Página principal



Edgardo villamil portilla

Descargar 274.91 Kb.

Edgardo villamil portilla





Descargar 274.91 Kb.
Página4/10
Fecha de conversión06.08.2018
Tamaño274.91 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
[4][4].


Los ‘derechos’ e ‘intereses’ supra-individuales, según viene de verse, constituyen una conquista posterior a la que subyace en la consagración política de los derechos civiles y políticos, así como la de los derechos sociales, económicos y culturales. Hoy por hoy, son reconocidos como garantías, poderes o simples conveniencias sociales que van más allá del individuo y que tienen como fin la protección de agrupaciones que fungen como verdaderos actores sociales y económicos. Bueno es aclarar, además, que según tiene dicho la doctrina, “existe identidad entre los conceptos de ‘interés’ y ‘derechos’ porque, una vez que los intereses pasan a ser amparados por el ordenamiento jurídico, ellos asumen el mismo status de un derecho, desapareciendo cualquier razón práctica o teórica que los diferencie5[5][5].


De esa manera, el ordenamiento jurídico reconoce una realidad y concibe una respuesta para regularla, pues advierte que existen actividades capaces de afectar simultáneamente vastos sectores de la sociedad y, ante ello, crea mecanismos para que se proteja al conjunto, al colectivo, a la masa, o si se quiere, a la agrupación de individuos mirada como tal, aunque no tenga personalidad jurídica propiamente dicha.


Así, por ejemplo, cabe mencionar a los consumidores de determinados productos, a los habitantes de una localidad, a categorías especiales de personas como pensionados, niños, discapacitados o ancianos, a ciertos gremios, etc., que por diversas circunstancias pueden llegar a tener intereses afines y comunes que deben ser salvaguardados por el derecho, no sólo por su importancia para la vida en sociedad, sino, además, porque con ello se posibilita el control para quienes desarrollan actividades de repercusión múltiple, al paso que se promueve una dimensión especial del acceso efectivo a la administración de justicia para casos en los cuales se discuten cuestiones que individualmente vistas pudieran carecer de valor, pero que para el grupo y la colectividad en general pueden tener una indiscutible relevancia.


De hecho, cuando no existe relación adecuada entre el costo y el beneficio de proteger un derecho, hay una tendencia al abandono, pues los dispendios de la protección y las barreras del acceso a la justicia inhiben a la víctima, lo cual crea un espacio de impunidad en el que medran grandes sujetos económicos que, en veces, se prevalen de ese escaso interés subjetivo y de la merma de protección que ello apareja para derivar de allí pingües ganancias.


Surgió, pues, la necesidad de brindar tutela jurisdiccional a situaciones derivadas de la masificación y estandarización en los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, así como por las nuevas estructuras de la economía, la consolidación de monopolios, la constante explosión demográfica, los avances tecnológicos y científicos y otros factores que rompen el equilibrio del mercado, fomentan asimetrías de hecho en las relaciones de poder y resienten el ideal del desarrollo humano sostenible. Precisamente la tendencia del Estado moderno es propiciar el reconocimiento de dichas agrupaciones como organismos independientes con el fin de que, en pie de igualdad y prevalidos de la fuerza que se deriva del ánimo gregario, reclamen sus derechos en procura de lograr un mayor grado de armonía y ecuanimidad en las relaciones sociales.


Como enseñó el profesor Mauro Cappeletti en las XIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal “para darnos cuenta de la novedad e importancia del fenómeno, debemos observarlo en sus aspectos sociales. El ‘problema social’ planteado por esos ‘nuevos derechos’, se explica solamente a la luz de una visión moderna de las sociedades contemporáneas. En ellas han surgido con gran urgencia relaciones típicas de las economías modernas, como el hecho de que la producción, distribución y consumo de los bienes se desarrolle en gran escala, y ya no más en una relación de ‘uno a uno’. De aquí deriva la necesidad del proceso civil, de reflejar en sus estructuras esta transformación revolucionaria de las relaciones económicas y sociales. Los ejemplos más evidentes son los de la protección de los consumidores y del medio ambiente. Un defecto aun secundario de un solo producto puede convertirse en perjudicial para miles, y hasta millones de consumidores; es similar el caso de la contaminación ambiental por parte de los grandes complejos industriales.


Si se debiera pretender la individualización de dicho daño, se obtendría, por un lado, la inmersión de las cortes de justicia en un sinnúmero de causas frecuentemente insignificantes, y se produciría, por el otro, de hecho, una verdadera denegación de justicia, porque la gran mayoría de consumidores y ambientalistas dañados no tendrían motivación, tiempo, poder económico, ni información suficientes para iniciar un proceso contra el potente productor o contaminador; y en el caso en que esto sucediera, el resultado del procedimiento sería tan irrisorio que el productor masivo y el gran contaminador no se verían efectivamente persuadidos de abandonar la actividad productora del daño…6[6][6].



2. Clasificación de los derechos supra-individuales


Precisamente a ello se debe que -recientemente- las legislaciones de los países que hacen parte de la familia del civil law -entre ellas las de Iberoamérica- se hayan visto avocadas a superar la perspectiva individualista del ordenamiento jurídico, para dar cabida a una concepción con tono social, lo cual ha llevado a que por esa vía, se consagren positivamente -aunque sin ánimo de taxatividad-, los derechos que tienen la connotación de supra-individuales, haciendo incluso taxonomías que sirven al propósito de comprender mejor su alcance y contenido.


Recuérdese, en ese sentido, que dentro de los derechos colectivos en sentido amplio, la doctrina especializada ha distinguido entre los derechos difusos y los derechos colectivos propiamente dichos (stricto sensu), señalando, por ejemplo, que “…cuando el grupo de personas que se encuentran de forma común y simultánea en una misma situación jurídica con respecto a un bien que todos ellos disfrutan conjunta y solidariamente y respecto del que experimentan una común necesidad, sea determinado o determinable en su composición, en sus miembros, puede hablarse de interés colectivo. Cuando, por el contrario, se trata de una comunidad amplia e indeterminada de sujetos puede hablarse de interés difuso. Normalmente en el caso de los intereses colectivos existirá una vinculación jurídica de los miembros del grupo con un tercero o entre sí; en los difusos, en cambio, no existirá dicho vínculo jurídico y el único nexo entre los sujetos interesados estará formado por circunstancias fácticas contingentes. Ello hace que la comunidad de referencia del interés colectivo esté caracterizada por una mayor permanencia, a diferencia del interés difuso, que lo está más por las notas de mutabilidad u ocasionalidad” 7[7][7].

Conforme se aprecia, los derechos difusos son indivisibles y pertenecen a comunidades compuestas por una cantidad difícilmente determinable de sujetos que no están atados entre sí por ningún vínculo jurídico, sino que resultan ligados por hechos o circunstancias concretas que los aglutina a todos. Por ende, la defensa de ese tipo de derechos puede ser promovida por cualquiera que pertenezca a la comunidad, pues, al fin y al cabo, no actúa para sí, sino para aquélla.


Por su parte, los derechos colectivos stricto sensu -que también son indivisibles- pertenecen a conjuntos de individuos relacionados previamente, o sea, colectividades integradas por miembros determinados o determinables que comparten un vínculo jurídico previo -o relación jurídica de base-, ya sea entre ellos o respecto de un tercero, de modo que se crea una situación de comunicabilidad que -aquí también- habilita a cualquiera de los interesados para representar los intereses del todo.



3. Acciones para proteger los derechos supra-individuales


Y como no basta la mera consagración sustancial en el ordenamiento jurídico de esos derechos supra-individuales, los países de la familia del civil law han establecido, asimismo, diversos mecanismos procesales para: a) evitar su trasgresión y prohibir la realización de actos que los puedan llegar a vulnerar (medidas de prevención); b) lograr que termine esa vulneración cuando ésta ya se ha presentado (medidas de cesación); c) para hacer que las cosas vuelvan a su estado anterior cuando fuere posible (medidas de restablecimiento); o d) para que se indemnice a la comunidad o a la colectividad que se vio afectada cuando dichos derechos e intereses se vulneran (medidas de reparación).

En muchos casos, para lograr que por vía jurisdiccional se adopten las medidas de prevención, cesación y restablecimiento de los derechos supra-individuales, se ha acudido a las acciones populares -que se conocen, ya se sabe, desde el derecho romano- y, en otros, se han concebido nuevas acciones, como las colectivas (Vg. en Brasil).


Mientras tanto, para reparar los daños causados a los intereses de la comunidad o la colectividad previamente conformadas, según se trate de derechos difusos o colectivos stricto sensu, algunas legislaciones han implementado mecanismos como la fijación de indemnizaciones globales a favor del grupo afectado, las cuales se manejan por fondos especializados y se destinan a actividades a favor del todo, tales como promoción, educación, apoyo o reconstrucción de los bienes jurídicos afectados. Muestra de ello es la Ley brasileña 7347 de 24 de Julio de 1985, así como el Proyecto de Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica.




1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Similar:

Edgardo villamil portilla iconConsignación por error, enriquecimiento sin causa
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M. P. Edgardo Villamil Portilla. Sentencia del 7 de octubre de 2009. Expediente...
Edgardo villamil portilla iconTarifas, servicios financieros, servicios bancarios, información plena, consumidor financiero
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M. P. Edgardo Villamil Portilla. Sentencia del 22 de abril de 2009. Expediente...
Edgardo villamil portilla iconCorte suprema de justicia
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M. P. Edgardo Villamil Portilla. Sentencia del 2 de diciembre de 2009. Expediente...
Edgardo villamil portilla iconBibliografia-apa-6taed
Por María I. Villamil, Bibliotecaria 2009
Edgardo villamil portilla iconMicrosoft Word libro 1-14. doc
Puj copyright® Julio A. Sarmiento Sabogal y Edgardo Cayón Fallon
Edgardo villamil portilla icon7ma. Nota Edgardo Ronald Minniti Morgan
Si de lo militar y la astronomía hablamos, también podemos contar que a instancias
Edgardo villamil portilla iconPortada vehic final
Manuel Ayala, Diego Bermudez, Lidia Contreras, Nubia Villamil, Doris del Pilar Molina
Edgardo villamil portilla iconHomicidio culposo este capítulo se incluye por la remisión que luego hace el autor al tratar las lesiones culposas
Capítulos respectivos del libro Derecho Penal Parte Especial de Edgardo A. Donna, para las clases del Dr. Alejandro Javier Osio
Edgardo villamil portilla iconJuez civil del circuito de bogota d. C (Reparto) E. S. D. Adriana paola villamil hamóN
Bogotá, a través del presente escrito interpongo acción de tutela contra el eps sanitas y eps compensar, para que se me tutelen los...


Descargar 274.91 Kb.