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B.- EL ESTADO NACIONAL ES EL LEGITIMADO PASIVO DE LA ACCION

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B.- EL ESTADO NACIONAL ES EL LEGITIMADO PASIVO DE LA ACCION.


Señala el a quo que “…Es que cualquier cuestionamiento relacionado con los alcances de la actividad normativa debe ser encauzado entre quien se dice afectado por el régimen legal y quien resulte su beneficiario, por la vía procesal que en cada supuesto establezcan las disposiciones legales.


El Estado que dicta la normativa atacada no puede entonces, bajo ningún punto de vista, ser considerado parte adversa de ninguna relación jurídica sustancial sobre la base de una demanda como la deducida en autos…”


Se adelanta desde ahora que el Estado Nacional es efectivamente el legitimado pasivo en la presente acción, no resultando aplicable en la causa el antecedente “Edesur”, Fallo 321:1551, citado por la sentencia.

La ley en crisis, a la par que perjudica a los trabajadores en general y a los trabajadores abogados en particular, también constituye una ilegítima forma del Estado de desatender sus obligaciones con la ciudadanía, relativas a brindar un efectivo servicio de justicia y de respetar la esfera de libertad individual contractual que protege la Carta Magna.


En primer lugar, a través de la Ley 26.773, el Estado Nacional pretende incrementar su esfera de poder en detrimento de las libertades de los ciudadanos, contenidas en el derecho a trabajar, contratar libremente, acceder a la justicia, peticionar a las autoridades y reclamar sus derechos en un marco de igualdad.


Como lo ha explicado el Dr. Ekmedejian, la historia misma de tensión por la supremacía de la Constitución marca la lucha entre el “poder” y la “libertad”, siendo que el poder siempre se quiere ampliar en perjuicio de la libertad.


La constitución es un dique o contención a los embates del poder, garantizando un espacio propio a la libertad” Miguel Angel Ekmekdjian, Manual de la Constitución Argentina, Tomo 1, Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2007


Precisamente la ley aquí impugnada supone un ilegítimo avance del Estado –un poder estatal pretende restringir y abreviar el espacio de libertad de los ciudadanos, especialmente de los abogados con sus clientes--, prohibiendo el dictado de pactos de cuota litis; así como el acceso al juez laboral como juez natural de la causa frente a supuestos de enfermedades o accidentes laborales. El único e indiscutido beneficiario de este recorte de libertad, es entonces “el Estado” que advierte aumentado en su poder al permitírsele invadir esferas que hasta la Ley 26.773 le eran vedadas.


Cabe agregar - aún cuando debió resultar evidente para el Juez de la causa- que, como consecuencia de traspasar las causas relativas a accidentes y enfermedades laborales a la justicia civil, es el mismo Estado Nacional el principal beneficiado económico, ya que es en este fuero donde el trabajador deberá abonar tasa de justicia.


En efecto, el art. 4 de la Ley 26.773 establece que los damnificados podrán optar de forma “excluyente” la opción entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las judiciales, cerrando el acceso a la Justicia a aquellos damnificados que ya hubieran recibido la indemnización administrativa.


Esto implica, para el Estado Nacional, dejar de procesar una importante volumen de pleitos: el de aquellos damnificados que, movidos por la urgencia, debieron aceptar la indemnización administrativa aunque ésta sea menor al daño sufrido.


En este sentido se legisló el art. 4 de la ley 26.773 establece lo siguiente: “En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil”. Luego, el art. 17 cierra el círculo cuando sostiene que: “A los efectos de las acciones judiciales previstas en el artículo 4° último párrafo de la presente ley, será competente en la Capital Federal la Justicia Nacional en lo Civil. Invítase a las provincias para que determinen la competencia de esta materia conforme el criterio establecido precedentemente


Para el Estado Nacional significa una extraordinaria fuente de ingresos ya que, a diferencia de ahora, que rige el principio de gratitud, con esta nueva ley quedarán eximidos del tributo únicamente aquellos que tengan éxito en probar su propia pobreza mediante un beneficio de litigar sin gastos.


No se puede olvidar la representación que ejercen las entidades gremiales que han adherido a la demanda: representan trabajadores, trabajadores que antes de esta ley tenían una “Justicia Gratuita” para atender sus reclamos por accidente de Trabajo y que, a resultas de esa ley, ahora tienen que abonar “Tasa de Justicia” a un Estado Nacional cuyo apetito fiscal lo convierte en legitimado pasivo de este planteo de inconstitucionalidad.

Además, y sin discutir las apreciaciones de carácter político acerca de que los abogados seríamos “caranchos” y que nuestro trabajado ese “industria del juicio” (que fundamentaron políticamente esta norma como es de público conocimiento según los dichos de la titular del PEN), esta ley implica un aumento de las prerrogativas del Estado para gobernar la vida de las personas y esa facultad –esa ampliación del poder estatal- implica un acrecentamiento de facultades estatales.

Si trabajador y abogado desean realizar un pacto de cuota litis, el Estado no puede impedirlo, porque cuando si lo hace se erige en director de la vida de los ciudadanos, acrecentando su poder al pretender decirle a cada ciudadano de qué tiene que trabajar y cómo tiene que hacerlo, en forma incompatible con los principios republicanos que identifican a todo Estado de Derecho.


Los abogados firmamos a diario pactos de cuota litis, y hemos gozado, hasta la sanción de la Ley 26.773 de la libertad de trabajar brindando servicios legales a los trabajadores. El Estado –sostenemos- no puede arrogarse la potestad de impedirnos ejercer esta industria lícita como tampoco puede –de ninguna otra manera- acrecentar su poder para dirigir la vida más allá de los límites marcados por la Constitución Nacional y la forma republicana de gobierno.


Por otro lado, se advierte claramente la legitimación pasiva del Estado, toda vez que es éste quien ha alterado con la Ley 26.773 el servicio de justicia, de juez natural y de ley aplicable a los trabajadores.

Resulta arbitrario lo sostenido por la sentencia cuando dice “…esta ausencia de relación jurídica y de contraparte en el marco de la relación jurídica…”, cuando claramente hay una contraparte en el Estado Nacional que está obligado a brindar servicio de justicia a la población –garantía constitucional de acceso a la justicia-, y es el mismo Estado el que pretende alterar y menoscabar el servicio de justicia brindado.


Cabe recordar al Dr. Bidart Campos que decía de forma categórica: “El Derecho a la Jurisdicción y la función del poder que se llama “administración de justicia” son como las dos caras de una misma moneda. De un lado, en el ámbito del “poder”, el estado tiene la función de administrar justicia; del otro lado en el plano de los “derechos del hombre”, el justiciable tiene el derecho de requerir esa función a su favor o de incitarla” ( Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, pag. 624, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1995)


No puede desconocerse que es obligación del Estado brindar adecuado servicio de justicia, y todo intento de limitarlo, alterarlo y/o restringirlo lo habilita para ser legitimado pasivo de aquellas acciones que, como la presenten, procuran volver al delicado equilibrio entre los poderes del Estado.


Tanto los abogados que trabajamos brindando servicios legales a quienes desean acceder a la justicia como así también los trabajadores accidentados –cuyos sindicatos han adherido a esta demanda- resultamos perjudicados cuando el Estado decide recortar, restringir y disminuir su servicio de justicia.


Claramente restringir el acceso a la justicia es la manera más “fácil” de disminuir la litigiosidad. Pero como el acceso a la justicia es una garantía constitucional, ni un solo paso en esa dirección resiste el examen de constitucionalidad.


Como se señalara supra, en la causa "Provincia de Entre Ríos c. Estado Nacional s/acción declarativa" CSJN Fallos 331:1412, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad procedía respecto del sujeto emisor de la norma, sin que tuviera que mediar un acto de aplicación o concreción de ésta.


Esto es así ya que, como se anticipara, el universo de sujetos alcanzados por las restricciones que introduce la Ley 26.773 y su carácter directamente operativo, hace que los efectos que ésta irradia sobre los intereses de los abogados y trabajadores representados por el CPACF, se produzcan de manera directa y concreta con total independencia de cualquier actividad administrativa de aplicación.


Las erradas expresiones del fallo apelado relativas a que: “…la exigencia de que la incertidumbre deba encontrarse referida a una “relación jurídica” supone al menos la intervención de otro “sujeto” con el cual dicha relación pueda haberse establecido y resulte menester aclarar, elementos esenciales que también se encuentran ausentes en el presente caso…” , transforman a la legitimación pasiva en un ritualismo sin sentido que sólo agrega un obstáculo formal poco claro en término procedimentales.


Exigirle a un titular de un derecho fundamental, como es el CPACF, que ponga en marcha la aplicación de una Ley que considera inconstitucional, al sólo y único efecto de poder impugnar dicha normativa en sede judicial, no se condice con la naturaleza del sistema de derechos y garantías de un Estado constitucional.


El fallo puesto en crisis expresa que: “… Esta ausencia de relación jurídica y de contraparte en el marco de una relación jurídica, nos introduce en otro impedimento para la viabilidad del reclamo: la inexistencia de un “caso”…”


Sin embargo, en la medida que exista una norma cuya constitucionalidad se impugna sobre la base de la titularidad de un derecho subjetivo o colectivo, que queda subsumido en el campo de irradiación de ésta en términos de impedir su pleno ejercicio conforme con los condicionamientos fácticos impuestos, el planteo lejos está de ser hipotético o conjetural sino que se presenta como un "caso" o "causa".


Pretender del CPACF el inicio de una suerte de instancia habilitante previa, que tenga por fin la realización de una conducta que se considera prohibida por la norma, desdibuja los contornos de la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad, e incluso, lo sujetaría al riesgo de padecer la aplicación de los principios de la teoría de los actos propios, convirtiendo su conducta en invalidante para todo reclamo posterior.


No nos resulta dudoso afirmar que el Estado Nacional es la contraparte necesaria de este proceso, al punto que su falta de citación podría dar lugar a la exigencia de integración de la litis, aún oficiosa, en los términos del artículo 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.




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