CPACF. “… Al señalar que la vulneración de las normas constitucionales resulta “manifiesta” y destacar que existe una “verdadera certeza” sobre la arbitrariedad de aquéllas y la violación de los derechos constitucionales en juego…, el planteo en examen no deja lugar a ambigüedades, por lo que – a tenor de los términos del propio escrito de demanda – ninguna duda o incertidumbre necesitaría ser disipada…”

La confusión del a quo en torno a los alcances de la incertidumbre alegada por el Institución colegiada lo lleva a concluir que: “… Esta certeza que esgrime la peticionante al afirmar enfáticamente la invalidez constitucional del régimen de la ley 26.773, obsta la posibilidad de una sentencia declarativa de certeza, desde que el interés de la actora en el caso se encontraría satisfecha de antemano y su pretensión – por ello mismo – carecería de objeto...”.


Ante la desconcierto desplegado por el fallo apelado, se impone se distinga entre las peticiones abstractas y generales de inconstitucionalidad, y las acciones determinativas de derechos de base constitucional que tienden a prevenir o impedir las lesiones de tales derechos, como son la acción de mera certeza y el amparo.

En la especie, no se trata el interés simple que tiene toda persona de la comunidad en que el Estado desarrolle su actividad conforme al ordenamiento jurídico, sino que para la configuración del caso o causa judicial es necesario un interés en cierto grado diferenciado, que pueda resultar afectado de no dilucidarse a tiempo la validez constitucional de la norma en cuestión.


Este claramente se desarrolla en la acción, por lo que difícilmente pueda afirmarse, con seriedad, que la acción carece de una “caso”. Este se configura frente a la arbitraria limitación impuesta a los abogados por la Ley 26.773 a pactar los honorarios profesionales; además de cercenar el derecho de acceso a la justicia de los trabajadores damnificados por un daño o enfermedad laboral (abogados incluidos), con la consecuente e inevitable restricción del trabajo de los profesionales abocados a satisfacer resarcimientos en dicha materia y, en consecuencia, entorpeciendo y limitando el libre ejercicio de la abogacía.


Se incurre en un exceso formal inadmisible si se pretende que el grado de afectación se concrete en, por ejemplo, la firma de un pacto de cuota litis, los que, hasta tanto no se decrete la inconstitucionalidad de la Ley, serían firmados contra – legem, colocando a los abogados y sus clientes en la violencia moral que supone realizar un acto jurídico contrario a la norma, aún cuando se acepte por cierto que ésta será declarada inconstitucional y el pacto, en consecuencia, válido.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado receptando positivamente acciones directas de inconstitucionalidad. Lo hizo en la acción promovida por la Provincia de Entre Ríos c/ el Estado Nacional (CSJN, Fallos 331:1412); y luego, en la promovida por Camuzzi Gas del Sur c/ la Pcia. de Río Negro (CSJN., C3594, L.XXXVIII 7/10/2008). Ambas fueron encuadradas bajo la órbita de la acción declarativa de certeza del art. 322 CPACN, pero lo cierto es que su ámbito fue sobrepasado, aligerándose sus recaudos: toda persona que justifique un agravio a un derecho o interés podrá impugnar la norma que lo alcanza, demandando directamente a su emisor, sin necesidad de justificar que hayan recaído actos de aplicación sobre él.


En este sentido, en el caso Camuzzi Gas del Sur S.A. c/ Provincia de Río Negro, iniciado con la finalidad de obtener la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la Ley de emergencia local 3701, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la pretensión entendiendo que "…frente a la actitud del Estado Provincial mediante el dictado de la norma en cita..." se configuraba una causa judicial. Se consideró que no se trataba de dar solución a una hipótesis abstracta o meramente académica. Al mismo tiempo, interpretó que el estado de incertidumbre se había constituido mediante la conducta de la Provincia al dictar la disposición atacada, de carácter operativo. Asimismo, y al igual que en el caso "Entre Ríos", la Provincia de Río Negro no resultaba la beneficiaria de lo dispuesto por la ley. En todo caso, lo eran todos aquellos a quienes se eximía del pago por multas o reconexión.


Ambos casos reflejan que la Corte ha cambiado los criterios que venía sosteniendo en cuanto a los presupuestos de la acción declarativa. La necesidad de causa judicial se tuvo por cumplida por la sola circunstancia de que la ley constituía una amenaza a los derechos de los actores y, se admitió como legitimados pasivos a sus emisores, en su calidad de tales.


En concordancia con lo expuesto ha presentado el CPACF la presente acción, que se ejercita a fin de impedir la aplicación de una ley considerada una amenaza a los derechos e intereses de los abogados matriculados en la Institución, a la par que resulta una afrenta a los derechos de los trabajadores en su conjunto, incluyendo en esta situación a los abogados que ejercen su profesión en relación de dependencia. De este modo, la acción intentada se convierte en la única la herramienta válida para impedir el avasallamiento de los derechos y garantías protegidos por la C.N., intentado a través del dictado de la nueva norma impugnada.




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