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C.- EL CPCAF ESTÁ LEGITIMADO PARA INICIAR ESTA ACCION

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C.- EL CPCAF ESTÁ LEGITIMADO PARA INICIAR ESTA ACCION


Asimismo, el a quo sostiene que: “…Intentos de lograr declaraciones genéricas de inconstitucionalidad como el que nos encontramos analizando persiguen, más que el logro de certidumbre, una virtual “derogación” por vía judicial de la norma cuestionada, prescindiendo del principio de división de poderes y de todo análisis de las circunstancias relativas a los casos concretos que su aplicación pudiera originar, únicos supuestos donde los tribunales pueden ejercer su jurisdicción…


La mentada ausencia de un caso contencioso trae aparejada, por último, la inobservancia de otro de los recaudos exigidos por el art. 322 CPCCN: la presencia de un “perjuicio o lesión actual”…”


El fallo apelado pretende desconocer que es justamente a partir de la incorporación artículo 322 al CPCCN que la idea de una jurisdicción parapentada tras es escudo de estar habilitada sólo para dirimir conflictos y no para prevenirlos, cedió su lugar de privilegio para permitir las pretensiones meramente declarativas.


La otrora exigencia de un “caso concreto” dejó paso al reconocimiento de la existencia de derechos de incidencia colectiva, cuando se trata de pretensiones como la expuesta en autos, que procuran la defensa de derechos colectivos que resultan de la afectación del ejercicio profesional de los abogados de la matrícula perteneciente a Capital Federal.


El amplio reconocimiento de este nuevo alcance del "caso", en lo que atañe a su concreción, fue dejando huella en la jurisprudencia, postura expuesta por la CSJN en los considerandos 8 y 12 del voto del Dr. Lorenzetti, en el caso "Mujeres por la Vida" (Fallos 329:4593) o el considerando 10 del voto del Dr. Maqueda en el caso "Defensor del Pueblo" del 26 de junio de 2007 (Fallos 330:2800), aunque no es dudoso que el reconocimiento final de tal amplitud viene dada por el caso "Halabi".


La CSJN sostuvo, en el fallo Halabi, que la tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos exige una sentencia que extienda sus efectos porque el interés es único y que la defensa de intereses individuales homogéneos afectados por un factor común, aunque supone derechos individuales enteramente divisibles, también implica un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea, "...que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño...".


Es que la existencia de causales de ilegalidad de reglamentos o inconstitucionalidad de las leyes, no puede contestarse con una declaración judicial que se limite al caso concreto y exija un nuevo pronunciamiento para cada conflicto, sino que reclama una sentencia con efectos expansivos. Sea que este resultado deba hallarse fundado en la inconveniencia jurídica de admitir fallos contradictorios sobre la misma especie, en motivos de base procesal, de derecho administrativo o hasta constitucional, o en causas que hacen al gerenciamiento del sistema jurisdiccional y como medio de disminuir el atosigamiento actual del Poder Judicial, lo cierto es que sus efectos jurídicos son trascendentales.


El fallo apelado pone en duda la legitimación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, desconociendo que mi mandante ha iniciado la presente acción en su carácter de organismo público no estatal, a quien el Estado, a través de la Ley 23.187, le ha confiado y delegado funciones, derechos, deberes y facultades, en cuyo pleno ejercicio acude a estos estrados judiciales.


Tiene a su cargo, entre otras funciones específicas, previstas en el artículo 21 de la Ley 23.187, a saber:

A.- Otorgar, gobernar y controlar la matrícula de los abogados.

B.- Ejercer el poder disciplinario sobre los abogados a través del Tribunal de Disciplina.

C.- Tutelar la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus órdenes, estando investido a estos efectos de legitimación procesal para ejercer la acción pública.


Estas funciones específicas, se encuentran en íntima relación con las finalidades del Colegio, establecidas en el artículo 20 de la Ley 23.187, entre las cuales se destacan:

A.- Defender a los miembros del Colegio para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes, velar por la dignidad y el decoro profesional de los abogados y afianzar la armonía entre ellos.

B.- Contribuir al mejoramiento de la administración de justicia haciendo conocer y señalando las deficiencias e irregularidades que se observaren en su funcionamiento.

C.- Colaborar con los poderes públicos en la elaboración de la legislación en general.


En cumplimiento de sus funciones específicas, y teniendo en mira los fines por los cuales fuera reconocida su razón de ser, el Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal acude en defensa de los abogados del Estado en tanto los artículos 3º, 4º, 6º y 17 inc. 2 y 3 de la Ley Nº 26.773 de Régimen de Ordenamiento de la Reparación de los Daños Derivados de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, restringen, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos adquiridos de los abogados, limitando su facultad de pactar los honorarios profesionales; a la par que cercena el derecho de acceso a la justicia de los trabajadores damnificados por un daño o enfermedad laboral (abogados incluidos), con la consecuente e inevitable restricción del trabajo de los profesionales abocados a satisfacer resarcimientos en dicha materia y, en consecuencia, entorpeciendo y limitando el libre ejercicio de la abogacía.


La legitimación del Colegio Público de Abogados ha sido ampliamente reconocida en numerosos pronunciamientos, así se ha expresado que: “El C.P.A.C.F., creado por ley 23.187, puede actuar como parte en juicio, toda vez que resulta ser una persona de derecho público, desde que no se lo concibe como una asociación del derecho común, a la cual se es libre de asociarse o de no asociarse, para la defensa de intereses sectoriales, sino como el órgano que en el ámbito de la delegación transestructural de las funciones estaduales es revestido de naturaleza pública para llevar adelante el cumplimiento de un cometido público que se le encomienda, cual es el de controlar el ejercicio de la profesión con arreglo a las pautas preestablecidas en resguardo de los intereses, no de los abogados individual o sectorialmente, sino de la comunidad que necesita del concurso de éstos para garantir el afianzamiento, motivo principal por el que dicho órgano ha de gobernar la matrícula” C.S.J.N. del 26/06/1986. Fallos 308:987


Debe reconocerse legitimación a las asociaciones profesionales para interponer acción de amparo en defensa de los derechos de sus representados… pues la recepción de dicha vía procesal por la Constitución Nacional como derecho inalienable de toda persona para obtener la tutela judicial, desautoriza una interpretación restrictiva que impida la actuación de dichas entidades para cumplir con su función específica.” CNTrab., Sala II, 2000/06/30, L.L.2000-D, 180.


Es sumamente revelador el dictamen del Procurador General de la Nación, de fecha 6/09/1999, en autos “C.P.A.C.F. c/ A.F.I.P. s/ Medida cautelar autónoma”. Este caso es particularmente interesante ya que la acción se inició en defensa de la inviolabilidad profesional de abogados del Estado que trabajan en el ámbito de la A.F.I.P., reconociendo la legitimación del Colegio tanto en Primera Instancia como en la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo Federal. La Corte Suprema resolvió declarando abstracto al planteo, tal como lo solicitara el propio Colegio, luego de la sanción de la Ley 25.239. En el mencionado dictamen de la Procuración se sostiene que: “La situación descripta, a tenor del Colegio Profesional, conspira contra la armonía que debe existir entre los integrantes del foro capitalino, cuya salvaguarda le corresponde, ya que existirían dos grupos de abogados con intereses contrapuestos, uno de los cuales obtendría ventajas – a su entender- ilegítimas sobre los otros, extremo que acarrea una situación lesiva del ejercicio profesional, cuya inviolabilidad en todos sus órdenes ha sido confiada por ley al C.P.A.C.F. En esta línea de ideas, opino que no es atendible el argumento de la demandada en cuanto sostiene que el C.P.A.C.F. defiende a una pequeña porción de sus matriculados en contra del resto, pues de seguirse el criterio que subyace en él, podría llegarse al extremo que, una vez que la Corporación tomara una decisión a través del funcionamiento de sus órganos colegiados regularmente constituidos y mediante el procedimiento establecido por las normas vigentes, si uno sólo de los matriculados manifestara su voluntad contraria a lo resuelto, podría paralizar cualquier actuación del ente – sea administrativa o judicial – tendiente a llevar a cabo aquella decisión, erigiéndose así en un censor calificado. Situación que, por sí, resulta a todas luces inadmisible… Por lo tanto, y desde esta perspectiva, considero que el actor cuenta con legitimación procesal suficiente en estas actuaciones.” (El resaltado me pertenece).


Asimismo, en la causa CPACF c/ el Banco Central de la Republica Argentina- Comunicación “A” 5147 y otros”, el Juez a cargo del Juzgado Nº 9 en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva, resolución confirmada por la Cámara del fuero, al sostener que “… El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tiene por finalidad la de defender a los miembros del colegio para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes, velar por la dignidad y el ejercicio profesional de los abogados y afianzar la armonía entre ellos (artículo 20, inc. c, Ley 23.187) y contribuir al mejoramiento de la administración de justicia, haciendo conocer y señalando las deficiencias e irregularidades que se observan en su funcionamiento (artículo 20, inc. e, Ley 23.187…”


En la causa “RIZZO, JORGE GABRIEL Y OTROS c/ EN – Mº TRABAJO YOTROS S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO, Expte. 39.215/2004, la Juez de grado resolvió, con fecha 29 de junio de 2006, se admitió la legitimación del CPACF resolviendo que: “…A los fines de admitir la legitimación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para asumir la condición de parte actora en autos, basta por el momento señalar –en el limitado ámbito de conocimiento que esta altura del proceso impone- que “las atribuciones que la ley 23.187 confiere al Colegio de Abogados, traen aparejada la defensa de sus miembros con el fin de asegurarles el libre ejercicio de su profesión, su dignidad y decoro profesional y la tutela de la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos su órdenes. Es de estas potestades de donde puede extraerse válidamente una conclusión preliminar que habilita la legitimación del Colegio Público para perseguir la inconstitucionalidad de una norma, trasladando sus efectos a todos sus miembros” (cfr. CNCAF, Sala V, “Colegio Público de Abogados de la Cap. Fed. c/EN –Mº Economía Ley 25.453 s/amparo ley 16.986”, 10/02/02). A ellos cabe agregar que, en la especie, se encontrarían en juego derechos de incidencia colectiva a los que alude el art. 43 de la Constitución Nacional; norma cuya aplicación ha sido admitida por la Corte Suprema en procesos incoados como de mera certeza -como lo es el del caso- en virtud de la analogía existente entre estas últimas y aquella acción constitucional según la reforma de 1994 (cfr. Fallos: 320:690).


En el mismo sentido la jurisprudencia ha sostenido: “En principio debe dejarse en claro que, desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994, esta acción puede ser promovida por las asociaciones contra ´cualquier acto de discriminación´. En el plano legal, además, no es dudoso que los respectivos Colegio profesionales gozan de suficiente legitimación para velar por los intereses de sus integrantes”, Juz. Nac. 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, fallo confirmado por la Cámara del fuero, que entendió que el Colegio Público puede demandar en defensa de los derechos de todos los miembros de la profesión, conforme lo ha resuelto CNFed. Contencioso Administrativo, Sala III, en los autos “C.P.A.C.F. c/ Sec. de Estado y Rel. de la Com. (Dir. Nac. de Migraciones) s/ Amparo Ley 16.986, causa 6128/96, 17/IV/97.


Por lo hasta aquí expuesto, si el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal guardara silencio frente al dictado de una norma que considera nula, ello sin lugar a dudas afectaría su posición como entidad rectora del ejercicio profesional, lesionaría gravemente el deber de los profesionales de observar fielmente la Constitución Nacional y la legislación que en su consecuencia se dicte, y desconocería la obligación de los abogados de comportarse con lealtad, probidad y buena fe en su desempeño, incisos a) y b) del artículo 6° de la Ley 23.187.


Por otro lado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal demanda la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 3º, 4º, 6º y 17 inc. 2 y 3 de la Ley Nº 26.773 acudiendo en defensa de los abogados, en su carácter de Asociación que propende a la defensa de sus matriculados, en los términos y alcances del artículo 43 de la Constitución Nacional.


Tanto la doctrina como la jurisprudencia ha tenido oportunidad de expedirse respecto del alcance amplio del término afectado, sosteniéndose que “la nueva Constitución introduce en el art. 43 los derechos de incidencia colectiva, categoría más extensa de tutela y derecho de fondo que parece destinada a palidecer la importancia de la previa distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo, e incluso interés difuso… Esa amplia legitimación lleva también, inexorablemente, a que los efectos de la sentencia puedan en definitiva ser erga omnes” (Agustín Gordillo, El derecho administrativo argentino, hoy. Ed. Ciencias de la Administración). “La dilación de la legitimación de las personas directamente afectadas para consagrar una expansividad horizontal con fundamento en la protección de intereses que ni exclusiva ni privativamente se radican en una o más personas determinadas. Acontece que tales derechos, intereses legítimos o simplemente intereses humanos envuelven una ´colmena´ de perjudicados. Se configura de tal modo una dimensión social que solidariamente abraza intereses ´ajenos´ pero similares: son los de la categoría o grupo amenazados por igual…” (Augusto Morello – Carlos Vallefin. El amparo. Régimen procesal. Ed. Librería Editorial Platense)

Pues es obvio que resultaría absurdo, teniendo una nueva Constitución con nuevos derechos y garantías de naturaleza colectiva, resolver que decenas de miles de estudiantes (no se olvide que una universidad grande tiene más de medio centenar de miles de alumnos) hagan decenas de miles de juicios individuales que tendrán decenas de miles de providencias iguales y decenas de miles de sentencias iguales; o decenas de miles o millones de obreros litiguen por lo mismo, o decenas de miles de abogados por su profesión” Agustín Gordillo, Jurisprudencia de 1997: Elogio a la Justicia, L.L. 1997-F-1318.


La tutela judicial efectiva exige respuestas jurisdicionales ejemplares, en procura de preservar la indemnidad de los derechos en juego frente a la inminencia del menoscabo.


Podría decirse, con apariencia de verdad, que en la tutela judicial efectiva el verdadero control sobre los demás poderes se concreta en el acto jurisdiccional. Sin embargo, ello resultaría sólo de una consideración sesgada del valor del proceso, pues en realidad el ejercicio de la acción compromete al propio juez obligándolo a ejercer su potestad; y porque a través del proceso judicial se concreta la garantía del ciudadano en el control de la vigencia del Estado de Derecho.



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