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III.- SE REQUIERE SE PRONUNCIE CONCEDIENDO LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA

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III.- SE REQUIERE SE PRONUNCIE CONCEDIENDO LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA


El fallo apelado, sin fundamentación válida alguna, rechaza in limine la medida cautelar interpuesta limitándose a señalar que: “…Finalmente, deseo destacar que la inviabilidad formal de la presente demanda, tal como ha sido desarrollada en los considerandos precedentes, conlleva desde luego la improcedencia de la medida cautelar solicitada como adelanto de jurisdicción, la cual será desestimada…”


Sin perjuicio de lo decidido respecto a la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad, la medida cautelar debió resolverse no como un accesorio de la primera sino a la luz de los casos de la CSJN: Central Neuquén SA Fallos 318-30 y LITSA/318-2374 en que se deja establecido que en relación a las medidas cautelares, que si bien las mismas no proceden respecto de los actos administrativo/ legislativo debido a la presunción de validez que ostentan, la doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases “prima facie” veraces, como es en el caso de autos.


En razón de los argumentos desarrollados en el escrito de inicio, y como medida cautelar, se solicita se suspenda la aplicación de los artículos 3º, 4º, 6º y 17 inc. 2 y 3 de la Ley Nº 26.773, manteniendo el régimen vigente hasta la sanción de la norma aquí impugnada, sistema de compensación del daño al trabajador que ha sido reiteradamente avalado por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


IV.-CONCLUSIÓN


A modo de cierre de los agravios que la sentencia en crisis causa a la Institución Colegiada destaco que, pese al esfuerzo argumental del Sr. Magistrado de Grado, lo cierto es que la pieza en cuestión no constituye una derivación razonada del derecho vigente.


Además carece de elemental fundamentación fáctica lo que la desmerece como acto jurisdiccional válido.


Existió por parte del juez de grado descontextualización de los requisitos de la presente Acción, para luego interpretar parcialmente la norma, el planteo, el objetivo y los antecedentes que, como construcciones jurisprudenciales de nuestro Máximo Tribunal han reconocido a la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad.


Desde el año 1968, en que se sancionó el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación incorporando a nuestro ordenamiento las pretensiones "meramente declarativas" o de "certeza", la idea de una "jurisdicción exclusivamente dirimente" (esto es: que reclama que ocurra el daño antes de intervenir) quedó postergada, compartiendo "el reino" con una jurisdicción también "preventiva", que permite resolver situaciones que causan daño cierto aunque aún no producido, a través de una declaración de derecho que despejara las dudas sobre una situación jurídica. Esta evolución adquirió una importancia inusual cuando se admitió el ejercicio de acciones declarativas de inconstitucionalidad, reconocidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Fallos 310:2812 y 311:193.


La jurisprudencia ha decidido en reiteradas oportunidades que la admisión de este instituto procesal, debe ser amplia. CNCiv., Sala D 04/04/72, LL, 153-435, 30.990-S, JA, 15-1972-469 y ED, 43-713. La búsqueda de la verdad jurídica objetiva es deber primordial de un adecuado servicio de justicia, de manera que no corresponde hacer primar un rígido cumplimiento de ritos no exigidos expresamente pues se incurre en exceso ritual manifiesto, o excesivo rigor formal.


Los jueces, y abogados debemos preocuparnos por el correcto ejercicio del derecho para una mejor convivencia y tolerancia social, impidiendo que se desconozca que la primera y más elemental de las funciones que incumben a los jueces es la de proteger las garantías constitucionales, declarando la invalidez de los actos de Estado que pretenden vulnerarlas.


El Poder Judicial tiene la facultad de declarar inconstitucionales leyes del Congreso, actos del Poder Ejecutivo y de las Provincias cuando considera que han excedido el ámbito de poder otorgado por la Constitución Nacional. Del artículo 31 de nuestra Constitución surge la habilitación del Juez para efectuar el control de constitucionalidad, como un verdadero imperativo del cuál ningún magistrado se encuentra dispensado.



V.- MANTIENE Y PLANTEA CUESTION FEDERAL


Se mantiene el expreso planteo del caso federal para el supuesto improbable de que las instancias ordinarias no acogieran la acción deducida formal o sustancialmente, conforme a las prescripciones del artículo 14 de la ley 48, a fin de articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por violación de los preceptos constitucionales individualizados en esta presentación y en el escrito de inicio de la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad interpuesta.


Asimismo se plantea cuestión federal, atento la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta contenida en el fallo apelado, dejando expresamente planteado el derecho a recurrir a las instancias extraordinarias a fin de dejar a salvo los derechos y garantías menoscabados por el Sr. Juez de grado.


VI.- PETITORIO


Por lo expuesto a V.S se solicita:

1.- Tenga por presentados en legal tiempo y forma los agravios al fallo.

2.- Se haga lugar a la medida cautelar, declarando inaplicables los artículos 3º, 4º, 6º y 17 inc. 2 y 3 de la Ley 26.773.

3.- Se revoque la sentencia apelada y se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.


PROVEER DE CONFORMIDAD QUE,

SERA JUSTICIA









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